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jueves, 6 de abril de 2017

LA CARTA. Por: HUMBERTO MARCANO RODRÍGUEZ @Hmarcanor


02 DE ABRIL 2017
REFLEXIONES  DEMOCRÁTICAS             
HUMBERTO  MARCANO  RODRÍGUEZ

La Sala Constitucional del TSJ dejó sin estado de  derecho a los venezolanos, las  sentencias 155 y 156 de la sala constitucional del TSJ no tiene explicación  jurídica, la sala que debe ser garante del Pacto Social, se alza contra la Carta Magna. Esto es un golpe mortal al sistema democrático. La Sala Constitucional no puede atribuirse las funciones  del Parlamento.
Alberto Arteaga Sánchez, Doctor  en Ciencias Penales.-

LA CARTA
Mucho se ha escrito y seguirá escribiendo y opinando  sobre la Carta Democrática Interamericana, este instrumento de la OEA fue aprobado el 11 de septiembre del 2001 en la Asamblea de Lima, Perú y la razón primordial de ella es la búsqueda de la protección del sistema democrático entre los miembros  de la OEA, al examinar  su articulado  se  deja en evidencia  que en ningún momento es injerencista, ya que  al ser aprobada y ratificada  por  los estados miembros  de la OEA se  convierte en ley supra nacional, que es el caso específico de Venezuela, lo curioso   de todo esto es  que la primera vez  que  se aplico esta carta  fue a instancias y solicitud e Venezuela contra Honduras y precisamente  quien  le correspondió hacer la solicitud fue a Nicolás Maduro entonces  Canciller de Venezuela, ahora  la gran alharaca la forma precisamente el otrora canciller y hoy detentador de la presidencia, el propio Secretario General de la OEA Doctor Luis Almagro en forma muy valiente a través  de dos grandes  informes  sobre  la terrible  situación que  se vive en este país, es quien solicita  su aplicación al nefasto régimen castro –comunista que atenaza a Venezuela, respaldado por 20 de los 34 estados  que conforman ese  Organismo Interamericano.

Entre los planteamientos  realizados  en los informes  del Secretario  General de la OEA, Doctor Luis Almagro,  sobresalen la  solicitud  de la libertad plena de todos los presos políticos, el llamado a elecciones  generales  tanto de gobernadores y alcaldes ya vencidos  su tiempo y la presidencial, el establecimiento de un canal humanitario que permita  el rápido acceso tanto de  alimentos  como de medicinas para la población,  total respeto a las facultades constitucionales  de la Asamblea Nacional, que se  establezca  una separación total de los poderes con verdadera  independencia entre los mismos, una independencia constitucional en la composición tanto el TSJ  como del CNE y respeto absoluto a los derechos humanos.

Los  que  acusan de “injerencista”  la aplicación de la Carta Democrática Interamericana se les olvida que la misma  fue aprobada  por unanimidad de todos los cancilleres  de los estados  que conforman la OEA y que además  fue ratificada por  el gobierno  venezolano, por lo tanto se  convierte  en ley supra nacional y que además  su contenido  es para  el pleno beneficio  de la preservación de la democracia y de los derechos humanos  de los pueblos, por lo tanto  su  aplicación prevalece  sobre el orden jurídico interno.

Se podría justificar  que el régimen trate por todos  sus medios  de evitar la aplicación de la carta por parte de la OEA, saben que  se  están jugando la existencia  en ello y que cada día  se han de ver más  aislados en el concierto   internacional, (Venezuela perdió el derecho a voto en la ONU por  las  enormes  deudas que ha acumulado ante ese organismo), lo  que  luce  un total consentido que mientras  el Secretario General de la OEA se  esté jugando con valentía  todo su prestigio y que los gobiernos  de  veinte naciones  lo estén secundando, demostrando  su gran preocupación por  el estado en que  está Venezuela  en manos de  este régimen castro-comunista, sean precisamente personeros  de la oposición  quienes  le  estén haciendo descaradamente el juego  al régimen, luego se molestan cuando los llaman  colaboracionistas e insultan llamando “guerreros del teclado” a los  que tratan de oponerse a sus mezquinas maquinaciones y en muchos de ellos  su afán presidencialista, así hemos visto declarando a los cuatro vientos su total oposición a la aplicación de la Carta Democrática a Manuel Rosales, Henry Falcón, Carlos Raúl Hernández,  con argumentos  extraídos  del fondo del baúl, nadando entre dos aguas como siempre a Henry Ramos Allup y  Julio Borges, silenciosos a la mayoría de los  dirigentes políticos  que hacen vida en la MUD, que  son los mismos  que  en una forma u otra han venido propiciando la permanencia de este régimen, defendiendo entre otras cosas un tal dialogo a sabiendas que los  dictadores no dialogan ni negocian, pruebas más contundentes no pueden tener a la vista, sus afanes  de dialogar  con la dictadura a esto es lo que nos han  llevado. Esperemos que de una buena vez entiendan que  ese  no es el camino, que la lucha parea salir de este régimen es frontal.

