Denunciarán ante la ONU crímenes ecológicos en Amazonas. Por: Verney Frontado. Profesor UCV. Venezuela.

Denunciarán ante la ONU crímenes ecológicos en Amazonas

Puerto Ayacucho, 04/10/2020. 

El profesor de la UCV Verney Frontado acompañado del ingeniero forestal y ambientalista Pedro Felipe, de la abogada y profesional de la enfermería Carmen Guzmán, el ingeniero en sistema Juan Carlos Arvelo; José Antonio Escobar coordinador de TUPAZ, la dirigente del sector salud Dilcia Graterol, el profesor Luis Urbina y el dirigente del sector pesquero Diomedes Ojeda. Anunciaron que tramitaran para presentar a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet, un informe sobre crímenes ecológicos que afectan al Amazonas y toda la Amazonía continental.

 

Amazonas un estado fronterizo con Brasil y Colombia de 170 mil habitantes que posee una extensión territorial superior a 115 naciones del planeta.  Entre los crímenes ecológicos para extracción de oro se encuentran lo que sucede en el cerro Yapakana en el Parque Nacional Yapacana y la contaminación con mercurio en el río Atabapo y sus afluentes; aguas que van al Orinoco y ponen en peligro la vida acuática y humana.

 

El profesor Verney Frontado  resaltó que la destrucción comenzó con la penetración de mineros brasileros llamados "garimpeiros" al Parque Nacional la Neblina (decreto No. 2.279 del 7 de marzo de 1979)   a buscar oro ilegalmente. En este parque existe uno de los "reservorios genéticos más importante del mundo". Es un material de origen vegetal, animal y microbiano de valor real o potencial, de aprovechamiento medicinal y alimenticio, que también están en otros lugares que están siendo arrasados.  En 1989 estos garimpeiros fueron noticia nacional y del conocimiento del alto gobierno, sin que se hiciera algo significativo para detener estas acciones nocivas. Todo se quedó en la retórica acostumbrada y en la detención de algunos mineros por unos días. Desde entonces la destrucción no ha dejado de avanzar.

 

El ingeniero forestal y ambientalista Pedro Felipe señaló que Amazonas es considerado como un "reservorio de biodiversidad único e insustituible" por tener recursos genéticos, faunísticos, energéticos y de diversas plantas tropicales, algunas estudiadas por prestigiosos laboratorios, pero la mayoría es desconocida. Este capital biológico, antes de ser inventariado y aprovechado en beneficio de la humanidad, pero que en la actualidad está siendo destruido.

 

La profesional del derecho Carmen Guzmán finalizó resaltando que luego de la desaparición de cientos de miles de millones de dólares provenientes de los ingresos del petróleo y dado a la crisis causa en PDVSA; ahora buscan en la extracción indiscriminada del oro solventar la falta de liquidez pero causando daños irreparables al país y al planeta dado que los daños a la Amazonia representa una grave lesión al continente y a la humanidad

 

VAMOS Voluntarios por Amazonas

TUPAZ Todos Unidos Por Amazonas

Verney Frontado 

CI: 1564827 

Cel. 04268937173 

Correo: veyfrontado@gmail.com

DOCUMENTO WORD

REMISIÓN: 

De: Robin Rodríguez r19ster@gmail.com 

Date: dom., 4 de oct. de 2020 a la(s) 15:01

Subject: Denunciarán ante la ONU crímenes ecológicos en Amazonas

Las aberraciones sexuales del aparato de represión chavista. Por: Tulio Hernández. Opinión Venezuela.

Las aberraciones sexuales del aparato de represión chavista.

Por: Tulio Hernández 

@tulioehernandez

30 septiembre, 2020  

Es una imagen dolorosa y ofensiva. Cuando un guardia nacional del Sebin, o un torturador del G2 cubano, entra omnipotente en una celda  dispuesto a abusar sexualmente de otro hombre, de un preso de conciencia,  mientras otros dos "guardianes de la revolución"sujetan a la víctima, sabe bien que su objetivo es quebrar moral y anímicamente a un activista político.

Es abuso sexual, violencia sexual, intimidación sexual y ultraje sexual. Las cuatro ofensas a la vez. Pero el objetivo del acto se resume en la palabra humillación.  Porque en este caso el acto de violación  no está planeado sólo para el goce personal del violador, sino que forma parte de una estrategia de demolición anímica y castigo ejemplar concebida por los laboratorios de guerra sicológica del régimen para lesionar moralmente a la víctima, aplastarle su estima, vulnerar su resistencia y fracturar la sique de los opositores. Se trata de humillar al Otro degradándolo sexualmente. Una aberración extrema.

