Militares y civiles estuvieron involucrados en la segunda asonada que le dieron a Carlos Andrés Pérez en 1992. El plan de los insurrectos era establecer una junta de gobierno cívico-militar, compuesta por seis civiles y un militar de cada fuerza antes de llamar a elecciones. Se estima que fueron 800 millones de bolívares en pérdidas económicas.
El 27 de noviembre de 1992, el gobierno de Carlos Andrés Pérez sería amenazado, por segunda vez en ese año, por una intentona golpista. Los insurgentes adujeron como razones para promover el golpe, el fracaso de las salidas institucionales, a la crisis política desatada a partir del intento de golpe de Estado del 4 de febrero, a la falta de voluntad del gobierno para rectificar sus políticas y a las frustraciones ante la ausencia de disposición del alto mando militar para admitir y ejecutar reformas en la Fuerzas Armadas.
Las acciones comenzaron en horas de la madrugada y se prolongaron hasta las 5:00 de la tarde cuando, tras la rendición de los insurrectos, se produjo la suspensión de las garantías constitucionales para terminar con las acciones de calle y retomar el control social en la capital.
Los golpistas también hicieron suyas las razones expuestas por los golpistas de febrero, como el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de los sucesos del 27 de febrero de 1989: la incapacidad del gobierno de Pérez; la corrupción de los altos mandos militares, su distanciamiento del resto de la oficialidad y de las tropas; la escasa atención a los problemas de capacitación, equipamiento y financiamiento de las FF AA. Los golpistas tenían planteado arrestar al presidente Pérez para sustituir al gobierno vigente e implantar una “auténtica democracia”.
El plan
El plan trazado por los alzados en armas era que una vez logrado el objetivo militar, el nuevo gobierno recaería en una Junta Cívico-Militar, integrada por seis civiles y cuatro militares, uno por cada arma. Los cargos de Presidente y uno nuevo de Primer Ministro de la Junta corresponderían, por votación entre sus miembros, a dos civiles. Los golpistas elaboraron una agenda de transformación nacional que abarcaba una multiplicidad de áreas, y tenían previsto convocar a elecciones “una vez logrados total o parcialmente los propósitos” de la misma.
El plan trazado por los alzados en armas era que una vez logrado el objetivo militar, el nuevo gobierno recaería en una Junta Cívico-Militar, integrada por seis civiles y cuatro militares, uno por cada arma. Los cargos de Presidente y uno nuevo de Primer Ministro de la Junta corresponderían, por votación entre sus miembros, a dos civiles. Los golpistas elaboraron una agenda de transformación nacional que abarcaba una multiplicidad de áreas, y tenían previsto convocar a elecciones “una vez logrados total o parcialmente los propósitos” de la misma.
Pérdidas
Iván Darío Jiménez, ministro de la Defensa, informó que los enfrentamientos dejaron 17 aviones averiados, cuatro aviones Broncos derribados y los daños a instalaciones militares ascendían 800 millones de bolívares aproximadamente. Cifras extraoficiales calcularon en 300 el número de muertos; en tanto que las cifras oficiales de fallecidos fueron de 142 civiles y 29 efectivos militares (171 personas en total). Se contaron 95 heridos castrences. Se detuvieron 500 personas entre oficiales y suboficiales y cerca de 800 individuos de tropa, además de 40 civiles.
Iván Darío Jiménez, ministro de la Defensa, informó que los enfrentamientos dejaron 17 aviones averiados, cuatro aviones Broncos derribados y los daños a instalaciones militares ascendían 800 millones de bolívares aproximadamente. Cifras extraoficiales calcularon en 300 el número de muertos; en tanto que las cifras oficiales de fallecidos fueron de 142 civiles y 29 efectivos militares (171 personas en total). Se contaron 95 heridos castrences. Se detuvieron 500 personas entre oficiales y suboficiales y cerca de 800 individuos de tropa, además de 40 civiles.
Involucrados
Además de los efectivos militares involucrados y de civiles de Bandera Roja y Tercer Camino, en las acciones también participaron 35 desertores del grupo Zeta, la organización de comando táctico más especializada de la Policía Metropolitana. Aunque en la jefatura del movimiento había representantes de las cuatro ramas, la Fuerza Aérea tuvo una participación decisiva en este intento. En segundo lugar de importancia se colocó el Ejército, pues de la Armada sólo se incorporaron los altos oficiales que dirigieron las acciones y 50 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE). La Guardia Nacional no se hizo presente. Las operaciones militares en el Distrito Federal y el estado Miranda comenzaron desde las 4:30 de la madrugada del día 27. La rendición se concretó entre las 3:30 y 4:00 pm, en una comunicación enviada por los jefes golpistas al Ministerio de la Defensa. Los contralmirantes Grüber y Cabrera fueron conducidos a la sede del Ministerio de la Defensa, luego trasladados a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y finalmente recluidos en el cuartel San Carlos, en donde permanecieron hasta su liberación.