De todos los directivos políticos opositores solo se ha oído la voz clara y determinante de María Corina Machado en contra del régimen y abiertamente apoyando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y solicitando  la total libertad de los presos políticos, el restablecimiento de todas ,las competencias de la Asamblea Nacional y se hagan elecciones  generales a muy corto tiempo a los fines  de salir  de  este oprobioso régimen.

DE TODO UN POCO
Basta ya, hasta cuando  siguen los  engaños y las trampas y  los  seudos directivos políticos de la MUD aceptándolos y con ello pretender seguir  colaborando en adormecer al pueblo, el hambre y las necesidades así como  la escasez  de medicinas y alimentos  de todo tipo no soportan ya tantos engaños, no solo de parte del régimen sino de los  que tienen la obligación de salir  al frente y enfrentarse a la cruda realidad que se vive. Yo  me niego rotundamente a creer  en ese mal saludo a  la bandera  emitido por la fiscal general (Luisa Ortega Díaz), razones  sobran para ello y aprovecho para plantear algunas:
¿Acaso Luisa Ortega acaba de llegar al país, se acaba de incorporar al cargo de Fiscal General, se sabrá el nombre del planeta de donde viene?
Muy bien esterada debe estar ella de la procedencia  de  esos “magistrados  del tsj exprés”, nombrados en forma inconstitucional, pero nunca protestó la inconstitucionalidad de esos nombramientos de última hora.
Desde  enero del 2.016 el tsj ha violado La Constitución 56 veces  en actos  contra La Asamblea Nacional. ¿Dónde  estaba la fiscal general durante todo este tiempo?
La Fiscal General, acepto y fue  cómplice del tsj cuando dictaminó inconstitucionalmente para  que Nicolás Maduro obviara  a La Asamblea Nacional y presentara  su memoria y cuenta en el tsj al igual  que los ministros.
Acepto plácidamente  que el tsj dictaminara  que  el presupuesto del año 2017 en forma inconstitucional no fuera presentado en la Asamblea Nacional  sino en ese otro organismo que no tiene competencia para ello.
Nada ha objetado ante  todas las veces  que  ese tsj en forma arbitraria  ha quebrantando preceptos constitucionales declarando ilegales  leyes  emitidas por  La Asamblea Nacional.
¿Cuántas denuncias por corrupción administrativa formalizadas que han sido presentadas en su despacho descansan allí el sueño de los justos? Negándose abrir investigaciones  al respecto.
¿Cuántas veces  se ha negado abrir investigaciones ante  graves  denuncias  que se han hecho a nivel nacional e  internacional sobre tráfico de drogas y violaciones  de los derechos humanos  por personeros de este régimen del cual ella forma parte?
¿Acaso Luisa Ortega llegó a protestar contra  los excesos  cometidos por los  cuerpos  represivos del régimen, durante las  justas manifestaciones  de los estudiantes  en el año 2014 y  cuantos policías y guardias nacionales están presos por los 46 asesinados  en esas manifestaciones y por las violaciones públicas y notorias  de los  derechos humanos  de los manifestantes?
Jamás  se le ha oído lanzar una palabra de protesta  a la fiscal general por las denuncias constantes  sobre las violaciones de los derechos humanos  a los presos políticos y las torturas a  que  son sometidos por los  cuerpos  represivos.
¿Por qué  esta  señora fiscal general a sabiendas que TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS son INOCENTES  de los cargos  que  se les acusan, por lo tanto no son presos  sino secuestrados  del régimen, no ha solicitado  su libertad total e inmediata, así  como dejar sin efecto la vil e infamante  situación en que mantienen a miles de estudiantes  en presentación judicial.
¿Por qué no ha solicitado  que  se  dejen en libertad los 21 presos políticos que tienen boletas de excarcelación y en el SEBIN se niegan a obedecer  las órdenes  de jueces  competentes.

