SUICIDIO: Por: Humberto García Larralde. Opinión. Venezuela

Humberto García Larralde: Suicidio

29-07-2024 

 

Emisora Costa del Sol 93.1 FM

¿En qué cabeza cabe que quien devastó al país, arruinó su economía, destruyó los servicios públicos, provocó la migración de una cuarta parte de la población, acabó con la posibilidad de que las mayorías disfrutasen de medios de sustento dignos, reprimió y se burló de la gente con promesas que jamás cumplió, pudiese ganar unas elecciones libres? ¿Cómo creer que el pueblo venezolano, tan sufrido, haya premiado en las urnas al peor gobierno que ha conocido la historia del país?

Los fascistas jamás se pasearon por estas interrogantes porque, para ellos, nunca tuvieron sentido. Siendo expresión de los mejores intereses del Pueblo –por “revolucionarios”–, la elección no podía sino confirmar a quien pusieran ellos de candidato. Se llama a votar, sí, ¡pero no para elegir a otro! Desde meses se dieron a la tarea de cometer cuanto abuso y atropello les ocurriera, inhabilitando candidatos, inventando conspiraciones para apresar a figuras opositoras, hostigando a activistas, obstaculizando, como sea, las movilizaciones populares, impidiendo la llegada de observadores internacionales, acaparando medios y mintiendo, mintiendo y mintiendo. Pero lejos de amilanar las ansias de cambio de la gente, las exacerbó aún más. Conscientes de que iban a ser derrotados de manera fulminante, decidieron, entonces, tirar la parada definitiva.

Y montaron el sainete del cual somos testigos. Primero, no le entregarían a los testigos de oposición copias de las actas de escrutinio en aquello centros en que podían salirse con las suyas. Luego, le prohibirían la entrada de Delsa Solórzano a la sala de totalización del CNE. Antes, en horas en que todavía transcurría la votación, grabarían a Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello, sonrientes, felicitando al “pueblo” por la jornada, a la par que Schemel (Hinterlaces) lanzaría –a pesar de la supuesta prohibición de dar a conocer resultados antes del CNE—un “exit poll” señalando un “triunfo” de Maduro en las mismas proporciones en que anunciaría finalmente Amoroso. Y todo ello, a pesar de que, video tras video en circulación los desmentía mostrando a la gente celebrando, en cada Centro de Votación, la contundente victoria de Edmundo sobre Maduro que arrojaba el conteo de votos: 2 a 1 o 3 a 1. Confirmado, además, por los exit polls confiables que se fueron dando a conocer. Pero, no, ¡ganó Maduro! El cinismo, la falta de escrúpulos y el desprecio por la voluntad de la gente se pierde de vista.

Una de las características más odiosas de las autocracias de inspiración ideológica –como la fascista en Venezuela—es la soberbia y la prepotencia con que se conducen. Dueños de una verdad indiscutible construida a partir del imaginario conque justificaron su ascenso al poder, son impermeables a todo cuestionamiento. Sus críticos son basura. Creyendo haber descubierto los misterios del devenir histórico al haber liderado una “Revolución”, despliegan una pretendida superioridad moral para burlarse de todo aquello que refuta su retórica. En posesión de la maquinaria del Estado, desconocen los derechos de todo aquel que no se sume a la buena nueva, amparados en la convicción de que el único rasero de lo “Justo”, de lo que distingue lo correcto de lo que no lo es –es decir, entre el bien y el mal—lo pauta su funcionalidad para con el avance del poder “revolucionario”. Y como la “revolución” son ellos, la defensa de sus intereses –sus privilegios, inmunidad y los despojos de que se han apoderado—absuelve todo atropello ejecutado con ese propósito. Los fines trascendentes involucrados convierte a la Historia en juez supremo. Y ellos son sus custodios. Y, mientras más poder acumulan, más necesitan refugiarse en las argucias conque justifican el desmontaje del Estado de derecho y la imposición de un ejercicio despótico en el que, por antonomasia, la razón siempre estará de su parte. La anomia del poderoso.

Los griegos clásicos se referían a posturas semejantes de soberbia y prepotencia como hibris o hubris, una desmesura y falta de modestia respecto a sus propias limitaciones, que pervierten el trato de una persona con otros y/o con los elementos de su entorno. Es la soberbia que enceguece a los dictadores, porque, emborrachados de poder, confunden las posibilidades reales de que algo suceda con sus pretensiones particulares. Y cometen errores, minando su posición de dominio. Subsumidos en su burbuja ideológica, pierden la capacidad (o el interés) de corregirse. Es la realidad la que debe adaptarse a sus designios. La razón de la fuerza por encima de la fuerza de la razón.

A estas tempranas horas nadie sabe si los fascistas podrán salirse con la suya. Esperemos que no. El liderazgo democrático siente, en estos momentos, el enorme peso de la responsabilidad que le toca asumir en la conquista de la libertad. Ya las primeras reacciones a nivel internacional le exigen a Maduro las cuentas claras. Difícil que el pueblo se resigne a un escamoteo tan grosero.

¿Qué “legitimidad” conquistaron los chavo-maduristas con tan vulgar fraude? ¿A quiénes creen engañar? ¿Se conquistó “la paz y la tranquilidad”? ¿Se allanó el camino para atraer inversiones y generar empleo? ¿Los países aledaños pueden confiarse en que no se incrementará el flujo migratorio hacia ellos? ¿Se levantarán las sanciones? ¿La Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desistirán de sus investigaciones ante estos resultados? ¿Quedará todavía abierta la puerta de una justicia transicional, condicionada al retorno a la democracia?

Repito, es muy difícil saber qué va a ocurrir. Pero tengo la convicción de que, lejos de un triunfo que el fascismo merecería celebrar, el sainete que montaron parece, claramente, su suicidio.

¡La Historia No los absolverá!

Economista, profesor (J), Universidad Central de Venezuela

FUENTE: Costa del Sol / https://www.costadelsolfm.org/2024/07/29/humberto-garcia-larralde-suicidio/

CARTA ABIERTA a Delcy Rodríguez, de Humberto García Larralde

CARTA ABIERTA

A: Delcy Rodríguez,

Vicepresidente.

De: Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

Vie 05/04/2024 

Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares

Me complace saber que Ud. introdujo un proyecto de ley contra el fascismo en la Asamblea Nacional. El fascismo ha sido, sin duda, una calamidad terrible para los venezolanos en estos últimos 25 años al negarles sus derechos y el ejercicio pleno de sus libertades. Nunca creí que su gobierno tendría el valor de enfrentarlo. Pero, como estudioso del tema, me permito hacerle las siguientes observaciones.

