El otro flagelo de Venezuela: el tráfico sexual hacia Trinidad y Tobago
Recientemente se han realizado interceptaciones a las redes de tráfico sexual que operan entre Venezuela y Trinidad y Tobago, las cuales revelan hasta qué punto las mujeres y menores de edad venezolanas están siendo llevadas ilegalmente desde ciertos sitios clave hasta el país insular —así como las graves condiciones a las que se enfrentan las víctimas tanto en el trayecto como a su llegada—.
En el mes de enero, las autoridades de Venezuela dieron su más reciente golpe a las redes de tráfico que operan entre el país y Trinidad y Tobago, después de desmantelar una red dedicada a enviar víctimas a la nación isla, donde eran explotadas sexualmente, según declaró el fiscal general Tarek William Saab.
Tras desmantelar la organización ilegal, las autoridades hicieron una serie de arrestos en el municipio de Tucupita, ubicado en el estado Delta Amacuro, en la costa noreste de Venezuela. También arrestaron sospechosos en zonas más alejadas, en el estado de Lara, así como en la costa de La Guaira.
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Días más tarde, el 31 de enero, el Trinidad & Tobago Guardian informó que el comisionado de policía del país, Gary Griffith, había dicho que se estaba vigilando a algunos funcionarios corruptos sospechosos de estar involucrados en la trata.
A continuación, InSight Crime explora el funcionamiento interno de las redes de trata de personas que conectan a ambos países, mostrando cómo se utilizan las rutas claves para darle continuidad al lucrativo comercio ilegal del tráfico sexual en Trinidad y Tobago.
¿A Trinidad y Tobago y más allá?
La trata de personas entre Venezuela y su vecino insular normalmente consta de tres etapas: reclutamiento, transporte y explotación. En ambos países existen puntos clave que se utilizan para facilitar cada etapa del proceso.
Primera etapa: reclutamiento
Aproximadamente cinco millones de refugiados y migrantes han salido de Venezuela como resultado del prolongado estado de agitación política y económica en el país, lo que ha desencadenado la “mayor crisis de desplazamiento externo en la historia reciente de América Latina”, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Sin embargo, muchos otros han permanecido en su país, donde son cada vez más vulnerables al reclutamiento, e incluso al secuestro, por parte de traficantes de personas. Las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indican que las personas de los estados fronterizos tienen mayor riesgo de ser traficadas.
Ello es evidente en los estados vecinos Sucre y Delta Amacuro, al nororiente del país, justo al otro lado de la costa de Trinidad y Tobago.
En Delta Amacuro se llevan a cabo secuestros que aseguran el sostenimiento de la trata de personas entre Venezuela y su vecino insular, como lo señala un informe publicado en 2020 por el doctor Cleophas Justine Pierre, investigador especializado en temas relacionados con trata de personas y director de investigación y desarrollo empresarial de Dunn, Pierre, Barnett and Company Canada Ltd. En su informe, Pierre afirma que Robert Alcalá, diputado de la asamblea nacional por el estado Sucre, había advertido que existía una cooperación entre funcionarios militares y grupos criminales para secuestrar víctimas en el municipio de Tucupita, en Delta Amacuro, para luego venderlas en Trinidad y Tobago. Con la ayuda de Nayrobis Rodríguez, periodista e investigadora, Pierre descubrió que, en dos municipios del mismo estado, Casacoima y Antonia Díaz, se habían producido secuestros vinculados a este comercio.
El estudio también demuestra que un asombroso 43 por ciento de las personas que son traficadas de Venezuela a Trinidad y Tobago salen desde Sucre. En dicho estado, los traficantes suelen dedicarse a reclutar adolescentes a lo largo de la costa, en ciudades como Cumaná y Carúpano, según afirma Caracas Chronicles con base en una fuente anónima que estaba encargada de falsificar pasaportes para quienes intentan salir ilegalmente del país.
Otras víctimas que parten de Sucre vienen desde más lejos. José Villarroel, director estatal de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado y la Financiación del Terrorismo, dice que las víctimas de otras partes del país suelen llegar a Carúpano y luego viajan a las zonas costeras, desde donde continúa su tráfico, como lo indica El Pitazo.
Después de hablar con varias fuentes, InSight Crime pudo confirmar que existen víctimas que provienen de regiones alejadas de los centros de reclutamiento costeros. Según los informes, mujeres y menores de edad de estados tan distantes como el distrito capital de Venezuela, Anzoátegui, Monagas y Lara han terminado trabajando en el comercio sexual ilegal de Trinidad y Tobago.
