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martes, 14 de julio de 2015

LA EXHORTACIÓN PASTORAL. Por: Robert Gilles Redondo


LA EXHORTACIÓN PASTORAL

No resulta fácil analizar con brevedad a la Iglesia Católica del siglo XXI que en poco más de una década ya contabiliza tres Papas cuyos perfiles son totalmente diferentes y cuyos desafíos pastorales y sociales son cada vez más acuciantes. Así cualquier apreciación sobre la Iglesia, en lo particular venezolana, será siempre susceptible de diatriba como consecuencia de la muy alta diversidad existente en ella. Por consiguiente se requeriría un tiempo y un espacio mucho más dilatado que estas líneas para consignar las necesarias precisiones. Sin embargo, vale la pena detenerse una vez más en la voz del Episcopado y elogiar la honda postura de la Exhortación Pastoral con motivo de CIV Asamblea Plenaria Ordinaria, seguramente con el recelo de algunos Obispos cuyos perfiles son dudosos respecto al anhelo de libertad, justicia y paz de la sociedad venezolana.

Subrayaré inicialmente que la primera década del siglo XXI venezolano ha sido pródiga, gracias a esta revolución totalitaria de comprobado talante comunista (estilo Corea del Norte y Cuba), en todo tipo de nefastas mutaciones políticas, de desoladores cambios sociales y de alienación de costumbres. Así lo expone con absoluta sinceridad el Episcopado al señalar, entre otros, los problemas de nuestra nación: «vivimos un momento muy difícil e incierto, que es necesario y urgente superar. No se puede negar lo que está a la vista: los presos políticos, los vejámenes, las torturas, la violación de los derechos humanos».

En el número 8 de la Exhortación suscrita el 9 de julio próximo pasado, señala el Episcopado que «El pueblo venezolano exige mejores condiciones de vida diaria; pide seguridad y mayor protección a su derecho a la salud y a la alimentación de su familia. Toda la nación padece la falta de medicamentos y atención hospitalaria y la escasez. Exige mayor seguridad ante la violencia desbordada, la impunidad y el narcotráfico» denunciando además «las crónicas fallas eléctricas y en el servicio del agua potable en todo el país que repercuten tanto en la vida familiar como en el trabajo, generando más angustias y daños». Exigimos eso y algo de suma importancia: la transición, que será el proceso que nos permita no sólo la construcción de un Gobierno democrático sino el restablecimiento del Estado de derecho y justicia social que fue desmantelado por el régimen chavista y ahora madurista-cabellista.

En el mismo texto que tiene un sentido claramente político advierten los Obispos que «Todos somos necesarios, por tanto hemos de ser actores y protagonistas de la Venezuela que queremos. Asimismo, es urgente ser conscientes de los errores que se deben corregir. Por eso, es equivocado cerrarse en visiones ideológicas, en fanatismos o en legados intocables». En efecto, es necesario que se dé un encuentro generacional para ensanchar las estrategias y así, en un diálogo sincero de todos los sectores de la sociedad, reconstruir al país que se nos fue de las manos. Este es el diálogo que debemos buscar y no aquel entendido como el tiempo extra a la catástrofe como he insistido varias veces ante la inapetencia de varios sectores opositores que calcan en su cotidianidad las perversas formas de hacer política que no solo en el pasado sentenciaron a la democracia sino que también en el presente se han convertido en algo normal desde el régimen que desmanteló la República.

«Venezuela es una sola. La necesidad de diálogo y de toma de decisiones concertadas, es impostergable. Nadie, ningún sector o persona, tiene el monopolio de la verdad ni puede erigirse en oráculo de la verdad plena», esta es una realidad que siempre hemos negado los venezolanos, de ahí quizá proviene la carencia de la unicidad nacional que ahora ha permitido la destrucción del sentido común en este tiempo de “revolución”. Finalmente, claman los Obispos el sentimiento nacional de la inmensa mayoría de la Venezuela, pidiendo que «se destierre la prédica estéril y dañina de catalogarnos por las diferencias, por el odio de clases, por la exaltación del enfrentamiento, idealizando el nacionalismo vacío, la violencia o la guerra, en el que la fuerza puede más que la razón», elementos todos sembrados por este régimen. Derrotar todos estos vicios debe ser el sentimiento que motive una auténtica unidad nacional no colaboracionista.

El desafío fundamental de la configuración del futuro de la sociedad venezolana, dependerá de los valores sociales que ahora mismo rescatemos. Por esto la acción fundamental en esta hora decisiva corresponde a la actuación ciudadana, al conjunto de la sociedad. Ese es el reto esencial que debe afrontarse para resolver positivamente el futuro de Venezuela. Y así superaríamos esta apatía y el nefasto conformismo que a estas alturas son un “pecado público contra la patria” como alguna vez sentenció el eximio cardenal Quintero. 

Robert Gilles Redondo


viernes, 10 de julio de 2015

Colombia y Guyana: Los problemas limítrofes. Por: Robert Gilles Redondo


Colombia y Guyana: Los problemas limítrofes.

Por: Robert Gilles Redondo

El infinito universo de las elucubraciones teóricas que juristas, políticos y politiqueros de este tiempo pueden hacer alrededor del tema limítrofe con Colombia y Guyana una vez más quiere rebozar a la opinión pública nacional como tantas veces ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, esta vez es diferente. Antes de embarcarnos en la travesía de la controversia debemos analizar cuidadosamente el escenario porque temo –sin beneficio a la duda- que detrás del resurgir de estos diferendos territoriales se esconden oscuras intenciones sobre todo ahora que la crisis que asola a la ex república de Venezuela se encuentra en su punto más álgido.

En primer lugar debo dejar muy claro que considero al Esequibo como territorio venezolano y que las reclamaciones territoriales de Colombia están más constituidas por viveza que por legalidad. Así lo digo para evitar cualquier acusación de “apátrida”.