Toda ley debe señalar de forma precisa lo que se propone para que su aplicación sea provechosa. Al declarar en el artículo 2 (# 3), que busca "prevenir y erradicar toda forma de odio y discriminación", se evidencia una inexcusable omisión de los motivos políticos para tal discriminación. Éstos, más que ningún otro, definen al fascismo. Al definir lo que se considera fascismo (artículo 4), igualmente se incurre en un lamentable yerro.  El fascismo no es ni ha sido una ideología. Contrario al comunismo, nunca se formuló como doctrina, como aclara el conocido escrito de Umberto Eco, Ur Fascismo. La ausencia de una ideología fascista común llevó a los movimientos caracterizados por tal denominación –Ustacha, Cruz de Hierro, Falange—a erigir imaginarios inspirados en realidades propias de cada país (constructos ideológicos a la medida) para atraer y galvanizar a sus partidarios, como explican Payne[1], Paxton[2] y otros expertos. Cada uno invocaba épicas y mitos fundacionales que glorificaban las virtudes y proezas del pueblo objeto de su particular retórica redentora, para contraponerlas a las lacras de quienes eran señalados como opresores y enemigos. Al hacer tal distinción, el "Pueblo" ya no era el conjunto de seres que integran la población nacional, sino sólo aquellos identificados con la gesta fascista. El discurso del Gran Líder es el que define, por tanto, que es y que no es "Pueblo". Estos últimos, al no comulgar con la única verdad aceptable son considerados enemigos, apátridas, a los que es menester enfrentar.

Se asienta con ello una visión maniquea, determinante de lo que es correcto e incorrecto, plasmando una moralina que nutre los discursos de discriminación y odio. Esto, Delcy, es clave en el fascismo. Desde el Estado se les niegan derechos a los que no son "Pueblo", muchas veces con la aplicación de la violencia, la criminalización de toda protesta justa y/o la maquinación arbitraria de "conspiraciones" para inculpar a opositores incómodos, con la complicidad de un poder judicial abyecto --los Juristas del Horror a que se refiere Ingo Müller en su libro sobre la "justicia" nazi. Porque la política es, para el fascismo, una guerra en la que el opositor no es un adversario con derechos, sino un enemigo a liquidar. No hay juego político posible, solo sumisión y regimentación de lo social, bajo las directrices del líder carismático. De ahí que su discurso ensalza lo militar, plagado de una jerga sobre batallas y brigadas, como de muchos símbolos patrioteros, que alimentan el culto a su persona (al héroe) y a la muerte. Se organizan bandas paramilitares –los movimientos de camisa: pardas, negras, azules, rojas, según sea el país—para doblegar e intimidar violentamente al "enemigo".  La experiencia venezolana, con el abuso de la figura de Bolívar y de la guerra de Independencia es muy ilustrativa. "¡Patria, socialismo o muerte!".

Lo señalado permite identificar un aspecto central al fascismo, Delcy, de la que su propuesta carece, lastimosamente. Y es que las prácticas fascistas se asientan en y desde el Estado. "Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado", sentenció Mussolini. Tiene vocación totalitaria. El individuo se subsume en los dictámenes de un Estado omnipresente, resumen de la "Patria". Desaparece la ciudadanía, diluida en una dócil masa informe de seres. Por tanto, en su definición de fascismo (Art. 4) es un contrasentido incluir al "neoliberalismo" y al "conservadurismo moral".

Una primera síntesis señalaría al fascismo como un movimiento populista que, al apoderarse del Estado, instala una dictadura militarizada que discrimina a quienes señala como enemigos y apela a la violencia para someterlos, motivada por un lenguaje de odios, en nombre de la justicia y la defensa de la patria.

Soslayar tan central aspecto, Delcy, deja fuera al principal horror del fascismo. No son sus mensajes de odio, sino la violación extensiva, desde el Estado, de los derechos humanos. Ya existe una "ley contra el odio" que, de paso, se viene usando más bien para perseguir voces críticas contra el gobierno, es decir, como instrumento fascista. Recordemos, además, que el fascismo venezolano expulsó hace poco al personal del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Se había retirado, en 2013, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se contraviene, así, lo señalado en el artículo 8 de su proyecto, acerca de la promoción de una red internacional "comprometida con la lucha contra el fascismo…". Ese artículo, reformulado, tendría sentido si desenmascara a partidos políticos de una izquierda primitiva que se solidarizan automáticamente con regímenes fascistoides, a cuenta de que se autodenominan "de izquierda". Investigaciones serias apuntan, hoy, a la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad contra la población.

Luego está el espinoso asunto de las sanciones. A sabiendas de que el fascismo se agencia desde el Estado, tiene poco sentido imponerle multas a sus financistas particulares, como establece el artículo 27. El fascismo venezolano se financia expoliando al Estado. En vez de multas, hay que penalizar tales prácticas, conforme a un Estado de derecho comprometido con la separación de poderes, la rendición de cuentas, la transparencia y la libertad de medios, como establece el ordenamiento constitucional.

Finalmente, en cuanto a sanciones penales (artículos 22-24), ¿Qué van a hacer con Diosdado Cabello? Muy bien que cierren su repulsivo programa, "con el mazo dando", su tribuna para insultar, descalificar y acusar a venezolanos valiosos. ¡Lenguaje de odio como ese, difícil! Pero es un hombre perverso y peligroso, sin escrúpulos, de cuidar, ¡capaz de hacerse nombrar presidente de la Alta Comisión Contra el Fascismo a que se refiere el artículo 18, para desviar acciones en su contra! ¿Y cómo proceder con Padrino López, Hernández Dala, González López y demás esbirros militares, torturadores y represores? ¿Se imagina, Delcy, metiéndolos presos, igual que a tu hermano Jorge? Y, para ser sinceros, usted tampoco quedaría por fuera. Para colmo, el artículo 25 pone al fiscal general a dirigir las investigaciones contra el fascismo, cuando él –Tarek William Saab-- es agente central de sus prácticas, inventando, cual Torquemada, conspiraciones y atentados terroristas para deshacerse de venezolanos críticos. Y no podía faltar, desde luego, quien, supuestamente, da las órdenes al respecto, Nicolás Maduro Moros.

En conclusión, para combatir de verdad al fascismo, Delcy, es menester restablecer el Estado de derecho consagrado en nuestra constitución, de manera de impedir el uso abusivo del poder, someter a los militares al poder civil, asegurar la independencia e idoneidad de los poderes legislativo, judicial y electoral, y velar por los derechos de los venezolanos consagrados en sus capítulos III a IX. Y, como este gobierno ha dado pruebas fehacientes de que restituir y proteger tales derechos le resbala, es imprescindible cumplir con lo dispuesto en los artículos 5 y 6, para que el pueblo soberano decida, democráticamente, su gobierno. Éste deberá promover organizaciones defensoras de DD.HH., proteger la libertad de los medios, liberar a los presos políticos y castigar los atropellos desde el poder.

En fin, las pocas luces --¿mala intención?—de quienes redactaron su proyecto de ley, Delcy, lleva a sugerir que le cambie el título por el de, Ley a favor del fascismo, neofascismo y expresiones similares.

Cordialmente,

Humberto García Larralde

Autor del libro, El fascismo del siglo XXI. La amenaza totalitaria del proyecto político de Hugo Chávez Frías, Random-Mondadori, 2008. 

Legitimidad. Por: Humberto García Larralde, economista, profesor UCV. Opinión. Venezuela.