Las posibles víctimas suelen ser contactadas por los reclutadores a través de redes sociales. El mes pasado, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), declaró en una conferencia de prensa que una red de tráfico sexual que había sido desmantelada recientemente y que operaba entre los dos países había utilizado redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram para contactar a las víctimas.
En muchos casos, las mujeres vulnerables reciben ofertas de trabajo falsas y tentadoras, que supuestamente les permitirían cambiar una vida llena de dificultades económicas por una situación mucho mejor en la costa, donde terminan siendo víctimas de la trata. Mark Bassant, periodista de Guardian Media Limited, dijo en comunicación con InSight Crime que alrededor del 90 por ciento de las personas que reciben dichas ofertas son forzadas a prostituirse.
Por otro lado, Orlando Moreno, coordinador de defensores de Monagas en Foro Penal —organización venezolana de derechos humanos—, reveló que, en algunos casos, hay mujeres venezolanas que viajan desde Trinidad y Tobago para conseguir jovencitas para el negocio. Moreno dijo a InSight Crime que, en otros casos, “jóvenes intermediarias” ubicadas en Delta Amacuro animan a las muchachas a irse para el país caribeño. Agrega que las posibles víctimas suelen ser abordadas por un “jefe de campamento”, quien les da un número telefónico y les dice que deben esperar en la Plaza Bolívar de Tucupita en un momento dado, para luego ser llevadas a Trinidad y Tobago.
Segunda etapa: transporte
A pesar de que se han cerrado las fronteras debido a la pandemia de coronavirus, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que continuaba el flujo de venezolanos a Trinidad y Tobago a través de medios irregulares y a menudo riesgosos. Según una investigación de la ONG venezolana Fundaredes, los migrantes que viajan de manera legal al país de forma voluntaria caen en manos de las redes de trata de personas mientras están en el mar. El investigador Pierre confirmó a InSight Crime que los migrantes indocumentados pueden terminar en las garras de los tratantes durante su viaje inicialmente voluntario, en algunos casos mediante el uso de la fuerza.
En la etapa de transporte, los estados situados más cerca de Trinidad y Tobago son de nuevo los principales actores.
David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, señala que al menos 4.000 mujeres han sido traficadas desde la ciudad estatal de Güiria hasta el país insular. En la ciudad de Güiria, los captores dejan a las víctimas en hoteles o casas clandestinas donde reciben alimentación, vestuario y, en algunos casos, son sometidas a operaciones quirúrgicas, según hallazgos del Observatorio Venezolano de Violencia.
Otras víctimas han salido de la localidad de Irapa, en el municipio de Mariño, ubicado a 40 kilómetros de Güiria. Según Bassant, Irapa es un territorio estratégico para este comercio.
Tucupita, en Delta Amacuro, es otro importante centro desde el que las bandas criminales organizan el transporte de las mujeres, según reveló Bassant. Moreno explica que los barcos zarpan de las zonas costeras del municipio, como Volcán, Palo Blanco y Agua Negra. Agrega que quienes son reclutadas más al interior del estado, en los municipios Casacoima y Antonia Díaz, suelen viajar directamente a Trinidad y Tobago a través de rutas fluviales.
Tercera etapa: explotación
Bassant, quien habló con fuentes de la policía y el hampa, le dijo a InSight Crime que las víctimas suelen ser llevadas a la península de Trinidad y Tobago en el suroeste. Agrega que las playas de Icacos, Cedros, Erin, Moruga y Chaguaramas son utilizadas comúnmente como puntos de entrada.
InSight Crime también habló con una fuente de un medio local de Trinidad y Tobago, quien dijo que los tratantes han hecho acuerdos con propietarios de playas privadas para facilitar sus operaciones ilegales. Si bien la fuente no dio nombres de playas específicas, señaló que hay taxis contratados por propietarios de barcos para que esperen en la costa a las mujeres que llegan de Venezuela y las transporten a bares ubicados al menos a una hora de distancia. Algunas permanecen en el sur y otras se dirigen a la región central, sobre todo al municipio de Chaguanas, donde hay una alta demanda.
Por otro lado, Trinidad y Tobago no es el destino final de algunas de las víctimas. El investigador Pierre le dijo a InSight Crime que algunas mujeres y menores de edad traficadas desde Venezuela permanecen en el país insular durante semanas o meses, y luego son enviadas a lugares tan lejanos como Europa del Este, África del Norte y España. Bassant añade que las víctimas pueden ser enviadas a otros países del Caribe, como República Dominicana, Granada y Antigua donde son revictimizadas.
