Mostrando entradas con la etiqueta Asamblea Nacional. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Asamblea Nacional. Mostrar todas las entradas

domingo, 11 de agosto de 2019

La Universidad de Carabobo presentará ante la Asamblea Nacional proyecto de Ley de Indexación de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores Universitarios. #Venezuela


11 ago. 2019 11:51
La Universidad de Carabobo presentará ante la Asamblea Nacional proyecto de Ley de Indexación de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores Universitarios


Fue aprobada durante la sesión del Consejo Universitario Nro. 1.891 del pasado 2 de agosto, la propuesta hecha por Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, de elevar ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Indexación de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores Universitarios.

Para los efectos jurídicos pertinentes, la indexación debe ser entendida como la actualización de la cantidad debida al momento de su pago de conformidad con la inflación, de esto se desprende que el propósito de este proyecto de ley, es recuperar el poder adquisitivo de las prestaciones sociales del personal docente, administrativo y obrero de la universidad venezolana, con fundamento en los principios de justicia e igualdad.

En Venezuela, desde noviembre del 2017 comenzó un proceso de hiperinflación, cuando el país alcanzó para finales de ese año una cifra inflacionaria acumulada de 2.616%, de acuerdo a informe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional presentado el 8 de enero de 2018, tras le negativa del Banco Central de Venezuela de publicar los indicadores económicos.

Desde esa fecha al presente, dicho proceso de hiperinflación que ha devastado con la economía del país y pulverizado el salario de los venezolanos no se ha detenido, tanto así que el Fondo Monetario Internacional estima que para finales del 2019 la cifra acumulada alcanzará el insólito monto de 10.000.000%.

Por tales motivo, el eje central del proyecto de ley que será presentado ante la Asamblea Nacional por la Universidad de Carabobo, es ajustar el pago de las prestaciones sociales al momento de la jubilación del trabajador universitario, de acuerdo al porcentaje de hiperinflación acumulada desde que empezó este fenómeno económico a finales del 2017.

Dicha corrección monetaria se hará de acuerdo a los criterios técnicos y jurídicos que deban emplearse para proteger el sagrado derecho de los trabajadores de la integridad del pago, y así una deuda que contrae el Estado con ellos, no se vea devaluada y en consecuencia, se les devuelva la misma cantidad adeudada en su valor real para el momento de ser pagada y no un monto irrisorio como sucede en la actualidad.



Boletín de prensa
 -- 
Departamento de Prensa y Relaciones Públicas
Despacho de la Secretaría
Universidad de Carabobo
Telef. 0241-6004000 ext. 104116

despachosecretariouc@gmail.com 





viernes, 5 de julio de 2019

Acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, interpuesta por: Andrés Mezgravis y Pablo Aure, ante el TSJ_Legitimo.



Ciudadano Presidente y demás Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia SU DESPACHO. 

Ref.: Acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa. 

Nosotros, ANDRÉS A. MEZGRAVIS y PABLO AURE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V-7.102.795 y V-5.208.546, respectivamente, abogados de profesión, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los números 31.035 y 24.211, respectivamente, actuando en nuestro carácter de ciudadanos venezolanos interesados en el apropiado manejo de la gestión legislativa de la legítima Asamblea Nacional dentro del marco constitucional, respetuosamente ocurrimos ante su competente autoridad, conforme a lo establecido en los artículos 336 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en lo sucesivo “CRBV”); y, 25 numeral 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (en lo sucesivo “LOTSJ”), a los fines de interponer ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA, contra la ASAMBLEA NACIONAL, la cual ha incurrido en esta violación constitucional por las razones de hecho y de derecho que a continuación exponemos:

 I. SUMARIO 

1. Venezuela fue Estado contratante del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (“TIAR”) desde su suscripción en Río de Janeiro, Brasil, el 2 de septiembre de 1947. Este instrumento regional fue suscrito y ratificado con el propósito de prevenir ataques y demás actos de agresión, reconociendo el principio de solidaridad continental, también recogida en la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger” (“R2P”), frente a cualquier acto de agresión, o de cualquier “hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América”, de acuerdo con sus artículos 3 y 6 respectivamente. 

2. No obstante dicha suscripción y ratificación por parte de Venezuela, el 14 de mayo de 2013, el régimen de Hugo Chávez denunció el TIAR, y de conformidad con el artículo 25 de su texto, dos años más tarde Venezuela dejó de ser parte del TIAR. Después de haber sido miembro por décadas, el régimen retiró a Venezuela del TIAR en el marco de su estrategia de aislar a Venezuela del mundo globalizado y de los acuerdos y tratados internacionales de los cuales históricamente había sido parte. Ello como una manifestación del cambio de intereses e identidad del Estado venezolano para la instauración del Socialismo del Siglo XXI; así como también en su búsqueda por evadir las regulaciones y compromisos internacionales propios del Sistema Interamericano. 

3. Es un hecho público y notorio que el monopolio de la fuerza en Venezuela está bajo el control de una Fuerza Armada Nacional rebelde, que junto a los llamados “colectivos”, la 2 guerrilla y grupos terroristas extra continentales, representan el brazo armado de un régimen que internacionalmente se le reconoce o califica como una tiranía narco terrorista que usurpa el poder y pone en peligro la paz y seguridad de América. 

4. De allí que, se haga indispensable la conformación de una coalición de Fuerza Interamericana, a los fines de restituir la soberanía, la independencia política, la paz y la normalidad democrática de Venezuela. 

5. El Presidente Encargado Juan Guaidó, consciente de la importancia del reingreso de Venezuela al TIAR, anunció, en primer lugar, en fecha 7 de mayo de 2019, el inicio del procedimiento para reinsertar a Venezuela en el TIAR (ver Prueba documental marcada “A”), y así fue incluido en el orden del día de la Asamblea Nacional en esa misma fecha (ver Prueba documental marcada “B”) y se encomendó a la Comisión de Política Exterior elaborar un informe al respecto (ver Prueba Documental marcada “C”). Incluso, el 11 de mayo de 2019, el Presidente Juan Guaidó afirmó haber comunicado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la intención de Venezuela de adherirse al TIAR (ver Prueba Documental marcada “D”) 

6. Asimismo, la Asamblea Nacional coincidió con esta urgente e importante necesidad aprobando el 28 de mayo de 2019, en primera discusión y casi por unanimidad, la adhesión nuevamente de Venezuela al TIAR (ver Prueba Documental marcada “E”).1 

7. No es casualidad que, en vista de esos anuncios y avances de la Asamblea Nacional, y la importancia hemisférica del objetivo asumido, el régimen usurpador intensificó la represión y persecución de los diputados. Particularmente, para el 14 de mayo de 2019, luego de los anuncios del Presidente Guaidó, ya eran catorce los diputados perseguidos por los mecanismos de represión del gobierno usurpador (ver Prueba Documental marcada “F”), a través de mecanismos que van desde el ilícito allanamiento de su inmunidad parlamentaria, hasta su ilegal y arbitraria detención. 

8. A pesar de la urgencia, y que de conformidad con el artículo 207 de la Constitución la segunda discusión podía haberse realizado el 29 de mayo de 2019, no fue así. Tampoco se realizó la segunda discusión en la siguiente plenaria, ni tampoco en las sucesivas sesiones ordinarias. 

