Para quienes creen en la democracia, existe una verdad de Perogrullo: Por tergiversadas, vulnerables o manipulables que sean las reglas electorales, no se puede perder una sola oportunidad de votar.
Lamentablemente, en Venezuela los partidos políticos de la alianza democrática se han olvidado de esa verdad de Perogrullo, en varias oportunidades.
Una de ellas fue cuando en 2005, los partidos se abstuvieron en las elecciones de la Asamblea Nacional para rechazar los atropellos e ilegalidades electorales impuestas por el Consejo Nacional Electoral. Éste fue un salto al vacío, que permitió que con sólo el 25% de los electores inscritos en el Registro Electoral, Chávez se quedara con el control total del Parlamento y la oposición quedara sin voz ni voto en el Hemiciclo. La Asamblea Nacional, desde 2006, no representa proporcionalmente a toda la población, con lo cual toda ley que promulguen está viciada de ilegitimidad.
Lo más grave es que reconociendo que fue un error político la abstención de 2005, la dirigencia política de la alternativa democrática rehúye hablar de los problemas neurálgicos del proceso electoral. Pareciera que están convencidos que si se denuncian las ilegalidades, la falta de transparencia y el nada confiable sistema electoral, los ciudadanos no saldrán a votar. Así, guardan silencio frente a las tropelías electorales que impone el Gobierno y sus poderes públicos en materia electoral. Ésta es una actitud terriblemente perniciosa que no conduce a nada.
El reto de los demócratas es enfrentar los problemas; explicar los obstáculos, las trampas y los peligros que encierra un proceso electoral dirigido desde Miraflores. A la par, elaborar tácticas y estrategias bien entramadas para enfrentar la hegemonía del poder por las vías que la Constitución da; llamar a ejercer el derecho al voto y defender el derecho de elegir.
En estos momentos, la oposición democrática está volviendo a perder otra oportunidad de enfrentar ese reto. La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó casi sin resistencia alguna la Ley Orgánica de Procesos Electorales, sólo con la excepción de un grupo de técnicos que explicaban los enredados articulados de la Ley.
Lastimosamente, antes de la aprobación de este mamotreto de Ley los partidos de oposición no denunciaron con contundencia la inconstitucionalidad de un Sistema Electoral que dejará a la mayoría de la población sin representación en los cuerpos legislativos.
Hoy, cuando la Ley espera el Ejecútese presidencial, los dirigentes opositores siguen con su boca cerrada. No denuncian una ley que, entre otras ilegalidades, le da al CNE el poder discrecional de diseñar los circuitos electorales a conveniencia del proyecto de Chávez. Una ley que crea o mueve a discreción los centros y mesas electorales; que no garantiza a los partidos políticos la entrega del Registro Electoral; que blindó las máquinas electorales de tal forma que no son auditables. Una Ley que ni siquiera habla del derecho al secreto del voto, y que autoriza al CNE a llamar o suspender elecciones cuando Chávez quiera, incluyendo ¿por qué no? una Asamblea Constituyente que blinde su dictadura comunista.
Estos dirigentes no han entendido que hasta en una dictadura, la protesta bien articulada puede evitar que se siga destruyendo la institucionalidad. Contrario a lo que se pueda pensar, callando se cierran las vías electorales y el silencio se hace cómplice del dictador.
• Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.
Lamentablemente, en Venezuela los partidos políticos de la alianza democrática se han olvidado de esa verdad de Perogrullo, en varias oportunidades.
Una de ellas fue cuando en 2005, los partidos se abstuvieron en las elecciones de la Asamblea Nacional para rechazar los atropellos e ilegalidades electorales impuestas por el Consejo Nacional Electoral. Éste fue un salto al vacío, que permitió que con sólo el 25% de los electores inscritos en el Registro Electoral, Chávez se quedara con el control total del Parlamento y la oposición quedara sin voz ni voto en el Hemiciclo. La Asamblea Nacional, desde 2006, no representa proporcionalmente a toda la población, con lo cual toda ley que promulguen está viciada de ilegitimidad.
Lo más grave es que reconociendo que fue un error político la abstención de 2005, la dirigencia política de la alternativa democrática rehúye hablar de los problemas neurálgicos del proceso electoral. Pareciera que están convencidos que si se denuncian las ilegalidades, la falta de transparencia y el nada confiable sistema electoral, los ciudadanos no saldrán a votar. Así, guardan silencio frente a las tropelías electorales que impone el Gobierno y sus poderes públicos en materia electoral. Ésta es una actitud terriblemente perniciosa que no conduce a nada.
El reto de los demócratas es enfrentar los problemas; explicar los obstáculos, las trampas y los peligros que encierra un proceso electoral dirigido desde Miraflores. A la par, elaborar tácticas y estrategias bien entramadas para enfrentar la hegemonía del poder por las vías que la Constitución da; llamar a ejercer el derecho al voto y defender el derecho de elegir.
En estos momentos, la oposición democrática está volviendo a perder otra oportunidad de enfrentar ese reto. La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó casi sin resistencia alguna la Ley Orgánica de Procesos Electorales, sólo con la excepción de un grupo de técnicos que explicaban los enredados articulados de la Ley.
Lastimosamente, antes de la aprobación de este mamotreto de Ley los partidos de oposición no denunciaron con contundencia la inconstitucionalidad de un Sistema Electoral que dejará a la mayoría de la población sin representación en los cuerpos legislativos.
Hoy, cuando la Ley espera el Ejecútese presidencial, los dirigentes opositores siguen con su boca cerrada. No denuncian una ley que, entre otras ilegalidades, le da al CNE el poder discrecional de diseñar los circuitos electorales a conveniencia del proyecto de Chávez. Una ley que crea o mueve a discreción los centros y mesas electorales; que no garantiza a los partidos políticos la entrega del Registro Electoral; que blindó las máquinas electorales de tal forma que no son auditables. Una Ley que ni siquiera habla del derecho al secreto del voto, y que autoriza al CNE a llamar o suspender elecciones cuando Chávez quiera, incluyendo ¿por qué no? una Asamblea Constituyente que blinde su dictadura comunista.
Estos dirigentes no han entendido que hasta en una dictadura, la protesta bien articulada puede evitar que se siga destruyendo la institucionalidad. Contrario a lo que se pueda pensar, callando se cierran las vías electorales y el silencio se hace cómplice del dictador.
• Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.
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