La añeja controversia con Guyana sobre el Esequibo ha sido para Venezuela un calvario por el que han desfilado caudillos, dictadores, presidentes, juristas y miles de resabiados izquierdistas que encuentran en el tema una oportunidad para exaltar el patriotismo y satanizar a quienes se han resignado desde siempre a una solución pacífica del tema. Curiosamente la airada patota chavista capaz de enfrentarse al “imperio norteamericano” desde su génesis, en el discurso más no en lo concreto, prefirió guardar silencio y conceder a modo apátrida una amplia ventaja a Guyana para que usufructuara el Esequibo como mejor le pareciera en aras de una supuesta “integración” y en la hora dramática, cuando ha colapsado de forma irreversible el régimen totalitario que asaltó el poder en diciembre de 1998, la patota heredera madurista-cabellista se encuentra con un monstruo de mil cabezas que pareciera condenarnos a la pérdida definitiva de nuestro territorio porque realmente es tarde. Por eso insisto de forma permanente en definir como Estado fallido a Venezuela porque ni siquiera fueron capaces de conservar el territorio nacional.

Pero todo es más dramático de lo que a simple vista parece porque a sabiendas que la incapacidad de Maduro y de Cabello no permitirá fijar una posición radical sobre estos temas limítrofes, como debe ser, ellos preferirán extender la retórica “patriota, bolivariana, socialista y antiimperialista” no sólo para satanizar a la oposición sino para tratar de encontrar empatías en un pueblo que mayoritariamente ya dejó de creer en ellos y así tratar de reducir los daños mortales que el proceso electoral de diciembre les causará. Esto no puede ser catalogado de otra manera sino de miseria. Nada puede sernos más sagrado que la defensa sin condiciones del territorio por el que dieron su vida nuestros antepasados.

Claro está que no podemos desestimar la capacidad de maniobra del régimen que conociendo su propio laberinto podría ser capaz incluso de aventurarnos en algunas maniobras militares cuyas intenciones y consecuencias pueden adivinarse fácilmente pero que no voy a tratar aquí.

Antes de enfrentar este tema tan delicado con Guyana y Colombia el régimen debería apelar a un mínimo de conciencia y entender que los problemas reales son más profundos y que no existen las condiciones para que Venezuela pueda defender, a la altura de su propia historia, su territorio. Territorio cuyas fronteras son habitadas en su mayoría por grupos terroristas, por mafias, por delincuentes. Territorio cuyas fronteras son disque defendidas y custodiadas por uniformados malentonados que viven del chantaje, de la extorsión, de la matraca, como decimos coloquialmente.

Un supuesto Estado cuyos miembros son una casta parasitaria, inepta y corrupta no está en condiciones de defender nuestro suelo patrio y eso debemos tenerlo muy presente porque a estas alturas de los diferendos territoriales con Colombia y Guyana sólo nos queda reconocer la tragedia que significa el legado del comandante supremo que hasta previó el sacrificio de nuestro territorio patrio y soberano para preservar la hegemonía de este proyecto totalitario que nos hundió en esta gravísima crisis.

La política de engaño y miedo a la que fuimos acostumbrados en estos dieciséis años agotó su caudal de mentiras y la manipulación de los temas limítrofes no surtirá efecto, el final de la nefasta revolución sigue escrito y esperándolos a la vuelta de la esquina. Los venezolanos estamos hartos y por eso esperamos la concreción de la transición democrática para iniciar con sinceridad la recuperación efectiva de nuestros territorios por la vía más oportuna que se presente.

Robert Gilles Redondo

domingo, 21 de junio de 2015

CARTA ABIERTA A JORGE CARDENAL UROSA SAVINO, ARZOBISPO DE CARACAS. Por: Robert Gilles Redondo



CARTA ABIERTA A JORGE CARDENAL UROSA SAVINO, 
ARZOBISPO DE CARACAS

“La responsabilidad de cambiar nuestro camino”

Su Eminencia Reverendísima
JORGE UROSA SAVINO
Arzobispo de Caracas
Su despacho.-

             Eminentísimo Señor:

«Defendamos nuestras ideas. Y, sobre todo, tengámoslas. Todo menos ser neutros», escribía alguna vez Miguel de Unamuno. Esta carta que he decidido redactar es eso: una defensa de ideas que sin lugar a dudas nos son comunes a nosotros dos como venezolanos amantes de la libertad de nuestra naufragante República. También es un diálogo, señor Cardenal, entre hombres libres, como siempre he creído que lo son las cartas, con la gravísima responsabilidad esta vez que mi atrevimiento sobrepasa la timidez generacional y asume el desafío de escribirle al más alto e insigne jerarca de la Iglesia católica venezolana.

Esta carta que me atrevo dirigirle a Usted con el más alto sentido de respeto ha sido motivada por la severidad de la crisis que día a día se profundiza en Venezuela. No quiero comprometerlo por mis indeclinables conceptos que a lo largo de esta misiva sostendré y que son mi posición personal. Entenderá que no puedo llamar “gobierno” a un régimen que asaltó el poder por la vía del fraude electoral y de la inconstitucionalidad gracias a la tragicómica confabulación de los “Poderes Públicos”; tampoco puedo llamar “democracia” al sistema de gobierno en Venezuela porque no lo es a simple vista y no puedo aspirar que el diálogo, entendido como un “tiempo extra” a la catástrofe, sea la postergación del cambio de rumbo de nuestra nación.

Acudo a Usted por el inmenso sentido de responsabilidad que en público y en privado ha procurado en todos estos años para con su pueblo. Responsabilidad por demás inherente a su condición cardenalicia y a la emblemática cátedra que preside. Acudo también con la conciencia tranquila a pesar de la aciaga hora, convertida en años, que nos ha tocado vivir a los venezolanos en estos últimos tiempos, para desahogar tantos sentimientos encontrados y para tratar de encontrar algún tipo de empatía en Usted, como venezolano y como Arzobispo de mi querida Caracas a la que llevo siempre en el corazón con la promesa de volver un día, el día aquel que podamos ser libres sin que nuestras opiniones o acciones disidentes de aquello que creemos injusto constituya un delito.

Al respecto y siendo la crisis venezolana el motivo de esta carta haré algunas consideraciones pero permítame hacer antes un sucinto repaso de las sendas declaraciones que Usted en otro momento ha emitido y que por su deferencia para conmigo me ha compartido de forma personal en algún mensaje anterior en la que me afirmó con justa razón: «no he estado en silencio durante estos años».

El totalitarismo del siglo XXI

En aquella misiva me daba cuenta de las sendas declaraciones en las que ha afirmado sin titubeos que «vamos por el camino de la dictadura y de la ruina del país» (El Universal 27 de junio de 2010), además de su firme insistencia en que este es un régimen de corte totalitario impregnado por los errores de la doctrina marxista. Y es así, vivimos un modelo totalitario que, lógicamente, nos ha sido impuesto por la fuerza y con un andamiaje legal que soporta en una supuesta división de poderes que no existe en la práctica pues en Venezuela todos los poderes del Estado se han convertido en órganos de naturaleza parásita del Poder Ejecutivo.

