EL INTENTO DE LA CREACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PRETORIANA. ALERTA DE LA ONG. FUNDACIÓN ORIÓN

ALERTA DE LA ONG. FUNDACIÓN ORIÓN

EL INTENTO DE LA CREACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PRETORIANA.

CAMBIO ORGANIZACIONAL

El Foro de Sao Paulo llegado al poder el 6 de diciembre de 1998 decidió mantenerlo por larga vida .Entre sus estrategias políticas, sociales, económicas, mediática; la militar fue transformar a la actual organización institucional militar en un partido político militar, para así contar con la lealtad del poder militar.

Hasta 1998  las fuerzas armadas venezolanas ­ por ser cuatro fuerzas­ su cultura, valores costumbres y los ritos se caracterizaban, entre otros,  por no declarar en público afiliación partidista  (AD, Copey, MAS, MIR, etc.), como tampoco usar sus colores ni sus consignas políticas,  

Los personajes históricos referidos y venerados eran los de la gesta libertadora,  sus fechas de nacimientos y el de las batallas, los cuales también se utilizaban para identificar a las unidades militares. El nombre militar era Fuerzas Armadas Nacionales, el término "nacional" significaba que ellas servían a la Nación, al  pueblo. Todas estas características se denominan "institucionalistas" para enfatizar su apoliticismo. Y era muy escaso el nombramiento de los militares activos  en la administración pública. La lealtad, jurada ante la bandera nacional, era para la Patria. 

En el año 2007, creyendo el régimen, que sus ejecutorias eran aceptadas y seguidas por la población, presentaron para reformar sesenta y nueve (69) artículos de la Constitución aprobada en 1999 en un referéndum; en esta ocasión, las reformas  fueron rechazadas por la mayoría de la población, con lo cual además de no aceptarse quedaba claro, que en el mismo período presidencial, no podría volver a solicitar los mismos cambios. Se resalta que el Régimen intentaba modificar entre otros, los artículos 328, y 329, con la finalidad de disponer a la brevedad otras Fuerzas Armadas no contempladas en la Carta Magna de 1999. Querían dar el paso para la creación del Partido Político Militar, para este fin intentaron modificar ambos artículos de la siguiente manera:

Artículo 328 –“La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista. Sus profesionales activos no tendrán militancia partidista.

La Fuerza Armada Bolivariana será organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, defenderla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa integral y la guerra popular de resistencia, la cooperación en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana y del orden interno ,  así como la `participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la nación, de acuerdo con esta constitución y la ley, en cumplimiento de función estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al de oligarquía alguna o poder imperial extranjero.

Sus pilares fundamentales son: esta constitución y las leyes, así como la disciplina, la obediencia y la subordinación.

Sus pilares históricos están en el mandato de bolívar: “Libertad a la patria, empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer las bendiciones del pueblo”  

Artículo 329 – La Fuerza Armada Bolivariana esta integrada por los distintos cuerpos de tierra, mar y aire, organizados de acuerdo a la ley orgánica correspondiente en los siguientes componentes militares: el Ejército Nacional Bolivariano, la Armada Nacional Bolivariana, La Aviación Nacional Bolivariana, la guardia nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana; con un régimen especial de carrera, educación y disciplina; amparada por un sistema de seguridad social integral propio, según lo establezca la respectiva ley orgánica.

La fuerza armada bolivariana podrá ejercer las actividades de policía que le atribuye la ley.

Ambos Artículos fueron rechazados en referéndum nacional en el año 2007 e incorporarlos en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un fraude a la Nación y violación de la Constitución del año 1999 (“la mejor Constitución del mundo”).

No obstante, después del año 1999 gradualmente iniciaron el proceso para convertirse en partido político militar, con diferente cultura, valores, costumbres y ritos.  Hoy, podemos distinguir sus características: Son bolivarianas (de Bolívar) divididas en cinco componentes, (crearon las milicias. Usan el color rojo del partido de gobierno. Crearon otra cara de Bolívar, y el culto al Che Guevara. Permitieron la presencia de las FARC en el País. Aumentaron en cuatro las jerarquías de generales. Establecieron que el presidente de la república sería militar activo con la jerarquía llamada "comandante en jefe" y el fallecido Hugo Chávez Comandante Supremo Eterno. Eliminaron la jerarquía de Sub Oficiales Profesionales de Carrera y establecieron los Oficiales Técnicos. En lugar de subteniente establecieron teniente y primer teniente. Ahora es Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Establecieron fechas históricas, entre otras: 27­F y el 4-­F. En declaraciones y discursos utilizan el vocabulario y las consignas del partido político: “Somos socialistas, revolucionarios, anti imperialista, chavistas, patria, socialismo o muerte. Cuba y Venezuela una sola bandera. Somos hijos de Bolívar, de Fidel y del Che”.  Utilizan otro escudo nacional ­el caballo girado a la izquierda¬, otra bandera­ con 8 estrellas. 