9. Desafortunadamente, terminaron transcurriendo los 30 días a los que se refiere el artículo 208 de la Constitución, y la Asamblea Nacional omitió discutir el informe que a tal efecto debía haber sido presentado por la respectiva Comisión. De esta manera, la Asamblea Nacional incurrió en una inconstitucional omisión legislativa sobre una materia de crítica 1 Solo la fracción “Cambiemos”, presidida por el Diputado Timoteo Zambrano, salvó su voto en esta moción (Ver Prueba Documental “H”). 3 urgencia que además representa los más altos intereses de la nación y del continente americano.

10. Es por tal motivo que acudimos ante su competente autoridad a fines que sea el más Alto Tribunal de la República el que establezca los correctivos pertinentes que más adelante especificamos. II. DE LA OMISIÓN LEGISLATIVA POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

11. Como un esfuerzo por fortalecer los lazos y la seguridad del continente americano, el 28 de octubre de 2003, en el marco de la OEA, se adoptó la “Declaración sobre Seguridad en Las Américas”, en la que se reconoció la importancia y utilidad del TIAR, y se recomendó al Consejo Permanente de la OEA continuar con el proceso de evaluación de dicho tratado, de conformidad con las nuevas realidades de la seguridad del hemisferio y la variante naturaleza de las amenazas tradicionales y no tradicionales a la seguridad, así como los mecanismos de cooperación para hacerles frente. 

12. Asimismo, esta declaración estableció un nuevo concepto de seguridad hemisférica de naturaleza multidimensional, donde “la democracia representativa, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, la buena gestión gubernamental y la subordinación de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida son condiciones esenciales para la paz, la estabilidad y el desarrollo”; e incluye tanto las amenazas tradicionales como las nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad hemisférica, tales como: la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el terrorismo, ataques cibernéticos, la pobreza extrema, riesgos a la salud y desastres naturales, “dado que el fundamento y razón de ser de la seguridad hemisférica debe ser la protección de la persona humana”. 

13. En ese sentido, la situación venezolana requiere urgentemente de la implementación de este mecanismo de cooperación. El régimen usurpador, con el desmantelamiento de la Fuerza Armada venezolana, y el apoyo de organizaciones criminales y de grupos terroristas, generó una crisis humanitaria que, además de generar el mayor éxodo de migrantes de la historia del continente, afecta indudablemente la soberanía e independencia política de Venezuela. Y es que el solo hecho de que las reservas petroleras más grandes del planeta y las importantes riquezas minerales de Venezuela, estén bajo el control de un conglomerado criminal, pone tangiblemente en peligro la paz y la seguridad de América. 

14. Nos encontramos entonces frente a un régimen tiránico que cuenta con el apoyo irrestricto de organizaciones terroristas y criminales. Una situación sin precedentes en la región ––y probablemente en el mundo–– y que no ha podido ser contrarrestada por sanciones y medidas diplomáticas. Mucho menos puede ser solventada por los venezolanos sin la debida asistencia militar de la comunidad internacional. 4 

15. Nunca ha sido más evidente que el régimen usurpador no solo no tiene voluntad de poner fin a la gravísima crisis humanitaria, sino que está dispuesto a hacer lo que sea por mantener su aparataje criminal funcionando. Las detenciones arbitrarias, los asesinatos y las torturas continúan. Por tanto, para que el continente americano y Venezuela puedan restablecer la paz, la seguridad y la normalización de la democracia, la activación del TIAR es indispensable. 

16. La Asamblea Nacional, en el marco de su estrategia legislativa para enfrentar dicha situación, parecía haber entendido la magnitud y la imperiosa necesidad de lograr ese compromiso regional, y en fecha 28 de mayo del presente año aprobó en primera discusión la Ley Aprobatoria del TIAR. Sin embargo, más de treinta días continuos transcurrieron y la Asamblea Nacional no realizó la segunda discusión conforme al procedimiento previsto en la CRBV. A pesar de ello, ningún tipo de explicación o excusa válida ha sido dada por la Asamblea Nacional o por el Presidente (E). 

17. Cabe destacar que el artículo 207 de la CRBV exige que las discusiones se lleven a cabo en días diferentes. De manera que, si el 28 de mayo del presente año tuvo lugar la aprobación en primera discusión, era de esperar que un tratado de esta importancia para la nación y el continente, fuese terminado de aprobar en una sesión extraordinaria, que perfectamente podía haberse realizado al día siguiente. Pero ni el 29 de mayo, ni en la siguiente plenaria del 4 de junio, ni en la del 11 de junio, ni en la del 18 de junio, ni en la del 25, ni tampoco en la de hoy 2 de julio, se llevó a cabo dicha discusión. 

18. Al respecto establece textualmente el artículo 208 de la Constitución: “Artículo 208. En la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado. Aprobado en primera discusión el proyecto será remitido a la comisión directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado con varias comisiones permanentes, se designará una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe. Las comisiones que estudien proyectos de ley presentarán el informe correspondiente en un plazo no mayor de treinta días consecutivos.”(Énfasis añadido). 

19. Como puede observarse, ha habido múltiples sesiones plenarias de la Asamblea Nacional desde la primera discusión y expiró el plazo de 30 días sin que se realizara la presentación, y mucho menos la discusión, de dicho informe. Llama la atención que en dichas sesiones 5 han sido discutidos asuntos relativos a la crisis venezolana y también asuntos de menor importancia, pero se ha eludido terminar de aprobar el TIAR. Todo ello a pesar de que el propio Presidente (E) reconoció públicamente la importancia de aprobar dicho tratado (ver Prueba Documental marcada “G”), e incluso el Centro de Comunicación Nacional, anunció su aprobación en segunda discusión para el 18 de junio de 2019 (ver Prueba Audiovisual marcada “I”), la cual inexplicablemente no se realizó. Y lo que es más grave, todo ello a pesar de que numerosos ciudadanos por las redes sociales, y también la Fracción política de diputados conocida como Bloque Parlamentario 16 de julio, exhortó a la Asamblea Nacional a cumplir urgentemente con dicho deber (Ver Prueba Documental marcada “J”). 

20. Cabe advertir que la omisión legislativa de la Asamblea Nacional es flagrante e irrefutable ya que al tratarse de una simple ley aprobatoria, no existe como en el caso de leyes ordinarias un articulado de numerosas normas jurídicas que deban ser discutidas o analizadas. Al contrario, en este caso la aprobación en segunda discusión es un asunto muy sencillo de mero trámite. Habiendo sido Venezuela parte de ese tratado por décadas y desde el mismo inicio de la vigencia del TIAR, no había nada nuevo que informar o discutir. Una ley aprobatoria, como bien saben ustedes honorables magistrados, se limita a un solo artículo aprobatorio. Si a todo esto se suma que la primera discusión fue aprobado el reingreso al TIAR con una mayoría abrumadora, luce claro que la omisión legislativa es inexcusable. 

21. Este proceder ha demostrado que la Asamblea Nacional, por razones que desconocemos, ha omitido la necesidad y urgencia con que debe ser aprobado el TIAR. Esta urgente necesidad queda corroborada por un conjunto de factores que van desde el progresivo deterioro de las condiciones más elementales de vida del venezolano, hasta al progresivo deterioro de la institucionalidad, capacidad y obediencia de la Fuerza Armada venezolana que durante seis meses ha desobedecido a su legítimo comandante en jefe, lo cual resulta en una complicidad delictiva inaceptable, indolente, cobarde e inhumana. 

