Los abogados Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, miembros del Foro Penal. (Foto Nubia Reina/Archivo)/Diario El CarabobeñoHoy, 00.14
FABIOLA SANCHEZEn los últimos siete años han sido sometidos a procesos judiciales en Venezuela unos 2.000 opositores por diversos delitos, de los cuales 40 permanecen detenidos, informó el miércoles una organización local de derechos humanos.
Un grupo de abogados del Foro Penal Venezolano denunció en conferencia de prensa que entre el 2002 y el 2009 las autoridades abrieron procesos judiciales a unos 2.000 adversarios al gobierno y manifestantes, algunos de los cuales han sido detenidos tras protestar por reclamos laborales.
Alfredo Romero, integrante del Foro Penal Venezolano, dijo que según los registros que lleva la organización 305 opositores y manifestantes han sido encarcelados, de los cuales 40 aun permanecen detenidos.
Romero indicó que de los 40 detenidos existe una porción, que no precisó, que aun están esperando sentencia.
Entre los delitos por los cuales han sido imputados los opositores y manifestantes figuran "alteración del orden público", "resistencia a la autoridad", "lesiones graves" a policías e "instigación a delinquir".
El activista informó que el Foro Penal Venezolano denunció ante la Corte Penal Internacional los procesos iniciados contra opositores entre el 2002 y el 2004, y agregó que próximamente llevarán a esa instancia los casos que se han dado entre el 2005 y este año.
Al ser preguntado sobre la postura que sostiene el gobierno en cuanto a que los procesos iniciados a opositores no responden a una persecución política, sino a que han cometido delitos comunes, Romero dijo que la organización ha determinado que hay una "desviación del fin dentro del proceso a los efectos de utilizar un proceso judicial presuntamente regular pero con el objeto de perseguir".
Agregó que en los 2.000 casos documentados por el Foro Penal Venezolano se ha determinado una "motivación política" en los procesos.
Uno de los casos que ha generado mayor polémica en los últimos días fue la aprehensión del dirigente estudiantil Julio César Rivas, quien fue detenido la semana pasada por su participación en una marcha que se realizó el 22 de agosto en la capital que culminó en enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Rivas, de 22 años, fue imputado por la Fiscalía de los delitos de "excitación a la guerra civil", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración para delinquir", "resistencia a la autoridad", "alteración del orden público" y "uso de arma genérica".
El joven fue trasladado el pasado 14 de septiembre a la cárcel de Yare, a las afueras de la capital, donde están detenidos delincuentes acusados de delitos comunes.
A la cárcel de Yare también fue enviado el prefecto de Caracas y presidente del partido opositor Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, quien fue detenido el mes pasado acusado de "instigación a delinquir" y de cometer "lesiones graves" a un policía que se infiltró en la marcha del 22 de agosto.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha negado que las autoridades judiciales mantengan una persecución de opositores, y ha expresado que sólo han sido detenidas las personas que han cometido delitos.
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