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domingo, 18 de marzo de 2018

El debido proceso en la CPI. Por: G/D (GN) Enrique Prieto Silva @Enriqueprietos OPINIÓN.



Gran relevancia ha tomado el tratamiento jurídico en Venezuela de lo inherente a la Corte Penal Internacional, toda vez que a falta de justicia en el país, asoma firme la esperanza de que no queden impune los delitos contra los derechos humanos, de lesa humanidad y hasta crimenes de guerra que se han vislumbrado en el país echados de menos por el degradado poder judicial judicialista en que se ha convertido el nuestro.

Hemos asomado la importancia e influencia de los derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico en el mundo, cuando a partir de la última posguerra se desarrolló y cobró importancia vital el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, transformándose en el cambio de paradigma más importante de las transformaciones jurídicas del siglo XX.

Como lo asoman los tratadistas y los ponentes, el cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos (DDHH) o derechos del hombre, es un tema esencialísimo en la agenda internacional de los Estados, y su vigencia cobra cada día en forma progresiva y sostenida una relevante importancia, de forma tal, que hoy se admite mundialmente, que su vigilancia no se circunscribe exclusivamente a la esfera del derecho interno del Estado sino que además, sobre él tiene competencia el Derecho Internacional (DI), el cual puede exigir su acatamiento a través de los mecanismos, instituciones y órganos existentes fuera de las fronteras del Estado.

Después de 50 años de expectativas y discusiones y de haberse justificado plenamente su creación, para atender la jurisdicción internacional, fue creado el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas, Órgano de carácter permanente y dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya creación fue aprobada en el transcurso de una conferencia celebrada en 1998 en Roma por representantes de 120 países (7 se opusieron y 21 se abstuvieron).

El Tratado de Roma, que preveía su creación y su estatuto jurídico fue firmado el 18 de julio de ese mismo año por un primer grupo de 20 países que se adhirieron a su contenido. También se acordó el comienzo de sus funciones hacia el año 2001, cuando aproximadamente 50 Estados hubiesen ratificado dicho documento, con sede en La Haya, donde también radica el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas.

Las competencias del Tribunal se extienden al procesamiento de individuos que cometan “los más graves crímenes contra la comunidad internacional” (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión) y ante los cuales el Estado concernido no inicie, por voluntad propia o incapacidad, el correspondiente procedimiento. Con la creación de este Tribunal Internacional se puso fin al debate sobre la legitimidad de los tribunales Ad-hoc que han existido hasta ahora (Núremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda), encargados de castigar los crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos por sus dirigentes y militares.

Desde el 17 de julio de 1998, 139 países habían firmado el Estatuto de Roma, de los cuales la gran mayoría lo han ratificado, entrando en vigencia el 1°de julio de 2002. Venezuela ocupó el número 11 en firmarlo y luego ratificarlo. Más relevante aún, el año siguiente de la firma, incluyó con valor supraconstitucional el tratamiento de los derechos humanos.

Sin embargo, sobre el particular surgió la discusión sobre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional podría tomar casos ocurridos antes del 1° de julio de 2002, no obstante, el texto del Estatuto es claro al respecto al indicar en el Art. 21 que éste entraría en vigencia hacia el futuro. Sin embargo, las reglas de no impunidad e imprescriptibilidad de los crímenes han sido utilizadas para justificar los Tribunales especiales de Nüremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia, con estatutos y tribunales Ad-Hoc, elaborados y constituidos después de los hechos.

En días recientes, la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, anunció que tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la Corte, había decidido abrir un examen preliminar sobre Venezuela, e indicó que el examen preliminar analizaría crímenes presuntamente cometidos en “este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa”. “En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron violencia excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”.

Está en suspenso la acción de la Corte, por lo que en el entendido jurídico al interno debemos saber, que conforme al Artículo 15 del Estatuto, el Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre Ia base de información acerca de un crimen de Ia competencia de Ia Corte; analiza Ia veracidad de Ia información recibida y con tal fin podrá recabar más información de los Estados, de los Órganos de las Naciones Unidas, de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en Ia sede de Ia Corte. De llegar a Ia conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a Ia Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con Ia documentación justificativa que haya reunido.