22. Esta complicidad de la FAN rebelde, imposibilita el cumplimiento de su rol constitucional de asegurar el legítimo uso de la fuerza en todo el territorio nacional ante la presencia de grupos terroristas y organizaciones criminales para-estatales, y de narcotráfico. La Responsabilidad de Proteger, y el principio de la legítima defensa son deberes ––jurídicos y también morales–– ineludibles de las autoridades legítimas. 

23. Esta conducta negativa por parte de la Asamblea Nacional, se encuadra dentro del concepto de omisión legislativa inconstitucional, el cual se produce “cuando el legislador no observa, en un tiempo razonable o el que haya sido fijado constitucionalmente, un mandato concreto de legislar impuesto, expresa o implícitamente, por la Constitución…” (“La protección de la Constitución frente a las omisiones legislativas”, Jesús María Casal, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, p. 51), toda vez que ha irrespetado el 6 plazo para dictar una simple Ley Aprobatoria de un tratado internacional del cual Venezuela siempre fue parte. 

24. Por estas razones esgrimidas, solicitamos respetuosamente que se declare procedente esta acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa. III. DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL 


25. Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es el tribunal competente conocer la presente acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa. 

26. La CRBV establece en su Artículo 336 las atribuciones de la Sala Constitucional, estando entre ellas, en el numeral 7: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.” 

27. De igual forma, el Artículo 25 numeral 7 de la LOTSJ establece: “Artículo 25. Son competencias de la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento con la Constitución de la República, las haya dictado en forma incompleta, así como las omisiones de cualquiera de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, y establecer el plazo y, si fuera necesario, los lineamientos o las medidas para su corrección.” 

28. En ese sentido, cabe señalar que además de la normativa citada supra, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido su competencia para conocer de estas novedosas acciones desde la sentencia No. 1.556 del 9 de julio de 2002, caso Alfonso Albornoz Niño y Gloria de Vicentini, ratificado por la sentencia No. 988 del 1 de agosto de 2014, caso Oscar Enrique Arnal García. 

29. Así, teniendo en consideración que nos encontramos ante una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa llevada a cabo por la Asamblea Nacional, no cabe la menor duda de que corresponde a esta digna Sala Constitucional del Tribunal 7 Supremo de Justicia conocer de la presente acción de amparo constitucional. Así solicitamos respetuosamente que sea declarado. IV. DE LA LEGITIMIDAD DE ESTA ACCIÓN 

30. La Sala Constitucional ha establecido que: “Respecto del interés y legitimación para ejercer dicha demanda, es menester señalar que ha sido criterio reiterado de esta Sala, que el ejercicio de la acción popular de inconstitucionalidad no requiere de mayores exigencias en la legitimación, por lo que cualquier persona, natural o jurídica, posee la legitimación para ejercerla. De igual forma, ha precisado que la acción de inconstitucionalidad por omisión del órgano legislativo podría considerarse como una modalidad de la acción popular de inconstitucionalidad. En virtud de lo anterior, juzga que, en el presente caso, debe aplicarse el criterio antes referido y declarar el interés y la legitimación del accionante para incoar la pretensión de autos. Así se declara.” (Sentencia No. 988 del 1 de agosto de 2014, caso Oscar Enrique Arnal García). 

31. Así, es evidente que nosotros, como ciudadanos venezolanos, estamos perfectamente legitimados para interponer esta acción. Así solicitamos respetuosamente que sea declarado. 

V. DE LAS PRUEBAS 

32. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “A”, y producimos en 2 folios, Artículo de prensa publicado en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional de fecha 7 de mayo de 2019 titulado “Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, inicia proceso oficial para reinsertar a Venezuela en el TIAR”, también disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_guaido-tiar
. Con esta prueba pretendemos demostrar la fecha exacta del anuncio del Presidente Guaidó de iniciar el proceso de adhesión al TIAR. 

33. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “B”, y producimos en 1 folio, publicación del orden del día de la Asamblea Nacional de fecha 7 de mayo de 2019, también disponible en: https://twitter.com/jguaido/status/1125553953377275906
. Con esta prueba pretendemos demostrar la inclusión del Proyecto de Acuerdo de respaldo de la reincorporación de Venezuela al TIAR en la agenda de la Asamblea Nacional. 

34. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “C”, y producimos en 2 folios, Artículo de prensa publicado en el sitio web oficial 8 de la Asamblea Nacional de fecha 7 de mayo de 2019 titulado “Comisión de Política Exterior elaborará informe final para solicitar la adhesión de Venezuela al TIAR”, también disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_comision-de-politicaexterior
. Con esta prueba pretendemos demostrar que efectivamente se encomendó a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional la elaboración del informe respectivo para la reincorporación al TIAR en la fecha señalada. 

35. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “D”, y producimos en 1 folio, publicación del Presidente Juan Guaidó en la red social Twitter de fecha 11 de mayo de 2019, también disponible en: https://twitter.com/jguaido/status/1127367269384847361. Con esta prueba pretendemos demostrar la voluntad manifestada al Secretario General de la OEA por parte del Presidente Encargado y Presidente de la Asamblea Nacional de reincorporar a Venezuela al TIAR. 

36. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “E”, y producimos en 1 folio, publicación de la Asamblea Nacional del resumen de la Sesión de la Asamblea Nacional del día 28 de mayo de 2019, también disponible en: https://twitter.com/AsambleaVE/status/1133493867930685440
. Con esta prueba pretendemos demostrar la aprobación en primera discusión de la Ley Aprobatoria del TIAR en el seno de la Asamblea Nacional. 

37. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “F”, y producimos en 3 folios, Artículo de prensa publicado en el sitio web oficial de la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela de fecha 14 de mayo de 2019 titulado “Asciende a 14 la cifra de diputados perseguidos por la dupla TSJ y ANC en las últimas dos semanas”, también disponible en: https://transparencia.org.ve/asciende-a14-la-cifra-de-diputados-perseguidos-por-la-dupla-tsj-y-anc-en-las-ultimas-dos-semanas/ . Con esta prueba pretendemos demostrar que los diputados de la Asamblea Nacional se han visto sujetos a una escalada represiva y de persecución en el periodo de aprobación del TIAR. 

38. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “G”, y producimos en 1 folio, publicación del Presidente Juan Guaidó en la red social Twitter de fecha 1 de junio de 2019, también disponible en: https://twitter.com/jguaido/status/1134972723715817472. Con esta prueba pretendemos demostrar la ratificación hecha por el Presidente Encargado sobre la importancia de aprobar definitivamente la reincorporación de Venezuela al TIAR. 

39. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “H”, y producimos en 1 folio, Artículo de prensa publicado en el sitio web oficial de la coalición política Cambiemos, de fecha 28 de mayo de 2019 titulado “Cambiemos Movimiento Ciudadano, salva su voto en la votación del Acuerdo de Reincorporación de 9 Venezuela al TIAR”, también disponible en: http://cambiemos.org/tag/tiar/. Con esta prueba pretendemos demostrar que los diputados a la Asamblea Nacional de la plataforma política “Cambiemos” fueron los únicos parlamentarios en no votar a favor de la aprobación de la reincorporación de Venezuela al TIAR en primera discusión. 

40. Promovemos de conformidad con el artículo 7 y 395 del Código de Procedimiento Civil marcado “I”, video publicado por el Centro de Comunicación Nacional, órgano de prensa oficial del Presidente Encargado, en la red social Twitter de fecha 16 de junio de 2019, también disponible en: https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1140067862419267585. Con esta prueba pretendemos demostrar el anuncio oficial que realizó el Presidente Juan Guaidó de la aprobación de la reincorporación de Venezuela al TIAR para el día 18 de junio de 2019 y que sin explicación alguna no se realizó. 

