EFE/08:15 p.m HLV.El canciller ecuatoriano, Fander Falconí, y la embajadora de EE.UU. en Quito, Heather Hodges, firmaron tres instrumentos bilaterales que tienen como objetivo "mantener los estándares de efectividad en la lucha contra la producción, tráfico de drogas ilícitas y delitos conexos, así como el tráfico de personas".
"El Gobierno de Ecuador firma estos acuerdos en el marco de una política de ampliación de sus relaciones internacionales de cooperación con varios países y bloques", declaró Falconí durante la ceremonia de suscripción de los convenios.
Estos instrumentos de cooperación se suscribieron en un momento en que Estados Unidos ultima la salida definitiva de un puesto militar de vigilancia antinarcóticos (FOL, por sus siglas en inglés), que mantenía desde hace diez años en la ciudad costera de Manta.
El Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, no renovó el convenio para el uso de la base de Manta, que el pasado 17 de julio vio partir al último vuelo antinarcóticos de EE.UU., dirigido desde el FOL.
Hoy mismo, la embajadora de EE.UU. presidió una ceremonia en Manta, en la que la misión militar de su país donó más de mil bienes del FOL a entidades de la provincia de Manabí, donde se encuentra la base, y que incluyó una ambulancia y equipo médico, entre otros.
Para el canciller ecuatoriano, los acuerdos suscritos hoy se basan en el cumplimiento de la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, la Declaración (antidrogas) de París y "el respeto absoluto a los derechos humanos, al debido proceso y a la diversidad de los pueblos".
Además, dijo que el entendimiento "se fundamenta en el respeto a los intereses del pueblo ecuatoriano, que implican evitar cualquier posibilidad de injerencia de otros Estados".
Se trata, añadió el canciller, de mantener "una visión horizontal de las relaciones entre estados, con independencia, igualdad jurídica, cooperación negociada y no impuesta, transparencia de información, soberanía para tomar decisiones y autodeterminación de los gobiernos".
Falconí ratificó la voluntad de Ecuador para "combatir frontalmente la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas, así como la tolerancia cero al crimen trasnacional organizado", aunque reclamó que, en este ámbito, "cada nación asuma su responsabilidad en la lucha contra estos flagelos".
Entre los convenios suscritos se incluye una enmienda al convenio sobre el fortalecimiento de la capacidad institucional de Ecuador para controlar la producción y tráfico de drogas ilícitas, que persigue "la capacitación, asistencia técnica y dotación de equipos para la interdicción de narcóticos".
La enmienda favorece también al "tratamiento y rehabilitación de la población vulnerable al uso indebido de drogas ilícitas, así como en la detección y desmantelamiento de organizaciones delictivas que promueven el tráfico de personas".
Un segundo entendimiento se refiere al funcionamiento del Programa de Unidades de Investigaciones Anti-Contrabando y Tráfico Ilícito en Ecuador, que permite crear unidades para investigar crímenes relacionados con el tráfico de personas, lavado de dinero, explotación infantil, contrabando y delitos aduaneros.
Este acuerdo establece que "la capacitación que reciba el personal ecuatoriano (por parte de EE.UU.) estará siempre bajo la autoridad del Gobierno de Ecuador y conforme a la ley ecuatoriana".
El tercer acuerdo se refiere al funcionamiento del "programa de unidades de investigaciones sensitivas antidrogas en Ecuador", que busca facilitar el "entrenamiento, equipamiento y apoyo" de EE.UU. en la formación de dichas unidades.
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