INSEGURIDAD
Terror en uniforme
De las 2.693 muertes
ocurridas en 15 años a manos de los cuerpos de seguridad, 11% fueron
responsabilidad de miembros de la FANB. Todas ellas por "ejecuciones" y
"uso excesivo de la fuerza" Por Francisco Olivares
EL UNIVERSAL
domingo 25 de agosto de 2013 12:00 AM
Toparse con unos conos en
medio de una calle oscura. Desde las sombras precisamos las siluetas de
lo que parece son efectivos militares, cuyos uniformes verde oliva se
funden en la penumbra. Con un abrupto nerviosismo no previsto reducimos
la velocidad a casi cero. ¿Bajamos el vidrio? Nos preguntamos y en la
memoria reciente sentimos más de cerca las noticias que nos han narrado
las muertes bajo proyectiles ocurridas en los puestos improvisados del
plan "Patria Segura". Hacemos contacto visual con los guardias armados
con fusil. Intercambiamos miradas. El rostro delata la corta edad del
uniformado. Quizás 18 ó 20 años a lo sumo. Luego de un difuso gesto que
insta a seguir, la tensión baja tras haber superado con éxito esa
barrera que pudiera indicar la diferencia entre la vida y la muerte.
El
asesinato de Luimener Pacheco y su hija de 12 años por parte de
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el pasado 4 de julio,
cuando transitaba con sus tres hijas por una calle de Coro en su
vehículo Corsa, expone nuevamente ante el país la violencia que se
ejerce desde los cuerpos policiales y militares contra los ciudadanos.
La mayoría de los 10 efectivos imputados por homicidio calificado en
este caso son jóvenes entre 19 y 21 años, quienes portando armas de
guerra atacaron a la indefensa madre y sus tres hijas. Ello según los
expertos, expone la falta de preparación de esos efectivos para
resguardar la seguridad de los ciudadanos y menos aún para combatir el
crimen. Para Provea, el caso demostró que la FANB sigue violando los
Derechos Humanos mientras que Cofavic sentencia que el Plan "Patria
Segura" viola la Constitución Bolivariana.
Pero ese no ha sido el
único episodio ocurrido en los últimos meses: unos días después, el 9
de julio, Reny Adolfo Suárez, un "pimpinero" del Estado Táchira fue
detenido en una alcabala y murió al ser obligado a ingerir gasolina por
los militares. El 27 de julio Zoe López fue detenida y asesinada en la
Alta Guajira por efectivos militares cuando se desplazaba por la región
en compañía de un hermano y otras tres mujeres. El 14 de julio, Edwin
Moisés Rivera, de 20 años, murió al recibir un disparo en la espalda
cuando un efectivo militar le dio la voz de alto en el barrio La
Bombilla de Petare. El 24 de julio hallaron el cadáver del cabo II de la
GNB, Diosnny Manuel Guinand Yeudez (24), enterrado en la sede del
comando en Macarao. El 8 de agosto, un efectivo del Ejército asesinó al
alumno de la Universidad de Carabobo, Ánderson Oliveros de 20 años de
edad, en el barrio El Romancero de Valencia. Y vecinos de la avenida
Baralt responsabilizan a un comando de la GNB como responsables del
asesinato de dos indigentes ocurridos el sábado 17 de agosto en horas de
la madrugada.
La cifras recogidas en el informe de Provea "15
años sobre DDHH" indica que entre 1997 y 2011 se han producido 2.693
asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. De ellos, el
11% son atribuidos a la FANB. De esas muertes 66% ocurrieron por
ejecuciones perpetradas por los cuerpos de seguridad; 8% por uso
excesivo de la fuerza y 19% por otras causas.
Cabe destacar que
las cifras ofrecidas por Provea son tomadas del CICPC. Pero cifras
ofrecidas por el Ministerio Público en su "Plan de Seguimiento de Casos
sobre violaciones a los Derechos Fundamentales" registró 7.243
violaciones al derechos a la vida entre 2000 y 2007, cuya
responsabilidad es atribuible a funcionarios policiales y militares.
Asimismo, el Ministerio Público reconoció que entre 2006 y 2010 hubo 30
mil nuevos ingresos en casos que fueron denunciados ante el organismo
por violaciones a los Derechos Humanos. Es decir, se trata de casos que
la Fiscalía conoce en sus informes anuales de acuerdo a las denuncias
recibidas que contemplan torturas, violaciones al derecho a la vida o
detenciones ilegales.
Plan Patria Segura
Vestido
de blanco y con el brazalete tricolor en el brazo izquierdo, Nicolás
Maduro encabezó el lanzamiento del "Plan Patria Segura" que según
destacó cuenta con más de 3 mil funcionarios del Fuerza Armada Nacional
Bolivariana. Este nuevo plan que se agrega a otros 20 del período de
Hugo Chávez sería la continuación del anterior "Misión a Toda Vida
Venezuela" a la que se le incorporó el elemento militar, invirtiendo el
concepto civil de la seguridad.