Legitimidad 

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com 

El año que comienza encierra un formidable desafío para los venezolanos demócratas: construir una fuerza política lo suficientemente amplia, incluyente y enraizada en las aspiraciones de las amplias mayorías que asegure su confianza, requisito para forjar una victoria electoral en 2024, y poner así fin a lo que ha sido, sin duda, el peor gobierno de Venezuela desde que los proventos del petróleo permitieron la consolidación del Estado nacional. Elemento importante habrá de ser, desde luego, la culminación exitosa del proceso de primarias entre las fuerzas opositoras para escoger un candidato unitario que pueda encarnar las esperanzas de esas mayorías. Habrá de resultar, necesariamente, de una conducción certera del liderazgo político, capaz de capitalizar las ventajas inherentes a la propuesta de cambio y reducir las vulnerabilidades que ha permitido a la dictadura prolongar su poder.

Lamentablemente, el año arranca con mal pie. Una representación mayoritaria de la Asamblea Nacional electa en 2015, conformada por los partidos AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, acordó cesar la Presidencia Interina (PI), obviando la importancia de conservar la legitimidad constitucional frente al régimen de facto. Al violentar el ordenamiento de nuestra Carta Magna, éste se convirtió en dictadura. Recuperar la democracia implica, por tanto, apelar a la Constitución para rescatar las instituciones que fundamentan los derechos que le dan contenido. Dado el fraude electoral de 2018, la fórmula residió, como sabemos, en su artículo 233. Establece el nombramiento provisional del presidente de la Asamblea Nacional en ese cargo ante la inexistencia de un presidente (legítimo). Por tanto, como han reiterado meritorios juristas, el interinato que recayó en Juan Guaidó no deriva de las atribuciones de la Asamblea Nacional, sino de la Constitución. No corresponde a aquella cesarlo si aún persisten las condiciones que le dieron origen. Es inconsistente, además, que una Asamblea que argumenta legitimidad en términos similares al de la PI –alegando que la elección de la Asamblea madurista no fue válida (constitucionalmente)— ignore tal fundamentación cuando se trata de deshacerse de la PI. Peor aún, en su decisión crea un Consejo de Administración y Protección de Activos que pretende arrogarse potestades de resguardo y ejecución de activos nacionales mantenidos en el extranjero, propias del poder Ejecutivo. Al quebrantar el precepto básico de la división y autonomía de poderes, viola de nuevo la Constitución. ¿Ante quién rendirá cuentas este consejo, quién lo controlará?  

Para superar de manera expedita el problema del deterioro percibido en la legitimidad política de Guaidó en la PI, los tres partidos deciden acabar con uno de los elementos decisivos que deben distinguir la opción opositora ante el gobierno de facto de Maduro: su legitimidad constitucional. No pretenden estas líneas hacer un balance del interinato. Coincido, con muchos, en que se cometieron graves errores que terminaron atrincherando más a Maduro. En retrospectiva, es relativamente fácil señalarlos. Está el caso del pretendido alzamiento del 30 de abril de 2019 sin contar con las condiciones que asegurasen su éxito. Se entiende que una acción de esta naturaleza no puede someterse a la consulta democrática, ¿Pero fue una decisión exclusivamente personal? Porque es también fácil olvidarse, interesadamente, del entusiasmo y apoyo que, en sus comienzos, suscitaron muchas de las posturas asumidas desde la PI. Al asumirse como poder legislativo legítimo, la Asamblea electa en 2015 debía haber evaluado y controlado la acción de la PI para reducir su vulnerabilidad ante el asedio antidemocrático. Por ejemplo, los señalamientos en torno a la gestión de Monómeros --nunca bien aclarados--, no dio lugar a medidas. Se evidencia, por ende, que la pérdida de legitimidad política se extiende a la oposición en general.

Repito, es fácil, en retrospectiva, señalar yerros, más cuando se comenta desde la distancia. Pero ello no impide exigir un mínimo de consistencia cuando se tome una decisión de trascendencia política, como la tomada por los tres partidos en cuestión, en vez de echarle todo el muerto a Juan Guaidó. Si la Asamblea electa en 2015 se considera legítima, es porque reclama el derecho a asumir las responsabilidades que conciernen al poder legislativo, a pesar del desconocimiento del gobierno de facto. Entre éstas estaría designar un nuevo presidente (de la Asamblea) y, por tanto, a quien le toca ejercer la PI, o fijar límites claros a su gestión, sujetos a la rendición adecuada de cuentas. La caída en la aceptación popular de todas las fuerzas opositoras, no obstante el hecho de que la inmensa mayoría sigue rechazando al gobierno de facto, es señal clara de que comparten la pérdida de legitimidad política. Se perciben incapaces de conectarse con las aspiraciones y problemas reales de la gente. Inspiran poca confianza. Y menos ahora cuando su incapacidad de procesar diferencias políticas en su seno sin desestimar el orden constitucional, dejan entrever la prevalencia de intereses subalternos.

Las fuerzas democráticas enfrentan a un régimen que abdicó de su legitimidad al conculcar, con la complicidad de un tsj írrito, las potestades del Poder Legislativo electo en 2015 y al pretender perpetuarse con procesos electorales amañados que niegan la alternabilidad. Este atropello a la institucionalidad democrática fue acompañado de un despliegue de acciones represivas ante la protesta ciudadana, con saldo de muertes, torturas y persecuciones. Este irrespeto abierto a los derechos humanos ahondó aún más su ilegitimidad, ahora también en términos éticos y de justicia. Finalmente, la ausencia de contrapesos y la anuencia de un poder judicial cómplice les allanó el camino a muchos "revolucionarios" para entrarle a saco a las arcas públicas, destruyendo los servicios básicos a la población y condenando a las mayorías a niveles de miseria impensadas en un país con los recursos petroleros de Venezuela. La "tapa del frasco" dictatorial ha sido al atropello o cierre de medios de comunicación independientes, más de 100 radiodifusoras en los últimos meses.  

La violación abierta del orden constitucional por parte del régimen de facto de Maduro ha provocado su rechazo por parte de gobiernos democráticos de Europa y América. Ello se ha concretado, entre otras cosas, en sanciones a quienes han sido señalados como violadores de derechos humanos y de atentar contra la democracia, o de estar incursos en lavados de dinero o tráfico de drogas. Pero también en negarle a la actual gestión de Maduro, en atención a su ilegitimidad, el manejo de recursos de la nación ubicados en algunos de esos países. La legitimidad constitucional de una representación nacional alterna, la de la PI, ha sido factor tomado en cuenta para esta determinación.

Es obvio que los países desarrollados tienen sus propios intereses, pero también –al menos entre las democracias más importantes—que la defensa de valores y principios liberales de convivencia y respeto a los derechos humanos constituyen un activo que aprecian, pues aumenta su ascendencia (softpower) ante aquellas naciones que buscan, de ellas, liderazgo e inspiración. No siempre logran conciliar ambos aspectos, pero en el caso venezolano, el apego a la Constitución por parte de las fuerzas democráticas les facilitó asumir una postura consistente con la defensa de los activos de nuestra nación en el exterior ante la voracidad de los apetitos expoliadores de quienes controlan el poder. Limó en algo el alcance de la acusación de injerencia parcializada proferida por parte de regímenes dictatoriales amigos de Maduro.  