41. Promovemos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil marcado “J”, y producimos en 1 folio, publicación de la Fracción parlamentara 16 de Julio, en la red social Twitter de fecha 25 de junio de 2019, también disponible en: https://twitter.com/fraccionAN16J/status/1143562926072225793. Con esta prueba pretendemos demostrar el esfuerzo de esta fracción parlamentaria en abogar y exigir por la reincorporación de Venezuela al TIAR. 

VI. PETITORIO 

42. En virtud de todos los argumentos de hecho y derecho esbozados anteriormente, y en función de las disposiciones constitucionales violadas, solicitamos que: 1.- Que esta Sala Constitucional exhorte a la Asamblea Nacional para que en un plazo perentorio que no debería exceder la plenaria de la Asamblea siguiente a la emisión del fallo, se cumpla con discutir el informe de la respectiva Comisión a los fines de que se promulgue la Ley Aprobatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y se envíe el correspondiente instrumento de ratificación al organismo competente de la OEA. 2.- Que en su defecto, y en virtud de que solo resta un mero trámite aprobatorio, la sentencia dictada por la Sala Constitucional, sea equivalente a dicha aprobación legislativa a los fines de que el Presidente (E) puede enviar a la mayor brevedad el instrumento de ratificación del TIAR, al organismo internacional competente. 3.- Por último, y en virtud de los altos intereses en riesgo para Venezuela y para todo el hemisferio, también respetuosamente solicitamos se exhorte al Presidente (E), a enviar a la mayor brevedad, y dentro de un plazo perentorio 10 que no exceda de 5 días, el respetivo instrumento de ratificación al organismo internacional competente. Igualmente, solicitamos se exhorte al Presidente (E) a que una vez que quede ratificado el TIAR, también sea presentada con la mayor urgencia, en un plazo que no exceda de 30 días, la respectiva solicitud de asistencia a los fines de que el respectivo Órgano de Consulta del TIAR puede deliberar sobre la conformación de una Fuerza Interamericana según los términos de dicho tratado. Todo ello en virtud de la Responsabilidad de Proteger que tienen los Estados, y de que ha quedado plenamente demostrado que el monopolio de la fuerza ––indispensable para garantizar la paz y la normalización de la democracia–– no podría ser restituido sin la asistencia militar prevista en dicho tratado y consagrada en la doctrina del R2P. 

VII. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 

43. A los fines de la notificación de la Asamblea Nacional, pedimos que esta se realice en la persona del Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la siguiente dirección: Esq. Monjas a San Francisco, Hemiciclo. Palacio Federal Legislativo, Carmelitas, Av. Sur 2, Caracas, Distrito Capital. 44. Con respecto a los accionantes, señalamos la siguiente dirección para que se realicen cualquier notificación que pueda surgir del presente proceso: Andrés A. Mezgravis,  aam@mezgravis.com  y   Pablo Aure,  pabloaure@gmail.com

 Es justicia que solicitamos a los dos días del mes de julio de 2019. 


REMISION:

Acción de Inconstitucionalidad por omisión legislativa de la AN de aprobar en 2da discusión el TIAR. Demanda interpuesta el día de hoy 2 de julio por los profesores Andrés Mezgravis y Pablo Aure ante la Sala Constitucional del TSJ legítimo.  

LEER EN PDF:  https://bit.ly/2JjrSM9       

IMAGEN SUPERIOR: @TSJ_Legitimo



viernes, 28 de diciembre de 2018

COMUNICADO DE LA COMISIÒN PARA LA DEFENSA DEL ESEQUIBO Y DE LA FACHADA ATLÁNTICA DE LA ASAMBLEA NACIONAL (CODEFAAN) INFORME DEL FORO MILITAR VENEZOLANO Nro. 003-18

Resultado de imagen para El esequibo la protesta militar oswaldo suju raffo




INFORME DEL FORO Nro. 003-18 

COMUNICADO DE LA COMISIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESEQUIBO Y DE LA FACHADA ATLÁNTICA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
(CODEFAAN) 

El FORO MILITAR VENEZOLANO, consciente de su responsabilidad social como ente cuya misión le plantea“…la definición, comprensión y clarificación de verdades científicas, legales o doctrinarias, que afloren a la palestra pública y que atenten contra la eficiencia y la operatividad de las FFAA, o desvirtúen y dañen el empleo de los profesionales militares o sus concomitantes; a los fines de ayudar a resolver problemas de incomprensión o confusión doctrinaria o jurídica, siempre en el marco de la Constitución y las leyes…”; en nombre de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, hace suyo el comunicado de la Comisión para la Defensa Esequibo y de la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional (CODEFAAN) e insta a los mandos militares a dar el respaldo al Poder Legislativo en defensa del sentir del Pueblo que lo eligió y quien representa la soberanìa: 

1) Celebramos las recientes actuaciones de la marina de guerra venezolana en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial y espacios acuáticos en cumplimento con la LOFAN Art 4. 

2) En febrero pasado nos dirigimos al Sr Comandante General de la Armada Almirante Edglis Herrera Balza con el fin de presentarle una serie de recomendaciones que nos permita a los Venezolanos que creemos en la INTEGRIDAD TERRITORIAL DE VENEZUELA que ante la decisión de la Secretaria General de las NN.UU (por una parte ) de remitir nuestra disputa por el Esequibo ante la CIJ, estando en pleno conocimiento de que Venezuela no reconoce la Jurisdicción de la CIJ; y por otra parte, la decisión de Guyana de aprovecharse del envió del Sec. General de la ONU de nuestra reclamación a la CIJ, violentando el espíritu y propósito del Acuerdo de Ginebra; el cual, es buscar una solución práctica y satisfactoria al despojo que se nos hizo Inglaterra de 159.000 km en el Esequibo. 

3) Es conocido que Guyana ha hecho caso omiso al Acuerdo de Ginebra al otorgar concesiones madereras, mineras y ahora petroleras en un territorio en reclamación; razón por la cual, la Asamblea Nacional por vía de la CODEFAAN ha venido advirtiendo sobre el despropósito el gobierno del general Granger a quien deseamos una pronta recuperación; y de la indiferencia del gobierno del Sr Maduro, ante la gravedad que significa la perdida este territorio y de su responsabilidad histórica. 

4) En el caso del ejercicio de la Soberanía, los espacios Acuáticos, son inherentes a la Seguridad y Defensa (LOSN Art 6) y por tanto un ejercicio de poder de la Armada, tal y como lo exige la CRBV y sus leyes relativas a la Seguridad y Defensa. 

5) En el caso de las responsabilidades internacionales, la empresa EXXON tienen que saber que contratar un buque de exploración sísmica para que opere en aguas sujetas a una reclamación internacional es una provocación y una operación de alto riesgo. Pero Guyana también es responsable de acuerdo al Derecho Internacional, por otorgar concesiones en áreas que se encuentran en reclamación. 

6) La reciente intercepción de un buque contratado por la empresa es el ejercicio material de nuestra soberanía y por lo tanto debemos apoyar la decisión tomada por la armada y esperamos el gobierno la mantenga y no se retracte como lo hizo algunos años atrás con el TERAK PERDANA. 