Además del poder militar, tienen poder político y económico debido a la gran cantidad de militares activos en los cargos público. ­. Tienen empresas comerciales como fuentes de ingresos. También diseñaron un distinto sistema educacional para que las generaciones de relevo continúen con la organización política-militar.

Fuerza Armada Nacional Bolivarianas (FANB) es el nombre del partido político militar. Escogieron este nombre para ocultar el cambio organizacional que se realizaba, porque se parecía a la anterior organización: Fuerzas Armadas Nacionales. 

Este mismo tipo de engaño lo practicaron cuando crearon la jerarquía militar para el presidente de la república con el nombre de Comandante en Jefe,(LOFAN 2008) porque así, se confundía con la facultad presidencial de Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas

Ahora bien, este partido político militar fue organizado desde la cúpula política y ejecutado por la militar, pero la Superioridad militar aún no ha logrado  una organización homogenizada con este pensamiento militar partidista, en consecuencia, existe una población de militares activos, sin conocerse su cantidad o porcentaje, en desacuerdo en que las Fuerzas Armadas Nacionales (FFAA) se haya  transformado en un partido político militar (FANB) que sirva a los intereses de un partido político en el poder.

Para lograr este proyecto en la LOFANB, agruparon los Componentes existentes bajo el Mando directo del Comandante del CEO y el ministro de la defensa todos ellos dependiendo del el Oficial activo Comandante en Jefe de la FANB. Y sólo la Comandancia General de la Milicia depende sin ninguna otra dependencia, directamente del Presidente y entre sus funciones podemos señalar

Establecer vínculos permanentes entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano, para contribuir en garantizar la defensa integral de la Nación; Proporcionar los reemplazos para complementar y reforzar las unidades activas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus operaciones militares;  Coordinar las actividades necesarias para la conscripción, conforme lo determinen las leyes y reglamentos;  Llevar el Registro Nacional de Conscriptos y alistar el contingente anual ordinario para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Recibir de los Componentes Militares, el registro actualizado del personal militar profesional que culmina el servicio activo y de tropas licenciadas; Orientar, coordinar y apoyar en las áreas de su competencia a los Consejos Comunales, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las políticas públicas; Contribuir y asesorar en la conformación y consolidación de los Comités de Defensa Integral de los Consejos Comunales, a fin de fortalecer la unidad cívico-militar; Recabar, procesar y difundir la información de los Consejos Comunales, instituciones del sector público y privado, necesaria para la elaboración de los planes, programas, proyectos de Desarrollo Integral de la Nación y Movilización Nacional; 13. Coordinar con los órganos, entes y dependencias del sector público y privado, la conformación y organización de los Cuerpos Combatientes de Reserva, los cuales dependerán administrativamente de los mismos, con la finalidad de contribuir a la Defensa Integral de la Nación; Supervisar y adiestrar los Cuerpos Combatientes de Reserva, los cuales dependerán operacionalmente del Comando General Nacional de la Milicia Nacional Bolivariana; Elaborar y mantener actualizado el registro del personal de reservistas residentes en las regiones estratégicas de defensa integral y de los integrantes de la Milicia Territorial; y  Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

Este fraude y violación de la Constitución de 1999, se aprobó en la anterior Asamblea Nacional, en frente a los 67 Diputados del factor democrático, como se ha denominado a los Diputados de la Oposición.

Nos preguntamos y por supuesto tenemos dudas razonables, si el Ministro de la defensa y sus Altos Mandos están de acuerdo con este terrorífico despropósito y si están de acuerdo o no, con someterse a una milicia dirigida por un extranjero.