Ahora que las circunstancias internacionales se han alterado por la invasión rusa a Ucrania y por la amenaza percibida por algunos en el empoderamiento de China, cabe preguntarse si, ante los avatares de la lucha democrática en un país de menor importancia, seguirán prevaleciendo decisiones que amparen los bienes nacionales de la voracidad chavo-madurista o se impondrán cambios en razón de otros intereses estratégicos en EE.UU. y la UE. Estamos hablando de CITGO, del oro de las reservas venezolanas custodiado por el Banco de Inglaterra y de otros activos.

No ayuda en nada reclamar soberanía sobre estos activos a partir de un ente que consume la violación del ordenamiento constitucional, como es el Consejo de Administración y Protección de Activos. Tampoco la pretensión de superar las incomodidades e insuficiencias de una PI poco presta a una gestión consensuada, recurriendo a procedimientos reminiscentes de la politiquería que tanto daño causó a nuestra democracia en el pasado. ¿Así se construye la unidad que desplazar al fascismo?  

REMISIÓN: Sergio Sáez. 

El callejón sin salida de Maduro. Por: Humberto García Larralde, economista, profesor jubilado, UCV. Venezuela.

El callejón sin salida de Maduro 

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

La escalada en el precio de la divisa, su presión al alza de los precios internos, y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y de quienes dependen de otras rentas fijas, pone de manifiesto el callejón sin salida a que Maduro ha conducido la economía. Quiso ganar méritos con la liberalización de precios y de la divisa, pero sin alterar la esencia del régimen de expoliación que instauró su mentor desmontando el Estado de Derecho. Un poquito de historia ayuda a poner el problema en perspectiva.

Chávez llegó al poder con una prédica populista y patriotera que prometía redimir al "Pueblo". Su éxito requería allanar las condiciones para repartir la renta petrolera a discreción entre sus partidarios, sin restricciones de ningún tipo. Fue clave para superar las dificultades políticas que inicialmente provocó la acción de su gobierno. Por tanto, desmanteló sucesivamente aquellas instituciones que se interponían al ejercicio de su voluntad, pues ésta no era otra cosa que su "revolución". El vacío de poder resultante lo llenó con su autoridad personal omnímoda, amparada en el carisma que arrojó su irreverencia ante normas y poderes establecidos, y la portentosa renta petrolera captada, sobre todo a partir de 2006, que alimentó el gasto populista. Desactivado el imperio de la ley, pudieron cobijarse bajo su ala protectora apetitos depredadores de toda laya. Su único compromiso era profesar lealtad a quien profesaba ser el hijo genuino del Libertador. Así Chávez pudo instrumentar su ascendencia y la prolífica renta que cayó en sus manos para forjar complicidades que consolidarían su apoyo, sobre todo entre militares corruptos.

Maduro, designado sucesor del "eterno", no contó con el carisma de aquél ni con los montos de renta que alegremente dilapidó para granjearse apoyos. Ante la ausencia del poder personal de su mentor, optó por enfrentar el vacío institucional montando una institucionalidad paralela. La complicidad de un poder judicial corrupto le permitió violentar abiertamente el orden constitucional para desactivar un poder legislativo en manos de fuerzas democráticas y, con ello, alegar un régimen de emergencia permanente para gobernar por decreto, hacerse aprobar sus presupuestos ante el tsj abyecto y acentuar los controles sobre la economía. Y, frente las protestas, arreció con medidas de represión que dejaron centenares de muertos y consolidó un régimen implacable de terrorismo de Estado. Complementó su golpe poniendo a militares traidores al frente de responsabilidades políticas y económicas cruciales –incluida PdVSA—y trampeando el sistema electoral para instalar una supuesta asamblea constituyente y "reelegirse". Es decir, contribuyó a "institucionalizar" el entresijo de intereses que conforman el régimen de expoliación. Con ello se llevó a la economía por delante, reduciéndola a menos de la cuarta parte de cuando llegó a la presidencia y desatando una cruel hiperinflación. Llevó a millones a la miseria, al destierro o la muerte.

La liberalización de algunos controles de precio, de la circulación del dólar y las medidas para abatir la hiperinflación –asesoradas por profesionales vinculados al expresidente ecuatoriano Rafael Correa--se montó sobre tal bagaje. Y, dada la enorme potencialidad de la economía venezolana, sofocada por años, estos respiros iniciales detuvieron la caída libre de la actividad productiva y esta empezó a crecer. A la par, la dolarización se reflejó en la proliferación de comercios de importación –los bodegones—y la revitalización de algunas construcciones en el este de Caracas. La hiperinflación cedió, al fin, al quemar divisas para retrasar el ajuste cambiario, reducir el gasto público –rebajando drásticamente los sueldos (reales) de los empleados—y secando el crédito bancario con encajes prohibitivos. Fueron los ingredientes de la tan cacareada "normalización" de la economía de la que alardeó Maduro.  

Simular tal vitrina buscó tapar el colapso de los servicios públicos, incluyendo a la salud y la educación, la miseria de quienes no disponían de dólares, la destrucción de PdVSA y la escasez de gasolina, y el hecho de que la inflación todavía era de las mayores del mundo, sólo superada por la de Zimbabue. Bajo la superficie se imponía la realidad de una economía devastada, ingresos fiscales insuficientes, una corrupción desatada y una administración pública sin capacidad de respuesta.

Pero la pretensión de Maduro de cosechar réditos surfeando la ola de una promisoria liberalización incipiente se olvidó de lo más importante: sin garantías, no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión la "normalización" hace aguas. En primer lugar, porque –como hemos explicado en otras oportunidades—intentar estabilizar una economía con niveles de desempleo tan altos solo con medidas de contracción monetaria, atenta contra la recuperación económica e impide, por tanto, incrementar la recaudación fiscal. Siendo que la República está en default desde 2017 e impedida, además, de acceder al sistema financiero de EE.UU. por las sanciones, tampoco tiene acceso al financiamiento externo. Todo aumento del gasto, bien sea para atender una mejora salarial o de los servicios públicos tropieza con la falta de recursos. Se financia, por ende, con emisión monetaria (dinero "inorgánico"), combustible de la inflación y de la disparada del dólar. En segundo lugar, sin inversión no hay crecimiento de la producción y de la capacidad exportadora, del empleo y de la productividad. Recurrir al dinero de Monopolio para incrementar los salarios, resultó una burla que hoy agota la paciencia de sectores crecientes.