7) La FACHADA ATLÁNTICA, es un área estratégica vital para nuestra sobre vivencia por lo cual debe ser patrullada, debido a que es la entrada del Delta de nuestro Orinoco, deteniendo embarcaciones extranjeras de pesca o de transito indebido. 

8) Debido a que la fachada Atlántica, ha sido vilmente violada y no defendida por los gobiernos desde 1999, la CODEFAAN, en uso de sus atribuciones, en febrero pasado, le envió una comunicación al Comandante General de la Armada, -aun sin respuesta-, una serie de recomendaciones y sugerencias, en el sentido de: 

8.1. Mantener un permanente patrullajes y operaciones Marítimas y Fluviales, en la fachada Atlántica, basadas en la Línea de Base Recta contenida en el Decreto Presidencial número: 1152 de 09JUl1968. 

8.2. Decretar un área marítima como sucedió en 1975 con el área TESEO en el Golfo de Venezuela, que contemple el ejercicio de soberanía como es la detención, abordaje y traslado a nuestros puertos de embarcaciones de Guyana que estén realizando ejercicio de exploraciones sísmicas, pesca en una supuesta frontera marítima. 

8.3. Solicitar ante el Ejecutivo Nacional, operaciones normales de PDVSA y la acción conjunta con el Comando de Guardacostas, para ejercer operaciones de prevención de derrames petroleros y ejercicios de control de área en la fachada atlántica. 

8.4. Solicitar al Ejecutivo nacional que el MRE, reitere los reclamos de las evidentes aquiescencias que se gestaron desde 1999, como son los casos del acuerdo de Guyana y Barbados para cooperación de prospección petrolera en nuestra fachada Atlántica, firmada en 2003, y que lo hicieron a sabiendas que es parte de le zona económica exclusiva de Venezuela. 

8.5. Ejercer Soberanía mediante patrullajes y operaciones Navales al norte del cuarto tramo de nuestra fachada Atlántica, ya que con el laudo firmado entre Guyana y Surinam sobre delimitación de aguas marinas y submarinas, lo hacen desde referencias de tierra de nuestra zona en reclamación. 6. Solicitar al Ejecutivo Nacional reiterar el desacuerdo de Venezuela con la decisión de Guyana en 2009 de solicitar extensión de plataforma continental más allá de las 200 Millas. 

9) Por todo esto le sugerimos al Comandante de la Armada, actuaciones más diligentes al respecto de la aplicación del Poder Naval en una zona que el gobierno ha mantenido una política de Laisser fair laiseer passer frente a Guyana desde 1999. 

10) En esta oportunidad celebramos el ejercicio de soberanía realizado por la Armada y rechazamos la conducta y comportamiento del Gobierno de Guyana quien exhortamos a regresar a los mecanismos diplomáticos y políticos contenidos en el Acuerdo de Ginebra como una vía de solución entre dos países limítrofes. 

11) La situación de gravedad que enfrenta actualmente las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos del Caribe y en especial con Guyana son consecuencia de la inacción del gobierno de Hugo Chávez y durante el ejercicio como Canciller del actual presidente Nicolás Maduro, lo cual generó años de abandono de nuestros intereses y soberanía sobre el territorio Esequibo que aún se mantiene bajo reclamación y que debido a la poca importancia manifiesta del gobierno en estos últimos 19 años se ha fortalecido la presencia de empresas extranjeras explotando recursos que nos pertenecen a todos los venezolanos. 

12) Finalmente la Comisión para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, designada por la Asamblea Nacional en Febrero del 2018 reitera que la defensa del territorio en reclamación y la fachada Atlántica constituyen una cuestión de Estado y por lo tanto siempre denunciamos que Nicolás Maduro haya utilizado el tema del Esequibo como un comodín para articular apoyos en el CARICOM para su proyecto de hegemonía de poder y no en función de una estrategia en defensa del Esequibo con un criterio de estadista y de integración Americana. 

13) A tiempo la comisión fijó posición pública en relación a la no aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y recomendamos que los representantes del régimen de Maduro debían dejar constancia, in situ, de esta posición histórica defendida por la diplomacia de la democracia iniciada por el ex presidente Rómulo Betancourt y seguida por Raúl Leoni, y el resto de los presidentes democráticos; por ello nunca escatimamos exhortos y llamados en comunicaciones públicas y privadas dirigidas al alto mando militar y autoridades del régimen para que convocara a diferentes sectores de la vida nacional, universidades, iglesias, estudiantes, academias, sociedad civil, activistas por el Esequibo y expertos en la materia para que se informara y articulará una estrategia que involucrará a la Nación. Maduro no lo hizo. 

14) La comisión especial para la defensa del Esequibo y la fachada Atlántica el pasado 7 de Diciembre del 2018 se reunió con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales a los fines de convocar a un gran frente nacional en defensa del Esequibo y la fachada Atlántica, es de recalcar que la conducta seguida por la comisión ha sido nacionalista y pensando en el interés del país y de sus generaciones presentes y futuras, en este sentido aprobamos la integración de una subcomisión para elaborar un proyecto de ley sobre la fachada Atlántica, la cual está en desarrollo, y las recomendaciones que formulamos de no reconocer la jurisdicción de la CIJ, y que el régimen dejara constancia por escrito in situ de la posición histórica antes señalada y ejercer actos de soberanía como es el patrullaje y custodia de la fachada Atlántica, por la fuerza de las circunstancias y la connotación moral de la Comisión más su determinación nacionalista, obligó que Nicolás Maduro y su régimen acogiera algunas de dichas recomendaciones. 

En Caracas el día 26 de diciembre de 2018 

DIRECTORIO DEL FORO MILITAR VENEZOLANO: 

Director Ejecutivo: G/D Enrique Prieto Silva; 
Director Principal: G/B Juan Antonio Herrera Betancourt; 
Director Principal; V/A Rafael Huizi Clavier; 
Director Principal; G/D Manuel Andara Clavier; 
Director Principal: G/D Fernando Ochoa Antich; 
Director Principal: V/A Jesús Enrique Briceño García; 
Director Principal: G/B Humberto Seijas Pittaluga; 
Director Principal: G/B Eduardo Arturo Caldera Gómez; 
Secretario Ejecutivo: G/B Regulo Díaz Vega; 
Consultor Jurídico Adjunto: Dr. Noé Mujica Velez; 
Secretario de Justicia Militar: Cnel. Marcos Porras Andrade; 
Secretario de Ética, Moral y Políticas Públicas: VA. Antonio Pérez Criollo; 
Secretario de Seguridad Social: Cnel. Manuel Ledezma Hernández; 
Secretario de Administración y Economía Públicas: C/N Carlos Rodríguez Bártoli; 
Secretaría de Redes Sociales: Mayor Raynell Martínez Mujica; 
Secretario de Seguridad Pública: Comisario General Edmundo Abigail Prieto; 
Secretario de Relaciones Internacionales: Embajador de Carrera J. Gerson Revanales; 
Secretario de Seguridad y Orden Interno: G/B Simón Figuera Pérez; 
Secretario de Organización: G/B Rafael Vera Ruiz; 
Secretario de Defensa Militar; Dr. Alonso Enrique Medina Roa; 
Secretario de Derecho Militar: G/B Gilberto Mayorca Yanes; 
Secretario de Educación: Cnel. Artemio Rafael Boada Diaz; 
Secretaria de Derecho Internacional Humanitario: Dra. María Sofía Barrios; 
Secretario de Informática, Publicidad y Afines: MgSc Juan Fernando Moreno.