                                               ONG. FUNDACIÓN ORIÓN CIVICO MILITAR

 REMISIÓN:  Elías Augusto Buchszer

TERCER FACTOR ALERTA: EL PRIMER INDICIO. ¡EL ESTADO DE EXCEPCIÓN!

TERCER FACTOR ALERTA: 

EL PRIMER INDICIO. 

¡EL ESTADO DE EXCEPCIÓN!

El “ESTADO de EXCEPCIÓN”: una institución jurídica que podría ser utilizado por Chávez como peligroso recurso político antes y durante el Proceso Electoral.

                Previendo la posibilidad de que Chávez, consciente de su debilidad electoral, utilice el “Estado de Excepción” como mecanismo para su perpetuación en el poder, exponemos de manera didáctica lo que sustancialmente es esta interesante figura y para qué la creó el derecho constitucional.

                1.-Qué es el “Estado de Excepción”?

                Es una institución jurídica propia del Derecho Constitucional, instituida para asegurar la vigencia de las instituciones democráticas, la integridad del Estado, preservar el orden público y el cumplimiento de las actividades  normales de la comunidad social, hacer efectiva la soberanía en caso de conmociones externas y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos civiles y políticos dentro de un marco de confianza y tranquilidad que les permita su real goce y disfrute. La Constitución Nacional lo califica como uno de los mecanismos creados para “su protección”, como lo expresa en el Titulo VIII y la regulación establecida en los artículos 337-338 y 339, lo que nos habla del nivel de importancia que le atribuye.

                2.-En qué consiste el “Estado de Excepción”?

                Son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico capaces de afectar gravemente la Seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y de sus instituciones, que se corporizan en un acto de gobierno denominado “Decreto” dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, instrumento en el cual debe constar el hecho o hechos, la gravedad y la urgencia que lo motivan.

                3.-Cuál es la naturaleza y alcance de esas circunstancias?

                 La naturaleza es de orden pura y eminentemente Objetiva, capaz de ser entendido, palpado y cuantificado por el ciudadano común sin tener que acudir a mecanismos de interpretación y evaluación especiales; y su alcance debe revestir tal gravedad que hagan insuficiente los medios ordinarios de que dispone el Estado para su control y sometimiento.

                4.-Qué clase de circunstancia puede generar un “Estado de Excepción?

                De acuerdo a nuestra legislación, esas circunstancias pueden presentarse bajo cuatro (4) formas:

a)      Estado de Alarma: debido, principalmente, a catástrofes naturales (inundaciones, deslaves, movimientos sísmicos, etc.). Las medidas adoptadas pueden tener un ámbito nacional, regional o local y una duración de treinta (30) días (art 8 de la Constitución).

b)      Emergencia Económica, cuyo agente puede ser la caída brutal de los precios petroleros; pérdidas de las cosechas por plaga; muertes generalizadas de rebaños ganaderos; colapso de la estructura portuaria, etc. El ámbito de aplicación del Decreto puede ser nacional, regional o local y puede extenderse por sesenta días.

c)       Conmoción interior, provocada huelgas indefinidas; protestas masivas y prolongadas; desobediencia civil y, en general, graves perturbaciones del orden público interno que pongan peligro real la estabilidad institucional, la seguridad de la Nación y la convivencia ciudadana. En estos casos el ámbito de aplicación es nacional y la duración puede extenderse hasta por noventa (90) días (art. 13 Ley).

d)      Conmoción exterior: procede en caso de conflicto externo, sin llegar a acciones bélicas. El ámbito de aplicación es nacional y tiene una duración prevista de noventa (90) días prorrogables.(art14 ley).

               

                5.-Control Político y Judicial.

                El Decreto que declare el “Estado de Excepción” será sometido, dentro de los ocho (8) días siguientes a su expedición:

a)      La Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, según sea el caso, para su consideración y aprobación.

b)      Al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, para el control de constitucionalidad.

Observación: el “Estado de Excepción” puede ser revocado por ambas instancias, antes del término de su vencimiento, si constataren que las causas que lo motivaron han cesado. Igualmente cabe la posibilidad de que que las instituciones contraloras nieguen su procedencia, si verificaran que las circunstancias invocadas no fueren suficientes. ¿Qué pasaría si un órgano aprobara el decreto y el otro  lo negara? Pero esto sólo puede ocurrir en un Estado de Derecho.