Las reservas internacionales están en su mínimo histórico y ya no es posible contener el alza del dólar. Desde principios de mes (diciembre), el bolívar se ha depreciado en casi un 40%. La inflación se acelera y aumenta el malestar. Los servicios públicos están cada vez peores y recrudece la escasez de gasolina. Se acabó la cuerda de la "normalización" de Maduro. Al aproximarse las elecciones presidenciales, ¿Qué va a hacer? ¿Volver a decretar aumentos salariales imprimiendo dinero, o renegar de éstas? La reversión a un proceso de hiperinflación es una posibilidad real. Zimbabue parece estar en camino.

No hay manera de estabilizar exitosamente la economía venezolana si no se crean condiciones para incentivar la inversión productiva. Pero para ello son menester las garantías y seguridades provenientes del ordenamiento constitucional, así como su observación estricta por parte de los distintos órganos del Estado. Ello es condición sine qua non, además, para concertar importantes créditos con los multilaterales y negociar la reestructuración de la cuantiosa deuda externa que agobia a la República.  Pero cumplir con estas condiciones implica desmontar el régimen de expoliación, razón de ser de la "revolución" bolivariana.  De ahí el callejón sin salida en que se encuentra Maduro. O restablece las garantías, arremete contra los corruptos y garantiza la realización de unas elecciones creíbles, que abran las puertas al restablecimiento pleno de los derechos ciudadanos, o se cierra tras el andamiaje del Estado de Terror y de la falta de garantías que ha erigido para capear el creciente temporal con base en la represión. El cierre reciente de unas 100 emisoras de radio de provincia no es muy alentador.

La apuesta de Maduro es lograr escapar de este desiderátum con el levantamiento de las sanciones que tanto han fastidiado la voracidad depredadora de sus cómplices. Cree que, así, podrá conservar el apoyo de éstos y lograr, a la vez, un mejor posicionamiento interno para enfrentar las elecciones con mejoras puntuales, sin hacer excesivas trampas. Ya ha confesado que no habrá elecciones confiables si no se le concede su deseo. Y empiezan a salivar Diosdado Cabello y otros con la perspectiva de oportunidades que entrevén con la dispensa otorgada a la empresa Chevron para exportar petróleo venezolano y con los USD 3 mil millones para atender la emergencia humanitaria. Caimanes en boca de caño.

De ahí lo decisivo de una negociación sólida y coherente con los objetivos planteados. Liberar los presos políticos, recuperar las garantías básicas y garantizar unas elecciones confiables, deben ser condiciones para acceder al levantamiento progresivo –contra verificación de avances concretos—de las sanciones. Obviamente, ello dependerá de la sintonía lograda con quienes han instrumentado estas sanciones en torno a los objetivos buscados y la estrategia para logarlos. Esperemos que el liderazgo democrático esté a la altura. 

REMISIÖN: De: Humberto García

Enviado: lunes, 12 de diciembre de 2022 16:04
Asunto: Callejón sin salida. 

Del comunismo al gangsterismo. La naturaleza del régimen de Maduro. Por: Humberto García Larralde, economista, profesor jubilado. UCV. Venezuela

Del comunismo al gangsterismo. La naturaleza del régimen de Maduro

 

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

 

Preocupación permanente del liderazgo opositor en su lucha por la democracia ha sido saber a qué nos enfrentamos. El aprendizaje ha sido duro. La ilusión de que el régimen bolivariano entraría en razón ante las protestas y denuncias de derechos violados, o que se deslegitimaría con la abstención electoral, se estrellaron contra la férrea determinación de Chávez de ignorar reglas de juego que consideraba de la "democracia burguesa". Como "revolucionario", estaba comprometido con la "refundación de la patria", tarea histórica que no admitía concesiones al adversario –ahora enemigo— en respeto al juego político tradicional. Evitó ser desarmado en la prosecución de su misión desmantelando las instituciones de la democracia liberal y rompiendo con el orden constitucional que él mismo había prohijado al comenzar. Su carisma, el deterioro de los partidos tradicionales y las prácticas populistas que le permitió financiar la renta petrolera, lograron cautivar a amplios sectores de la población, galvanizados tras de sí por una retórica maniquea que proyectaba a quienes lo enfrentaban como enemigos del pueblo.

 

Resultó que Chávez no era sólo un líder heterodoxo, difícil de encasillar conforme a cánones conocidos.  No era demócrata. ¿Dónde ubicarlo, entonces? Su prédica populista, confrontacional, intolerante y militarista, junto a otros aspectos de su conducta, suscitaron la obvia tipificación de fascista. Pero, no en los términos denigratorios con que cierta izquierda descalifica a sus detractores, sino en atención a los rasgos fundamentales que caracterizan lo que algunos analistas[1] llaman "fascismo genérico": la lucha política entendida como la guerra por otros medios, la invocación de épicas mitificadas que animan al "verdadero" pueblo –noble, puro y homogéneo— al combate contra sus enemigos, tanto internos como externos, la pasión por encima de la razón como fuerza movilizadora y un patrioterismo extremo. Ello se acompañó con la violencia callejera como medio de lucha, la regimentación partidaria en movimientos paramilitares "de camisa", la militarización de la sociedad y el culto a la muerte --"Patria, socialismo o muerte". Todo ello cobijado en una falsa realidad construida con base en un discurso maniqueo lleno de odios contra los adversarios, el cercenamiento de las libertades, el sometimiento de la población a la voluntad de un carismático líder, la discriminación de la disidencia y la imposición de una verdad única. Dada la distancia con respecto al fascismo clásico de los años '20 y '30 del siglo pasado, y en atención a las particularidades que le tocó vivir, cabe el uso del término "neofascista" en referencia a Chávez.

 

Pero con su alegre entrega a la tutela de Fidel Castro y el protagonismo de un núcleo de la vieja izquierda entre sus partidarios, Chávez asumió un porte filocomunista para su "revolución". Le permitió heredar clichés e imaginarios de la mitología comunista, dándole mayor cuerpo a sus inflamas contra el "imperio". Propuso implantar un "socialismo del siglo XXI", con lo cual se granjeó simpatías entre sectores izquierdosos a nivel mundial. Dio pie a que se tildase a su régimen de comunista o "castrocomunista". Sin embargo, salvando la deriva hacia categorías retóricas afines al marxismo, su comportamiento político cambió muy poco con respecto a la matriz fascista original. Puede argumentarse, al respecto, la similitud del comunismo con el fascismo en cuanto a su naturaleza proto-totalitaria.

 

Empero, hay una importante diferencia que incide en la calificación del régimen chavo-madurista actual. El fascismo no fue un movimiento doctrinario. Careció de una visión omnicomprensiva de la realidad a partir de la cual entresacar las claves de la conducta partidaria. Sus posturas ideológicas se construían en respuesta a los imperativos de lucha contra quienes identificaba como enemigos. El comunismo, al contrario, se cimentaba en una escolástica marxiana adosada con prescripciones políticas de Lenin en su lucha contra el régimen zarista, sistematizada por Stalin. Entre sus implicaciones doctrinarias, destaca un criterio de verdad que se define por su funcionalidad para con la revolución. Si la superación del capitalismo por el socialismo es inevitable, como pronostica el materialismo histórico, todo lo que facilita tal desenlace es, por tanto, verdad, impermeable a desmentidos empíricos independientes. Ello legitima la conducta y la moral comunista ante todo cuestionamiento externo. A despecho de las pretensiones "cientificistas" del propio Marx, la prédica comunista terminó siendo un asunto de fe. Esta confianza en una teleología inexorable llevó a la conformación de un poderosísimo instrumento de lucha política en la forma del Partido Comunista, tan útil a las ansias de dominio de Stalin. Horroriza la admisión de culpa de viejos bolcheviques ante las acusaciones fabricadas en su contra durante los juicios de Moscú (1937) –que llevaron a muchos a ser condenados a muerte—por no debilitar el rol histórico del Partido.  