Además de los efectivos militares involucrados y de civiles de Bandera Roja y Tercer Camino, en las acciones también participaron 35 desertores del grupo Zeta, la organización de comando táctico más especializada de la Policía Metropolitana. Aunque en la jefatura del movimiento había representantes de las cuatro ramas, la Fuerza Aérea tuvo una participación decisiva en este intento. En segundo lugar de importancia se colocó el Ejército, pues de la Armada sólo se incorporaron los altos oficiales que dirigieron las acciones y 50 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE). La Guardia Nacional no se hizo presente. Las operaciones militares en el Distrito Federal y el estado Miranda comenzaron desde las 4:30 de la madrugada del día 27. La rendición se concretó entre las 3:30 y 4:00 pm, en una comunicación enviada por los jefes golpistas al Ministerio de la Defensa. Los contralmirantes Grüber y Cabrera fueron conducidos a la sede del Ministerio de la Defensa, luego trasladados a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y finalmente recluidos en el cuartel San Carlos, en donde permanecieron hasta su liberación.
Sancionados
El mismo día del alzamiento, el Presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el Gobierno emitió el decreto Nº 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera.
El mismo día del alzamiento, el Presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el Gobierno emitió el decreto Nº 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera.
Acciones de guerra
Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Francisco Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5:00 am, unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, tres Mirages, dos T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron dos aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, dos aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro. El ministro de Relaciones Exteriores, general Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela.4 de febrero
Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Francisco Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5:00 am, unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, tres Mirages, dos T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron dos aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, dos aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro. El ministro de Relaciones Exteriores, general Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela.4 de febrero
Así fue el otro golpe
El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares liderado por el teniente coronel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías y pertenecientes, en su mayoría, a la promoción Simón Bolívar, egresada en 1975, comandaron un intento de golpe de Estado que se rindió tras 12 horas de enfrentamientos.
El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares liderado por el teniente coronel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías y pertenecientes, en su mayoría, a la promoción Simón Bolívar, egresada en 1975, comandaron un intento de golpe de Estado que se rindió tras 12 horas de enfrentamientos.
Según cifras aportadas por el Ministerio de Relaciones Interiores del gobierno de la época, hubo más de 50 muertos (17 de ellos soldados), más de 50 heridos, 1.089 militares detenidos y cuantiosas pérdidas materiales.
En el golpe estuvieron involucradas las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el desaparecido Distrito Federal, en una acción llamada “Operación Zamora”.
Fuentes: TSJ, Vive TV, Fundación Polar.
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Quince años después del golpe de Estado de 1992 las críticas en contra el Ejecutivo nacional son las mismas
Gobierno en manos golpistas
El 13 de enero de 1993, el Consejo Supremo de Guerra de Caracas dictó sentencia en contra de los involucrados en el golpe del 27 de noviembre de 1992. La ponencia estuvo a cargo de Alejandro Angulo Fontiveros.
Los involucrados pudieron retornar a la vida en libertad y en calidad de civiles tras recibir el indulto presidencial por parte de Rafael Caldera. Versión Final les presenta a quienes, luego de este beneficio, incursionaron en la arena política nacional, así como otros que pasaron al olvido.
Los responsables militares emblemáticos de esta asonada fueron:
Contralmirante Hernán Grüber Odremán
Ex gobernador del Distrito Federal. Fungió como jefe de la operación y dirigió el alzamiento desde el Museo Histórico Militar de La Planicie. Fue sentenciado a la pena de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por el delito de rebelión militar, previsto en el artículo 476, ordinal 1º del Código de Justicia Militar. Su condena terminaría en 7 años.
Contraalmirante (ARV) Luis Enrique Cabrera Aguirre
Miembro del Estado Mayor Presidencial. Fue uno de los cabecillas de la asonada golpista y uno de los pocos oficiales de la Armada. Al fallar la insurrección fue puesto preso en el Cuartel San Carlos junto con sus compañeros de armas hasta su liberación. Condenado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. En el 2014 cumpliría su sentencia.