                6.-Derechos Personales y Sociales inmutables ante el “Estado de Excepción”.

                Existe un elenco de derechos que no pueden ser suspendidos, restringidos  ni condicionados por el Decreto respectivo por ellos de rango natural, constitucional o convencional. Al respecto podemos enumerar:

a)      El Derecho a la Vida;

b)      Reconocimiento a la personalidad jurídica (no se puede conceptuar “apátrida” a ninguna persona;

c)       Protección de la Familia;

d)      Igualdad ante la Ley;

e)      Integridad personal física, psíquica y moral;

f)       Libertad de pensamiento:

g)      El Debido Proceso;

h)      Amparo Constitucional;

i)        El Sufragio y acceso a la función pública;

j)        Derecho a la Información.

Existen otros, pero estos son los relevantes.

                7.-Origen de las circunstancias perturbadoras y sus consecuencias.

                Origen. En todos los casos sin excepción alguna, los elementos constitutivos de las circunstancias causantes del “Estado de Excepción”, están representados por hechos o sucesos extraordinarios e imprevistos generados “fuera” de las estructuras orgánicas y subjetivas del gobierno; y para su control los mecanismos que ofrece la legalidad ordinaria son ineficaces e insuficientes para garantizar la vuelta a la normalidad institucional y democrática que ha sido quebrantada. La característica común de los “Estados de Excepción” es que los hechos perturbadores sean totalmente ajenos a la conducta y voluntad del gobierno y específicamente, del Presidente de la República. Pero puede suceder que las situaciones que afecten la normalidad de la vida de la Nación, en cualquiera de las formas expuestas  precedentemente, las genere el propio gobierno o su Presidente. En estos casos  estaremos frente a presupuestos ajenos a los requeridos constitucionalmente para que se activen los mecanismos extraordinarios para conjurar los hechos que han desbordados los cauces institucionales. En estas experiencias, no debería ser tolerado por la comunidad nacional la conducta discrecional e ilícita del jefe del ejecutivo, en virtud de que los motivos que se alegan como justificación obedecen a un propósito sin pertinencia con los valores y derechos tutelados por  la normativa constitucional. Es sobre el necesario presupuesto del ejercicio legítimo y normal de las facultades atribuidas al Poder Ejecutivo, como el artículo 337 de la constitución y el artículo 13 de la Ley orgánica respectiva habilitan al Presidente de la República, en consejo de Ministros, para decretar el “Estado de conmoción interna”, para enfrentar el peligro que amenaza a la Nación, a los ciudadanos y a sus instituciones democráticas.

                Consecuencias: Para el caso de que la Nación viva una situación de anormalidad institucional, social, económica o política ocasionada por intereses del propio Presidente de la República, producida de manera directa o indirecta, no sería procedente, en atención a la prescripción constitucional, el uso del mecanismo extraordinario del “Estado de Excepción” y, para el caso de que lo llegare a decretar, más que para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos y de la integridad institucional, apuntará a la liquidación de las estructuras constitucionales, republicanas y democráticas, como condición necesaria para la implantación de un régimen abierta e inequívocamente dictatorial. En esta hipótesis, al acudir a la figura constitucional de naturaleza excepcional, sencillamente pretendería revestir de legalidad una cadena de hechos de carácter delictivo, encaminados al escamoteo y burla del derecho de soberanía política inherente a cada ciudadano venezolano, consagrado en el artículo 5 de la Constitución, que literalmente dice:” La Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante del sufragio, por los órganos que ejercen el  Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la Soberanía popular y a ella están sometidos”. Entonces nosotros ciudadanos obedientes de las normas de nuestra Carta Magna, rechazamos categóricamente  las continuas amenazas del Ejecutivo, de que su revolución está armada, entendemos que tengan las armas pero no al ciudadano que mataría en nombre de un dictador – comunista.

                8.-Conclusión:

                Por las razones expuestas, el Presidente de la República está constitucionalmente deslegitimado para decretar un “Estado de Excepción” cuando él, mismo ha creado las circunstancias que sirven de fundamento al acto de gobierno. En todo caso, se trata de una modalidad  de “Golpe de Estado” que tiene que ser rechazado, repudiado y enfrentado por los venezolanos, para lo cual encontramos plena e indubitable legitimación en los artículos 333 y 350 de la Constitución. No proceder así equivaldría a renunciar a este texto y substituirlo  por la voluntad totalitaria del autócrata. Y además decimos que no vale amedrentamiento de violencia total cuando el País Nacional tiene frente así, su Constitución, su elección y sus deseos de Paz y Bienestar. Nosotros no tenemos las  armas, esas están en las manos de nuestras Fuerzas Armadas y con ellos contamos para hacer prevalecer la Libertad y la Democracia.