Pero ¿qué es el totalitarismo? En palabras del español Pinillos Díaz «el totalitarismo no es una dictadura o un autoritarismo sin más, un mero tener a un país en un puño, por la fuerza de las armas o del caciquismo, por la coacción económica o de cualquier otro signo. El totalitarismo es todo eso y mucho más: es ante todo sistema. El régimen totalitario es un sistema político autoritario que confisca las libertades de la sociedad y suplanta su iniciativa, en nombre de unos principios dogmáticos que impone a todos en todo, es decir, en todos los aspectos importantes de la vida». Esta conceptualización bien puede ser una paráfrasis de la crisis que vive Venezuela: estamos sometidos por el puño de hierro de una clase política que se convirtió en «una gran banda de ladrones», tal como lo definió el Obispo de Hipona («Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?»); el aparato económico del país que, a despecho de muchos, nos sostuvo desde el auge progresista de los años 50 hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, a tal punto de habérsenos considerado como un paraíso “saudita”, fue desmantelado por completo y de ello dan fe los millones de venezolanos que a esta hora y todos los días pierden sus vidas sin más en interminables colas para comprar aquello que queda en los anaqueles de supermercados y farmacias. Y hay más. El sistema totalitario disfrazado en la Constitución de 1999 como el “modelo participativo y protagónico” sobre el cual se ha sustentado el ya fracasado estado comunal ha servido como excusa para confinar a la sociedad civil a una división profunda que nos costará superar en el corto plazo y cuyas consecuencias inmediatas, entre otras, ha sido el cercenamiento de los derechos políticos, sociales, civiles y culturales que tenemos todos los ciudadanos. Los derechos de quienes secundan de forma insensata y desquiciada las acciones del régimen no existen para quienes disentimos públicamente de este desastre ideológico. No podemos dudar, en Venezuela vivimos un apartheid político, económico, civil y legal porque nos han sido confiscadas las libertades consagradas desde el primado pacto constitucional de 1811 y que fueron refrendadas durante poco más de un siglo de guerras, caudillismos y luchas sociales que después de tanto nos condujeron a ese 23 de enero de 1958 cuando consolidamos el camino democrático.

Será acaso, Eminentísimo Señor, que no hemos sido capaces los venezolanos de entender hasta este momento cuánto nos costado ser libres y qué dolorosa es la agonía de esa libertad por la que lucharon nuestros antepasados. Siempre nos ha sido difícil como pueblo estar a la altura del compromiso que significa ser libres, una característica fundamental del don de la vida. Podemos vivir pero si no somos libres no vivimos en realidad.

La voz de la Iglesia

Frente a este drama y con el Nerón del siglo XXI incendiando todo a su paso desde Miraflores, la voz de la Iglesia debe alzarse para ser garante y mediadora del inevitable proceso de transición democrática que se avecina. Y no es que la transición sea el anhelo de un sector minoritario del país es antes bien la necesidad de una amplia y evidente mayoría porque la situación nos ha conducido a un punto de no retorno, pues si algo caracteriza esta crisis que estalló desde febrero del 2014 es que no se admite ya la tibieza ideológica o moral respecto al régimen, ni siquiera la apatía ciudadana que ha caracterizado desde siempre a este país es tolerable ya. Por eso la prudencia  pastoral  casi dolorosa en este momento sin duda genera reacciones múltiples: de perplejidad para quienes estamos convencidos que un pronunciamiento firme del Episcopado (Como sucedió en el pasado con la Carta Pastoral del 1 de mayo de 1957 y otros documentos pastorales del Episcopado de los últimos cincuenta años) sentarían precedente en la lucha contra la impunidad y la corrupción que el forajido Estado venezolano no puede controlar sino que más bien ampara; de duda profunda porque ante la desesperación ya no sabemos qué es complicidad, qué es colaboracionismo, qué es autocensura frente al régimen; de respiro en aquellos sectores de la sociedad que esperan que la Iglesia mantenga su accionar limitado a los cuatro muros de los templos; de gozo por parte de todos aquellos venezolanos que sienten en sus entrañas las proclamaciones teóricas contra la “oligarquía” de este régimen y aceptan sin justificación razonable todo lo que dice Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; y finalmente, creo que su valiente palabra genera admiración por la extrema responsabilidad ejercida a la hora de opinar sabiendo las consecuencias que tendría hablar un tono más severo que, como yo, miles de venezolanos esperaríamos no por reaccionarios sino por ciudadanos desesperados.

La respuesta ética y políticamente renovada del Concilio Vaticano II a los nuevos tiempos sociales estableció la legitimidad y la obligación de los Obispos de emitir «un juicio moral también sobre cosas que afecten al orden político»: «cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones» (GS 76). Su insigne predecesor, monseñor Rafael Arias Blanco, supo convertirse en traductor de la angustia venezolana durante la dictadura de Pérez Jiménez y junto al testimonio de la memorable Carta Pastoral del 1 de mayo de 1957 la Iglesia Católica Venezolana conserva una prominente fuente doctrinal y espiritual, todavía fresca y vigente, de la que se pueden -y deben- extraer nuevos y decisivos impulsos intelectuales, políticos y pastorales para lograr la buena solución del problema en el que se ha convertido Venezuela.

A modo de epílogo: “La responsabilidad de cambiar nuestro camino”

Su Eminencia,

Ha llegado el momento de decidir cambiar el rumbo de nuestro camino. No podemos seguir condenados a vivir sin esperanza y atados de manos frente al desmantelamiento de nuestra patria. Es hora de reconocer cuán hondo es el daño causado a la República.

Por eso estoy convencido que la Iglesia debe abrir sus puertas para que los factores democráticos de la sociedad civil organizada puedan articular una gran frente que articule el proyecto país que a la brevedad debe ser presentado al país como alternativa al desastre “revolucionario” que con habilidad dialéctica sigue intentando convencer al mundo y a un sector minoritario del país de sus rectas intenciones que no son tal y de su carácter democrático que de forma evidente no es.