Tcnel. (Av) Wilmer Alfredo Castro Soteldo
Ex constituyente, ex ministro de Producción y Comercio y de Turismo. Su pena fue de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. No habría ocupado ninguno de estos cargos hasta el 2014 que cumpliera con la pena impuesta, es decir, dentro de siete años.
Teniente Coronel (Av) William Ramón Fariñas
Fue presidente del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei). Su condena fue de veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar. Este plazo establecia que su libertad seria retomada en el año 2014. Actualmente coordina el Psuv-Nueva Esparta.
Teniente Coronel (Av) Luis Ramón Reyes Reyes
Gobernador del estado Lara. Uno de los hombres de confianza del presiden Chávez.Por su participación en los hechos del 27 de noviembre de 1992 se le impuso una pena de veintidós (22) años de presidio. Su salida de prisión estaría prevista para el 2014, pero fue indultado por Rafael Caldera.
Teniente (Ej) Jesse Alonso Chacón Escamillo
Ministro de Telecomunicaciones. Encargado de tomar las instalaciones del canal 8 (VTV). Recibió veintidós (22) años de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar en grado adherente. En la actualidad le faltarían 7 años para cumplir con su sentencia. Muchos lo responsabilizaron de muertes innecesarias en VTV.
Teniente (Ej) Eliecer Reinaldo Otaiza Castillo
Director del Sistema Nacional de Contrataciones. Su participación le llevó a una sentencia de 22 años de presidio. Fue absuelto en el gobierno de Caldera de su delito de rebelión militar en grado adherente. Para 2014 estaba prevista su salida de prisión.
Gral. de Brigada (Av) Francisco Visconti Osorio
Por muchos es considerada la figura principal de la insurrección. Comandó las principales acciones de las fuerzas insurgentes en la base aérea Libertador. Al ver que la intentona estaba siendo repelida con éxito por militares institucionales decidió huir del país sin afrontar la situación. A las 3:00 de la tarde un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Solicitaron asilo político y les fue concedido.
Coronel (Av) Jorge Garrido Martínez
Comandó las acciones en la base Sucre, bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. Fue sentenciado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por rebelión militar. Le restarían siete años de condena. Fue beneficiado en el indulto otorgado por parte del ex presidente Rafael Caldera a los golpistas. Tras su participación en la intentona se vinculó en la carrera política junto con Francisco Arias Cárdenas, pero su paso por este ámbito fue fugaz.
Teniente Coronel (Ej) Raúl Enrique Salmerón
Ex alcalde del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda hasta el año 2005. Pese a su conocida amistad con el hoy presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con quien llegó a jugar beisbol en la Fuerza Armada, falló en sus aspiraciones de ser reelecto en el cargo. Salmerón fue sentenciado a veintidós (22) años de presidio, y a las accesorias de ley, como reo del delito de rebelión militar en grado adherente. En el año 2014 cumpliría su condena. Sin embargo, las cosas no ocurrieron así gracias al indulto presidencial de Rafael Caldera.
Mayor (GN) Carlos Jesús Salima Colina
El hoy gerente del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) Región Centroccidental fue uno de los alzados en armas del 27 de noviembre y fue sentenciado a veintisiete (27) años y seis (6) meses de presidio por el delito de rebelión militar. En el 2014 retomaría su participación en la vida civil. En varios homenajes a los insurrectos el 27N, recibió de parte del presidente Hugo Chávez, elogios por su determinación en aquel día sangriento.
Condenados a 27 años:Capitán de navío (Arm.) Ramón Emilio Rodríguez Chacín; teniente coronel (Av.) Ricardo José Delon Romana; mayor (Ej.) Edgar Ramón López; y el capitán (Ej.) José Gregorio Valera Rumbos.