Las victimas podrán presentar observaciones a Ia Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Si, tras haber examinado Ia petición y Ia documentación que Ia justifique, Ia Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a Ia competencia de Ia Corte, autorizará el inicio de Ia investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente Ia Corte con respecto a su competencia y Ia admisibilidad de Ia causa.

Es de observarse, que la negativa de Ia Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar Ia investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con Ia misma situación. Pero de llegar a la conclusión el Fiscal de que Ia información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación, informara de ello a quienes Ia hubieren presentado. No obstante, ello no impedirá que el Fiscal examine a Ia Iuz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con Ia misma situación.

Es de interés observar, que conforme al artículo 25 del Estatuto, la responsabilidad penal es individual y la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales. Sin embargo, en lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado, queda claro que el superior será penalmente responsable por los crímenes de Ia competencia de Ia Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, o no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos do su investigación y enjuiciamiento.

Con relación a órdenes superiores el Estatuto contempla que, salvo eximentes literalmente expuestas, quien cometa un crimen de Ia competencia de Ia Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal

Como indicáramos, la relevancia que da la Constitución de Venezuela a los delitos pautados en el Estatuto de Roma queda con vigencia supraconstitucional. El artículo 23 establece que: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional…y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

De mayor relevancia, que el artículo 25 de la Constitución establece, que: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y Ia ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”

Concluimos con lo más relevante en el proceso penal de la CPI. El artículo 29 de la Constitución establece que: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.” Así miso establece la imprescriptibilidad de estos delitos.

@Enriqueprietos 

IMAGEN SUPERIOR: Por cortesía de ANALÍTICA


martes, 3 de marzo de 2015

La pretensión GUYANESA sobre nuestra plataforma continental. Por: Emilio Figueredo. ANALITICA.


Martes 3 de marzo de 2015, 10:32 am
La pretensión guyanesa sobre nuestra plataforma continental  
Por: Emilio Figueredo

Guyana no puede ejercer derechos soberanos sobre lo que es la plataforma continental de Venezuela, que, tal como establece el derecho internacional desde hace muchos años, corresponde a la prolongación bajo el mar del territorio terrestre con la que forma una sola unidad geomorfológica.
La pretensión unilateral guyanesa de otorgar concesiones en nuestras aguas sin haber resuelto lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966 que es el mecanismo que regula la reclamación venezolana sobre el llamado Territorio Esequibo no es admisible.

Venezuela ya ha delimitado su plataforma continental con Trinidad y Tobago y si no lo ha hecho aún con Guyana es por la simple razón de que no se puede delimitar, ni la plataforma continental ni la zona económica exclusiva hasta tanto no se haya logrado un acuerdo práctico mutuamente satisfactorio para la reclamación territorial que, como es lógico, conlleva áreas marinas y submarinas.

En otras palabras, Venezuela no puede delimitar con la zona en reclamación ya que no se ha determinado qué corresponde en definitiva de ese espacio a Guyana y a Venezuela.

Es bueno, para entender lo que está en juego, aclarar algunos conceptos básicos del derecho del mar y que el país sepa por qué se deben defender, con todos los recursos, sus derechos soberanos sobre su plataforma continental y por ende sobre su zona económica exclusiva.

Es importante explicar qué son hoy, en el derecho internacional consuetudinario, la Plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva.

La plataforma continental existe en el derecho del mar desde 1945 con la proclama Truman, mediante la cual EEUU declaraba unilateralmente su control exclusivo sobre los recursos que existían en el suelo y subsuelo marítimo.. Pero, para el derecho internacional, la plataforma continental surge como institución en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho del mar en 1958 .

El régimen es igual al que se aplica en la zona económica exclusiva salvo que su fundamentación jurídica tiene un estrecho vínculo con la prolongación geológica del territorio bajo el mar, lo que le da al estado un derecho inherente y ab initio sobre su plataforma continental lo que permite, cuando hay continuidad geomorfológica extenderla hasta una distancia máxima de 350 millas.