 

El disparate chavo-madurista no comulga en nada con tal disciplina bolchevique. No obstante, su criterio acomodaticio de "verdad" favorece la absolución y legitimación de la profunda y deliberada corrupción de cúpulas militares, jueces y de muchas policías, para convertirlos en cómplices del régimen de expoliación que resultó del desmantelamiento del ordenamiento constitucional y del Estado de Derecho. No olvidemos que Maduro se formó políticamente en la escuela de cuadros en Cuba. Se sostiene hoy gracias a una alianza entre cofradías mafiosas amparadas en las fuerzas más retrógradas y perniciosas del planeta –Putin, la teocracia iraní, Ortega, las narcoguerrillas colombianas y Cuba. Sus multimillonarias fortunas emergen a cada rato en las pesquisas de valiosos periodistas de investigación y/o a través de escándalos que estallan en la prensa internacional. Y, con la complicidad militar y la impunidad que otorga una justicia abyecta, ha podido activar prácticas de terrorismo de Estado para aplastar a sus detractores. El blindaje ideológico "absuelve" los tratos más crueles contra quienes luchan por sus derechos, recogidos en reportes de la ONU, la OEA y de respetadas ONGs: persecuciones, detenciones, desapariciones, maltratos a familiares, robos, torturas y muertes. La responsabilidad directa de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino en estos crímenes, atribuida en el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no es óbice para que personajes tan depravados se yerguen sobre un pedestal de pretendida "supremacía moral revolucionaria" para denostar a quienes los acusan por arremeter contra los "intereses del Pueblo". ¡El mundo al revés!

 

El menjurje de tan nefastos componentes –fascio-comunismo militarista y mafioso— dibuja un régimen en descomposición capaz, no obstante, de legitimarse a sí mismo y ante sectores muy primitivos de "izquierda" con su retórica "revolucionaria". Su mejor calificativo es el de "gansteril".  Como se ha visto obligado a liberalizar aspectos de su manejo de la economía, se han producido reacomodos en su interior que podrían favorecer las posibilidades de cambio. Pero poco indica que el poder tan cruel que se ha atrincherado en Venezuela para conservar, como sea, sus privilegios, haya cambiado en su esencia.

 

Ello plantea la pregunta obligatoria, ¿Puede negociarse una salida basada en elecciones confiables con este poder? No hay más remedio que intentarlo. Pero la única esperanza de que sus personeros accedan a acuerdos que rescaten la democracia, es que se negocie desde una posición de fuerza. El canje reciente de los narcosobrinos presos en EE.UU. por estadounidenses mantenidos como rehenes por Maduro indica que, de parte del gobierno de aquel país, predominan criterios e intereses que no coinciden, necesariamente, con los de la lucha por la democracia en Venezuela. Pone de manifiesto que la constitución de esa fuerza capaz de arrancarle al chavo-madurismo concesiones que faciliten el retorno a la democracia es, sobre todo, asunto de los propios venezolanos.  

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[1] Stanley Payne, A History of Fascism 1914-45, Routledge, London and New York, 1997; Robert Paxton, Anatomía del fascismo, Ediciones Península, Barcelona, España, 2005

ANEXO: 

Del comunismo al gansterismo.pdf

La encrucijada de Maduro. Por: Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

La encrucijada de Maduro.

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

 

De un tiempo para acá el régimen de Maduro viene tomando decisiones para una mayor liberalización y apertura de la economía, poco congruentes con cualquier idea de "socialismo del siglo XXI". Suspendió los controles de precio a muchos bienes y servicios (pero sin abrogar la Ley de Precios Justos); derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios, permitiendo la circulación y posesión de divisas; reemplazó el control de cambio por un régimen de flotación "sucia" (intervención del BCV); liberalizó el comercio exterior; anunció la venta de activos públicos, amparada en una "Ley Antibloqueo", y la de acciones de algunas empresas públicas; y aprobó una Ley de Zonas Económicas Especiales para atraer inversiones, si bien poco "liberal" y muy discrecional en su aplicación. Promueve inversiones extranjeras también en el sector petrolero y crea un Centro Internacional de Inversión Productiva, en el marco de la Ley Antibloqueo. Por boca de la vicepresidente Delcy Rodríguez, también ministra de Economía y Finanzas, nos enteramos de una Agenda Económica Bolivariana con 18 motores productivos. Supongo que la idea es que ahora no operen en retroceso. Maduro, por su parte, habla de construir un poderoso sistema tributario, alabando al existente en EE.UU. y otros países avanzados, a la par que se acerca al sector privado, anunciando el desarrollo de su "vocación productiva y exportadora".

 

A la par, se aplicó un ajuste draconiano para acotar la hiperinflación. Redujo drásticamente el gasto estatal, incluyendo sueldos, a costa de un deterioro aún mayor de los servicios públicos; ancló el precio del dólar, liquidando divisas escasas en el mercado cambiario; y asfixió la actividad crediticia de la banca imponiendo niveles de encaje prohibitivos. Aun así, la inflación (anualizada) sigue entre las más altas del globo --137,1% para finales de julio. Y, con el anclaje cambiario, se sobrevaluó todavía más el bolívar.

 

No es de sorprender que ante una mayor estabilidad y luego de tantos años reprimidas con toda suerte de controles y arbitrariedades, algunas actividades económicas respondieran positivamente, a pesar de las inconsistencias o insuficiencias de algunas medidas. Se volvieron a llenar los anaqueles en los supermercados y se activó una burbuja en torno a la comercialización de bienes importados y alguna construcción al este de Caracas. Algunos rubros agropecuarios e industrias también pudieron aumentar su producción al tener libertad para importar insumos (con sus propios dólares).

 

Maduro no resistió la tentación de cantar victoria: el país "se estaba arreglando". Esta ilusión, a espaldas de las penurias de la inmensa mayoría de la población, de la proliferación de apagones, de las carencias en el suministro de agua y de servicios de todo tipo, se insufló con la perspectiva de que la relación con Colombia mejoraría tras el triunfo de Gustavo Petro. Parecía abrirse la oportunidad de admitir elecciones creíbles para atemperar, así, algunas sanciones y el ostracismo externo a que fue sometido. Ya no serían tan riesgosas, dado su "éxito económico" y el desarreglo en que aparentaba encontrarse la oposición.