Condenados a 22 años:Teniente de fragata (Ar.) Arne Stevenson Chacón Escamillo; mayor (Av.) Marisela Arévalo Rauseo; coronel (Ej.) Jacinto Arturo Colmenares Morales; teniente coronel (Ej.) Luis Guillermo Pineda Castellanos; teniente coronel (Ej.) (r) Miguel Armando Madriz Bustamante, capitán de fragata (Ar.) Carlos José Reyes Rodríguez; teniente coronel (Av.) José Antonio Arévalo Colmenares; teniente coronel (Av.) Jesús Juan Guiar; teniente coronel (Av.) José Alí Jiménez; teniente coronel (Av.) Dalmiro Pastor Meléndez; teniente coronel (Av.) Antonio Rojas Pixner; teniente coronel (Av.) Pedro José Torres Finol; teniente coronel (Av.) José del Valle Villarroel Suegart; Mayor (Av.) Roberto Andelmetti Bergo; mayor (Av.) Ricardo Arangua Lumbierres; mayor (Av.) Pedro Miguel Arroyo Mejías; mayor (Av.) Norbis José Añez Valbuena; mayor (Av.) José Berroterán Acosta; mayor (Av.) Carlos García Contreras; mayor (Av.) Jesús Ibarra Delgado; mayor (Av.) Carlos Alberto López Borjas; mayor (Av.) José Rafael Osuna Olivieri; mayor (Av.) Hiran Enrique Pérez Santaella; capitán (Ej.) Rubén Oswaldo Garaicoa López; capitán (Av.) Alexis José Colina Sánchez; capitán (Av.) José Almerida González; capitán (Av.), Oswaldo Espinoza Wasner; capitán (Av.), José Gregorio Martín Rincones; capitán (Av.), Alfonso Javier Ortiz; capitán (Av.) Leonardo Frank Ovalles De Pablo; capitán (Av.) Luis Alberto Plaza Paz; teniente (Ej.) Daniel Alejandro Falotico Ortiz; teniente (Ej.) Efrain Javier López Rodríguez; teniente (Ej.) Carlos Raúl Tang Villanueva; teniente (Ej.) José Alberto Mecías Sánchez; teniente (Ej.) Alejandro Ramón Maya Silva; teniente (Av.) Rafael Arturo Brito; Teniente (Av.) Wiliam (Sic.) Eduardo Cestaris Navarro; teniente (Av.) José Rafael Cordero Urguelles; teniente (Av.) Edgar Valentín Cruz Arteaga; y el teniente (Av.) Arturo José Tariba Guillén.
Condenados a 14 años:Miguel José Vivenes Escobar, Raúl Antonio Varela Marín, Ronny Hernis Vegas Chirinos, Eduardo José Garrido, Ranihery José Yajaro Yánez, Luis Roberto Rodríguez y Angelo Mario Aufiero Morales.
Capitán De Corbeta (Arm), Diego Hernández Guzmán Molinos y el Teniente (Ej) Wilfredo José Morales Márquez.Condenados a 7 años:
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Monseñor Mario Moronta narra vivencias inéditas del segundo intento de golpe de Estado de 1992
“Las muertes del 27-N son injustificables”
“Yo nunca estuve de acuerdo con todo lo que rompiera el orden constitucional”, dijo el Obispo del Táchira. Reveló cómo masacraron a los presos de Yare. “Les abrieron las puertas y cuando se iban les disparaban”. “4 de febrero y 27 de noviembre fueron unas campanadas que mucha gente no escuchó”, dijo.
Gilberto González / Foto: Edwin Barroso
El obispo del Táchira, monseñor Mario Moronta, retrocedió en el tiempo para narrar y ofrecer su visión sobre los sucesos del 27 de noviembre de 1992. Moronta fijó posición sobre los intentos de golpes de Estado. “Ninguna muerte se justifica”, manifestó a Versión Final.
?Puede describir el episodio en el cual usted, supuestamente, se metió en una ambulancia para visitar a Hugo Chávez en San Carlos?
?Hay muchas que se dicen que no son ciertas. El 27 de noviembre de 1992 yo estaba terminando los ejercicios espirituales en la casa Cristo Rey de El Hatillo, donde estaba con el Cardenal con un grupo de sacerdotes. Hugo Chávez, en ese momento, no estaba en el Cuartel San Carlos, estaba en Yare, y yo no estuve con él. Hay que precisar muy bien todo, porque a veces existen varias versiones y se generaliza. Ya Chávez, desde abril, estaba en la cárcel de Yare junto con otros comandantes.
?¿Qué evaluación hizo sobre las muertes de civiles aquel día?
?Ese día 27 de noviembre hubo muchos muertos, unos conocidos y otros desconocidos. Hay un hecho triste, en el retén de Catia hubo un grupo, numeroso, de presos a quienes les abrieron las puertas para que se fueran y ellos estaban escapando por un sector, y a medida que iban saliendo los iban masacrando. Hubo muchos muertos, yo denuncié el hecho y pedí que se aclarara la situación, pero la respuesta que recibí del Gobierno fue muy dura.
?¿Se justificaba esta acción?