A diferencia de su "padre
político", desde el Patio de Honor Universidad Militar Bolivariana del
Ejército, Maduro admitió que el problema más importante que tiene la
sociedad venezolana por resolver es la criminalidad. "Le toca a la FANB,
al Ejército, a la Guardia del Pueblo, PNB, CIPC, Sebin. Los llamo al
servicio de la patria. Tiene que ser más operativo, algo más que
patrullaje. Tiene que ser con consciencia, pasión, compromiso y amor",
comentó a los efectivos presentes en el acto.
Sobre el caso de la
"masacre de Falcón", la Fiscal general Luisa Ortega Díaz aclara que los
efectivos que actuaron en ese homicidio no formaban parte del Plan
Patria Segura, sin embargo el comando militar estaba en labores de
seguridad. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, el militar
Rodríguez Torres, a cargo del organismo que irónicamente agrega a sus
siglas la coletilla de "Paz", defiende el plan señalando que los
homicidios han disminuido 27%. Pero las cifras de cadáveres que ingresan
en la morgue delatan otra perspectiva con una cifra cercana a los 450
cadáveres al mes, de los cuales 70% son homicidios, descartando otras
variables como "enfrentamientos" y accidentes de tránsito.
La
oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas ubica a Venezuela
como uno de los países con mayor índice violencia en el mundo. De haber
estado en 12 homicidios por 100 mil habitantes en el año 1995, en 2011
llegamos a los primeros lugares con 45,1 homicidios por 100 mil
habitantes. Es de señalar que la cifra de la ONU es bastante
conservadora entendiendo que este organismo basa sus datos estableciendo
un promedio en la data que levantan las ONG y los organismos oficiales
de los gobiernos. En contraste, para el año 2011 el Instituto Nacional
de Estadísticas registra un índice muy superior. Según sus estimaciones
Venezuela registró 75 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Impunidad para los agresores
Liliana
Ortega ha explicado que cuando se habla de violaciones a los Derechos
Humanos no son delitos comunes, sino que tiene que ver con situaciones
en donde hay una agresión en la que hubo una intervención de
funcionarios del Estado, o de grupos de personas que actuaron con la
aquiescencia del Estado. Por ello son delitos cometidos por entes o
funcionarios públicos. Según Cofavic, los datos aportados por el propio
Ministerio Público, 93% de estas denuncias terminan en sobreseimiento.
Solo 7% logra ver a un juez y apenas 4% terminan en condena.
Las manifestaciones
El
informe "15 años de DDHH" de Provea registra que entre 1997 y 2011 se
han producido 24.051 manifestaciones públicas. Es de destacar que la
conflictividad social ha ido en aumento cada año al mismo tiempo que la
represión de las mismas. En 1997 se registraron 550 manifestaciones de
calle y fueron reprimidas 44. En 2011 la cifra remonta a 4.472
manifestaciones de las que 134 fueron reprimidas. En ellas hubo 39
asesinatos, 2.963 heridos y 4.053 detenidos.
Durante las
manifestaciones de los días 15 y 16 de abril en protesta por los
resultados electorales ofrecidos por el CNE resultaron gravemente
heridas 104 personas. Varios casos tuvieron que ver con disparos a corta
distancia por parte de efectivos de la GNB ocurridos después de que la
persona estaba detenida. Es de destacar que la actuación del la GNB en
Lara estuvo coordinada desde la guarnición militar desde donde se
impartieron las órdenes para reprimir las manifestaciones. Otras
denuncias fueron por torturas y golpizas en los centros de detención del
comando regional. Al menos 72 de estos casos están denunciados en la
Fiscalía y en instancias internacionales. Esta situación revivió hechos
ocurridos en 2004 cuando la GN y fuerzas especiales del Ejército
reprimieron las manifestaciones utilizando armas de guerra con el
resultado de 10 fallecidos y 300 heridos, varios de ellos por disparos
de fusil.
Inconstitucional
El artículo 332 de la
Constitución establece claramente que "los órganos de seguridad
ciudadana son de carácter civil". La ONU tiene una resolución muy
completa sobre el tema del "empleo de la fuerza y armas de fuego por
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley". Entre muchos aspectos
destaca que: "Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en
la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo
de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley. Así mismo establece que: "No se
podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad
política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para
justificar el quebrantamiento de estos Principios".
Para medir
lo delicado que es para los gobiernos democráticos la militarización de
las policías tenemos un ejemplo reciente en el Salvador cuando, el
pasado mes de mayo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia declaró "inconstitucional" la designación de David Munguía
Payés como ministro de Seguridad Pública y Justicia y de Francisco Ramón
Salinas como director de la Policía Nacional, alegando su condición de
militares, dado que vulneraba el artículo 159 de la Constitución de ese
país que establece la separación de funciones de la defensa nacional y
la seguridad pública. La sentencia se produjo a pesar de que ambos
generales se encontraban en situación de "retiro" señalando que "los
aludidos generales, en la medida en que no han finalizado su carrera
militar, sino que se encuentran en una situación de retiro, no han
dejado de ser militares".
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