En Venezuela sabíamos bien que la humillación sexual era una práctica común entre las tantas tecnologías de aniquilación moral utilizadas por el chavismo. Entre otras razones, lo sabíamos  por el ruido estremecedor que lograron generarlos testimonios de la jueza María Lourdes Afiuni. Una de las tantas mujeres privadas de libertad, y castigada sin piedad ni pudor, por órdenes personales del teniente coronel Hugo Chávez.

La jueza, que hasta el momento había sido obediente con el régimen, desafió la ira de los dioses rojos al dejar en libertad –todo indica que ateniéndose a las leyes–, a Eligio Cedeño, un empresario de oscuro pedigrí, enemigo personal del Comandante Eterno. Apenas Afiuni firmó la orden de excarcelación, de inmediato, sin juicio ni averiguación previa, fue buscada en su casa y llevada a la cárcel.

No había terminado de acomodarse en su celda cuando comenzaron los abusos: aislamiento, golpizas, amenazas de muerte y, por supuesto, todas las variantes de la violencia sexual. Tan intensas que, tal y como lo narra el periodista Francisco Olivares en su libro La presa del comandante (La hoja del norte, 2013), la señora Afiuni tuvo que ser sometida de urgencia a una histerectomía y reconstrucción de sus órganos sexuales, vejiga y uno de sus senos, necrosado a causa de la patada propinada por uno de los custodios con su bota militar.

Tan grande era el sufrimiento de esta víctima que el propio Noam Chomsky, el gran lingüista de Havard, otro enamorado solo de la "revolución bonita", escribió una carta a Hugo Chávez, de su puño y letra, implorándole clemencia.   

No fue el único escándalo de abusos sexuales. En febrero de 2014 se hizo pública la denuncia de otro ultraje cometido, esta vez contra Juan Manuel Carrasco, preso político a quien, según los denunciantes, entre otras torturas se le introdujo por el recto el cañón de un fusil para obligarlo a confesar ser parte de un plan de magnicidio.

Fue tan grande el escándalo que la Fiscal General de la Nación de entonces, Luisa Ortega Díaz, en el presente asilada en Bogotá, perseguida por Nicolás Maduro, tuvo que salir a defender públicamente a los cuerpos de seguridad. La Fiscal, disciplinadamente, desde un estudio de televisión, en horario infantil, mostró a las cámaras un fusil intentando demostrar que su cañón era muy largo como para introducírselo a alguien por el recto, que es muy corto.

Luego preguntó a los periodistas –la escena está recogida en mi libro Una nación a la deriva (Libros de El Nacional, 2017)– algo así como: "¿Ustedes creen que una persona a la que se le haya introducido la punta de un fusil (sic) puede sentarse en una audiencia de presentación como lo hizo Carrasco sin mostrar molestias?".

Hasta aquel momento, sin embargo, muchos creíamos que estos actos lascivos eran excepcionales. Quizás caprichos del presidente Chávez cuando la ira le sacaba a flote su monstruo interior. O, tal vez, iniciativa individual de algún asesor iraní pervertido. Pero nos equivocábamos.

Porque ahora, gracias al Informe de la Misión Internacional Independiente sobre Derechos Humanos en Venezuela –nombrada por la ONU, presidida por Marta Valiñas, la misma persona que condujo los informes sobre la desaparición de 47 estudiantes en México– sabemos que no. 

Que la violencia sexual era, y es, una práctica no solo frecuente sino sistemática. De Estado. Y que, junto a las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, asesinatos en prisión y torturas, forma parte de los 233 casos sólidamente documentados por investigación que ha concluido declarando a los jerarcas del régimen –Maduro del Ejecutivo; Cabello, del falso parlamento; Padrino, ministro de Defensa; y Reverol, ministro del Interior– criminales de lesa humanidad.

Las perversiones sexuales usadas como arma política por el chavismo no tienen, diría un creyente, perdón de Dios. Pero tampoco de la Justicia Internacional que las condena severamente. El propio Informe lo advierte: "Los actos de violencia sexual, incluida la violación, tanto contra hombres como contra mujeres, están prohibidos como tales por el derecho venezolano y por el derecho penal internacional. 

Cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático, pueden constituir uno o más de los crímenes de lesa humanidad enumerados en el artículo 7 del Estatuto de Roma".

En el Informe se documentan "violaciones", "amenazas de violación", "contacto con partes del cuerpo de carácter sexual", "actos de violencia dirigidos a los genitales", "amenazas de mutilación genital", "desnudez forzada", "ser obligado a presenciar actos de violencia sexual contra otras personas".

De primera mano, conozco el testimonio de un joven –casi un adolescente– activista político de la resistencia democrática que, allá por el año 2012, mientras Chávez agonizaba en La Habana, fue obligado a presenciar la violación de su novia, llevada a la prisión solo para la escenificación del estupro.

Dos guardias nacionales le mantenían la cabeza fija para que no dejara de ver, y una mujer le sujetó las manos para evitar que se tapara los oídos. Cuando ya creían que todo había terminado, y el violador –un oficial cincuentón–  se relamía de gusto, los roles cambiaron: a ella la obligaron a ver y escuchar mientras otro guardia de relevo violaba a su novio.

Son recuerdos que forman parte no solo del Informe de la Comisión Independiente, presentado el pasado 23 de septiembre a la Asamblea General de la ONU, sino del legado de sufrimiento colectivo que nos dejó Hugo Chávez. Heridas con las que, por largos años –igual que los colombianos víctimas de la violencia paramilitar, estatal, narcotraficante  y guerrillera–,  cargaremos dolorosamente a cuestas. De las cuales trataremos de curarnos y ojalá lo logremos, para hallar la paz que, estoy seguro, los violadores rojos no encontrarán nunca.

Porque, como dice la poeta rumana Ana Blandiana, cuando la justicia aún no existe, la memoria se convierte en una forma de la justicia.

FUENTE: Tal Cual Digital 

IMAGEN INFERIOR: Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez. Julio 17, 2012.  

FUENTE: HRW.ORG 

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (II) Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Venezuela.

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (II)

Enrique Prieto Silva

Sábado 26 de septiembre de 2020

 

Antes referimos que, a partir de 1998, luego de la firma del Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional, surgió la esperanza de que no queden impune en Venezuela los delitos inherentes a la violación de los DDHH y crímenes de guerra y de lesa humanidad por falta de justicia en el país, a consecuencia de las propuestas "revolucionarias" de este manido y disparatado régimen de gobierno surgido de la locura del militarismo chavista. Dicho Estatuto entró en vigencia a partir de julio de 2002.

 

También referimos, que consta en el Informe de la ONU, al que hacemos referencia, que al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa, se ha alegado que "fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron violencia excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención".

 

Sin dudas, hay muchas mas violaciones a los DDHH, vistos en todas las informaciones tenidas por órganos oficiales y privados, en referencia a las acciones represivas tomadas por el Ejecutivo Nacional, con la gravedad de que han quedado en evidencia la conchupancia del Poder Judicial, que ha avalado estas violaciones, al permitir que se produzcan errores de acción y procedimiento en los órganos que fungen como represores, cuya identidad y autoridad legal y constitucional para el ejercicio de la función policial ha sido cuestionada, dada la incoherencia funcional y su naturaleza como órganos de investigación criminal y/o de orden público, cuyo fundamentó está especificado en el artículo 332 de la Constitución: "…los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil…", por lo que, cuando el GN actúa en funciones de Orden Público, no lo hace con su carácter de funcionario militar, sino como funcionario de seguridad ciudadana. En todo caso, conforme al mismo artículo 261 mencionado, "…La comisión de delitos comunes, violaciones de derecho humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios."

 

Es de gravedad, lo que hemos venido criticando, tanto en el Foro Penal Venezolano, como en el Foro Militar Venezolano, que se haya militarizado la función policial, dando campo a la acción inconstitucional, de utilizar los órganos de la Fuerza Armada Nacional en la represión de las manifestaciones públicas; y mas grave aún, que se haya penalizado esta actividad como de delitos militares, utilizando en este absurdo jurídico a la Justicia Militar, violando el contenido preciso del artículo 261 de la Constitución, que establece, que esta justicia solo es para delitos de naturaleza militar, lo que es incompatible con esta actuación. Y mas grave aún, que el mismo artículo establece que los delitos comunes, violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados por tribunales ordinarios. Es decir, aparta expresamente a los tribunales militares de todo lo que tiene que ver con orden público.

