LOS PRESOS OLVIDADOS
Cuenta
la leyenda que el origen de Amnistía Internacional se encuentra en una
carta así titulada que habría redactado el abogado británico Peter
Benenson y publicado el periódico The Observer, en su primera página, el
28 de mayo de 1961. Aparentemente como reacción al arresto de unos
jóvenes portugueses que se habían atrevido a brindar por la libertad
durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar.
Pero
Benenson nunca estuvo preso ni olvidado, con el respaldo de The
Observer su libelo se leyó en medio mundo y de inmediato comenzó a
recibir miles de cartas de adhesión de todos los confines de la
Commonwealth. Con verdadero espíritu imperial, A.I. ha establecido
oficinas de representación en más de 150 países, incluso Venezuela.
Desde
el principio, la carta fue presentada como una “plataforma” para una
campaña “no sectaria” por la amnistía de los que definieron como “presos
de conciencia”, esto es, “cualquier persona que esté físicamente
limitada a expresar cualquier opinión que ella misma honestamente
mantenga y a través de la cual no defienda o justifique violencia
personal”. Aclarando: “También excluimos a aquellos que han conspirado
con otro gobierno extranjero para derribar el propio”.
Luego
presentan algunos ejemplos advirtiendo que “ninguno de ellos es
político”. El primero es “el destacado poeta angoleño Agostinho Neto”,
médico, cuyos “esfuerzos por mejorar los servicios sanitarios de sus
compatriotas eran inaceptables para los portugueses. En el pasado junio,
la Policía Política entró en su domicilio y lo azotó arrastrándolo
fuera. Desde entonces se encuentra encarcelado en las Islas de Cabo
Verde, sin ningún cargo ni juicio”.
Sería
demasiado arduo hacer un recuento de la trayectoria política de
Agostinho Neto, pero no es difícil de averiguar. En verdad, había estado
preso en muchas ocasiones anteriores y en una de ellas, en 1956, fundó
el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), organización que
presidió desde 1959. En 1960 fue preso una vez más, pero no “por mejorar
los servicios sanitarios de sus compatriotas” sino, según su biografía,
“por su militancia anticolonialista”.
Las
revueltas que originó su detención fueron de tal magnitud que fue
deportado a las Islas de Cabo Verde. En 1961, coincidiendo con la
declaración de Benenson, el MPLA se declaró marxista-leninista e inició
la lucha armada contra Portugal. En 1965, de acuerdo con un guión
conocido, Agostinho Neto estaba en La Habana celebrando una alianza
estratégica con Fidel Castro en su guerra global contra “el imperialismo”.
Este
hombre, que “no es un político”, según la declaración fundacional de
A.I., en 1975 se autoproclamó primer presidente de la República Popular
de Angola, una vez que se produjo la retirada del ejército portugués.
Entonces, con el apoyo de Cuba y la URSS, inició la más larga y cruenta
guerra civil que haya conocido el África, que se prolonga aún en
nuestros días.
Patrocinó
la ocupación de su país por un ejército cubano de más de 50.000 hombres
para enfrentar la invasión sudafricana y los ejércitos rebeldes del
FNLA y UNITA, hasta que firmaron en New York el acuerdo trilateral
Cuba-Suráfrica-Angola, en 1988.
Pero
esto no lo vió Agostinho Neto que había fallecido en Moscú en 1979
durante un tratamiento médico, según la lacónica versión oficial. Para
entonces las bajas en Angola, en cuatro años de revolución socialista,
eran apenas 500.000 muertos.
Como
se ve, este hombre es la antítesis punto por punto de las
características que había establecido A. I. en su “plataforma
fundacional” para definir sus “presos de conciencia”. ¿Sabía entonces
Benenson cuál era el perfil de su defendido? Pero sin duda lo supo
después, puesto que murió recién el 25 de febrero de 2005. ¿Alguna vez
intentó una explicación, justificación, rectificación, aclaratoria,
retractación? No se sabe; pero lo más sorprendente es que nadie se la
pidió.
Los
británicos, extraordinariamente acuciosos investigadores, nunca
pusieron de relieve hechos que están a la vista, ni jamás cuestionaron
al bienintencionado, ingenuo, desprevenido, desinteresado o cándido
doctor Benenson.
La
quemante pregunta es si A.I. fue siempre, desde su origen, lo que
solamente ahora venimos a darnos cuenta, por causa de su desconcertante
actitud de convalidación y complicidad con la situación de los presos
políticos en Venezuela.
La
bancarrota moral y política del socialismo (nacional e internacional)
arrastra consigo la quiebra de A.I., como empresa colonial.
YO ACUSO
El
antecedente más notable de la carta de Benenson quizás sea el
conmovedor alegato así titulado redactado por Emile Zola, publicado a su
vez por el periódico L’Aurore, el 13 de enero de 1898. El motivo fue el
juicio y condena de Alfred Dreyfus, oficial (de origen judío) del
estado mayor del ejército francés, confinado en la Isla del Diablo
siendo inocente.
Por
alguna razón misteriosa, esta flagrante injusticia soliviantó la
conciencia del escritor y su panfleto, difundido por L’Aurore en
trescientos mil ejemplares, que incluso hoy en día es una tiraje
respetable, partió en dos a la opinión pública francesa, llevándola al
borde de una conflagración civil.
La
pregunta es hoy más pertinente que nunca: ¿Por qué “la espantosa
denegación de justicia” sufrida por un solo hombre pone en peligro la
existencia de la República? Para Zola la respuesta es evidente. Si
Dreyfus es inocente, entonces el poder judicial francés es culpable. Y
mucho más allá, siendo que esta intriga se urdió en los pasillos del
alto mando, todo el Estado Mayor sería indigno de confianza. “Conozco a
muchas gentes que, suponiendo posible una guerra, tiemblan de angustia,
¡porque saben en qué manos está la defensa nacional!”
