Violencia y más violencia
Fernando Ochoa Antich.
Voz de pueblo, voz de Dios. Ese inteligente dicho popular resume el sentimiento nacional referente al sorprendente y escandaloso número de asesinatos políticos ocurridos en Venezuela desde hace algunos meses. En definitiva, los venezolanos creen que la verdadera causa de esas muertes es un delicado enfrentamiento surgido en las filas del chavismo. El esfuerzo realizado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y otros líderes del PSUV, buscando responsabilizar a la oposición democrática mediante la inaceptable calumnia contra Henrique Salas Römer, Carlos Berrizbeitia, y unos supuestos paramilitares no ha convencido a nadie. La mejor demostración son las numerosas fotografías que han circulado por internet, en las cuales se demuestran los vínculos existentes entre los líderes asesinados y los muertos ocurridos en el operativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
De
todas maneras, un hecho de esa gravedad debe de tener alguna explicación. He
reflexionado sobre dicho asunto. Sin lugar a dudas, deben de existir distintas causas para que
pueda generarse una situación tan delicada de anarquía en un sistema
político. La primera causa, a mi
criterio, es el débil liderazgo de
Nicolás Maduro, surgido, de manera sorprendente, después de la carismática
figura de Hugo Chávez. Su autoridad personal es muy débil. Sólo tiene alguna
influencia en los acontecimientos que ocurren como consecuencia de su autoridad
presidencial, pero permanentemente es cuestionada por distintos actores
políticos del PSUV que se consideran con mayores derechos para ejercer dicho
cargo. Además de esta circunstancia coyuntural, el régimen presenta un conjunto
de causas estructurales que exigen la existencia de un fuerte y arbitrario liderazgo, desaparecido con la muerte de Hugo Chávez.
El
régimen chavista, se caracterizó, desde su inicio, por tener dos bases de
sustentación: amplios sectores populares y el apoyo de un número relativamente
importante de miembros de la Fuerza Armada. Esta realidad se modificó
ampliamente a partir de los
acontecimientos del 11 de abril de 2002. Hugo Chávez ratificó ese día su
tradicional desconfianza en la lealtad de la Fuerza Armada. De inmediato empezó a debilitar sus principales valores
profesionales, buscando crear, al mismo tiempo, dos organizaciones armadas que
sirvieran de equilibrio a una posible acción militar: la Milicia Bolivariana y
los Colectivos Revolucionarios. Esta acción, no sólo fue inconstitucional sino
totalmente irresponsable al repartir armamento de guerra sin ningún control.
Esa ha sido la causa fundamental del
incremento de la violencia. Para colmo, se ha perdido el control de los
Colectivos representando un verdadero riesgo para la estabilidad nacional.
Lo
más doloroso de lo que ocurre permanentemente en los sectores populares es que
algunos miembros de los colectivos se
aprovechan de la posición de privilegio que tienen con el régimen
revolucionario para extorsionar y abusar
del poder en menoscabo de los derechos ciudadanos. Esta es una verdad
que la conoce perfectamente nuestro pueblo humilde. La sufre todos los días, al
tener que permanecer en sus casas durante la noche, muchas veces con sus hijos
durmiendo en el suelo, para evitar que una bala perdida le cause la muerte. Eso
no es todo, en ocasiones se ven obligados a pagar peaje, cuando regresan del
trabajo, para poder subir hasta sus
casas. Esta realidad está a la vista. No necesita de ningún estudio sociológico
para poder encontrar alguna solución. Lo único que exige es un gobierno que
cumpla sus obligaciones…
El
principio fundamental de la seguridad del Estado es uno solo: el monopolio de
las armas de guerra lo debe tener exclusivamente la Fuerza Armada Nacional y
los organismos de seguridad. Ha sido tal la falta de control y la
irresponsabilidad del régimen chavista que permanentemente los delincuentes se
encuentran mejor armados que los organismos policiales y de seguridad,
equiparándose en muchas oportunidades con el equipamiento de las unidades
militares. Esta realidad se percibe claramente y es la causa fundamental del
elevado número de muertos que ocurren en los cuerpos policiales. La política de
desarme planteada por el general Miguel Rodríguez Torres es acertada, pero
exige que se establezca como objetivo el desarme de los colectivos
revolucionarios. De no hacerse, se fracasará estruendosamente. Venezuela exige
ese compromiso. No es un problema ideológico sino de un mínimo patriotismo.
Caracas, 12 de octubre de 2014.
fochoaantich@gmail.com.
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