Gonzalo Himiob Santomé:
A los diputados y demás funcionarios electos
mayo 22, 2011 10:33 am
Sentaré aquí mi opinión sobre si es procedente, válido o adecuado que
quienes el pasado 26S fueron favorecidos como diputados por el voto
popular, e incluso quienes han resultado electos alcaldes o gobernadores
en las regionales, se postulen ahora en las “mega elecciones” de 2012,
como cualquiera que sea la expresión y según cada caso:
“presidenciables”, “gobernadeables”, o “alcaldeables”.
Destaco
primero que soy profundamente demócrata y que siempre he sido un
defensor del voto como herramienta para el cambio político. Eso implica
que los cuestionamientos que siguen no pueden ser interpretados bajo
ningún contexto como un llamado a la abstención, y también que no le
desconozco a nadie el derecho a postularse y a ofrecer sus empeños en
donde sienta que mejor puede prestar sus servicios a la nación.
Sin
embargo lo anterior también implica que como ciudadano es mi deber
reclamar de quienes yo elegí y hasta de los otros, los que fueron
favorecidos con el voto oficialista –por ejemplo Erika Farías,
recientemente designada, contra lo que fue la voluntad popular chavista,
como Ministro del Despacho de la Presidencia- coherencia y
responsabilidad. Ningún funcionario público, electo o designado, milite
donde milite, está exento de rendirle cuentas a sus electores.
Así,
me pregunto si no es un grave error que los diputados electos,
especialmente los opositores, pretendan ahora proponerse para otros
cargos distintos de los que lograron, con tantos esfuerzos y
sacrificios, porque así lo decidió confiada en el buen criterio de la
unidad, la ciudadanía. ¿Un error? Se preguntarán algunos ¿Y por qué?
La
respuesta es sencilla: La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas
y Manifestaciones (¿Recuerdan? La ley “contra el salto de talanquera”,
en lo seguido, LPP) en sus Arts. 26 y siguientes dispone que es posible
considerar, que existe “fraude electoral” cuando un diputado asume una
postura contraria o diferente a la de la “oferta política” que debió
haber consignado al inscribir su candidatura, en su “programa de
gestión” y en su “compromiso electoral”, ante el CNE.
Esto es
inconstitucional, lo reitero porque ya empezaron desde hace algunos días
a llover los ataques de los “fundamentalistas” de la unidad, esos a los
que cualquier crítica a la MUD, por fundada que sea les parece un
“pecado mortal”. Los diputados, lo dice la Constitución, no sólo son
libres de postularse al ejercicio de cualquier desempeño público, sino
que se deben como legisladores única y exclusivamente a su conciencia.
Pretender abroquelar sus actos a programas fijos e inamovibles, ajenos
al cambiante devenir político y social es manifiestamente contrario al
ejercicio democrático.
Lo anterior se denunció en su momento, pero
lamentablemente –y aquí el “pero” es muy importante- esas normas
quedaron plenamente vigentes, y ese estimados amigos es precisamente el
punto. Si la LPP dice lo que dice, cuando un diputado favorecido con la
confianza popular incumple su programa de gestión, y en ejercicio del
cargo que le fue confiado por el pueblo decide –por legítima que sea su
“aspiración sobrevenida”- postularse a otro mandato distinto del que le
había sido conferido originalmente
¿No está con ello –al menos en
la lógica Kafkiana del régimen y de su sistema de “injusticia”-
cometiendo un “fraude electoral”? Respóndanse queridos lectores ustedes
mismos la pregunta, con base a lo que dispone el Art. 28 de la LPP, que
reza: “Constituye fraude a los electores y electoras, por parte de
quienes resulten electos como diputados o diputadas a la Asamblea
Nacional, toda conducta reiterada que en el desempeño de las funciones
parlamentarias, se aparte de las orientaciones y posiciones políticas
presentadas en el programa de gestión como oferta electoral”.
La
norma es sumamente amplia precisamente porque era su ambigüedad lo que
interesaba al régimen en su aplicación e interpretación, ya que así son
más fáciles los abusos y la arbitrariedad. Lo más grave es que el Art.
30 de la LPP, dice que la consecuencia del “fraude electoral” es la
suspensión, o peor la inhabilitación política del diputado. Siendo así,
especialmente los diputados opositores que ya habían conquistado a
sangre, sudor y lágrimas esas curules ¿No las están poniendo –vista la
realidad de las cosas, que no de lo que es el “deber ser”-
innecesariamente en peligro? Yo creo que sí, y sin necesidad además.
Digo
“sin necesidad”, porque otro aspecto que preocupa de esta oleada de
“aspiraciones sobrevenidas” es que pareciera, erradamente, que en la
oposición, cual ocurre en el oficialismo sólo se tiene un número
limitado de “fichas” con las que hacer el juego democrático, lo cual en
ambos bandos es falso.
Los diputados opositores y oficialistas
electos parecieran estar mandándole al votante que confió en ellos dos
mensajes muy negativos: Primero, que no quieren cumplir las órdenes que
el pueblo les impartió –que “ya no les gustan” pues los puestos para los
que fueron elegidos, y que otros ahora les parecen “más apetecibles”- y
luego, que sólo ellos son los que tienen derecho a participar en
elecciones y a postularse a los cargos que se obtienen mediante el voto.
Dicho
con crudeza, muchas personas muy valiosas y tan o más capacitadas que
muchos de los funcionarios elegidos de bando y bando, tuvieron que
sacrificar sus legítimas aspiraciones a favor de la “unidad” en el caso
opositor, o de los intereses personales del presidente, en el caso del
oficialismo, y ello ocurrió tanto en las elecciones a alcaldes y
gobernadores como en las parlamentarias ¿Por qué no dejarles a éstas
ahora que asuman los puestos que serán disputados el año que viene sin
poner en peligro los espacios ya conquistados?
En el caso de los
opositores, la cosa es más grave, porque noto cierto “triunfalismo”
obtuso que desconoce uno de los escenarios posibles. En todos los casos,
encuestas y demás sortilegios en mano se oye a los opositores pregonar
que “ya Chávez se va” y otros asertos similares. En otras palabras, se
parte de la base, no necesariamente cierta aunque deseable de que Chávez
perderá las elecciones en 2012.
Si así fuera, y si retornara
entonces el Estado de Derecho, no habría nada que temer y quienes fueran
diputados, alcaldes o gobernadores por la oposición y se hubiesen
postulado a otros cargos, de no resultar electos podrían retomar sus
puestos sin comprometer lo ya logrado; pero ¿Qué pasaría si Chávez
merced su incuestionable habilidad electoral o su propensión al abuso,
resulta –por vía de los votos o por vía de hecho- presidente de nuevo en
2012?
¿Creen que “se quedaría con esa” y dejaría volver por
ejemplo a los diputados opositores, y hasta a los gobernadores y
alcaldes, a sus curules o a sus posiciones según el caso sin tratar de
inhabilitarlos? Yo, amigos míos, pienso que no. Creer lo contrario
supone obviar la verdad, el tamaño y los manejos del monstruo contra el
que nos estamos enfrentando.
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