 

Hemos visto con gran preocupación, que, mientras la Constitución expresamente reduce la función de la FAN a la defensa militar en la seguridad del Estado, y aparta a los militares activos de la participación política, indignamente el TSJ en sentencia específica de la sala Constitucional y de la Sala plena, haya desnaturalizado el contenido del artículo 330 de la Constitucional al decidir en amparo solicitado por el Frente Institucional Militar, que la participación de los militares en manifestaciones políticas públicas, lo hace en "reconocimiento al su comandante en jefe", en contra del contenido constitucional que prohíbe la participación del militar activo en cargos de elección popular, en campañas o proselitismo político. ¿Podríamos decir, que los magistrados que votaron a favor de esta sentencia pueden considerarse incursos en la violación del artículo de la Constitución, cuyo contenido repetimos?: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores."

 

Recordar también a los magistrados, que conforme al artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que la responsabilidad penal es individual y la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales, como los son los magistrados pudieran ser enjuiciados por sus actos, ya que ni siquiera pueden alegar cumplimiento de órdenes superiores; y de serlo, sería indignante para la conciencia de la República, que hubiera que aleccionar a los magistrados de su máximo Tribunal de Justicia, "en lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado", donde queda claro que el superior será penalmente responsable por los crímenes de Ia competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, o no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos do su investigación y enjuiciamiento. También, que el subalterno que cumpla la orden arbitraria es también responsable sin que pueda alegar el cumplimiento de órdenes superiores.

 

También son responsables los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la militarización de la función policial y de la justicia, ya que no lo han impedido de oficio como debieran hacerlo, y tampoco han resuelto el amparo solicitado por el Foro Militar Venezolano a la Corte Marcial, para que ésta anule todas las actuaciones de los tribunales militares que han sometido a juicio a civiles y militares por la presunta comisión de delitos que no son de naturaleza militar; amparo en el cual por mandato legal declinó competencia ante la Sala Constitucional del TSJ, aún sin resolver después de casi dos años de su solicitud.

 

En la próxima entrega continuaremos con la absurda creación de organizaciones militares al margen del mandato constitucional y la judicialización también inconstitucional de la inteligencia militar.

 @Enriqueprietos

REMISIÓN

De: Enrique Prieto Silva

Date: sáb., 26 de sep. de 2020 a la(s) 18:25

Subject: EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (II)

Con mi cordial saludo,

Enrique Prieto Silva

ARTÍCULO RELACIONADO:  

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (I)

DESCARGA: 

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (II)

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (I) Por: Enrique Prieto Silva. Opinión. Venezuela

EL INFORME DE LA ONU SOBRE DDHH EN VENEZUELA (I)

Enrique Prieto Silva

Lunes 21 de septiembre de 2020

Queremos iniciar esta serie derivada del Informe presentado por la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que presentara al Consejo de Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la resolución 42/25 del Consejo, de 27 de septiembre de 2019, refiriendo la gran relevancia que ha tomado el tratamiento jurídico en Venezuela de lo inherente a la violación de los DDHH y crímenes de lesa humanidad a partir de 1998, cuando firma el Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional, toda vez que a falta de justicia en el país, surgió la esperanza de que no queden impune estos delitos, y hasta crímenes de guerra, si se vislumbra en el país la posibilidad de una equiparación de las estados de emergencia, que pudieran endilgarse  a las propuesta "revolucionarias" de este manido y disparatado régimen de gobierno surgido de la locura del militarismo chavista.

Referimos antes, que la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, anunció que había decidido abrir un examen preliminar sobre Venezuela, e indicó que el examen preliminar analizaría crímenes presuntamente cometidos en "este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa". "En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron violencia excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención".

Referimos también, que quedó en suspenso la acción de la Corte, que conforme al Artículo 15 del Estatuto, el Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre Ia base de información acerca de un crimen de Ia competencia de Ia Corte; analizando Ia veracidad de Ia información recibida y con tal fin podría recabar más información de los Estados, de los Órganos de las Naciones Unidas, de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en Ia sede de Ia Corte. De llegar a Ia conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a Ia Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello.

Pautan las normas procesales, que en el transcurso de la investigación, las victimas podrán presentar observaciones a Ia Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, por lo que Ia Sala si considera que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto corresponda a su competencia, autorizará el inicio de Ia investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar Ia Corte con respecto a su competencia y Ia admisibilidad de Ia causa.