No puede ni la Iglesia ni la sociedad venezolana el drama de no haber estado a la altura de las exigencias de este tiempo que reclaman de nosotros más responsabilidad histórica, más coherencia, más serenidad moral y sobre todo firmeza cívica en la resistencia hasta lograr que el país pueda volver a encontrarse consigo mismo. La Iglesia no debe limitar su voz por el necio chantaje de la no injerencia en la vida política. Esta concepción rigurosamente devaluadora y marginadora que el mismo régimen chavista ha pretendido sostener en los últimos dieciséis años carece de todo fundamento y queda anulada en este momento en que el daño a la moral pública es muy grave.

Por todo eso aspiro con sinceridad que su palabra cale el surco en el que luego todos podamos sembrar una semilla  para que Venezuela sea libre y democrática.

Durante varias semanas medité cada palabra escrita en esta misiva antes de decidirme a enviarla públicamente, porque  conozco el riesgo de abordar cuestiones sobre las que Usted tiene opiniones hechas—y con mejor fundamento que el que yo pueda aportar—. Mi propósito ha sido traer ante la Iglesia, lo que millones de venezolanos sentimos respecto al destino de nuestro país, no tanto para lamentar la tragedia que día a día se vive sino para buscar (quizá con total desespero) una salida. Quizá he podido contribuir así, aunque sea muy ímprobo y modesto mi esfuerzo, a cumplir el deber principal que tiene cualquier venezolano de este menguado tiempo: pronunciarse sobre los temas que ocupan y preocupan a la generación que ve cercenado su futuro y así construir unidos la salida a este drama. Como fuere, confío en su benevolencia para con mis palabras y mi propuesta.

Pido a María de Coromoto el amparo y la protección para todos nosotros y, en especial, para su ministerio pastoral. Al mismo tiempo solicito su paternal bendición y le reitero la seguridad de mis más altos sentimientos de estima y consideración.

16 de junio de 2015


Robert Gilles Redondo

martes, 13 de enero de 2015

ELOGIO AL EPISCOPADO VENEZOLANO. Por: Robert Gilles Redondo.


ELOGIO AL EPISCOPADO VENEZOLANO

Una vez más los Obispos se ponen a la vanguardia del pueblo venezolano con un mensaje muy lúcido sobre la situación que vive nuestro país. La Exhortación Apostólica «Renovación ética y espiritual frente a la crisis» nos da la oportunidad de reflexionar sobre los problemas que comprometen el destino de Venezuela.

Me permito citar unas frases específicas que son las verdades ineludibles de esta hora del abismo nacional:

«Hay abundantes denuncias de violaciones de derechos humanos e incluso de torturas a los detenidos, que deben ser atendidas y sancionados los culpables de estos delitos…

A esta situación se ha unido en los últimos meses la angustia generalizada del pueblo por la crisis económica que sufrimos, pues se ve sometido a dificultades nunca vistas para tener acceso a artículos de primera necesidad…

Una deuda externa gigantesca, que hipoteca el futuro de los venezolanos, la inflación desbordada, la devaluación de nuestra moneda, el contrabando de extracción y el desabastecimiento de productos básicos han generado el empobrecimiento creciente de amplio sectores de la población, particularmente los de menos recursos económicos. Esta crisis se acrecienta por la corrupción administrativa, el centralismo, el saqueo de las divisas del fisco, la reciente baja de los precios del petróleo, y por la ineficacia de las medidas y planes que está aplicando el Gobierno Nacional para enfrentarla…

El lenguaje ofensivo, la descalificación sistemática a toda opinión contraria, incitan al fanatismo y a la irracionalidad. La crisis de inseguridad pública es intolerable…

El mayor problema y la causa de esta crisis general, como hemos señalado en otras ocasiones, es la decisión del Gobierno Nacional y de los otros órganos del Poder Público de imponer un sistema político–económico de corte socialista marxista o comunista. Ese sistema es totalitario y centralista, establece el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas…

De nuevo afirmamos: el socialismo marxista es un camino equivocado, y por eso no se debe establecer en Venezuela…

Los líderes de la oposición están en la obligación de presentar un proyecto común de país y trabajar por el bien de Venezuela, superando las tentaciones de personalismo. El estamento militar debe actuar con la imparcialidad postulada por la Constitución…

El sistema económico que está imponiendo el Gobierno Nacional es, a todas luces, ineficaz…

Dios y la Patria juzgarán y castigarán a quienes cometan cualquier injusticia y quebranten el juramento de actuar bien».    

La voz del Episcopado, pues, viene a llenar ese inmenso vacío que ha dejado en la opinión pública nacional la oposición partidista, sentada o no, en la “Mesa de la Unidad Democrática”. Pero más allá de todo el impacto político que tiene la precitada Exhortación Pastoral, está una realidad que debe llamarnos a la reflexión: la Iglesia es la única institución de la sociedad venezolana que, en este momento, tiene muy clara, sin adornos ni diplomacias, la abismal crisis que vivimos. Aunque hay dolientes debo insistir que la MUD ya no representa absolutamente nada, por eso propuse la creación de un Consejo Nacional de la Resistencia que no sólo interprete los sentimientos sociales sino que encauce por el mejor de los caminos lo que todos están pidiendo, la CALLE.

Sobresale de un modo sustancial en la Exhortación Pastoral una frase que debe retumbar en lo más profundo de la conciencia de cada venezolano: Dios y la Patria juzgarán y castigarán a quienes cometan cualquier injusticia y quebranten el juramento de actuar bien.

Hoy queda claro que en Venezuela el Estado desapareció. No están en juego las instituciones democráticas o la democracia como tal, lo que está agonizando es la República. Para salvarla de esa agonía, debemos vencer los demonios que nos siguen empujando al abismo. Ciertamente, no es el diálogo el camino que debemos recorrer. Es doloroso reconocer que ya no hay tiempo. No se puede negociar la crisis, sería traición.

Fracasó el modelo comunista, como dicen nuestros Obispos. La única opción es cambiar de rumbo lo más pronto posible y no dudo que será así. Corresponde a los dirigentes y a los partidos tratar de encauzar lo que parece inminente: el estallido social. Y hacerlo no significa soltar a los venezolanos a la calle para que queden a merced de la muerte sino buscar los mecanismos que drenen esa nociva concentración de sentimientos negativos que siguen cocinándose en cada cola para comprar comida y en cada acto represivo contra la juventud.

Robert Gilles Redondo <robertgillesr@gmail.com>


IMAGEN SUPERIOR: Cortesía de ANALÍTICA



martes, 6 de enero de 2015

EL CONSEJO NACIONAL DE LA RESISTENCIA. Por: Robert Gilles Redondo.


