"Desde el martes comenzaremos a analizar. Vamos a tratar de dar aportes a esta propuesta de manera que refleje lo más fielmente posible la realidad y la situación mediática", explicó a la AFP la diputada Rosario Pacheco, presidenta de la Comisión de medios de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Según la responsable, para que la propuesta que está sobre la mesa se convierta en proyecto de ley debe dársele "más cuerpo" y "más calor de pueblo".
Por ello y en palabras de Pacheco, los diputados podrían llevar este anteproyecto a consulta en las calles para conocer la opinión ciudadana antes de someterlo a primera lectura en la Asamblea nacional.
Este anteproyecto, calificado por muchos de "ley mordaza", fue presentado la semana pasada a los parlamentarios por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien consideró necesario "poner límites a la libertad de expresión".
"La mera presentación, la sola mención de la ley de delitos mediáticos, tiene un efecto intimidatorio inmediato", declaró Carlos Correa, director de la organización de defensa de la libertad de expresión, Espacio Público.
Según el borrador del proyecto de ley, se considera delito mediático la publicación de una información "falsa", "manipulada" o "tergiversada", que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental". Si una persona es declarada culpable podría pasar hasta cuatro años en la cárcel.
"El proyecto político del presidente (Hugo) Chávez no es compatible con la libertad de expresión y se está actuando en consecuencia. La semana pasada fue trágica para la libertad de expresión en Venezuela", declaró Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Sin embargo, para la ministra de la Información, Blanca Eeckhout, esta ley es algo "necesario" y no tiene relación con la censura.
"Que los medios asuman las consecuencias de sus actos. Si cometes un delito, debes ser sancionado", declaró.
El debate de este anteproyecto de ley coincide con la salida del aire de 32 emisoras de radio y dos televisoras locales, que ha provocado numerosas protestas durante el fin de semana.
Según Diosdado Cabello, responsable de Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones, estos medios usaban "ilegalmente" las frecuencias que les había concedido el Estado.
"No estamos revocando concesiones, estamos aplicando la ley (...) Vamos a democratizar el espectro radioeléctrico duélale a quien le duela", declaró, avisando de que pueden producirse nuevos cierres.
En total, 240 emisoras de radio y 45 televisoras están en una lista negra de Conatel y podrían perder su concesión próximamente, debido a irregularidades administrativas detectadas sobre el uso de su concesión, según Cabello.
"Es un paquete de medidas que pretende una hegemonía comunicacional. Ellos necesitan una sola voz", denunció Nelson Belfort, presidente de CNB, la más importante de las emisoras cerradas el sábado.
Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), estas emisoras salieron del aire "por capricho gubernamental".
"¿Aún es posible emitir la menor crítica hacia el gobierno bolivariano? Este cierre masivo de medios de comunicación considerados como opositores sólo responde a la voluntad gubernamental de acallar las voces discordantes y sólo empeorará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana", asegura la organización.
Pero para el presidente Chávez, el gobierno no cierra emisoras de radio sino que las "recupera" de la "burguesía" para entregárselas al pueblo.
Después de su salida del aire CNB sigue transmitiendo por internet y este lunes realizó sus programas de forma simbólica desde una plaza de Caracas.
"Estamos tratando de hacer un llamado de alerta a los venezolanos: Hoy es CNB y mañana quién sabe con qué pueden venir. Estamos en una situación de restricción de la libertad de expresión", advirtió en la antena William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.
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