Es de interés observar, que conforme al artículo 25 del Estatuto, la responsabilidad penal es individual y la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales. Sin embargo, en lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado, queda claro que el superior será penalmente responsable por los crímenes de Ia competencia de Ia Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, o no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos do su investigación y enjuiciamiento.

Valorando la importancia del informe, de los hechos y las normas en la materia, conviene resaltar, que la Constitución de la República de Venezuela da relevancia a los delitos pautados en el Estatuto de Roma, a los que da con vigencia supraconstitucional. Así, en el artículo 23 establece que: "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional…y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. El artículo 25 establece, que: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y Ia ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores."

Sobre la relevancia y vigencia de las normas en esta materia, tenemos que resaltar la importancia e influencia de los derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico en el mundo, que ha sido destacada por el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, quien dijo: "A partir de la última posguerra se desarrolló una rama del derecho internacional público que cobró importancia vital: el derecho internacional de los derechos humanos. La internacionalización de los derechos humanos no fue un fenómeno secundario sino un cambio de paradigma que importó la más importante de las transformaciones jurídicas del siglo XX"; y como lo asoman los tratadistas y los ponentes de esta rama jurídica, el cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos (DDHH) o derechos del hombre, es un tema esencialísimo en la agenda internacional de los Estados, y su vigencia cobra cada día en forma progresiva y sostenida una relevante importancia, de forma tal, que hoy se admite mundialmente, que su vigilancia no se circunscribe exclusivamente a la esfera del derecho interno del Estado sino que además, sobre él tiene competencia el Derecho Internacional (DI), el cual puede exigir su acatamiento a través de los mecanismos, instituciones y órganos existentes fuera de las fronteras del Estado.

  Después de 50 años de expectativas y discusiones y de haberse justificado plenamente su creación, para atender la jurisdicción internacional, fue creado el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas, órgano de carácter permanente y dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya creación fue aprobada en el transcurso de una conferencia celebrada en 1998 en Roma por representantes de 120 países (7 se opusieron y 21 se abstuvieron).

El Tratado de Roma, que preveía su creación y su estatuto jurídico fue firmado el 18 de julio de ese mismo año por un primer grupo de 20 países que se adhirieron a su contenido. También se acordó el comienzo de sus funciones hacia el año 2001, cuando aproximadamente 50 Estados hubiesen ratificado dicho documento, con sede en La Haya, donde también radica el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Las competencias del Tribunal se extienden al procesamiento de individuos que cometan "los más graves crímenes contra la comunidad internacional" (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión) y ante los cuales el Estado concernido no inicie, por voluntad propia o incapacidad, el correspondiente procedimiento.

Con la creación de este Tribunal Internacional se puso fin al debate sobre la legitimidad de los tribunales Ad-hoc que han existido hasta ahora (Nüremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda), encargados de castigar los crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos por sus dirigentes y militares. Desde el 17 de julio de 1998, 139 países han firmado el Estatuto de Roma, de los cuales más de 76 lo han ratificado. Entró en vigencia el 1° de julio de 2002. Sin embargo, sobre el particular existe una discusión a nivel mundial acerca de si la Corte Penal Internacional podría tomar casos ocurridos antes del 1° de julio de 2002, no obstante, el texto del Estatuto es claro al respecto al indicar en el Art. 21 que éste entraría en vigencia hacia el futuro. Sin embargo, las reglas de no impunidad e imprescriptibilidad de los crímenes han sido utilizadas para justificar los Tribunales especiales de Nüremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia, con estatutos y tribunales Ad-Hoc, elaborados y constituidos después de los hechos.

En tal sentido, el Estatuto de Roma permite hacer uso de otros tratados y principios de derecho internacional que sean aplicables, así como de otras fuentes de derecho que no colidan con los numerales 1, 2 y 3 del referido artículo 21. Sin embargo, es de esperarse que sea la propia Corte Penal Internacional, de ser informada de alguno de esos casos, la que dicte la última palabra. Los Magistrados de la Corte Penal Internacional fueron electos en enero de 2003, año en el cual la Corte iniciaría el conocimiento de los primeros casos, según el procedimiento de investigación y procesamiento.