EL CONSEJO NACIONAL DE LA RESISTENCIA

Gran parte de la oposición venezolana no quiere dialogar porque la salida de Maduro es un hecho inminente, aunque nadie sabe cómo ni cuándo. Maduro tampoco quiere hablar porque la Revolución es irreversible, pese al abismo en el que él mismo se ha hundido. La MUD pone condiciones a posibles encuentros y se enfoca en la salida electoral a esta crisis. Así seguimos a la deriva como nación, esperando y temiendo la explosión de la violencia civil. En efecto, Venezuela es un laberinto, cada día más aciago, que parece no tener más que dos salidas: o un estallido social o un golpe de estado, o las dos cosas juntas.

Por gentilicio los venezolanos han apostado al diálogo en otras crisis, pero históricamente nunca el diálogo ha sido la salida, siempre hemos esperado al calor de las luchas la intervención milagrosa de un mesías civil o militar que reconduzca el camino del país, o al menos un hecho que conmocione lo suficiente como para forzar la salida del gobernante de turno. Pero el diálogo es un acto nada fácil sobre todo cuando uno de los protagonistas no está dispuesto a reconocer la verdad. Así surgen dos grandes cuestiones: ¿hay, realmente, una alternativa que pueda ofrecerse al país en este momento? Y ¿cuáles serían las opciones una vez haya sido defenestrado el régimen?

Hay que aceptar que en lo concreto no existe una alternativa coherente que nos conduzca a la salida del laberinto. Las elecciones parlamentarias tienen un aspecto jónico: por un lado, puede ser abrumadora la victoria opositora y por otro lado, el más probable, puede repetirse el escenario tan deprimente de abril de 2013. En el camino algunos proyectan un estallido social que forzaría (y así será si sucede) la toma de decisiones en el seno de la Fuerza Armada Nacional, con el establecimiento inmediato de una Junta de Gobierno y el llamado a elecciones generales en el plazo oportuno. Otro sector insiste en algo que ya perdió la poca fuerza de inicio, la Constituyente. Yo apoyo la realización de una Asamblea Nacional Constituyente pero no como el mecanismo para salir de Maduro que es, realmente, el problema de fondo.

Ahora bien, lo que más interesa en este momento es la determinación nacional, una contundente mayoría de venezolanos está acuerdo en que debe salir Maduro del poder. Esto parece que no lo entienden muchos partidos y dirigentes políticos que presumo han olvidado que ya no estamos en los tiempos del Pacto de Punto Fijo o, más atrás, de la Santa Alianza. Hoy no es admisible en la política del Tercer Milenio que dos partidos cocinen el pasado, presente y futuro de una nación ni que dos o tres políticos se repartan el poder público, a costa de grandes sacrificios nacionales. Pero ¿quién puede hablar en nombre del pueblo venezolano? La respuesta puede ser obvia: el mismo pueblo.

El artículo 333 de la Constitución Nacional dice que todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la misma si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Y el famoso artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Éstos son los mandatos constitucionales a los que en esta hora crucial debemos apegarnos y a los que quiero añadir una propuesta propia, a saber: la invocación del derecho de rebelión civil y el establecimiento de un Consejo Nacional de la Resistencia (CNR), análogo del Consejo Nacional de la Resistencia francesa, integrado por los notables de nuestra generación. Puede sonar prematura la propuesta, ya que en la actualidad los ciudadanos no tienen el liderazgo que los ayude a dar un paso definitivo. El ruido que producen los medios y los tertulianos del régimen y, a veces, de la misma oposición nos impide adquirir un juicio fiable sobre lo que debemos hacer sin más demora para rescatar al país. El primer objetivo del CNR ha de ser, por tanto, la difusión real de la situación y la postura sincera de los notables. Y a tal efecto no bastan las declaraciones de unos personajes ante la prensa o ante las redes sociales. Hay que dar un debate abierto entre todos, con posibilidades ilimitadas de ser contestados y rebatidos sobre las propuestas para salir de la crisis. Hasta que esto suceda, Venezuela sólo  estará estancada en una sobrevivencia pasiva, con el riesgo, insisto de adoptar una actitud visceral que no dejaría nada bueno en el futuro inmediato.

Luego, después de ese diálogo interno, cuando ya estemos debidamente preparado, llegará la hora de las decisiones.

Esta propuesta no ignora, naturalmente, la posibilidad, por ejemplo, de la propuesta de Luis Balo Farías, o de cualquier otro movimiento constituyentista, electorero o de calle. Cualquiera que conozca a los venezolanos a fondo sabe lo fácil que es provocar el descarrilamiento de la cordura política y moral. Todos debemos unirnos; hoy se ofrecen muchas alternativas para la realización de estas propuestas, sobre todo las digitales. Yo de antemano ofrezco todas las herramientas de este tipo para impulsar la voz de un eventual Consejo Nacional de la Resistencia.

Los venezolanos estamos deseando que cuanto antes se actúe y saber quiénes están jugando y quienes operan honestamente a favor de nuestro destino. Ya basta de ambigüedades, fanfarronerías y engaños. Ya es hora de amarrarnos los pantalones salir de este callejón.

Robert Gilles Redondo robertgillesr@gmail.com

domingo, 28 de diciembre de 2014

EL NUEVO ESTADO. Por: Robert Gilles Redondo.



27 de diciembre de 2014, 18:36
EL NUEVO ESTADO.
Por:  Robert Gilles Redondo.

En Venezuela ha quedado rota de facto la integridad institucional del Estado en su conjunto, lo que ha generado un Estado fallido. Un estado fallido es aquel incapaces de mantener el marco institucional necesario para que pueda funcionar la sociedad en todos sus órdenes y que ni siquiera cumplen las funciones elementales de respeto de los derechos Humanos. Es la definición más próxima que puedo encontrar una vez se ha cometido el gran fraude constitucional del madurismo y el cabellismo. Luego de ser electo el “Poder Ciudadano”, donde el abogado del supuesto presidente pasa a ser contralor de la República; es designado como defensor del pueblo un exgobernador del partido oficial cuya trayectoria en materia de Derechos Humanos nadie conoce y es reelecta como fiscal general la verduga malentonada de la oposición democrática, además de la anunciada elección de unos magistrados militantes ideológicos del régimen y la reelección del poder electoral, nada queda por decir de Venezuela o de lo que, al menos alguna vez, fue nuestro país.