Basta ya, es la hora del despertar y le corresponde  a la señora fiscal general  solicitar el enjuiciamiento de  esos  magistrados tanto de la Sala Electoral  como de la Constitucional por todas las  violaciones  que han cometido contra la Constitución Nacional. Como dice  el antiguo refrán, “La mujer del César no solo debe  ser honrada, debe demostrarlo”.

Desengáñense  todos  los  que  en forma incauta  se han  puesto a creer en esas declaraciones  de  la señora Luisa Ortega Díaz, fuerte pilar defensivo de  este régimen castro-comunista y militarista, todo esto ha sido una vil patraña muy bien estudiada y calculada para  pretender decirle al mundo (cosa  que nadie habrá de creerles)  que si existe  separación e independencia de poderes y si así fuese,  porque  no se   ordenó restituirle todas sus prerrogativas constitucionales a la Asamblea Nacional, maniobra  donde  sin duda alguna deben estar las manos del G-2  cubano y las  salas situacionales  del régimen.

hjmrodriguez@gmail.com   ///   Twitter:@Hmarcanor


CUANDO LA DICTADURA Y LA REPRESIÓN SE HACEN LEY, 
LA REBELIÓN ES UN SAGRADO  DERECHO. 
Simón Bolívar.

martes, 28 de marzo de 2017

En defensa de la Asamblea Nacional. Por: Fernando Ochoa Antich @FOchoaAntich


En defensa de la Asamblea Nacional
 Fernando Ochoa Antich.
          El enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional se agravó esta semana al aprobar la mayoría de los diputados un acuerdo para respaldar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El trascendente acuerdo resumió en sus doce considerandos las razones que inspiraron a los 34 Estados miembros de la OEA, entre ellos Venezuela, a establecer la Carta Democrática Interamericana para garantizar la democracia representativa en el continente americano y aceptar como principio fundamental: ”Los pueblos  de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”....; así como, la grave situación de Venezuela, que se manifiesta de manera particular por: “la ruptura del orden constitucional que afecta gravemente la democracia, lo cual se pone de manifiesto, entre otras circunstancias, en la ausencia de separación de poderes…; en la existencia de un Presidente que gobierna por decreto, al margen de la Constitución, sirviéndose de un estado de excepción perpetuo…; en la corrupción convertida en política oficial; en la criminalización de la disidencia y la discriminación política en todos los órdenes; en la violación generalizada de los derechos humanos y en la negación del derecho a la participación política mediante el referendo revocatorio y la celebración de elecciones en la oportunidad constitucionalmente exigida”.
          En absoluta armonía con los considerandos, la Asamblea Nacional acordó, en siete artículos, expresar su apoyo a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana “como mecanismo para el restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela”. Entre esos puntos resaltan, por su importancia, los siguientes: “Expresar que la evolución de la situación del país desde mayo de 2016, cuando esta Asamblea Nacional envió el informe, antes mencionado, al Secretario General de la OEA, revela una agudización del desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de la persecución política, aunada a la creciente crisis humanitaria, y hace aún más grave y palmaria la alteración del orden constitucional y democrático que sufre Venezuela; apoyar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente, de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de modo que se realice una apreciación colectiva de la situación del país y en especial de la alteración del orden constitucional y democrático, requerir que esos mecanismos aseguren también: la liberación inmediata de todos los presos políticos; el establecimiento de un canal humanitario…, el respeto de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, la separación de poderes y, en particular, la autonomía e independencia en la composición y funcionamiento del TSJ y del CNE…”
          Estoy seguro que cualquier venezolano que lea ese acuerdo tiene que reconocer la verdad y objetividad de lo que allí se dice. Eso también ocurre al leer el informe que Luis Almagro, secretario general, presentó al Consejo Permanente en el mes de mayo y su aún más detallada actualización. Es verdad, que la Organización de Estados Americanos se encuentra constituida por Estados, los cuales defienden sus intereses nacionales y que el Secretario General no debe manifestar opiniones ni emitir decisiones que no haya consultado con los gobiernos. Justamente, esas limitaciones a la libre actuación del Secretario General y el juego de intereses entre los Estados es lo que ha conducido al fracaso y desprestigio de la OEA. Esa es la razón por la cual yo siento particular admiración por Luis Almagro. Su recia personalidad y amplia trayectoria en la política latinoamericana le ha permitido actuar con una libertad de acción a favor de la justicia y la democracia, que lo ha transformado, de un simple funcionario al servicio de los Estados, en una figura con peso propio en la política latinoamericana. Esta realidad es lo que molesta a Nicolás Maduro y a la canciller Rodríguez. Su posición, en defensa de los valores y principios democráticos, le ha permitido actuar con mayor libertad que la gran mayoría de los anteriores secretarios generales. En el tiempo, su actuación en la Secretaría General será recordada como lo es actualmente la gestión de Alberto Lleras Camargo.
          Un aspecto a resaltar fue la prudente actuación que tuvo la Asamblea Nacional al sólo respaldar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, excluyendo la aplicación del artículo 21. En el artículo 20 se establece que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias para promover la normalización de la institucionalidad democrática…Durante ese proceso se realizarán distintas acciones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. El artículo 21 establece que se puede aplicar como sanción la suspensión temporal del Estado Miembro si las gestiones diplomáticas no logran el restablecimiento del orden constitucional. Justamente, la Asamblea Nacional no respaldó su aplicación por considerar que no era conveniente suspender a Venezuela de la OEA, ya que al hacerlo se debilitaría la capacidad del Consejo Permanente para continuar presionando el restablecimiento del orden constitucional en nuestro país. 