Las competencias del Tribunal se extienden al procesamiento de individuos que cometan "los más graves crímenes contra la comunidad internacional" (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión) y ante los cuales el Estado concernido no inicie, por voluntad propia o incapacidad, el correspondiente procedimiento.

@Enriqueprietos

 

Ni la ONU, ni la UE, ni la OEA Maduro: La caída, por Antonio Sánchez García. Opinión. Venezuela

Ni la ONU, ni la UE, ni la OEA Maduro: 

La caída. 

Por: Antonio Sánchez García @sangarccs / 18 septiembre, 2020

Los aliados del criminal de lesa humanidad guardan el más sospechoso silencio. Ni siquiera Cuba, cuyas barbas, todas, o están muertas o están en remojo, ha dicho la menor palabra. Ser un criminal de lesa humanidad, declarado por las Naciones Unidas sin un solo voto en contra, ha convertido al dictador en un paria. Ni China, ni Rusia ni ninguno de los países islámicos ha venido en socorro del leproso. Al desprestigio sucede el desprecio.

El mundo lo quiere fuera del poder y, si fuera posible, desaparecido del mapa. Y como la pandemia ha sensibilizado a la humanidad que se ha hecho consciente de sí misma, la humanidad no quiere criminales que la degraden, la ofendan, la hieran. Maduro ha llegado así a ser el personaje más detestado del planeta. Ni el oro, ni los diamantes, ni el concho petrolero que aún le queda al país más esquilmado, abusado, asaltado, violado y despreciado del planeta puede socorrerlo. Maduro está solo. Absolutamente solo. Aplastado por el odio y el desprecio.

Ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OEA quieren que su salida sea acompañada de algarabías, insurrecciones y bullicio de cañoneras. Entre tanta pandemia y presagios apocalípticos, la humanidad quiere salir de sus taras y lacras sin asustar al vecindario. Quieren que imite a Fujimori y sin decir una sola palabra y ni siquiera escribir una carta de despedida, desaparezca. Para siempre.

Debe ser el deseo de todas las jefaturas de sus ex aliados. Ni a Rusia ni a China, y muchísimo menos a Cuba, les conviene la cercanía y familiaridad de un sujeto que ha alcanzado el dudoso honor de ser el primer criminal de lesa humanidad vivo reconocido como tal por todas las naciones democráticas del orbe. Todos los otros ya están muertos, ahorcados o degollados: Hitler, Goebbels, Eichman, Gadaffi, Sadam Hussein, El Che Guevara, Mao, Fidel Castro, Hugo Chávez.

Tiene, además, a su civilizado verdugo a tiro de piedra. Donald Trump y Angela Merkel, los máximos líderes de las naciones democráticas más importantes y poderosos de Occidente, quieren que se vaya y la presidencia vacante sea ocupada de inmediato por el presidente interino que cuenta con la legitimidad que le da ser el presidente de la Asamblea Nacional, la única institución legítima con que cuenta el escarnecido país.

Y a estas alturas nadie avala su último recurso: unas elecciones pautadas para el 6 de diciembre. Es el repudiado borracho de la fiesta que al momento que quieren echarlo se saca una botella de whiskey del bolsillo y la pone sobre la mesa. La Unión Europea dijo su última palabra: no vendrá a avalar unas elecciones en las condiciones impuestas por un criminal de lesa humanidad. Ni siquiera se trata de que las observe: nadie quiere ser testigo de un crimen.

El orden de los factores altera el producto: el mundo quiere que haya elecciones, pero sin el criminal de lesa humanidad, sin su parapeto electoral y sin sus maquinitas traga perras. Esa decisión es compartida por todos los gobiernos democráticos del mundo y ni siquiera Guaidó, a quien lo empujan a la presidencia una vez desaparecido Maduro, podrá lograr que cambien de opinión.

Resultaría contradictorio y digno de la marcha de la locura, que la oposición venezolana no le hiciera caso a la comunidad internacional e insista en hacerse cómplice de un fraude cantado. El karma ha sido legitimado por la ONU, la Unión Europea y la OEA: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Llegamos al fin de la ruta: el futuro luce al alcance de la mano. A Dios gracias.

@sangarccs 

Fuente original La Patilla

FUENTE: A PUNTO EN LINEA 

 

Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, 12 de marzo de 2020. REUTERS / Manaure Quintero 

El informe de la ONU dejó al descubierto los crímenes de DDHH cometidos por el régimen de Nicolás Maduro

La Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presenta su informe sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas del régimen de Maduro en Venezuela.

lapatilla.com

De acuerdo con la misiva, el régimen chavista “debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza”.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, examinaron otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el régimen, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución 42/25, el 27 de septiembre de 2019. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le encomendó durante un año investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.

