Por los Editores de VenEconomía
La revolución ha redoblado la velocidad de su avance y le está dando a diestra y siniestra patadas a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho.
La revolución ha redoblado la velocidad de su avance y le está dando a diestra y siniestra patadas a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho.
En Venezuela la velocidad de los acontecimientos es tan alta y lo embates revolucionarios son tantos y tan disímiles que es casi imposible hacerle seguimiento. Mucho menos es posible medir en su justa dimensión los estragos que están causando a la sociedad, a la economía y a la democracia.
- Desde todas las instancias y poderes del Gobierno se cerca y se reduce casi a la nada el derecho a expresarse libremente y sin miedo, y se pretende amordazar a la opinión y a la información. Los hechos de esta semana hablan por sí solos: Se imputa y encarcela al conocido dirigente político Oswaldo Álvarez Paz, por “delito” de opinión; se imputa, se le abre un procedimiento judicial y se le prohíbe la salida del país al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, por el “delito” de informar hechos que hicieron historia en Venezuela en 2002. Por último, se detiene al diputado de Podemos Wilmer Azuaje por un supuesto delito de agresión a un funcionario policial, en hechos aún no esclarecidos, violándole su inmunidad parlamentaria, en lo que pareciera ser un pase de factura por sus denuncias de presunta corrupción en el Estado Barinas. Luego de años de demora se apresuran los juicios pendientes a los presos políticos entre ellos el periodista Gustavo Azócar para torpedearles la candidatura a la Asamblea Nacional.
- Se destruye apresuradamente al sistema financiero privado con un paquete de leyes y medidas, entre las que se cuenta la Ley del Sistema Financiero que desmonta los grupos financieros, prohibiendo a un banco ser accionista de una compañía de seguros o casa de bolsa, y viceversa, tanto a nivel nacional como internacional; centraliza en un Órgano Superior Financiero Nacional (OSFIN) la supervisión y control del sistema financiero y obliga a la banca a financiar al “nuevo poder popular” y a las comunas. Y la Ley del Banco Central de Venezuela, aprobada en 1ra. discusión a mano alzada por la Asamblea Nacional, que le otorga el rol de financista de proyectos “productivos” y de “desarrollo”, adicional al de financista del déficit presupuestario que se le ha impuesto en los últimos años y que está prohibido por la Constitución.
- Con la falsa promesa de darle más participación al poder popular, se están dando supuestos poderes a los consejos comunales (calcos de los soviets en la URSS comunista). Éstos, gracias a Ley de Consejo Federal de Gobierno y otras legislaciones que estarán al servicio del Ejecutivo, a expensas de la comunidad organizada y de las instituciones democráticas.
Para completar, la Asamblea Nacional está barajando una ley de asentamientos urbanos, que le arrancará otro tajo al derecho a la propiedad privada.
VenEconomía, empresa dedicada desde 1982 al estudio y análisis del acontecer nacional, es hoy día la principal casa editora de publicaciones especializadas en el ámbito de los negocios en Venezuela.
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Fuente. Latian American Herald Tribune