Esta es, al menos, mi opinión, aunque sé de sobra que para muchos se trata de llover sobre mojado porque esta situación ya había sucedido desde el gobierno de Hugo Chávez. Yo veo las cosas-de una manera menos compleja, mucho más clara, hasta tal punto que, por ejemplo, el Estado de Hugo Chávez y el Estado Totalitario del madurismo-cabellismo presentan unas singularidades propias tan notables que a la hora de describirlos se puede decir que: 1) Hugo Chávez conservó muchas veces las apariencias de sus verdaderas intenciones; 2) Nicolás Maduro ha establecido sin vergüenza alguna el Estado Totalitario que proyectó su antecesor cuya existencia real es indiscutible. Lo primero no va en menoscabo de lo segundo, el daño del fallecido presidente es indiscutible e imperdonable.

Hugo Chávez desde 1999 fue limando progresivamente de la Constitución Nacional las aristas más peligrosas para su proyecto totalitario, añadiendo otros elementos de gobierno que en ningún caso pueden calificarse como democráticos, aunque externamente así lo aparentaran. Durante todo su gobierno, Chávez se encargó de convertir los Poderes del Estado en órganos ejecutores de sus decisiones, insisto, conservando las apariencias. Pero a su muerte, el ilegitimo sucesor ni las apariencias puede guardar por un hecho indiscutible: ha fracasado y el fin de su gobierno –antes de cualquier lapso constitucional- es inevitable.

El Poder Público Nacional que se ha instaurado a través de una flagrante violación a la norma constitucional imposibilita estructurar racionalmente un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Nicolás Maduro, a través de esos poderes, sigue creando sin descanso una estructura pública parasitaria cuyos cargos y prebendas sólo convierten a Venezuela en un Estado fallido.

Después de haber asolado implacablemente al país, Nicolás Maduro carece en absoluto de una fórmula para salir de la crisis y tampoco tiene intenciones de buscarla en un gran diálogo nacional. En estas condiciones se limita a formalizar el totalitarismo, que es lo único en lo que cree, improvisando una acción de gobierno que no nos conduce a nada por carecer de coherencia.

Absolutamente aislado en el exterior como consecuencia del aniquilamiento de sus mentores y aliados cubanos, tras el célebre pacto con EEUU, y  por la condena masiva por las detenciones de líderes opositores, tuiteros y estudiantes, Maduro no puede esperar la resignación mansa y el olvido paulatino por parte del pueblo, ni mucho menos, desde luego, asentimiento ni colaboración por parte de la oposición partidista, aunque en la práctica pareciera ser así. El distanciamiento popular se agrava por la circunstancia de que todo el país, chavista u opositor, se siente defraudado por la carencia total de una constitución o al menos de un ejercicio democrático que Maduro implacablemente seguirá impidiendo porque así es el totalitarismo. Aunque no se trata sólo de un distanciamiento de sectores sociales sino de una situación de miseria económica que afecta a todos los venezolanos.

En estas condiciones ya no hay paliativo que pueda aplicar el régimen para evitar su colapso. Al precio de enormes esfuerzos y sacrificios, los venezolanos siguen asumiendo cuál debe ser el destino del país en el plazo inmediato y que no debe silenciarse más: Nicolás Maduro debe ser derrocado, no como un acto golpista clásico sino más bien como el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional.

Ha llegado la hora de concretar la noble aspiración de ser libres. La Fuerza Armada Nacional no puede seguir al margen de este abismo como si no pasara nada y todos los factores partidistas de la oposición deben asumir con valentía y sin mezquindad la unidad que se necesita para sacar a Venezuela adelante. No se puede postergar más este deber y esta decisión tan trascendental para nuestro futuro.

Con el nuevo Estado implantado por el chavismo en la Asamblea Nacional y por la Sala Celestina del Tribunal Supremo de Justicia no hay salida y desafortunadamente pocos son conscientes de ello, distraídos por las cotidianidades aplazamos lo que es urgente.

Robert Gilles Redondo <robertgillesr@gmail.com>

miércoles, 10 de diciembre de 2014

LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA. Por: Robert Gilles Redondo.



LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

La Asamblea General de las Naciones Unidad, “considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A continuación les hago una analogía de este documento con referencia a Venezuela.

Venezuela es un país donde sus ciudadanos han perdido sistemáticamente su libertad, su dignidad y los derechos. El régimen que nos gobierna ilegítimamente ha discriminado al pueblo por su condición política y ha criminalizado a todo aquel que disiente de su modelo comunista.

En Venezuela la vida no tiene valor. Desde 1999 más doscientas mil personas han perdido la vida en manos de la delincuencia, y centenares han sido asesinados por grupos paramilitares que son financiados y amparados por el Estado venezolano. Hace mucho tiempo que los venezolanos  no sabemos lo que es seguridad.

Durante el 2014, solamente, más de cinco mil personas, incluyendo autoridades electas popularmente, han sido sometidas a torturas, a penas  y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por el solo hecho de manifestar pacíficamente su oposición al régimen. Además, los venezolanos ya no somos iguales ante la ley; el Estado garantiza la impunidad de los delitos cometidos por aquellos que militan en el oficialismo.

Desde febrero de este año 2014  más de tres mil personas fueron detenidas arbitrariamente, y más de cien continúan presos, por motivos exclusivamente políticos. Cientos de venezolanos han sido forzados al exilio. Nada garantiza el debido proceso, el Poder Judicial no es libre ni independiente, es un apéndice cancerígeno del fallido Estado venezolano.

Los venezolanos no tienen derecho a que las autoridades presuman su inocencia, mientras se comprueba o no su culpabilidad. Cualquier organismo de seguridad puede desaparecerte forzosamente o asesinarte en público.

En Venezuela, la mayoría de ciudadanos es víctima de  injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, y es blanco de ataques a su honra y a su reputación. La ley no nos protege contra tales injerencias o ataques. Nada más y nada menos, el presidente de la Asamblea Nacional, es el jefe de injerencias arbitrarias.

Los venezolanos que viven en la frontera con Colombia no tienen ya el derecho a circular libremente, si lo hacen es a riesgo de que cualquier efectivo militar lo considere paramilitar o contrabandista y por ende sea asesinado, previa organización de un falso positivo. En general, los venezolanos no podemos circular libremente, nos hemos impuesto un toque de queda que desola a las calles apenas anochece. Y quien sale del país no sabe si podrá volver un día.