La Misión no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes. Además, la Misión se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

La Misión presentará el informe en un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos el 23 de septiembre del 2020.

FUENTE: COSTA DEL SOL 

DESCARGA LA COPIA DEL INFORME EN PDF: 

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(249 K)

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU elogia a Irán. Por: Gatestone Institute. Opinión. Mundo

El Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU elogia a Irán

por Denis MacEoin

2 de Agosto de 2020

Traducción del texto original: The United Nations Human Rights Council Praises Iran

Traducido por El Medio Uno de los peores ejemplos de distorsión deliberada de la realidad lo tenemos en la manera en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), en su informe quinquenal sobre la República Islámica de Irán publicado en febrero-marzo de este mismo año, se deshace en elogios de ese régimen despótico. En la imagen (Fabrice Coffrini / AFP vía Getty Images), el representante de Irán, Mohamad Javad Lariyaní, en un debate sobre el informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán celebrado en la sede ginebrina del CDH el 12 de marzo de 2018.

Hay momentos en que incluso a los más bregados de entre nosotros dejan estupefactos las cosas que dicen o hacen algunos. Por ejemplo quienes, contra la abrumadora evidencia, insisten en que Hitler y los nazis eran buena gente y que el Führer jamás pretendió matar a los judíos. O quienes, contra la abrumadora evidencia, niegan que el coronavirus surgió donde surgió. O quienes niegan igualmente el porcentaje de musulmanes que, según parece –y aunque el número es relativamente pequeño– siguen apoyando al Estado Islámico (ISIS).

Uno de los peores ejemplos de distorsión deliberada de la realidad lo tenemos en la manera en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), en su informe quinquenal sobre la República Islámica de Irán publicado en febrero-marzo de este mismo año, se deshace en elogios de ese régimen despótico. Una mayoría (85%) de los países que contribuyeron a esa farsa escarnecieron los derechos humanos al considerar a la República Islámica un ejemplo rutilante de la materialización de los mismos. Según UN Watch,

49 países (...) ensalzaron al régimen teocrático, y otros 26 expresaron algún elogio por los pretendidos logros de Irán.

La misma fuente recoge (en vídeo) las manifestaciones de algunos de esos países. Rusia, por ejemplo, manifiesta: "Calificamos con una nota muy elevada la cooperación de Irán con los tratados sobre derechos humanos y su apertura al diálogo en el marco del EPU [Examen Periódico Universal]".

También China expresó su entusiasmo:

Encomiamos los esfuerzos de Irán por erradicar la pobreza, reforzar la seguridad social, proteger los derechos de los grupos vulnerables, y confiamos en que siga adelante con el desarrollo económico y social para procurar una base sólida al disfrute de todos los derechos humanos.

El comentario de Venezuela es más sucinto pero no distinto, haciendo suyas las proclamas del régimen iraní:

Saludamos las respuestas aportadas por el Gobierno de [Irán] durante la revisión, en la que confirmó su firme compromiso con la protección de los derechos humanos.

Dichas manifestaciones serían justas si tuvieran por destinatarias a las democracias occidentales que cotidianamente dan muestras de su compromiso con los derechos humanos. Pero sucede que las masivas violaciones a los derechos humanos por parte de la teocracia iraní llevan produciéndose más de 40 años, con pocos respiros.

Uno no sabe ni por dónde empezar.

Irán es desde hace muchos años el segundo país en número de ejecuciones, sólo por detrás de la muchísimo más poblada China. Ambos países llevan décadas condenando a muerte a disidentes políticos y a miembros de minorías religiosas o étnicas.

El maltrato del régimen de Teherán a las mujeres está ampliamente documentado, y comprende desde restricciones al matrimonio, el divorcio y la custodia de menores a la imposición del hiyab, los encarcelamientos prolongados, los flagelamientos y hasta las ejecuciones.