 

Pero arreglar al país no es "soplar y hacer botellas". Las medidas referidas escasamente modificaron el sustrato sobre el que se levanta la economía chavista. Siguió la desconfianza derivada de la ausencia de garantías económicas y humanas, de la inseguridad asociada al desmantelamiento del Estado de derecho, así como de la precariedad de una política antiinflacionaria apoyada en el anclaje cambiario: la destrucción de la industria petrolera dejó al Estado sin suficientes divisas para asegurar la estabilidad del tipo de cambio. Como se temía, este arreglo no pudo sostenerse. El precio del dólar ha aumentado un 45% desde mediados de agosto. La expectativa de que la economía caiga de nuevo en un espiral de depreciación – inflación, con impactos adversos sobre el nivel de vida de los venezolanos, plantea un difícil problema a Maduro, sobre todo porque el colapso de estos últimos ocho años ha dejado a la economía doméstica con escasa capacidad de respuesta ante ello.

 

No puede olvidarse que Chávez hizo lo posible por reemplazar el ordenamiento constitucional, el Estado de derecho y los mecanismos de mercado, por el imperio de su propia voluntad, a cuenta de encarnar, por antonomasia, los fines redentores de su "revolución". Al amparo de la ausencia de garantías, de la opacidad y de la no rendición de cuentas que trajo la destrucción de la autonomía y el equilibrio de poderes --incluyendo medios de comunicación independientes y una ciudadanía activa —y de una impunidad asegurada a cambio de profesar lealtad al "comandante", aparecieron poderosas mafias dedicadas a expoliar la riqueza nacional. Una vez que quedó atrás la bonanza petrolera de 2008 a 2014 –precios del crudo por encima o cercanos a los $100/barril—se desnudó la inopia que hoy plaga al país. Imposible satisfacer ahora las alianzas que sostenían a Maduro, sobre todo el apoyo de militares que traicionaron su juramento, y hubo que instrumentar medidas de liberalización económica que abrieran un respiro a muchos de sus cómplices. Y de la economía venezolana, dada la enorme potencialidad que aún tiene a pesar del desastre chavista, no dejaron de brotar mejoras visibles. Rápidamente fueron capitalizadas políticamente por el régimen con aquello de que "Venezuela se arregló".

 

Pero la implantación de una economía de mercado que materializara estas potencialidades, ni siquiera está a mitad de camino. ¿Cómo atraer inversiones, fomentar la producción y generar empleo bien remunerado, sin eliminar la estructura de privilegios y de intereses creados que depredan al Estado? No basta con retirar los ojos de Chávez de las edificaciones públicas. ¿Cómo restablecer un intercambio fructífero con Colombia sin atacar a los traficantes de gasolina, de drogas, contrabandistas y las bandas criminales que han operado bajo las narices o con participación activa de militares quienes, supuestamente, custodian la frontera? ¿Cómo fomentar el abastecimiento cuando a los productores agropecuarios se les confiscan buena parte de lo transportado en alcabalas y puertos? ¿Cómo ser competitivo y aumentar la producción industrial cuando no se cuenta con un suministro eléctrico, de agua, gasolina y gas, estables? Y, sin contar con un aparato productivo robusto y en ausencia de financiamiento internacional, la estabilización de precios y del tipo de cambio se hace muy cuesta arriba. Sobre todo, es poco lo que puede aportar un Estado tan malogrado para que las medidas funcionen.

 

Y así se pinta la encrucijada que enfrenta hoy Maduro. O arremete contra los intereses creados que, junto con su mentor, alimentó --para desgracia de Venezuela-- o languidece, con escasas posibilidades de cosechar el éxito político anhelado, en una situación de limitada capacidad económica, creciente conflictividad social y política, perpetuación de su aislamiento internacional y creciente vulnerabilidad. El gobierno de EE.UU, acaba de aclarar que se mantienen las sanciones. Difícilmente, puede esperarse de Maduro las reformas que el país demanda. Fiel a su naturaleza fascista, ha respondido a las amenazas que percibe a su poder, incrementando las medidas represivas.

 

Sin embargo, para bien de las posibilidades de transición hacia la democracia, existe ahora un factor que debe ser aprovechado. La narrativa del gobierno ha cambiado diametralmente. Ya no es congruente que enfrente o se haga el loco ante los reclamos de que sean cumplidas algunas garantías constitucionales propicias al establecimiento de una economía productiva, incluidas las referentes a los derechos humanos, a cuenta de estar construyendo el socialismo del siglo XXI. A menos que prefiera revertir al caos anterior, con el consiguiente costo político, debe admitir la pertinencia de estos reclamos. No es que creamos que el gobierno empiece ahora, como si nada, a responder ante estas demandas. Pero se ha abierto un espacio favorable a una plataforma de reivindicaciones, legitimadas en las pretensiones que --al menos de la boca para afuera-- anuncia el gobierno, para apalancar las fuerzas para el cambio. Y ello debe ser aprovechado para poner en evidencia las contradicciones del chavismo y erigirse en la alternativa auténtica posible al desastre chavomadurista.

 

Sólo un movimiento cohesionado en torno a un programa coherente y viable, capaz de interpretar las aspiraciones de la gente y respaldada con las posibilidades de contar con importantes financiamientos internacionales, podrá sacar al país de este atolladero. No desaprovechemos la oportunidad.

NOTA DE REMISIÓN: 

De: Sergio Sáez 

Date: lun, 29 ago 2022 a la(s) 20:48

Subject: Re: Encrucijada

Nuestro apreciado Profesor Humberto García Larralde describe la desastrosa situación económica en que se encuentra el país gracias a las medidas que ha venido tomando el régimen madurista. Análisis que debe dársele la más amplia difusión y comentarios en diferentes foros.

Creo se puede abrir una apuesta que ninguno de los pseudos economistas y opinadores de oficio del régimen tendrán el atrevimiento y argumentos para rebatir lo aquí expresado.

Se agradece hacerlo llegar a los integrantes de sus listas de correos.

Cordiales saludos. 

ANEXO: 

La encrucijada de Maduro.pdf

 

Rentismo, del peor. Por: Humberto García Larralde. Opinión Economista. Ciudadanía. Profesor UCV. Venezuela.

Humberto García

Rentismo, del peor

 

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

 

La semana pasada Nicolás Maduro declaró que la economía venezolana había crecido dos dígitos durante el primer semestre. No precisó cifra alguna. Como se sabe, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar datos sobre la economía real desde 2019. No obstante, entes bastante más serios corroboran que, según sus propias estimaciones, hubo un crecimiento significativo el primer trimestre del año con respecto a igual período del año pasado; del 7,8% según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). ¿Qué puede decirse al respecto?

 

En primer lugar, es menester poner las cosas en perspectiva. Se trata de un aumento con relación a niveles de actividad económica absolutamente paupérrimos. A pesar de la inexistencia de cifras oficiales, hay coincidencia en señalar que, para el cierre del año 2020, ésta había descendido a apenas la cuarta parte de la de 2013. El ligero aumento que se presume hubo el año pasado no altera las magnitudes en referencia: una tasa de crecimiento del 7,8%, de sostenerse durante todo el año, equivaldría a apenas el dos por ciento en una economía del tamaño de la de 2013. Otra manera de calibrar la magnitud de la devastación urdida por los "revolucionarios" sobre los medios de vida de los venezolanos es señalar que recuperarse de una caída del 75% implica que la economía aumente un 400% (¡!). 