                                                                                                              EL TERCER FACTOR.

Carta a Henrique Capriles Radonski. Enviada por: Contralmirante Elías A Buchszer Cabriles. Coordinador Nacional del Tercer Factor.

Carta a Henrique Capriles Radonski. 

Enviada por:   

Contralmirante Elías A. Buchszer Cabriles. 

Coordinador Nacional del Tercer Factor

Ciudadano:
Henrique Capriles Radonski
Presente.-

                En fecha 02 de mayo del año en curso Usted, en su condición de candidato Presidencial del sector democrático, procedió a impugnar  por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el proceso electoral presidencial celebrado  el 14 de abril, próximo pasado, por la presencia de vicios que afectaron el evento comicial en todas sus fases; vicios que incidieron de manera determinante en el resultado oficial de votos emanados del C.N.E., en perjuicio antijurídico de la verdad y realidad expresadas en las urnas electorales por la voluntad sufragante de los ciudadanos.

                La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reservó la competencia para la tramitación del Recurso, la admisión, conocimiento del mérito y decisión de la contención de este tipo de acciones a la Sala Electoral, de conformidad con lo dispuesto en su Título XI, Capítulo V, ordenando en su artículo 185 que: “En caso de que la demanda no contenga solicitud de medida cautelar, la sala remitirá al Juzgado de Sustanciación el informe y los antecedentes administrativos el mismo día que los reciba, a los fines de que éste se pronuncie sobre la admisión dentro de los dos días de despacho siguientes”.

                Al practicar el cómputo de días que deben transcurrir entre la recepción del recurso por la secretaría de la Sala Electoral, la solicitud del informe al Directorio del C.N.E., para que exprese su criterio sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con la demanda y el pronunciamiento de su Juzgado de Sustanciación sobre la admisión o inadmisión, resulta un máximo de ocho (8) días, por cuanto no hubo solicitud de medida cautelar. Damos como un hecho cierto, que el competente equipo de juristas que lo asisten en esta cívica empresa tienen suficientemente claro esta situación;  lo que nos tranquiliza y releva de formular cualquier otro señalamiento al respecto.

                Sentadas las premisas anteriores, pasamos a exponer lo que para nosotros son preocupaciones importantes:

                               1.- Vencido sobradamente, como efectivamente lo está, el lapso para que la sala electoral, actuando a través de su juzgado de Sustanciación, dé una respuesta preliminar que marque el inicio del curso del proceso, este pronunciamiento al día de hoy no se ha producido, lo que comporta un atraso de 35 días; atraso que configura una conducta omisiva sospechosa de parte del operador de justicia, a la vez que se traduce en daño al derecho soberano-constitucionalmente protegido- de más de siete (7) millones de ciudadanos que sufragaron por Ud. Y esperan, con ánimo democrático y confiado pero resuelto, la dilucidación del BOCHORNO ELECTORAL forjado por los rectores del C.N.E. en beneficio del candidato oficialista; hecho este que ofende  y avergüenza el patrimonio moral  y la conciencia democrática de los venezolanos. Dejar correr el tiempo sin realizar concretas acciones que alerten a los Magistrados de la Sala  Electoral del cumplimiento de su obligación insoslayable y que les hagan sentir la convicción, sólida y profunda, que      en la conducta del pueblo de que debe ser atendido en el planteamiento de sus justos e irrenunciables derechos, es exponerse a que los 7.363.264 (según el C.N.E.) de venezolanos que votaron por Usted lleguen a imaginarse que con ellos se reeditó la tragi-comedia escenificada, en no pocas veces, por el liderazgo político nacional, con hábiles beneficiarios embozados. –le rogamos no desestimar esta reflexión. Cuando Ud., declara ir a un nuevo proceso electoral con las mismas condiciones que de forma intransigente nos presenta el CNE es conveniente recordar, primero no ha sido cierto que ir a votar nos ha permitido detectar el fraude, recuerde que en los comicios anteriores siempre se aceptó los resultados que dio el ente rector; y segundo, que fue sólo en la ocasión de los comicios del 14 de abril, cuando al no aceptar los resultados y poder contar los votos que de manera dudosa se le permite a la oposición por primera vez se presentó una duda razonable de esos resultados, lo cual nos mantiene en la exigencia de abrir las cajas y revisar los cuadernos de votación, solicitud que rechaza de forma prepotente el CNE. 