Las recientes declaraciones de Nicolás Maduro pidiendo actuar con “severidad vertical y dureza justa” contra la mayoría opositora que respaldó el informe de Luis Almagro me parecieron no sólo desacertadas sino inmensamente injustas e intimidatorias.  Atreverse a decir que “hay que pedir la copia certificada de los diputados que se decidieron a aprobar el documento pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de las fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA” es definitivamente una inaceptable amenaza y un verdadero despropósito. Para colmo se atreve a afirmar que apoyar el documento de Luis Almagro constituye un delito de traición a la Patria. Escuchar tanta ligereza y manipulación de parte del jefe del Estado produce un gran rechazo. Creo necesario cuestionar la forma alegre e irresponsable de cómo se está utilizando la acusación de traición a la Patria en contra de todo el que disienta de los abusos del gobierno. Los diputados de la Asamblea Nacional sólo actuaron en consonancia con un acuerdo internacional firmado y reconocido por el propio Hugo Chávez y cuya aplicación ha sido propuesta por Venezuela en diversas oportunidades, cuando ha considerado que gobiernos de otros países han violado la democracia.

Si en verdad Nicolás Maduro desea que se le señalen acciones de los gobiernos chavistas que sí pueden considerarse como traición a la Patria voy a recordarle, entre otras, el profundo daño que le hicieron las repetitivas e imprudentes declaraciones entreguistas de Hugo Chávez y de usted mismo, siendo canciller, sobre los derechos de Venezuela en el territorio Esequibo; lo que ha significado para nuestra Patria, la destrucción sistemática de Petróleos de Venezuela; la injerencia cubana, con su anuencia, en materia de seguridad de Estado en Venezuela; lo que significa,  como grave violación de nuestra soberanía, la permanente presencia en el territorio nacional de un número muy elevado de efectivos de la FARC y del ELN, y pare usted de contar. Reflexione, señor Maduro. Los venezolanos tenemos memoria y no somos manipulables en asuntos que comprometen la libertad, la soberanía y la democracia.  

Caracas, 26 de marzo de 2017


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