ANEXO: 
(257 K)

martes, 17 de abril de 2018

VENEZUELA: La degradación del Parlamento: de la euforia del 6D a la desconfianza plena. Por Orlando Avendaño. @PanAmPost_es


Este martes muchos se decepcionarán y otros confirmarán sus sospechas. Parte de los diputados, supuestamente opositores, son parte esencial del sistema. (Archivo)

La degradación del Parlamento: de la euforia del 6D a la desconfianza plena

La gran conquista del espacio legislativo terminó desvaneciéndose; hasta el punto de que existe un verdadero nerviosismo

Abr 16, 2018

Dice el gran historiador venezolano, Germán Carrera Damas: “El 6 de diciembre del 2015 abrí una botella de champaña. Pensaba que, por primera vez en la historia de la humanidad, un régimen liberal había sido restaurado de forma democrática. Pero a las horas me decepcioné: cuando vi las declaraciones de los militares, era evidente que aquello había sido una concesión”.
Pero como Carrera Damas, estaban la mayoría de los venezolanos. La euforia del momento obstaculizó cualquier capacidad de vislumbrar la realidad. El 6 de diciembre de 2015 fue un día de fiesta en el que la sociedad venezolana que se opone a Maduro celebró al unísono.
Al principio, cuando Henry Ramos Allup asumió como presidente del Parlamento, y entró al Palacio como el invicto gladiador al Coliseo, eran casi todos los que andaban embelesados. A todos los cegó la euforia. Solo el soberbio mentiría. Aplausos a las carajiteadas y ninguneadasdel adeco. Era, de todos, el idóneo para liderar la Asamblea durante su primer año e iniciar, entonces, la esperada transición a la libertad.
Las expectativas al principio eran claras: arrebatar ese gran espacio al chavismo, la Asamblea Nacional, permitiría ir conquistando parcelas de poder hasta forzar un definitivo cambio de sistema. Se llevaría a cabo la importante disputa entre poderes y se buscaría, en principio, incomodar como sea a la dictadura.
Pero no ocurrió. Los debates sustanciales se apartaron. Los asedios se quedaron en la remoción de efigies de Hugo Chávez y en la recomendación de «moringa» a los diputados chavistas. Algunos insultos altivos; pero no más. Ramos Allup hizo promesas que luego incumplió. Durante todo el primer año del Parlamento, ahora en manos “opositoras”, se intentó impulsar un referéndum revocatorio que terminó perdiéndose en un estéril diálogo con la dictadura y El Vaticano.
En las sesiones de los martes se debatía sobre el autismo, la falta de agua y las ayudas sociales. Al cerrar el primer año de la Asamblea dirigida por el líder de Acción Democrática, el balance fue desagradable. Un triunfo malgastado. Si hubo esfuerzos, se concentraron en las exigencias al dictador. Nada de la confrontación entre poderes. Nada de la incomodidad esperada. Más bien una sumisión detestable.
El Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo funcionó con impunidad. Cuando dijo que unos diputados no podían juramentarse por supuesta falta de legitimidad, se acató. No se buscó la remoción de los ilegales magistrados ni se cuestionó la legitimidad de las delincuentes del Consejo Nacional Electoral. Tampoco hubo un esfuerzo dirigido a incomodar a las otrasinstituciones secuestradas por el chavismo.
Hombres honorables como Enrique Aristeguieta Gramcko, historiador y abogado, insistieron al Parlamento en la importancia de investigar a Nicolás Maduro por su dudosa nacionalidad venezolana. Demasiadas razones para impulsar un proceso en contra del dictador. El líder del régimen chavista, en todo caso, solo debía acudir a la Asamblea para demostrar su capacidad de gobernar, de acuerdo con la Constitución. Pudiera o no trascender; pudiera o no, ser un acto de ingenuidad; se trataba, de cualquier forma, de la necesaria confrontación institucional. Esfuerzos decididos a continuar degradando la supuesta legitimidad del dictador. Pero jamás se hizo. La insistencia de Gramcko fue, al final, engavetada por el Parlamento.
El día que desde la Asamblea se intentó asestar un golpe decisivo a la dictadura, terminó convirtiéndose en otra oportunidad para continuar desmontando la euforia que se había erigido el 6 de diciembre de 2015. Casi un año después de la «gran victoria», en diciembre de 2016, la Asamblea acordó, luego de prometerlo, un debate para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, que debían de sustituir a las ilegítimas.
Ese 16 de diciembre el debate no trascendió porque la ausencia de tres diputados impidió el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. No hubo quorum. Un día decisivo para el restablecimiento de la democracia, algunos diputados faltaron.
El escándalo fue inmenso y partidos de Mesa de la Unidad Democrática exigieron la expulsión de Un Nuevo Tiempo —la fuerza política a la que pertenecían los irresponsables—. Pero nunca hubo ningún destierro a pesar de que se supo que estos diputados habían estado reunidos con miembros de la dictadura y tenían razones para faltar.
La inquisición partidista se impuso sobre Un Nuevo Tiempo; pero la verdad es que, luego de ese día, el debate jamás se retomó. En otras discusiones hubo quorum; pero a ningún parlamentario, de esos que vociferaron en contra de «los traidores», se le ocurrió reemprender lo que iba a convertirse en una estocada decisiva: nuevamente, la confrontación entre poderes se dilató.
Julio Borges se estrenó como presidente de la Asamblea Nacional ventilando cierta sensación de cambio. El 9 de enero de 2017 la mayoría “opositora” votó y declaró el abandono de cargo por parte de Nicolás Maduro. Fue la primera acción de Borges y se trataba de una respuesta a unas exigencias que llevaban tiempo circulando.
Se suponía que, a partir de esa decisión, todo el panorama debía cambiar. Lo que proseguía era la convocatoria a elecciones mientras asumía el sucesor del dictador. Debía ser un proceso impulsado por el Parlamento y acordado con el Poder Electoral —pero este jamás se renovó—.
A la semana de la histórica decisión, era como si nada hubiera ocurrido. Desde el Palacio Legislativo se seguía llamado «presidente» al dictador y se le continuaba exigiendo rectificación. El importante debate del Parlamento se desvaneció entre otras agendas cómodas para el chavismo.
El tiempo se continuó invirtiendo en debates estériles. Órdenes del día absurdas. Las divisiones entre las fracciones de la Asamblea se acentuaban. Cada vez era más evidente quién era quién. Y una torpeza de Maduro volvió a brindar al Parlamento le relevancia que estaba perdiendo.
A finales de marzo de 2017 el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia —la ilegal institución que jamás se incomodó—, arrebató las funciones a la Asamblea Nacional. Las reacciones de la comunidad internacional y la osadía de unos diputados en las calles, permitieron el inicio de una de las peores crisis políticas del régimen chavista.
En medio de esa coyuntura, el régimen impuso la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de deformar al Estado y perfeccionarlo como un totalitarismo. El Parlamento, al final, decidió no incomodar al ilegal armatoste hasta permitir que este funcionara en los mismos espacios del Palacio Legislativo.
La decepción fue dominando al ciudadano, antes esperanzado por lo que se suponía que era el último vestigio de la vida republicana. Las declaraciones y posturas de algunos diputados, presuntamente opositores, acentuaron el rechazo a los representantes de la verdadera soberanía.
Quizá la mayor victoria de los asambleístas fue la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Un asunto que tenían pendiente desde que se juramentó el Parlamento a principios de 2016; pero que, luego de la convocatoria a un excelso plebiscito en julio de 2017, era arduo volver a esquivar la responsabilidad.
En esa consulta popular también se planteó la necesidad de renovar las otras instituciones, como el Consejo Nacional Electoral, y la presidencia. Se trataba de retomar dos debates abandonados; pero esto jamás se hizo.
Ahora es el gran logro de la Asamblea lo que está en medio del debate. Los magistrados legítimos fueron nombrados por la presión de toda una sociedad; pero después, descuidados. Es la gran institución que, junto al Parlamento, reconoce la comunidad internacional y funciona desde el exilio.
En los grandes espacios de la región, han acordado la propulsión del antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. Se trata de la verdadera y urgente confrontación entre poderes. La decisión de los legítimos magistrados dejó en manos de los diputados el siguiente gran paso. Pero, y es inconcebible, impera el escepticismo y la desconfianza.
Justo antes de que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decidiera sobre el antejuicio de mérito contra Maduro; el diario venezolano “opositor”, Zeta, publicó una supuesta investigación que demuestra que el presidente de la gran Corte tiene doble nacionalidad por lo que no puede ejercer. Afortunadamente el intento de degradar uno a de las dos instituciones legítimas en el país, no trascendió. Pero existen otros peligrosos esfuerzos, dispuestos a impedir la confrontación entre poderes.
“Al elegir como parlamentarios a quien carece de recursos económicos, una presión que le permita sustentarse o una reputación en el mundo académico, corremos el riesgo de que se vayan detrás del primero que les lance un billete de 100 dólares en un almuerzo rociado con Whisky”, escribió en su cuenta de Twitter el profesor y abogado, José Valentín González.
Este martes 17 de abril se llevará a cabo en la Asamblea el debate sobre el antejuicio de mérito contra Maduro. La discusión se acuerda después de más de una semana desde que el Tribunal Supremo de Justicia decidió y transfirió la responsabilidad al Parlamento.
En medio de la tensión política, se ha especulado bastante sobre la posibilidad de que los diputados no asuman su responsabilidad y dejen solos a los magistrados que ellos mismos designaron.
De acuerdo con el medio Runrunes, en una nota publicada el 10 de abril, del llamado “G4 de la MUD (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), solo VP expresó públicamente su apoyo a la decisión suscrita por el TSJ en el exilio”.
“En los pasillos del Palacio federal Legislativo, asambleístas de distintos partidos cuestionaban la viabilidad de la iniciativa promovida por los magistrados ‘legítimos’. Advertían que tenía serias fallas jurídicas y señalaban que el TSJ en el exilio estaba siendo controlado por los sectores más radicales de la oposición”, se lee en el medio.
Asimismo, la periodista Sebastiana Barráez publicó el 12 de abril un artículo en el que habla de una “jugada del Gobierno” para lograr que algunos diputados presuntamente opositores no respalden el esfuerzo del Tribunal Supremo en el exilio.
Barráez menciona a  Timoteo Zambrano, Melva Matucha, Maribel Guédez, Adolfo Superlano, José Gregorio Aparicio, Romel Guzamana, Kerrin Mavárez y José Sánchez Montiel.
Son hombres y mujeres del exgobernador Manuel Rosales y pertenecían al partido Un Nuevo Tiempo hasta que el pasado 11 de abril renunciaron a su fuerza política para apoyar la novel plataforma del supuesto periodista y perseguido político, Leocenis García. “Un personaje con una oscura historia”, de acuerdo con Barráez.
“Es una habilidosa jugada del Gobierno, con Manuel Rosales, el líder de Un Nuevo Tiempo, quien logró hace un año un acuerdo con el Gobierno, para las elecciones presidenciales. Convencieron, y no precisamente por razones ideológicas, a Leocenis García y Manuel Rosales, para postularse a la presidencia si la oposición no participaba. La presentación de Henri Falcón no hizo necesaria esa opción, pero ahora lo reeditan para definitivamente acaban con lo que queda de la Asamblea Nacional”, se lee en la página de la periodista Sebastiana Barráez.
En pocas horas se debatirá sobre una decisión histórica que podría tener unas repercusiones importantes —se debe recordar que la Asamblea y el Tribunal en el exilio son instituciones que cuentan con el respaldo de las naciones civilizadas del mundo—. Y abruma que, luego de la supuesta conquista del 6 de diciembre de 2015, exista el nerviosismo sobre la posibilidad de que los diputados no asuman su responsabilidad este martes. Pero hay precedentes.
Este martes algunos se sorprenderán y decepcionarán. Otros confirmarán sus sospechas. Solo se necesitan 84 diputados para impulsar la importante confrontación política. Pero hay que mantenerse vigilantes para determinar quiénes asumirán su responsabilidad y quiénes han sido, desde siempre, parte inherente del sistema totalitario. Embaucadores disfrazados en las filas aliadas.
FUENTE: PANAM POST


