Tras la captura de la autoridad metropolitana por supuestamente agredir a un funcionario durante la marcha contra la LOE, el diputado Ismael García entregó al Ministerio Público una cinta en la que presuntos efectivos de la PM reconocen que éste medió para rescatar a Bermúdez Núñez. Presentación de Richard Blanco ante los tribunales fue diferida para hoy
RECHAZO. Hija del prefecto de Caracas aseguró que este no es ningún delincuente
CARACAS.- El diputado de Podemos, Ismael García, consignó ayer ante el Ministerio Público una grabación que dijo demuestra que el prefecto de Caracas, Richard Blanco, no agredió al efectivo policial, Jonathan Smith Bermúdez Núñez, el pasado sábado durante la marcha opositora contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), por lo que recalcó que no hay ninguna evidencia que justifique su detención.
El parlamentario destacó que en la cinta (una conversación entre policías) textualmente se dice que el prefecto rescató al funcionario, que, vestido de civil, estaba entre los manifestantes de la oposición con una cámara fotográfica.
En la grabación se escucha cuando un funcionario policial expresa: “El caso es que uno del grupo fílmico fue detectado, frente al Centro Lido. Ya logramos sacarlo de acá (...), fue rescatado ahí por el mismo prefecto, lo sacó y se lo entregó al grupo para que lo sacaran del lugar y así evitar un Brión 64 mayor”.
“La detención de Richard Blanco es parte de la desesperación del gobierno. Parece que esa marcha les preocupó mucho porque se movió mucha gente espontáneamente”, comentó el legislador.
El prefecto fue aprehendido en la tarde del miércoles, durante un allanamiento practicado en su despacho por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Para este jueves estaba prevista su presentación ante el tribunal 37° de control de Caracas, pero el acto fue pospuesto para hoy a las 12:00 m. Por lo pronto, permanecerá recluido en la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE).
Fuentes extraoficiales vinculadas con el Ministerio Público informaron que los fiscales Daisy Bolívar, María Alejandra Pérez y Daniel Guédez imputarán a Blanco por lesiones e instigación a delinquir.
Orden
De su lado, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre la detención de Blanco, ocurrida la tarde de este miércoles y dijo que el Ministerio Público pidió su captura ante un juez de control por supuestas agresiones al funcionario policial.
“Ciertamente no había sido sorprendido en flagrancia, él fue aprehendido en virtud de una orden de captura. El Ministerio Público le pidió a un juez de control” y “ante este pedimento y los elementos de convicción consignados en la solicitud de privativa de libertad, se acordó la detención y en consecuencia, las autoridades competentes procedieron a realizar la captura”, declaró la fiscal.
El ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, manifestó que “no puede justificarse” la presunta agresión a un funcionario de la Policía Metropolitana por parte del prefecto, quien aseguró intentó “asfixiar” al efectivo.
“No puede justificarse la agresión. ¿Por qué es prefecto de Caracas tiene derecho de agredir, de asfixiar a un funcionario de la policía o de cualquier ciudadano?”, fustigó el ministro.
La hija del prefecto, Andreína Blanco, informó que no ha tenido acceso a su padre. Aseguró que su papá no es “ningún delincuente” y rechazó que éste haya agredido a un funcionario policial.
Audiencia
Por otro lado, los once trabajadores de la Alcaldía Mayor, detenidos también el miércoles por intentar marchar por las calles de Caracas hasta el Tribunal Supremo para introducir un amparo contra la Ley del Régimen Municipal a dos niveles aprobada por la Asamblea Nacional que resta competencias al despacho de Antonio Ledezma para otorgárselas a la jefa del Distrito Capital, Jacqueline Faría; fueron trasladados al Palacio de Justicia, pero su audiencia de presentación también fue pospuesta para este viernes.
Según explicó el consultor jurídico del despacho capitalino, Carlos Guevara, el caso quedó en manos del tribunal 50° de control, cuyo juez también está encargado de otros dos juzgados, razón por la cual decidió diferir el acto para poder disponer del tiempo necesario para llevarlo a cabo.
Carlos Lozada Villegas, Abello Álvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Jaer Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Viña Figueroa y Lixido José Solarte fueron imputados por obstaculización de vías y alteración del orden público.
El abogado insistió en que no hay ningún alegato que justifique mantener la detención de los trabajadores, quienes permanecen recluidos en la Zona 7 de la PM.
Decenas de personas se concentraron en las puertas de los tribunales de Caracas para respaldar a Richard Blanco y a los empleados de la Alcaldía Mayor. Una vez más a los periodistas se les negó el acceso al Palacio de Justicia, el cual estuvo custodiado por efectivos de la Guardia Nacional.
Concejales metropolitanos calificaron como “un atropello” la detención del prefecto y de los once trabajadores. Máximo Sánchez resaltó que no permitirán que se criminalicen las manifestaciones.
Sin embargo, El Aissami expresó que en el país “está consagrado el derecho a manifestar pacíficamente”.
Petición
El ministro de Interior; Tarek El Aissami, invitó a los medios a que rechacen la violencia venga de donde venga, “así como lo hacen cuando alguien arremete contra un periodista o la sede de un medio privado, lo que rechazamos nosotros también y prueba de ello es que han resultado detenidos varios simpatizantes del gobierno por practicar la violencia. Ninguna persona puede cercenar los derechos de los demás en nombre de sus derechos”, subrayó.
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