Presos
Políticos
Fernando
Ochoa Antich.
Protesto a nombre de la Venezuela
democrática que aspira vivir en una sociedad en donde impere el Estado de
Derecho y el respeto de los derechos humanos. Protesto a nombre de la mayoría
institucional de la Fuerza Armada que observa con sorpresa la indebida
utilización de los medios militares en acciones represivas. Protesto a nombre
de los jóvenes estudiantes que, como siempre, están en la vanguardia de la
lucha por la libertad y la democracia. Es
inaceptable que una comisión de la
Dirección de Inteligencia Militar se haya atrevido a realizar una requisa, con
funcionarios encapuchados, utilizando la fuerza, para golpear a Leopoldo López, Enso Scarano,
Daniel Ceballo y Salvatore Luchesse. La responsabilidad del director del penal
coronel Omero Miranda es indiscutible. Tan reprochable actitud compromete su
honor militar.
Es de gran importancia que la opinión
pública conozca los detalles de lo ocurrido
para que pueda valorar la realidad que viven estos venezolanos detenidos
ilegalmente. El 21 de Julio se firmó un acuerdo entre el mencionado coronel
Miranda, la directora de Derechos Fundamentales, María Bertely, y la defensa de los detenidos para lograr que
cesara la situación de aislamiento que, desde hace algún tiempo, sufrían los
presos políticos, buscando garantizarles un constante contacto entre ellos,
acceso a las áreas deportivas, el establecimiento de un horario, permanente y estable, para la visita
de familiares y terceras personas, y el cumplimiento de los reglamentos que
prohíben la imposición de penas y
castigos a personas que están sometidas a un proceso sin haberle sido establecida la
correspondiente pena.
Estoy convencido, que la acción realizada por
la comisión de la Dirección de Inteligencia Militar sólo buscaba demostrar ante
los presos políticos que en el penal
se hace exclusivamente lo que ellos
establecen, sin tomar en cuenta el contenido del acuerdo firmado y quizás hasta
la autoridad del propio coronel Miranda. El dirigente de Voluntad Popular,
Freddy Guevara, con toda razón, consideró “que el acuerdo había sido una trampa
para demostrar que los presos políticos no estaban aislados, para inmediatamente
después volver a confinarlos en sus celdas”. Lo que causa realmente angustia es
haber escuchado a la Fiscal Luisa Ortega Díaz afirmar que Leopoldo López,
Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese “no estaban sometidos a ningún aislamiento pudiendo recibir visitas
de sus familiares y de otras personas”
Durante
mi desempeño como ministro de la Defensa me correspondió enfrentar los trágicos
acontecimientos del 4 de febrero de 1992. Después de la derrota de la
insurrección militar hubo un número de
detenidos relativamente importante, que se fue reduciendo a no más de 50 oficiales, los cuales estaban
realmente comprometidos en la asonada militar. A todos se les guardó las
consideraciones correspondientes a su grado militar. Hago esta referencia
porque entre los detenidos estaba el mayor general Miguel Rodríguez Torres, actual
ministro del Interior. El puede dar fe de esta verdad. Yo, a su vez, tengo que
reconocer que Carlos Andrés Pérez, en ningún momento me presionó para que tomara alguna medida en su contra habiendo
sido el responsable del ataque a La Casona, en donde se encontraban doña
Blanca, sus hijas y nietas.
Es
inexplicable, que un gobierno que se dice democrático sea capaz de utilizar
acciones represivas en contra de un grupo de detenidos políticos. Es verdad,
que ese tipo de acciones es una característica de los gobiernos revolucionarios
y fascistas. Es imposible dejar de señalar la injusticia cometida durante
tantos años con el comisario Iván Simonovis y los demás agentes de la Policía
Metropolitana. Los venezolanos saben perfectamente bien que la responsabilidad
de los asesinatos del 11 de abril la tuvieron los dirigentes del PSUV que
invitaron a sus militantes a tomar las armas para defender un gobierno que
había provocado dicha crisis. Otra caso, realmente doloroso es la situación que
vive el general en jefe Raúl Isaías Baduel. Todos conocen que su prisión fue una
medida judicial impuesta por el régimen chavista al considerarlo responsable de
la derrota sufrida en el referendo constitucional de 2007.
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