Clemenceau,
director de L’Aurore y responsable político de la conducción de los
defensores de Dreyfus, parecía tener claro que “una infracción de los
derechos de un hombre es una infracción de los derechos de todos los
hombres”. Este punto de vista tiene como base una concepción
contractualista del Estado, perfectamente resumida en la frase, cara a
la cultura francesa, “todos para uno, uno para todos”, que todavía hoy
resuena en el fundamento espiritual de la unidad nacional no sólo en
Francia sino en todo el mundo.
El
punto es demasiado apremiante para dejarlo de lado. ¿Cómo es posible
que un caso judicial atinente a una sola persona y acaso a su familia
pueda conmocionar a toda una sociedad, aún en el siglo XIX? En cambio,
en Venezuela, los presos se cuentan ya por decenas y las charadas
judiciales por miles y ¡a nadie parece importarle!
Dice
Zola y quizás tenga toda la razón: “Cuando un pueblo desciende a esas
infamias, está próximo a corromperse y aniquilarse”. El factor de
disolución es la ruptura del pacto social. Cuando las personas no son
defendidas en sus vidas y en sus bienes por el Estado, entonces lo que
viene es un “sálvese quien pueda”, una situación anterior al Estado
Civil, esto es, la barbarie. Pero tampoco se le debe acatamiento a tal
Estado, que es un enemigo más en la contienda.
Es
la situación del millón de empleados desamparados en Cuba a su propia
suerte y de toda persona que no forme parte del actual régimen en
Venezuela, para las que no existe protección legal alguna y se dejan
abandonadas a la intemperie. Esas personas no tienen ninguna razón
jurídica ni política para obedecer a semejante régimen, como no sea por
la amenaza de la fuerza bruta.
Este
es el fin de la política y el paso a la violencia, el prolegómeno de la
guerra civil, según las teorías jurídico-políticas más aceptadas. Todos
los derechos se vuelven precarios y ceden a las vías de hecho. El único
árbitro es la fuerza que despliegue cada cual, como “poder” retornado a
la comunidad por la disolución del Estado.
Con
la renuncia a sus funciones propias, las FFAA pierden también lo que
les es más consubstancial, “el monopolio de la violencia legítima”.
Ahora toda violencia sería legítima.
LA CARTA DE LA OEA
Esta
última carta haría innecesarias todas las anteriores, porque su
propósito debería ser formalizar las aspiraciones que aquellas
expresaban en términos más bien morales, mientras que ésta es un
instrumento jurídico, un tratado, incluso de rango supra constitucional,
no obstante, lo que ha mostrado es la más desalentadora esterilidad, se
ha convertido en letra muerta.
La
ineficacia jurídica de la Carta es apenas una de las consecuencias, ni
siquiera la más grave, de la esterilización política de la OEA, por
causa del control que ejerce sobre ella el socialismo internacional a
través de su secretario general, el socialista chileno José Miguel
Insulza.
Para
no desorientarnos en la alfombra roja tendida a la dictadura castrista,
en sus abominables ejecutorias contra Honduras, la complicidad con las
farsas escenificadas en Bolivia y Ecuador, la agresión de Nicaragua
contra Costa Rica, limitémonos por un momento al caso venezolano.
La OEA y su secretario general José Miguel Insulza deben ser juzgados no tanto por lo que hacen sino por lo que no hacen.
Por ejemplo, en el trágico caso del señor Franklin Brito, seguramente
se podrán revolcar todos los archivos del organismo sin encontrar el
menor rastro de nota escrita, ni testimonio de conversación alguna en
que hayan pedido que lo desalojaran del frente de sus oficinas en
Caracas.
Pero
es un hecho grande como un templo que tampoco hicieron el más mínimo
gesto cuando lo desalojaron, ni cuando lo secuestraron sin proceso
alguno en el Hospital Militar, ni cuando murió en circunstancias tan
oscuras, ni nunca después, ni siquiera una cínica nota de condolencia:
Para la OEA, como es propio de la mentalidad socialista-estalinista de
su secretario general, el señor Franklin Brito nunca existió.
Otro
tanto puede decirse del rocambolesco pronunciamiento sobre la llamada
Ley Habilitante, donde lo hilarante no son los pasitos para adelante y
para atrás, sino el contenido mismo de su declaración. En Venezuela lo único objetable es esa ley, todo lo demás, está bien.
Incluso
José Miguel Insulza debería saber que cuando en un país se reúne el
comando militar y la potestad legislativa en una misma persona eso se
llama “dictadura”, desde la antigua Roma hasta nuestros días; pero no, a
él le parece que esa es la peculiar forma en que los venezolanos
entendemos la democracia.
La
actitud ante el caso de la juez María Lourdes Afiuni no sería menos
grotesco si no coincidiera plenamente con la de la canciller española
Trinidad Jiménez y la inefable Amnistía Internacional. Todos dicen que
van a observar el caso “concreto” de la juez, que les causa cierta
“preocupación”.
Pero
caso concreto significa individual, aislado; ergo, todo esto ocurre en
un contexto de democracia y libertad incuestionables: los otros presos
políticos no existen.
Los
socialistas han aprendido a “aprobar condenando”. Cuando les queda muy
mal el aplauso, entonces “rechazan” un hecho puntual, particularmente
despreciable, con lo que todo lo demás pasa por debajo de la mesa.
Esta
ingeniosa fórmula socialista sólo hace más repugnante su inmoralidad,
aparecen como si se desvincularan de lo que patrocinan.
Luis Marín
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