La propiedad privada ya no existe en Venezuela. Las confiscaciones o las expropiaciones son una política permanente del régimen de Nicolás Maduro, tal como lo estableció su difunto antecesor. Esto ha traído como consecuencia el desmantelamiento absoluto del aparato productivo del país que sobrevive gracias a la importación de  al menos el 90% de lo que necesita.

En Venezuela se ha criminalizado la libertad de pensamiento y de conciencia, de expresión y de opinión, las cuales no se pueden expresar públicamente pues el régimen (todo los Poderes) pueden considerarla como un acto de traición a la patria. El Estado controla en su totalidad a todos los medios de comunicación y a los que no controla, los asfixia por otras vías.

Cualquier reunión o asociación, disidente al régimen, significa para el Estado venezolano es un ataque contrarrevolucionario. Además hace tiempo perdimos el derecho de participar directamente en el Gobierno. En Venezuela la voluntad del pueblo no es la base de la autoridad del  poder público; no tenemos desde hace quince años elecciones auténticas.

Y ¿qué hablar de los derechos económicos sociales y culturales? Hace tiempo los venezolanos no sabemos qué son.

La educación está ideologizada. La cultura ha sido politizada. El progreso científico es para unos pocos. La salud es algo que ya no se ve. Las medicinas las consigues gracias a las redes sociales. Y la comida sólo se consigue, racionada, tras largas horas de espera en los supermercados. El salario mínimo de los venezolanos es de aproximadamente veintiocho dólares americanos, aunque eso se devalúa diariamente, porque la economía realmente se rige por el dólar del mercado negro, el único que a duras penas se consigue.

Me pregunto, ¿Qué más se debe decir para que despertemos? No es esta la Venezuela que nuestros padres nos legaron ni la que nosotros podemos entregarle mañana a nuestros hijos.

Robert Gilles Redondo

viernes, 5 de diciembre de 2014

Carta a Luis Balo Farías. Por: Robert Gilles Redondo.



5 de diciembre de 2014, 2:22
Carta a Luis Balo Farías. 
Por: Robert Gilles Redondo.

Estimado Señor

Luis Farías:
Me permito escribirle las presentes líneas, a modo de diálogo entre hombres libres que quieren libertad, y que son producto de sus hondas reflexiones sobre las salidas a esta hora tan aciaga que vive nuestra patria.

Haciendo Usted un repaso sucinto a las propuestas realizadas por María Corina Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López y, por último, las de Nicolás Maduro, el ilegitimo, las cuales, en su opinión no presentan una alternativa concreta para superar el cancerígeno –permítame el calificativo- modelo centralista que desde siempre ha acompañado la vida republicana venezolana, aunque en teoría la Constitución “vigente” de 1999 establece un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, federal descentralizado. Hoy, sin duda alguna eso no existe. El Estado venezolano es fallido y totalitario. Concuerdo, pues, en la necesidad de cambiar el modelo, digo yo de forma radical, para superar de una vez y para siempre este abismo en el que nos sumió la revolución de Hugo Chávez y sucesor.

María Corina Machado, indudable líder de la resistencia democrática, una mujer increíble, que se echó en los hombros al país contra todo y contra todos, ha propuesto el Congreso Ciudadano como estrategia para resolver ese «quo vadis Venezuela?» que aún no hemos sido capaces de respondernos a nosotros mismos, como individuos y como sociedad. Pero en su intento organizativo ha fracasado por la evidente excomunión de la MUD a su persona y a su proyecto. Ahí hay una fractura incuestionable y sumamente grave. Leopoldo López por su parte habló de “la salida”, que antes y durante las protestas no supimos a ciencia cierta qué era, pero luego en su presidio planteó la Asamblea Nacional Constituyente, una idea que más adelante desarrollaré pero a la cual considero totalmente descabellada. Otra fractura, con la agravante del olvido y confinamiento insolidario que casi todos los partidos de la MUD le han dado.

De Henrique Capriles no tengo mucho por decirle. Sólo que su complejo “mesiánico” es ya una traba para la unidad nacional que tanto necesitamos concretar. En realidad, si soy sincero, nadie me ha decepcionado más que el Gobernador del Estado Miranda, por lo que opinar sobre él sería caer en el terreno de una estéril crítica.

Y respecto a las opciones planteadas por Nicolás Maduro, el ilegitimo, ahí sí que no tengo absolutamente nada que comentar. 

Más adelante me permitiré compartirle mis opiniones sobre qué hacer y cómo hacerlo para salir de este laberinto.

Así propone Usted el Proyecto País Venezuela Reconciliada, que busca «Lograr un cambio del actual modelo de EFCentralista, por un EFDescentralizado, simplemente cambiando las características del Centralismo que tiene atrapado al país desde hace más de doscientos años (con énfasis en los últimos) en el más infame atraso e inmerecida destrucción y opresión». Para ello se precisa «Convocar y coordinar, por iniciativa popular del electorado, una Asamblea Nacional Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos, tal como lo estatuye la Constitución vigente en sus artículos 347, 348 y 349, que se encargue de elaborar una nueva Constitución cuyo objetivo central sea que permita sustituir el EFCentralizado».

Como cité anteriormente, Venezuela es un Estado federal descentralizado, como lo establece el artículo 4 constitucional. El carácter federal es uno de los valores republicanos adquiridos progresivamente que más debemos respetar, por cuanto los tres niveles de gobierno que ejercen el Poder Nacional son el mecanismo más idóneo para anular cualquier abuso de poder.

Debo reconocer, lógicamente, que en la práctica el Estado federal descentralizado ha sido muchas veces letra muerta.

Si algún concepto puede explicar por qué ha fracasado en parte la Constitución de 1999 y, retrospectivamente la llamada IV República, es por la implantación consumada por parte del régimen de la unicidad del poder, es decir, el ejercicio de todos los poderes (legislativo, judicial, moral y ciudadano) ha sido asumido por el Ejecutivo. Esto pudiera en términos generales hablarnos del fracaso evidente del sistema federal en Venezuela.

Ese profundo cambio de modelo que reclama nuestra historia no debe sacrificar el valor de la federación para dar paso al sistema autonómico. Dicho sistema contraviene, en mi opinión, los llamados principios pétreos que son los de la independencia nacional y la integridad territorial, sobre todo por esa recurrente tentación de los caudillismos regionales que tanto daño le hicieron al país en el siglo XIX.