?No se justificaba y ninguna muerte se justifica. Yo estoy en contra de la pena de muerte, por las razones que se resumen en que creo en el Dios de la vida, creo que hay otro tipo de sanciones, nunca se puede apelar a la muerte para castigar a una persona, y menos si ha no habido ni siquiera un juicio, porque nadie tiene la autoridad en la tierra para quitarle la vida a una persona. Yo nunca estuve de acuerdo con todo lo que rompiera el orden constitucional, que me tocó ser mediador por una petición del Presidente al cardenal José Alí Lebrún, pero no fui yo solo, estaban otros sacerdotes, representantes de la Fiscalía y también del Ministerio de la Defensa, y entre todos hicimos la mediación el 4 de febrero, y para el 27 de noviembre habían cambiado un poco los escenarios y días después fuimos a hablar con el Presidente para reafirmar el compromiso que teníamos con la conservación del orden constitucional, lo que no significaba que no pudiéramos denunciar irregularidades.
?¿Qué opina sobre la supuesta participación de Jesse Chacón como coautor de la toma del canal 8 y que ahora dirija Conatel?
?Yo a Jesse Chacón lo conozco porque lo he visto alguna vez, no personalmente, respeto su posición y habría que aclarar si verdaderamente lo que sucedió en el canal 8 es responsabilidad de los militares y civiles o de otra gente, porque hay versiones encontradas de fiscales del Ministerio Público que estaban cubriendo ese momento. Preferiría que las investigaciones serias y documentales determinen quiénes son los responsables de esos hechos.
?¿Piensa que a Hugo Chávez se le garantizaron sus derechos a raíz del golpe?
?No sólo a Chávez, a todos, a mucha gente, a pesar de muchas incomprensiones que hubo, a mí me tocó, en un momento dado, atender a las esposas de los golpistas y logramos hacer muchas cosas, pero a veces el camino era cuesta arriba, porque eran las que estaban sufriendo y muchas veces no recibían la atención de los abogados, jueces, de los personeros militares, entonces había que acompañarlas, sobretodo desde el punto de vista humanitario. Recuerdo que uno de los que estaba detenido, su hijo estaba muy enfermo, y me tocó intervenir para que se superara cualquier tipo de odio, porque el niño no tenía ninguna culpa de lo que pasó.
?Muchos recuerdos, pero ¿qué imagen le quedó grabada?
?Hay varias cosas que yo he pensado. Cuando uno era niño no soñaba con un país, sino que estaba seguro con un país bueno, próspero, de abundancia, cuando yo me ordené sacerdote, hace casi 34 años, decía: voy a ser sacerdote en un pueblo que tiene mucha seguridad, nuestra economía, nuestra moneda era fuerte, entonces me había preparado para hacer un acompañamiento del pueblo en una situación mucho más fácil de la que estamos viviendo ahora. Entonces de la noche a la mañana, siendo estudiante en Roma, vino el “Viernes negro”, otra serie de cosas, las devaluaciones, el 27 de noviembre, el 4 de febrero, 27 de febrero, entonces surgió en mí una inquietud que todavía permanece y es que uno como sacerdote debe ser un pastor que no se debe instalar, sino que siempre debe estar pendiente de los acontecimientos.
?¿El 4 de febrero y 27 de noviembre están unidos?
?Mucho, aún con características diversas, fueron unas campanadas que mucha gente no escuchó, más que campanadas fueron ecos, los dos, de situaciones como las del 27 de febrero y mucha gente nos las escuchó, porque pasados los acontecimientos y restablecido cierto orden se volvieron a caer en los mismos vicios que abrieron otras posibilidades que todos nosotros conocemos. Personalmente la angustia de mis padres y mis hermanos, porque en ese momento yo era secretario de la Conferencia Episcopal y tenía que dar la cara por la Iglesia. Yo era el encargado de la zona este de Caracas y me la mantenía por todos los barrios, y escuchaba muchas cosas, desilusiones y desesperanzas, ilusiones y esperanzas, a la vez, y la gran interrogante de la gente y todo eso fue golpeándome en el sentido que uno tiene que leer en cada acontecimiento lo que uno pueda descubrir para bien de los demás.
?¿Fue lo mejor, lo que pasó?
?En una carta de los obispos, del 13 de enero de 1992, allí indicábamos que si no se tomaban las previsiones del caso, podrían venir las tentaciones a las soluciones de fuerza. Yo creo que la respuesta es una pregunta: ¿Y si se hubiese evitado el 4 de febrero y el 27 de noviembre no hubiera sido mejor? Porque ahora es muy fácil decir fue lo peor o fue lo mejor, pero es que todo eso tuvo una causa, generalmente nosotros los venezolanos cuando analizamos las situaciones vemos poco las causas, más importante es preguntarnos: ¿Se pudo haber evitado? Y yo creo que sí.
Fuente: Semanario Versión Final
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