miércoles, 4 de abril de 2018

Detenciones, acusaciones de "traición y rebelión" y conspiraciones: ¿qué está pasando en el Ejército de Venezuela? Por: Daniel García Marco (@danigmarco) Corresponsal de #BBCMundo en #Venezuela

Soldados.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionEn las últimas semanas crecen las detenciones de oficiales en medio de la crisis del país.

Detenciones, acusaciones de "traición y rebelión" y conspiraciones: ¿qué está pasando en el Ejército de Venezuela?

  • 3 abril 2018
Casi al final del teclado de emojis de WhatsApp hay unos símbolos violetas que representan los signos del zodiaco y que permiten a algunos militares en Venezuela escribir mensajes de forma encriptada.
"El personal involucrado está bajo investigación", alcanzo a leer tras entender el código.
El mensaje es de un miembro de la Fuerza Armada de Venezuela al que le pregunto por el ambiente en Fuerte Tiuna, centro del poder militar en Caracas.
Lo define como "hostil".
Su impresión refrenda que algo se está moviendo en los cuarteles de Venezuela, donde en las últimas semanas se han sucedido las detenciones y donde los uniformados padecen la crisis que golpea al resto de la población.
Son 34 los oficiales detenidos y presentados ante tribunales militares desde el inicio de año, según el abogado Alonso Medina, que defiende a seis de los nueve altos cargos arrestados el 2 de marzo. Entre ellos hay seis tenientes coroneles, de los que cuatro comandaban batallones importantes.
Se les imputan los cargos de traición a la patria e instigación a la rebelión, según le explica Medina a BBC Mundo. Sus defendidos niegan la acusación.
Miguel Rodríguez Torres.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionMiguel Rodríguez Torres permanece incomunicado, según fuentes próximas al mayor general retirado.
El 13 de marzo también fue detenido Miguel Rodríguez Torres, mayor general retirado, ministro del Interior de 2013 a 2014, compañero de armas de Hugo Chávez en el fallido intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y desde hace algunos años crítico con el gobierno de Nicolás Maduro.
"Sólo dos personas tienen acceso a él", le dice a BBC Mundo una fuente próxima al exministro que afirma que sigue incomunicado y sin acceso a su familia ni a su defensa.
La información, asegura, se la suministran amigos que Rodríguez Torres tiene en el Servicio de Inteligencia (Sebin), organismo que lo detuvo el 13 de marzo en un hotel de Caracas y que el exministro dirigió de 2010 a 2014.
Rodríguez Torres forma parte de lo que se llama chavismo disidente, que se define como fiel al fallecido Hugo Chávez, pero crítico con Maduro.
Es el caso también de la destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz y del que fuera "zar del petróleo" Rafael Ramírez, ambos en el exilio y acusados de corrupción.
Rodríguez Torres está "incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad públicas, y en conjuras y complots que perseguían la intención aviesa de atentar contra la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana", dijo el gobierno en un comunicado tras su detención.
"Las acciones criminales (…) incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra Constitución", añadió.
Henrique Capriles y Rodríguez Torres.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionEl exministro Rodríguez Torres defiende la unión con la oposición tradicional como la que representa Henrique Capriles.
El exministro lidera el Movimiento Amplio Desafío de Todos, que se adhirió al llamado Frente Amplio, en el que convergen la oposición tradicional al chavismo y actores que estuvieron junto al comandante Chávez pero que reniegan de su sucesor, Maduro.
Rodríguez Torres, con ascendente aún en el Ejército, es (o fue) además amigo de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, dos militares y hombres fuertes en el oficialismo.

