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martes, 24 de junio de 2014

TSJ da permiso a militares para participar en marchas y mítines. JUAN FRANCISCO ALONSO. EL UNIVERSAL

 
JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
martes 24 de junio de 2014  12:00 AM
 

TSJ da permiso a militares para participar en marchas y mítines

Niega que hagan proselitismo sino que participan en asuntos públicos

El restablecimiento de la paz y la defensa de la Nación o para desfilar en las fechas patrias y otras ocasiones señaladas ya no serán los únicos motivos por los cuales los militares saldrán a las calles, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó a los uniformados para que participen en actos políticos como marchas y mítines.

El visto bueno lo dio la Sala Constitucional al desechar la acción de amparo que los miembros del Frente Institucional Militar (FIM) interpusieron a finales de marzo pasado contra la ministra de la Defensa, almirante Carmen Meléndez, por ordenarle a los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) acudir a la movilización que organizó el Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el pasado 15 de marzo, para respaldar la actuación de la Guardia Nacional (GN) durante las protestas estudiantiles.

Pese a que la Constitución de 1999, en sus artículos 328 y 330, establece que la institución castrense es "esencialmente profesional, sin militancia política" que "está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna" y le prohíbe a sus miembros "participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político", la intérprete de la Carta Magna no consideró que la marcha que recorrió el oeste de Caracas y en la que se exhibieron pancartas y consignas a favor del oficialismo violara alguna de las disposiciones anteriores.

"La participación de los integrantes de la FAN en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática y protagónica", afirmó la instancia integrada por los magistrados Gladys Gutiérrez, Francisco Carrasquero, Marco Tulio Dugarte, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Luisa Estella Morales y Juan José Mendoza (ponente).

El máximo juzgado, en su sentencia número 651, prosiguió aseverando que los uniformados, por su mera condición no están excluidos de ejercer el derecho previsto en el artículo 62 de la Constitución y "participar libremente en los asuntos políticos y en la formación, ejecución y control de la gestión pública".

Y, para rematar, agregó que la participación de este colectivo en los asuntos comunes "se erige como un acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar".

Legalizando la partidización

La Sala Constitucional tampoco vio problemas en que los militares deban corear consignas como "Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos!" o "¡Chávez vive! ¡La patria sigue!".

"En todos los ejércitos del mundo existe el saludo militar, cuya manifestación responde a la idiosincrasia o cultura del país o al momento histórico, social y político por las que hayan atravesado, toda vez que el saludo militar indica una muestra simbólica, profesional e institucional, de respeto, disciplina, obediencia y subordinación ante la superioridad jerárquica y a la comandancia en jefe a la cual responde", respondió la intérprete de la Carta Magna a las objeciones formuladas desde el FIM.

Para la presidenta de la organización Control Ciudadano de la Seguridad, la Defensa y la FAN, Rocío San Miguel, el fallo representa "un golpe histórico a la institucionalidad venezolana" e implica "la legalización de la FAN como el partido armado de la Revolución".

"El TSJ con esta decisión está desconociendo absolutamente el Estado de Derecho vigente y de un principio fundamental de la democracia como lo es el de subordinación del poder civil al militar", agregó la experta en temas castrenses.

jalonso@eluniversal.com

FUENTE: EL UNIVERSAL

jueves, 7 de marzo de 2013

Juristas culpan al TSJ de las dudas sobre la transición. Por: JUAN FRANCISCO ALONSO. EL UNIVERSAL.

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
jueves 7 de marzo de 2013  12:00 AM
Juristas culpan al TSJ de las dudas sobre la transición 
Atribuyen al fallo de enero incertidumbre sobre quién debe dirigir el Gobierno 
¿Quién debe asumir la Jefatura del Estado temporalmente ante el fallecimiento del presidente Hugo Chávez y mientras se celebran nuevas elecciones: El vicepresidente Nicolás Maduro o el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello? ¿Cómo es posible que existan estas dudas casi dos días después del deceso del mandatario?

Para diversos catedráticos en Derecho Constitucional y Administrativo consultados por El Universal la responsabilidad recae en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

"No tengo dudas de que si el pasado 10 de enero se hubiera aplicado correctamente el artículo 233 de la Constitución Diosdado Cabello sería el encargado de la Presidencia, pero al producirse la sentencia del pasado 9 de enero, la cual estableció que el fallecido presidente Chávez y su Gabinete estaban en ejercicio de sus funciones y a partir de allí se han tomado una serie de decisiones que nadie ha impugnado, pues obviamente Nicolás Maduro puede suplirlo", afirmó el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Manuel Raffali, quien agregó: "Este despelote lo creó el TSJ".

Opinión similar expresó el también catedrático Antonio Canova, quien tras denunciar que el máximo juzgado "hará todo lo posible porque el heredero de Chávez gane las próximas elecciones", aseveró que "si no se hubiera producido esa sentencia loca en enero se habría declarado la falta del Presidente, el Presidente del Parlamento habría asumido la Jefatura del Gobierno y no habría ninguna duda de quién está al frente del país".

Los juristas admitieron a que la luz de la sentencia número 2 el Vicepresidente debería ser el inquilino temporal del Palacio del Miraflores. No obstante, difirieron en cuánto si éste podrá postularse a la Presidencia en los comicios que deberán celebrarse en breve.

"Cuando Maduro se convierte en Presidente deja de ser Vicepresidente y por lo tanto el impedimento que establece el artículo 229 de la Constitución no lo afecta", afirmó Raffali, mientras que Canova replicó: "El artículo 233 de la Carta Magna establece dos verbos distintos para dos situaciones distintas. Afirma que cuando hay una falta absoluta del Presidente en los primeros cuatro años de período el Vicepresidente se encargará temporalmente de su oficina; es decir no se convierte en el Presidente sino que es el encargado de la Presidencia. En cambio si la falta se produce en los últimos dos años del mandato entonces sí asumirá la Presidencia y dejará de ser Vicepresidente".

Para el experto el hecho de que la Constitución hable de "se encargará" y "asumirá" marca una diferencia que debe ser tomada en cuenta por el TSJ a la hora dictaminar si Maduro podrá participar en los comicios o no.

Asunto de la AN

Por su parte, el también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, José Vicente Haro, rechazó que la instancia llamada a despejar las dudas en torno a la dirección del Ejecutivo sea el máximo juzgado.

"Ya no es necesario un pronunciamiento del TSJ, él ha debido pronunciarse antes, cuando se le pidió que verificara la condición del mandatario, pero ahora debe ser el Parlamento luego de una discusión el que decida quién debe asumir la Presidencia", agregó, al tiempo que responsabilizó al organismo rector del Poder Judicial de la situación de incertidumbre reinante.

Haro aseveró que la Sala Constitucional solamente deberían pronunciarse si alguien no está conforme con la decisión que adopten los legisladores y decide impugnarla.

¿Y las decisiones tomadas?

Respecto a la suerte de las decisiones económicas y administrativas que el pasado viernes el vicepresidente Nicolás Maduro aseveró que el desaparecido mandatario aprobó y que, hasta el momento, no se han informado, Raffali aseveró que las mismas podrían seguir teniendo valor.

"Toda aquella resolución que aparezca en Gaceta Oficial firmada por el presidente Chávez podrá tener valor, siempre y cuando haya sido adoptada con fecha anterior a su fallecimiento y así quede constancia en los respectivos decretos", aseveró el experto.

jalonso@eluniversal.com

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