 

Eppur si muove. La razón fundamental es el incremento en la actividad petrolera. Cifras oficiales, reproducidas en el boletín mensual de la OPEP, señalan un aumento del 138% en la producción petrolera de Venezuela durante el primer semestre de 2022, con relación al primer semestre de 2021. Tampoco es que se está aproximando a las cifras lanzadas al garete por Maduro, que habló de 2 millones de barriles diarios (b/d) para finales de 2022 (¡!) Los datos del propio gobierno señalan una producción promedia de 745 mil b/d, mientras que, según fuentes secundarias, estaría en torno a 716 b/d. Al arribar Maduro a la presidencia, se producía, según cifras oficiales, por encima de 2,7 millones de b/d. Para cuando EE.UU. empezó a aplicar sanciones contra PdVSA –enero de 2019--, militares y otros pícaros puestos por Maduro para dirigir (ordeñar) la empresa, habían destruido a la mitad esta producción.

 

Pero, además, la guerra criminal desatada por el amigo de Maduro, Putin, en contra de la población de su vecina Ucrania, ha hecho volar por los aires los precios del crudo. El marcador de la cesta de exportación de Venezuela, Merey, estaba por encima de USD 90/barril en junio. Por exportación de crudo pudo haber ingresado en la primera mitad del año más de 2,5 veces el monto que entró en 2021. Claro, el ingreso neto es bastante menor por la necesidad de importar productos refinados (incluyendo gasolina) y petróleo liviano para mezclarlo con el pesado de la Faja. 

 

Dada la devastación de la economía doméstica, Venezuela depende hoy aún más de estos ingresos, a pesar de la destrucción de PdVSA. La pregunta obligada es, ¿qué se está haciendo con este incremento en los proventos del petróleo? ¿Se puede confiar en que apuntalen la recuperación del país?

 

Conviene una breve explicación de lo que entendemos por "renta petrolera" para discernir lo que está en juego. Una renta es una ganancia extraordinaria, más allá de la que podría considerarse "normal", es decir, aquella que resultaría al fragor de la competencia de muchos en el mercado. Es atribuible a factores monopólicos en la venta del producto, en este caso, petróleo, por lo que no corresponde a la remuneración del esfuerzo productivo, propiamente dicho. Se lo embolsilla el dueño del recurso. En Venezuela, por razones históricas –equívocos que no vamos a explicar en este breve artículo--, la renta –ese ingreso no productivo—la capta el Estado.

 

Hacia el peor de los rentismos

La utilización de esta renta por parte de gobiernos para adelantar sus objetivos de política es la base del rentismo. La estrategia de la "siembra del petróleo" que se siguió durante buena parte del siglo pasado fue rentista.  Desde que Uslar escribió el famoso editorial del diario Ahora, el petróleo se consideró un agente externo al desarrollo, reducido a proveer --a través del incremento de los impuestos-- el mayor ingreso posible para los planes de gobierno. Al comienzo se aplicó un rentismo positivo, pues se invirtieron los proventos de la venta internacional de crudo en infraestructura y servicios públicos de cobertura universal, en incentivos a la actividad productiva de otros sectores y en la mejora en las condiciones generales de vida de la población, en particular, la educación y la salud. No obstante, la competencia política entre los partidos que se alternaban en el poder los fue filtrando hacia prácticas populistas y clientelares. Se exacerbó en Venezuela la caza de rentas (rent-seeking), creándose múltiples vías para transar con quienes decidían su asignación. Un rentismo malo se adueñó del país, vulnerable a la demagogia de salvadores de la patria. Atendiendo a estos cantos de sirena y oponiendo el intento del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez por corregir los entuertos que ayudó a sembrar en el primero, desembocamos en la tragedia chavista de estos últimos veintitantos años.

 

Chávez llevó al rentismo a niveles aún peores de perversión. Desmanteló las instituciones edificadas por la democracia, sobre todo del equilibrio e independencia de poderes, la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, y las normas que resguardan los recursos de la nación ante prácticas depredadoras. Acabó con los medios de comunicación libres y reprimió la disidencia. La caza de rentas se convirtió en argamasa para cohesionar lealtades, sobre todo de un núcleo de militares traidores. En fin, se convirtió en el botín a repartir en nombre de una supuesta "revolución" socialista. Pero esta depredación, como vimos, terminó matando la gallina de los huevos de oro. Y murieron, de verdad, por mengua o acribillado por la represión y por bandas criminales, demasiados venezolanos.

 

Ahora que se presentan estos ingresos extraordinarios –rentas-- de que tanto alardea Maduro, cabe preguntarse: ¿el venezolano de a pie podrá esperar un servicio de luz eléctrica confiable, una buena atención de salud, agua permanente, gasolina? ¿Mejorará el alumbrado, se repararán las vías, escuelas, hospitales, las instalaciones universitarias? En el marco de la privatización soterrada (Ley "Antibloqueo") y la venta de acciones de empresas públicas, ¿puede esperarse un proceso de saneamiento del Estado que le devuelva al ciudadano seguridad y ofrezca soluciones a sus problemas?

 

Una respuesta positiva a las anteriores preguntas supone la instrumentación de medidas que le pongan coto a las prácticas depredadoras que entretejen las alianzas que sostienen a Maduro. Implica el retorno a un Estado de Derecho, a una institucionalidad que resguarde los intereses de las mayorías frente a las apetencias de quienes controlan el poder. ¿Hay razones para pensar que ello esté ocurriendo?

 

Acontecimientos recientes indican lo contrario. La detención de dirigentes sindicales de Bandera Roja bajo la acusación de terroristas, las amenazas contra ONGs defensoras de derechos humanos, el espionaje y bloqueo de portales de medios independientes y de opositores en general ordenados a Movistar/Telefónica, la permanencia de más de 300 presos políticos y la matraca generalizada, entre otras cosas, son expresión de intereses atrincherados en el poder para mantener sus privilegios.

 

Algo del incremento en los ingresos petroleros se cuela hacia otros sectores. Lamentablemente, buena parte se malgasta intentando contener el alza del dólar, en medio de un proceso de expansión monetaria. La permanencia, además, de exoneraciones de impuestos a la importación, junto a la sobrevaluación del bolívar, dificulta significativamente la competitividad de muchos sectores productivos. Los salarios siguen muy deprimidos. Estudios recientes colocan a Venezuela apenas por encima de Haití como el país más pobre de Latinoamérica. ¿Qué va a pasar cuando retornen los precios del crudo de los elevados niveles en que los colocó la cruel matanza de Putin contra el pueblo ucraniano? 

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REMISIÓN: 

De: Sergio Sáez 

Date: lun, 18 jul 2022 a la(s) 21:01