La crisis llega al cuartel

Son días agitados que se prestan al análisis y a la pregunta de qué está sucediendo en el hermético mundo militar.
"Por primera vez hemos visto de manera clara y diáfana cómo está repercutiendo la crisis política en el ámbito militar", le dice a BBC Mundo Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en seguridad y defensa.
Nicolás Maduro.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionNicolás Maduro degradó del Ejército a 24 militares en dos decretos firmados el 28 de febrero.
La experta no veía una situación así desde 2002, año del intento frustrado de golpe de Estado contra Chávez.
Destaca el alto rango de los detenidos y su vinculación con el germen de la llamada revolución bolivariana que lideró Chávez.
San Miguel asegura, sin embargo, que "el generalato" sigue cerca de Maduro.
En los últimos años el presidente ha entregado a los militares operaciones trascendentales de gran poder y gestión de dinero como la importación de alimentos y la dirección de la petrolera estatal PDVSA, la joya de la corona y casi única fuente de ingresos del país.
"A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la divide nadie por su fortaleza, (por) su conciencia patriótica nacional", dijo hace dos semanas Vladimir Padrino, ministro de Defensa, lanzando un mensaje de control.
"A los desesperados les digo: quédense tranquilos, aguanten ahí, no lo van a lograr", agregó.
SoldadosDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionParte de la tropa está sufriendo los mismos problemas que el resto de la población en Venezuela.
El 28 de febrero, Maduro firmó dos decretos en los que degrada o expulsa del Ejército a un total de 24 miembros de la fuerza armada.
Entre las razones esgrimidas está "haber Intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la Nación".
El gobierno ha venido denunciando intentos de desestabilizar a las fuerzas armadas por parte de la oposición, que ha apelado a los militares en varias ocasiones ante la crisis económica y política que atraviesa el país.

Sectores descontentos

Todos los casos recientes refuerzan un descontento palpable desde hace tiempo.
La agencia Reuters publicó en julio del año pasado que al menos 123 miembros de las Fuerzas Armadas habían sido detenidos desde que en abril de 2017 comenzaron cuatro meses de protestas antigubernamentales. Los cargos iban desde traición y rebelión hasta robo y deserción, según documentos militares.
Soldados.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionVenezuela es un país de tradición militarista y con tres intentos de golpe de Estados en 26 años.
Este marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también ratificó la condena de ocho años por delitos como "instigación pública" a Raúl Baduel, otro exmilitar y exministro de Defensa de ascendente en el Ejército.
En Venezuela se le considera como el hombre que rescató a Chávez tras el golpe de Estado de abril de 2002. Por ello, Baduel conoció los mayores honores militares, pero luego abandonó el gobierno y se opuso al fallecido presidente.
En enero, el ex miembro de la policía científica Oscar Pérez y sus hombres murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Llevaban meses en rebeldía tras el robo de un helicóptero en junio del año pasado. La oposición acusa al gobierno de que Pérez fue víctima de un asesinato extrajudicial.
Óscar PérezDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionEl policía Óscar Pérez murió en una operación tras meses en rebeldía.
Y en agosto de 2017, otro grupo de hombres liderados por el capitán Juan Carlos Caguaripano, ahora detenido, asaltó y robó armamento del Fuerte Paramacay, en la ciudad de Valencia.
Antes del ataque los alzados publicaron un video en el que se veía a Caguaripano rodeado de unos 20 hombres uniformados. El capitán anunciaba una "acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional" en el país.

El fantasma del golpe

Esta agitación en el mundo castrense se suma a la crisis económica de Venezuela y a las expectativas de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, en las que Maduro, pese a la hiperinflación y la escasez de productos básicos, podría imponerse a una oposición dividida entre el boicot y la participación.
Y por todo ello, como ocurre de forma recurrente dado el conflicto político existente, asoma el fantasma del golpe de Estado en un país de extensa tradición militarista que sólo en los últimos 26 años vivió tres intentos golpistas.
Altos mandos del Ejército.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionEl ministro de Defensa, Vladimir Padrino (centro), manda un mensaje de calma y unidad en las fuerzas armadas.
"El golpe es una posibilidad", dice la experta Rocío San Miguel, cuya ONG ha incluido por primera vez en seis años el alzamiento como un posible escenario.
"Hay poca probabilidad de desarrollo", matiza, "pero hay que ir monitoreando", añade.
"Hay un movimiento telúrico y hay que ver qué repercusiones hay en 2018", alerta.
El senador estadounidense Marco Rubio, quien parece estar detrás de la dura posición del presidente Donald Trump contra el gobierno de Venezuela, ha hablado abiertamente de respaldar una rebelión militar.
"El mundo apoyaría a las fuerzas armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia derrocando al dictador", escribió Rubio en Twitter en febrero.
Y el líder opositor Leopoldo López, que cumple una controvertida condena en arresto domiciliario, aseguró recientemente al diario The New York Times que deben aumentar "las formas de presión".
"En 1958, hubo un golpe militar que comenzó la transición a la democracia. Y en otros países de América Latina hubo golpes de Estado que convocaron elecciones. Entonces no quiero descartar nada, porque la ventana electoral se ha cerrado", afirmó López.
La oposición institucional, sin embargo, rechaza esa posibilidad.
SoldadosDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionHay sectores que ven en un golpe la única salida para hacer caer a Maduro.
"No estamos alentando un golpe de Estado ni un alzamiento militar. Los civiles debemos resolver nuestros propios problemas", dijo hace dos semanas Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del Parlamento, de mayoría opositora.
El militar que me envía mensajes encriptados por WhatsApp no habla de golpe, sino de "intentona".
El ministro de Defensa, Padrino, lo verbaliza con más claridad. "Estoy en completo desacuerdo con esos golpes de Estado (…)", dijo hace dos semanas.
"Eso ya no tiene cabida en este siglo, tenemos que entenderlo, compatriotas, compañeros, actores políticos de la vida nacional", reclamó tras semanas agitadas en los cuarteles.
FUENTE: BBC MUNDO 

ATERRIZAJE EN VILA TEPEQUÉM, BRASIL. Por: Coronel ® (FAV) Sammy Landaeta Millán. Anécdota FAV. Venezuela

ATERRIZAJE EN VILA TEPEQUÉM, BRASIL.    Por: Coronel ® (FAV) Sammy Landaeta Millán.  Anécdota FAV. Como hemos relatado en es...