En Irán, los disidentes políticos son tratados con crudeza en las prisiones. El régimen restringe severamente la libertad de expresión y crítica. A menudo se ejecuta a opositores políticos no violentos. Lo mismo cabe decir de los homosexuales. Durante 40 años, el Gobierno iraní ha recurrido a sistemáticamente a la tortura en sus prisiones. Otra formas de castigo extremo empleadas en la República Islámica son igualmente sobrecogedoras:

• Ejecución por lapidamiento.
• Ejecución por ahorcamiento.
• Ejecución por fusilamiento.
• Ejecución por decapitación.
• Ejecución por defenestración.
• Amputación.
• Privación de la vista.
• Flagelación.

El año pasado Irán ejecutó a siete menores, y otros 90 permanecen en el corredor de la muerte. Curiosamente, el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Irán, Jevaid Rehman, informó de las ejecuciones de 2019. No deberían ser, pues, un secreto para el CDH y sus miembros. En Irán, la pena de muerte puede aplicarse a niñas de sólo 9 años y a niños de 15. Lo más sangrante es que el régimen iraní ha ratificado la Convención de los Derechos de la Infancia, que prohíbe tales castigos.

Teherán también persigue a las minorías étnicas y religiosas. En Irán hay azeríes (16% de la población), kurdos (10%), luros (6%), baluchis (2%), árabes (2%), turcomanos y otras tribus túrquicas (2%) y otras tribus nómadas (1%). También hay armenios y asirios, así como afro-iraníes.

Aún más penoso que el maltrato a las minorías étnicas es la persecución que sufren las distintas minorías religiosas. La Comisión Norteamericana sobre la Libertad Religiosa en el Mundo (Uscirf, por sus siglas en inglés) refirió en su informe de 2017:

Desde 1999, el Departamento de Estado ha designado a Irán "país de especial preocupación", o PEP, al amparo de la Ley sobre Libertad Religiosa en el Mundo [IRFA, por sus siglas en inglés]; la última vez, en octubre de 2016. En 2017, la Uscirf recomienda nuevamente que Irán sea designado PEP.

Y añadía:

A lo largo del año pasado, el Gobierno de Irán incurrió en indignantes violaciones sistemáticas de la libertad religiosa, con detenciones prolongadas, torturas y ejecuciones basadas principal o completamente en el credo de los acusados. No han cesado las graves violaciones contra las minorías religiosas, especialmente contra los bahaís, los conversos al cristianismo y los musulmanes suníes. También han sido objeto de acosos, detenciones y encarcelamientos musulmanes sufíes y musulmanes chiíes disidentes. Tras la elección del presidente Hasán Ruhaní, en 2013, se ha incrementado el número de miembros de minorías religiosas presos por sus creencias.

La feroz persecución de las minorías religiosas, especialmente de la bahaí, originaria del propio Irán y la más importante del país, empezó con la instauración del Gobierno clerical del ayatolá Jomeini, en 1979. Los bahaís han sido ejecutados incluso por impartir lecciones de moral (dars-e akhlaq) a los niños. En los años 80 fueron ahorcados o fusilados más de 200. Además, sus lugares sacros han sido demolidos, así como las viviendas de muchos fieles. Se han arrasado cementerios bahaís –y exhumado los cadáveres–, incluido el gran camposanto de Shiraz. Bahaís que han sido electos para desempeñar cargos nacionales o locales han sido condenados a largas penas de cárcel. Los niños bahaís son vigilados en las escuelas, y a los jóvenes se les niega el acceso a la universidad. El odio a lo bahaí es desaforado, pero el CDH no ve problemas con los derechos humanos en Irán.

Lo que hace de todo esto algo especialmente alucinante es que, desde su fundación en 2006, el CDH ha condenado a Israel más que a todos los otros países del mundo juntos, pese a que Israel tiene uno de los mejores registros de derechos humanos del planeta. Israel no recurre a la ejecución salvo por traición y crímenes contra la Humanidad, y de hecho sólo lo ha hecho una vez. Israel, de hecho, protege los derechos de las mujeres y de todas sus minorías religiosas (incluida la bahaí, que tiene en Haifa su templo más sagrado), y es el único país de Oriente Medio que da completa libertad a los homosexuales. Aun así, son muchos los boicoteadores de Israel que se niegan a boicotear a Irán. La paradoja es brutal.

"Justicia, justicia perseguirás para que puedas vivir y heredar la tierra"

 (Deuteronomio 16.20)

FUENTE: Gatestone Institute

REMISIÓN: 

De: May De La Vega

Date: lun., 3 de ago. de 2020 a la(s) 07:47

Subject: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU elogia a Irán