La zona económica exclusiva
Es el resultado de un compromiso entre los  países que pretendían tener un mar territorial de 200 millas y el interés de preservar vastos espacios bajo el régimen del alta mar para proteger la libre navegación de los mares.
Esta zona se refiere a un área  mas allá del, y adyacente al, mar territorial y a la zona contigua, que no puede exceder de 200 millas en las que el estado ribereño tiene control exclusivo sobre los recursos vivos allí existentes, ya sea en la columna de agua como en el suelo y subsuelo. Esto es importante para aquellos países que carecen de una plataforma continental geológica.
El artículo 56 de la convención define los derechos sobre los recursos como soberanos.

Situación conflictiva con Guyana
La reclamación del territorio Esequibo, a pesar de no serlo, es el tema principal de hoy, y es importante recordar que los limites con Guyana fueron decretados en 1814 por el Libertador en un decreto dictado en Angostura que fijaba el limite entre la colonia británica y Venezuela en fuerte Moruca.
Luego ocurre la historia de la usurpación territorial británica, que es muy larga para ser tratada aquí, cuyo final, de todos conocido es el laudo de 1899 en el que se fijó, en detrimento de nuestro país, lo que hoy se conoce como la zona en reclamación.

Los intentos por resolver esta controversia se basan en el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, el Reino Unido y el gobierno de Guyana; en dicho acuerdo se fija la modalidad para resolver el conflicto, buscando una solución práctica para el mismo y se establecen los mecanismos de solución de controversias que están previstos en el artículo 33 de la carta de las naciones unidas.

Guyana ha pretendido hacer caso omiso del acuerdo de Ginebra al plantear que lo que de allí se deriva es solo la validez o invalidez del laudo y que, por lo tanto, las fronteras que fueron demarcadas en ejecución del laudo son definitivas. Es por eso que pretende delimitar sus espacios marítimos con Venezuela.

Basándose en esa premisa, Guyana procedió a solicitar unilateralmente a la Comisión de límites la extensión de su plataforma continental hasta el máximo permitido, es decir 350 millas. Y la cancillería guyanesa se limitó a informar que en 2010 había consultado con Barbados, Surinam y Trinidad Tobago sobre la mencionada solicitud. La Cancillería guyanesa tuvo el atrevimiento de ni siquiera mencionar a Venezuela. El gobierno venezolano tendría que haber protestado a su debido tiempo ese exabrupto guyanés.

Si se llegara, por negligencia de las autoridades venezolanas, a admitir que Guyana pudiera tener algún derecho sobre la zona en que la que Exxon Mobil pretende iniciar perforaciones exploratorias, Venezuela vería de inmediato mermados su derechos sobre la plataforma continental del Delta Amacuro en más de un 60%.

Por ello, más allá de la adecuada nota de protesta emitida finalmente, por la cancillería venezolana frente a la pretensión guyanesa de invadir aguas en la que Venezuela ejerce sus derechos soberanos, nuestro país está en pleno derecho de actuar, como lo hizo con el buque Tecknik Perdana para impedir que cualquier otra nave o plataforma pretenda ejercer actividades económicas en nuestra plataforma continental o en nuestra zona económica exclusiva.

Guyana puede amenazar con recurrir a la OEA, a Caricom, a la ONU, a Unasur o a quién se le pueda ocurrir y eso no tendrá ninguna consecuencia jurídica si Venezuela actúa conforme a derecho e impide, por los medios necesarios, una violación de nuestros derechos soberanos sobre los recursos existentes en lo que es inequívocamente nuestra plataforma continental, generada desde tiempos inmemoriales por los residuos y detritos generados por el río Orinoco.

La soberanía no se discute, se defiende y es una obligación constitucional del gobierno venezolano proteger y asegurar nuestra integridad territorial y el pleno ejercicio de nuestra soberanía sobre nuestro territorio continental, insular y marítimo.

FUENTE: ANALÍTICA 

REMISIÓN y COMENTARIO: 
De sumo interés. Hola,  te anexo el artículo que acabo de publicar Emilio Figueredo en Analitica.com sobre la temeraria pretensión guyanesa de iniciar exploraciones a través de EXXON en la plataforma continental del Delta Amacuro. Es imprescindible que la Armada venezolana no permita esa nueva violacion a nuestros derechos soberanos por parte de Guyana. Puedes leer el artículo en http://bit.ly/18JsXcF  y te agradezco, si puedes, circúlalo. Saludos.  Luis Eladio Chacón L

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