Un próspero comercio
No hay duda de que el tráfico sexual es un problema que también enfrentan otros países del Caribe, aunque a una escala significativamente menor. Además, los ciudadanos venezolanos han sido blancos constantes de este flagelo.
En enero de 2021, el embajador de Venezuela en las Bahamas, Rafael Domínguez, reveló que las autoridades habían rescatado a una víctima en riesgo de ser explotada sexualmente en el país insular. Al parecer, la joven había sido secuestrada después de llegar al país voluntariamente.
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Las venezolanas también han sido blanco de redes de tráfico sexual que operan en República Dominicana. En diciembre, la Fiscalía General de dicho país anunció que había rescatado a 51 víctimas de trata, varias de ellas de nacionalidad venezolana. Y solo un mes antes, las autoridades informaron que habían rescatado a 12 venezolanas que estaban siendo explotadas sexualmente en sitios turísticos de la provincia de La Altagracia, al oriente del país.
Por otra parte, se han desmantelado redes dedicadas a la trata de venezolanas en Aruba y Curazao. En 2019, TalCual informó que las venezolanas pueden ser involucradas en el tráfico, atraídas por anuncios engañosos que ofrecen “un entretenido fin de semana gratuito” en Margarita, Los Roques, Aruba o Curazao, o bien oportunidades para aprender inglés y falsas ofertas en agencias de modelaje.
Asimismo, Jamaica y Santa Lucía, al igual que Trinidad y Tobago, son consideradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como zonas de “nivel dos” para la trata de personas. El Departamento de Estado ubica a cada país en una escala de cuatro niveles, según los esfuerzos de los gobiernos para eliminar la trata. Una clasificación de nivel dos significa que un país determinado está haciendo ciertos intentos de frenar el tráfico, pero no cumple plenamente con los estándares mínimos para detener sus operaciones.
A pesar de su actual clasificación, el tráfico sexual en Trinidad y Tobago se caracteriza por una demanda particularmente alta, en comparación con otros países caribeños.
Durante una investigación sobre la trata de personas en la región entre julio de 2019 y febrero de 2020, Pierre y Rodríguez hallaron que Trinidad y Tobago tenía la mayor demanda de servicios sexuales y prostitución en comparación con otros países de habla inglesa en la Comunidad del Caribe, como consta en un artículo que Pierre escribió para el Jamaica Observer.
El experto afirma que, a diferencia de otros países, como Jamaica y Antigua y Barbuda, donde la trata de personas ha estado disminuyendo debido a los esfuerzos gubernamentales, la demanda de sexo y prostitución en Trinidad y Tobago está siendo promovida por una alta tasa de consumo local, especialmente en el municipio de Chaguanas.
Pierre le dijo a InSight Crime que esta demanda ha aumentado unas diez veces en los últimos años.
Una investigación de la Red de Periodismo Investigativo del Caribe (Caribbean Investigative Journalism Network, CIJN) publicada a finales de 2019 encontró que el comercio sexual de la nación insular abarca casi todos los distritos, desde pueblos distantes hasta los barrios más exclusivos.
Los bares deportivos suelen ser utilizados como fachada para quienes se benefician de este comercio. La CIJN reveló que las autoridades allanaron el Yihai Entertainment Sports Bar en Cunupia, Trinidad, a finales de 2019. Siete sospechosos fueron arrestados en el bar tras el rescate de unas 50 mujeres y menores de edad, muchas de las cuales fueron halladas encerradas en habitaciones.
Los investigadores de la CIJN afirman que el bar había sido utilizado como “centro de acopio” de jóvenes y menores de edad que eran llevadas a bares de todo el país, donde al parecer eran obligadas a prostituirse.
Para el informe de Pierre de 2020 se realizaron entrevistas con traficantes, quienes dijeron que los trinitarios prefieren a las venezolanas jóvenes y de tez clara, dado que estas supuestamente generan mayores ganancias.
En ciertos casos, las mujeres eligen trabajar en este comercio para poder enviar dinero a casa, dada la crisis por la que atraviesa Venezuela.
Otras permanecen atrapadas en una lucrativa industria en la que, en algunos casos, funcionarios corruptos colaboran con propietarios de burdeles para garantizar que el comercio opere sin ninguna restricción.
Corrupción de costa a costa
Las autoridades de Venezuela y Trinidad y Tobago han intentado activamente detener el tráfico sexual transnacional mediante constantes intervenciones
En julio de 2020 hubo abundantes informes acerca de que funcionarios de Trinidad y Tobago habían estado planeando implementar drones y una unidad de policía costera recién conformada con el objetivo de poner freno a la trata de personas entre los dos países. En diciembre pasado, el primer ministro Keith Rowley sugirió que habría “penas más duras” para los involucrados en dicho comercio, tras un naufragio en el que murieron más de 20 personas.
