Insaciable sed de
represión
Fernando Ochoa Antich
La irrefrenable represión
mantenida por la dictadura madurista en los últimos 40 días, contra toda
expresión libertaria de nuestro pueblo, exige el más firme rechazo de todos los
venezolanos. Su objetivo es preservar el poder, a toda costa, incluyendo el
asesinato, de quien se atreva a protestar en contra de la ilegal convocatoria,
realizada por Nicolás Maduro, a una Asamblea Nacional Constituyente, violando
flagrantemente el artículo 347 constitucional, al no convocar “al pueblo
venezolano, depositario del poder constituyente originario”, para que diga si o
no a dicha convocatoria y a sus bases comiciales en elecciones libres,
universales, directas y secretas. Esta criminal conducta ha generado la
injustificada muerte, hasta hoy 11 de mayo, de 44 jóvenes en las
manifestaciones de protesta. Además de esas dolorosas muertes, el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social señala un elevado número de heridos y de
casi 1700 detenidos en cerca de mil marchas. Peor aún, la opinión pública ha
sido testigo presencial de la participación de bandas paramilitares que
impunemente utilizan armas de fuego contra inermes manifestantes, con la
anuencia de los efectivos militares y policiales presentes.
Nicolás Maduro, desde que
asumió la presidencia de la República, ha violado, de manera contumaz, la
Constitución Nacional y todo el ordenamiento jurídico. Enumerar las violaciones
cometidas es innecesario. Todos los venezolanos las conocen. Sin embargo,
mencionaré las más recientes: convencidos de que perderían las elecciones
parlamentarias designaron nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
desconociendo normas y procedimientos legales establecidos, buscando de esa
manera limitar las funciones de la nueva Asamblea Nacional. Al obtener la
oposición democrática las dos terceras partes promovieron ilegalmente, a través
de la Sala Electoral del TSJ, la anulación de las elecciones en el estado Amazonas.
Al ocurrir, como era de esperarse, el rechazo
de esa decisión se creó la figura del “desacato”, para desconocer todo
acto legítimo de control del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo. Al
mismo tiempo impidieron de manera aviesa la realización del referéndum
revocatorio presidencial y de las elecciones regionales. Esta estratagema
pareció rendirle frutos al gobierno hasta que
entendieron que no le sería posible continuar adquiriendo deuda externa,
sin la debida autorización del poder Legislativo.
Esta nueva situación, condujo al Tribunal Supremo de
Justicia a dictar las sentencias 155 y 156, con las cuales pretendieron
desconocer total y absolutamente la existencia de la Asamblea Nacional. Estas
sentencias provocaron la sorprendente declaración de la doctora Luisa Ortega
Díaz, Fiscal General de la República, en la cual mantuvo que había ocurrido “la
ruptura del orden constitucional”, es decir un golpe de Estado. Ante esa firme posición, el TSJ tuvo que
retroceder dictando otras dos sentencias que, en la práctica, nadie tomó en
cuenta. Ante ese complicado panorama, Nicolás Maduro y sus asesores optaron por
plantear, de manera inconstitucional, la convocatoria a una “Asamblea Nacional
Constituyente Comunal” formada por estamentos sociales afectos al gobierno, sin
consultarle al pueblo depositario del poder constituyente originario. Un nuevo
error. Este absurdo truco electoral ha
exacerbado el descontento popular incrementando las demostraciones de calle, en
todo el país, en rechazo a Nicolás Maduro y a su camarilla. Los venezolanos han
entendido con claridad que esa aviesa propuesta no pretende encontrarle
solución a la catástrofe nacional, sino imponer un proyecto político totalmente diferente al existente en la
Constitución de 1999.
Nicolás
Maduro y su camarilla están convencidos que la resistencia popular se
debilitará ante el cansancio de la sociedad.
Esperan que se pueda repetir la dolorosa experiencia que vivió la
oposición democrática en el año 2014 al no lograr alcanzar sus objetivos
políticos teniendo que pagar el elevado costo de 43 jóvenes asesinados en las
manifestaciones de protesta y la prisión de numerosos dirigentes, entre los que
destacan Leopoldo López y Antonio Ledezma. Se equivocan. Las circunstancias
sociales y políticas son diferentes. En el año 2014, la protesta era
protagonizada fundamentalmente por la clase media. La resistencia actual es
impulsada por todos los estratos sociales venezolanos, con una presencia muy
importante de sectores populares y juveniles. La movilización social muestra
otras características fundamentales: participación de toda la dirigencia
política y claridad de objetivos en la oposición. Además, se observan un
conjunto de factores que es necesario tomar en cuenta: el agravamiento de la
crisis social, la división interna del chavismo, el creciente descontento
militar y el cada día mayor respaldo de la comunidad internacional a los
sectores democráticos.
Es
tan grave la situación, que Nicolás Maduro y su camarilla han decidido utilizar
todo tipo de medida represiva con la finalidad de controlar la protesta
nacional. Por ejemplo, ante la negativa del Ministerio Público a prestarse para
cohonestar irregularidades en la detención y procesamiento de manifestantes,
han recurrido a la indebida utilización de los tribunales militares para
enjuiciarlos. El artículo 261 constitucional establece con certeza que “la
competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza
militar”. Un altercado en una marcha no es posible considerarlo delito militar.
Sin embargo, la ilegalidad comenzó hace bastante tiempo, desde cuando la
dictadura decidió emplear fuerzas militares para control del orden público.
Conviene conocer parte del contenido de los artículos constitucionales 329 y
333: “La Guardia Nacional tendrá como responsabilidad básica la conducción de
las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país”;
“Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. Esa ilegalidad se
origina en la conveniencia del gobierno y de los jefes militares, de confundir
“orden público” con “orden interno”."Todos conocen que son conceptos diferentes.
No tengo dudas en afirmar que una de las
causas del creciente descontento militar se origina en este ilegal empleo de la
Fuerza Armada Nacional. La opinión pública señala, con razón, a los efectivos
militares como responsables de los numerosos asesinatos ocurridos y de la permanente violación de los derechos
humanos. Aunque se desconocen las razones de la detención de numerosos
oficiales, estoy convencido que se busca atemorizar con medidas disciplinarias
a los cuadros activos de la Fuerza
Armada Nacional para evitar que surjan las naturales críticas ante la muy grave
situación nacional. El general Padrino y los Altos Mandos tienen que entender
que es imposible aislar a los cuadros militares de la tragedia que enfrenta
nuestro pueblo. El clamor popular exige
un cambio de gobierno. Esa es la razón de la protesta. Nicolás Maduro tuvo
distintas oportunidades para tratar de encontrarle solución a la creciente
debilidad de su gobierno. Si hubiese aceptado los acuerdos de la mesa de
Diálogo, como lo exigió el cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado del
Vaticano, estaríamos, en este momento, en plena campaña electoral para
gobernadores. Pensar imponer una
Asamblea Nacional Constituyente estamental es un gravísimo error que
incrementará el enfrentamiento nacional. Reflexionen. Piensen en su nombre y en
su familia.
Caracas, 14 de mayo de 2017.
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