El proceso constituyente que urgimos surgirá indefectiblemente de un proceso fáctico, la salida de este régimen no será electoral, estoy convencido tercamente de esto. No será una novedad política para nuestra historia. Las Constituyentes en Venezuela han sido como la de 181, la primada, luego de la ruptura el 19 de abril de 1810 con el Reino de España; la de 1863, después de la Guerra Federal; la de 1901, después de la Revolución Liberal Restauradora, de la 1946, después de la Revolución de Octubre del año 45; la de 1961, después del 23 de enero de 1958, cuando entonces pusimos fin a los regímenes dictatoriales y establecimos la novedosa democracia.

La Constituyente de 1999 sí fue una novedad. Se convocó sin que un proceso fáctico haya la antecedido. Aunque el famoso juramento del 2 de febrero de ese año (“sobre esta moribunda constitución”) podría ser interpretado como la sentencia a muerte o el desconocimiento al orden constitucional que entonces validaba ese mandato. Pero no es momento de interpretaciones o melancolías políticas.

El Planteamiento al que Usted hace referencia es el de un "Proceso Constituyente de Iure", es decir, dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional vigente en los artículos 347

Los artículos 347 y 348 constitucionales implican de forma directa la intervención de un poder ya constituido: el electoral, del cual no pienso emitir opinión alguna porque doy por sentado que ambos la compartimos. Igualmente, correspondería al Poder Electoral convocar el referéndum que ponga en vigencia o no el nuevo texto constitucional, treinta días después de su redacción por la Asamblea Nacional Constituyente.

La creación de un Tribunal Nacional Electoral no está contemplado en el ordenamiento constitucional vigente que, además, ampara a la propia Asamblea Nacional Constituyente propuesta. Ese novedoso Tribunal entonces implicaría la ruptura constitucional que viciaría de hecho todo el proceso adelantado. La ruptura no puede ser el primer gesto de la transición. La ruptura es la que debe llevarnos a la transición.

En tal caso, debe repetirse lo sucedido en 1945-46, como creo sucederá. No será una Asamblea Nacional Constituyente la que desmantele al régimen totalitario que padecemos.

La Constituyente de 1946, por ejemplo, dejó en vigencia provisional, sin mayores inconvenientes, los poderes ya constituidos, el judicial, el ejecutivo, que era la Junta de Gobierno y el Legislativo, que era esa Asamblea surgida de la ruptura del orden constitucional en 1945.

Sin embargo, no cuestiono la creación de dicho Tribunal Nacional Electoral.

A la ruptura inevitable del “orden constitucional” le sobrevendrá el establecimiento de una Junta de Gobierno que, a su vez, deberá convocar una Asamblea Nacional Constituyente que redactará la nueva Carta Magna que, una vez aprobada en referéndum, nos conducirá indefectiblemente a unas elecciones generales.

Mientras ello sucede, una eventual Junta de Gobierno o una Asamblea Nacional Constituyente, no pueden asesinar a la República como ya lo hizo el régimen, gobernando sin un marco jurídico constitucional.

La recuperación del Estado de Derecho, de la estabilidad y del orden para reconstruir la República tiene que hacerse dentro del marco de los valores democráticos que todos tenemos y que este régimen ya sepultó en su doctrinario.

El futuro inmediato de Venezuela implica la ruptura del orden constitucional. No veo otra salida. Dificulto que esa ruptura sea como las del pasado, no creo que la Fuerza Armada Nacional tome la iniciativa de derrocar al régimen, más bien pienso que seguir esperando que eso ocurra, como lo auguran algunos exiliados, sólo nos estanca más y nos impide tomar la iniciativa como pueblo.

Sólo el pueblo en la calle, con unidad de criterio y de acción, puede forzar a que los sectores que pueden hacerlo tomen la decisión de defenestrar al régimen. Y una vez suceda esto, los factores democráticos deben tener muy claro lo que se tiene que decir y hacer. Por eso he insistido tanto en la necesidad de un gran acuerdo nacional entre los factores democráticos que nos saque de esta espantosa calma, casi colaboracionista, que tienen tantos líderes y partidos políticos, comenzando por el propio Secretario de la MUD, coalición que a mi modo de ver ya está agotada.


No estoy diciendo que mañana tomemos la decisión de salir a matarnos a la calle. No. Aunque no podemos ocultar el terrible destino que nos aguarda, el sacrificio por la patria parece ser una condición que se nos ha impuesto para alcanzar la libertad y no debemos asustarnos por ello, detrás tenemos el ejemplo heroico de tantos y tantas que con su sangre edificaron este país que se llama Venezuela y que se nos fue de las manos, por razones que prefiero no comentar esta vez.

El acuerdo nacional que he propuesto en mis reflexiones pasadas tiene que ver con la necesidad de convencernos y convencer a los pocos que quedan en el oficialismo. Convencer al pueblo con hechos sinceros que es ahora el momento de acabar con esta pesadilla, significa vencer al régimen. Pero no dudo en decirte algo, en la calle la gente está mucho más convencida de lo que se debe hacer en este momento. Sólo falta que la dirigencia política asuma su histórica responsabilidad y “pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad” como decía el joven mantuano de Caracas en la Sociedad Patriótica.

Finalmente, puedo decirte que, en mi opinión, la salida no es constituyente, no es electoral, no es dialogante. La salida es luchando en cada calle, apegados a ese artículo 350 constitucional que parece muchos han decidido omitir. Llamese o entiéndase radical esta postura, no puedo ser convencido de participar en cambios donde las condiciones de juego son y seguirán siendo desiguales.

El día que tuve que dejar mi hogar porque un Tribunal decidió perseguirme por haber manifestado desde febrero hasta el célebre 10 de abril, cuando fue traicionada por la MUD, no sólo la protesta sino la vida de esos 43 venezolanos que se convencieron de esta hora ineluctable, me convencí que el juego democrático realmente no existe en Venezuela y que seguir dándole vueltas constitucionales es traicionar a la patria que nos fue arrebata por la demencia comunista.

Por lo pronto, celebro la lucidez de tus ideas republicanas y espero que pronto nos encontremos en una Venezuela libre, democrática donde todos hagamos el histórico pacto de nunca más volver a retornar al abismo en el que estamos.

Con mi afecto,

Robert Gilles Redondo

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