                                2,- La abstención de pronunciamiento, no cabe dudas, es una conducta intencional de la Sala Electoral  concertada con el Ejecutivo Nacional, dirigida a producir en el ánimo colectivo la sensación de control de todos los resortes del poder político y provocarnos un sentimiento de impotencia que nos conduzca a la frustración. Bajo ninguna circunstancia es tolerable la irritante e inexcusable mora procesal del órgano judicial. Si se adujera para su justificación la circunstancia de que la parte demandante ha recusado a varios de los magistrados de la Sala Plena, ello no impide para que el juzgado de sustanciación realice su labor de trámite que consiste en la admisión o no del Recurso, citación del C.N.E. en su condición de demandado y de los interesados legítimos, así como la notificación al Ministerio Público, expedir el Cartel de emplazamiento, cumplimiento del lapso probatorio y fijación de la oportunidad para informes orales. Toda esta actividad corresponde realizarla enteramente al juzgado de sustanciación, cuyo titular no está recusado, ni podría estarlo, por cuanto su labor es de mera sustanciación y no de examen del  mérito de la cuestión de fondo. En otras palabras, no es de su competencia valorar los elementos que integran la estructura del contencioso electoral, que concluye con la sentencia que pone fin al juicio. Siendo ésta la realidad del proceso, carece de justificación jurídica cualquiera razón o motivo esgrimido por la instancia judicial para no darle vida al proceso al abstenerse de realizar la actividad tramitacional que le compete, independientemente  de que estén planteadas y pendientes de decisión recusaciones contra alguno o varios de los jueces naturales que conforman la Sala Plena.

                Ante esta situación, de clara y evidente violación de la normativa procesal, que comporta desprecio y negación de derechos fundamentales de rango constitucional emanados de la soberanía popular, Usted, procediendo en su legítima condición de representante y apoderado político- electoral del mayoritario sector democrático del conglomerado venezolano, tanto interno como externo, cualidad que le otorgamos los votantes por primera vez con ocasión de la elección presidencial del siete (7) de octubre del año 2012 y ratificada para los comicios del catorce (14) de abril del presente año, está en la ineludible obligación de poner en práctica medidas apropiadas y urgentes que revaliden en toda su integridad el Recurso de impugnación ejercido en contra el viciado proceso electoral presidencial pasado  y que constriña al C.N.E. a realizar las verificaciones demandadas. Consideramos, con vista al retardo delictual en curso, que la posición a adoptar debe ser inequívoca e imperiosa exigencia de que el Consejo Nacional Electoral proceda a allanarse a la práctica de las comprobaciones solicitadas que, más allá del nombre de la persona que firmó el petitorio, debe tenérsela como una preocupación e iniciativa brotada del seno de los titulares de la soberanía popular, a cuyo servicio institucional están sometidos los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, formalmente sugerimos al representante de nuestros derechos e intereses electorales – actualmente dolorosamente comprometidos y hasta negados- Usted, que proceda , sin dilación alguna, a EMPLAZAR PÚBLICAMENTE a los magistrados de la Sala Electoral a darse por enterados de la acción de impugnación propuesta, a darle curso normal al proceso y decidir dentro los lapsos que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia tiene consagrado para dirimir el proceso contencioso electoral, con prontitud, sin dilaciones indebidas, sin formalismos  o reposiciones inútiles y haciendo efectiva la tutela del derecho fundamental invocado, como lo ordena de manera preceptiva y expresa la Constitución de la República en su artículo 26.  En cuanto al lapso de emplazamiento, creemos que no debe exceder de cinco (5) días continuos.

                En espera de su positivo actuar 

 Elías A Buchszer Cabriles

Contralmirante

Coordinador Nacional del Tercer Factor.       

REMISIÓN:  Jose Eugenio Lopez Contreras / Germán Guillen Citerio