Venezuela también ha estado tratando de fortalecer su respuesta mediante el desarrollo de medidas preventivas y ofreciendo mejor formación a los funcionarios, al tiempo que pide una mayor cooperación internacional para atacar la trata de personas.
Sin embargo, el comercio se ve intrínsecamente facilitado por la corrupción oficial de costa a costa.
Mark Bassant reveló que el núcleo de redes que operan entra los dos países está conformado por agentes de la ley en Trinidad y Tobago y funcionarios militares en Venezuela.
El año pasado, FundaRedes denunció una organización internacional de trata de personas en la que participaban funcionarios públicos vinculados a la gestión de los puertos venezolanos y miembros de los organismos de seguridad del Estado. La ONG añadió que, si bien en algunos casos los funcionarios quizá no participan de manera directa en dichas redes, son cómplices dado que se hacen los de la vista gorda frente a las operaciones de tráfico.
Meses más tarde, Pierre reveló que algunas bandas de tráfico en la región de Tucupita estaban encabezadas por agentes de la ley, incluidas autoridades corruptas de Trinidad y Tobago.
Este comercio se sustenta en actos de corrupción en toda la costa.
El Informe sobre Trata de Personas publicado en 2020 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para Trinidad y Tobago señala que había funcionarios gubernamentales que estaban facilitando la trata al aceptar sobornos de los propietarios de burdeles para transportar a las víctimas a varios lugares.
El mes pasado, el Trinidad & Tobago Guardian informó que el comisionado de policía del país, Gary Griffith, dijo que tenía una lista con nombres de funcionarios presuntamente involucrados en la trata de personas, con el fin de monitorear sus actividades.
El año pasado, Stabroek News informó que más de dos docenas de policías locales de Trinidad y Tobago estaban siendo vigilados por la Oficina de Normas Profesionales del Servicio de Policía del país, pues habían estado implicados en una red de trata de personas conectada con Venezuela.
Pierre dijo a InSight Crime que, si bien solo una pequeña parte de la policía de Trinidad y Tobago está involucrada en este comercio, se sabe que algunos colaboran con los traficantes mediante el uso de casas refugio para mantener a las víctimas en su trayecto.
Además del transporte de las víctimas, se sabe que los agentes de la ley corruptos de ese país permiten que el lucrativo comercio sexual opere delante de sus narices.
La investigación de la CIJN halló que decenas de lugares donde las venezolanas estaban siendo explotadas sexualmente habían estado operando bajo la supervisión de la policía y autoridades de inmigración.
Según la investigación, estos lugares rara vez son allanados, sobre todo porque sus operadores están conectados con funcionarios de inmigración corruptos y agentes de policía que dirigen redes de protección. A veces los propietarios de los negocios también reciben avisos de la policía antes de las redadas planificadas.
¿Rescatadas?
Aun si las autoridades logran desmantelar las operaciones dedicadas al comercio sexual en Trinidad y Tobago, las víctimas se enfrentan a diversas perspectivas.
En su informe más reciente sobre la trata de personas en el país isla, el Departamento de Estado de Estados Unidos encontró que solo 34 víctimas de la trata de personas habían sido identificadas durante el periodo que cubre el informe, entre 2019 y 2020. Todas esas víctimas, excepto una, eran de nacionalidad venezolana.
El informe muestra cómo el gobierno de Trinidad y Tobago atiende a las víctimas junto con diversas ONG, como hospedaje, asesoramiento, asistencia jurídica, servicios consulares, servicios médicos y psicológicos, la reintegración de las trinitenses, y el envío a sus lugares de origen en el caso de las extranjeras.
Sin embargo, el mismo informe advierte que, tras las redadas policiales a los lugares relacionados con el comercio sexual ilegal, las autoridades detienen a las víctimas extranjeras por violar las leyes de inmigración, en algunos casos sin ni siquiera examinar los indicadores de tráfico. Incluso cuando se han producido actos ilegales relacionados con el comercio sexual como resultado de la trata, quienes son castigadas son las víctimas y no los traficantes.
También ha habido casos de autoridades de Trinidad y Tobago que deportan a Venezuela a las víctimas de este comercio.
Después de una redada a finales de 2019, varias víctimas fueron enviadas a centros de detención de inmigración o deportadas directamente a Venezuela, según la CIJN.
Por otro lado, las autoridades de Trinidad y Tobago no han condenado a ningún tratante hasta la fecha. El flagelo entonces continúa.
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