Enrique Prieto Silva
Viernes, 30 de abril de 2010
No podemos salir de asombros en este desastroso gobierno. Si a alguien se le ocurrió pensar que con un militar (cualquiera) podíamos resolver el drama democrático de las dos décadas últimas del siglo pasado, no hay tiempo para esperar que se baje de su nube, porque lo que está ocurriendo en Venezuela, es el resultado de de una enmienda educativa, torcida desde que a alguien se le ocurrió la idea de integrar gabinetes y cursos universitarios con cualquier “intelectual” cuyo currículo incluyera bondadosos estudios de las últimas teorías del desarrollo y de planificación.
Quienes por esos destinos de la vida nos vimos involucrados en esas teorías, tenemos que lamentar la desidia de los altos ejecutivos de las empresas públicas y privadas, cuando su orgullosa ceguera los llevó a considerar nuestros conocimientos como groseras vibraciones en los cambios culturales, que venían a envenenar nuestras mentes para confundir la ciencia para entonces aplicada. Algo así, como golosinas para engrosar el vocabulario. Nunca, con sus excepciones, llegaron a entender, que el mundo girando como una globalidad, venia cambiando aceleradamente las formas anquilosadas de manejar el gobierno y la gerencia empresarial. Principalmente, las formas de producir bienes y servicios, que poco cambio habían tenido desde los inicios de la revolución industrial y el manejo ciego del Estado gendarme o policial que se había imbuido en la liberalidad.
Sin dudas, la mente empresarial, que venía siendo asumida por el Estado capitalista, cuya vertiente socialista mal entendida por los orbitantes del Este en la Guerra Fría, trataron de imponerla a trocha y moche con las “revoluciones” que a la larga fracasaron bajo el manto de la llamada “izquierda”. En Venezuela, bajo engaño a Chávez, asume el mando gerencial, donde militares activos y retirados, asumidos por su supuesta posición meritoria, se convoyan con un rezago de viudas de la izquierda revoltosa de los 60’, quienes no habiéndose percatado de la caída del Muro de Berlín, ni de la desintegración de la UURRSS, valiéndose del sin sentido “por ahora” y de la ignorancia de Chávez, se unen a su estúpida idea de seguir el ejemplo que “Fidel Castro” dio. Fue y es una lucha tonta por querer implantar una sandez que han llamado “socialismo del siglo xxi”, con el que tratan de imponerle normas políticas desfasadas para regir el sistema económico del Estado.
El maltrecho empirismo con que se ha manejado este fatídico gobierno, ha conducido al país a la ruina económica, con el incremento de la miseria cultural e ideológica, cada vez más cercano al infortunio cubano. Bien lo dijo Raúl Castro: “Venezuela y Cuba son la misma cosa”. Pero es sorprendente la intelectualidad del personaje que cubriera hasta hace poco el ministerio de Planificación, Haiman El Trodi. En la onda de lo que exponemos, pareciera que El Troudi estuviera siguiendo la bibliografía de Chávez, para atreverse a proponer “el monopolio del Estado para 36 sectores”, que dicho sea de paso, no califican como tal. En realidad es una amalgama histriónica de elementos o componentes de los verdaderos sectores: económico, social y político, que más bien parecieran ítems en una lista de mercado. Ya vendrán a decirnos que El Trouidi es Mgs. en ciencias económicas o administrativas. Entonces le diremos, que regrese a la Universidad para que le enseñen, si no lo estudió, todo lo relativo a la Planificación económica y administrativa, que por su planteamiento entra en colisión con la social, y con las modernas teorías socioeconómicas, que aún cuando dejan al Estado su planificación, en ningún momento lo llevan a entender, como él lo entiende, como un monopolio. El control que si debe ejercer el Estado en el desarrollo de estas actividades que él llama sectores, debe hacerlo mediante el desarrollo de leyes compatibles, si no existen, que le permitan el control del sector privado empresarial en la ejecución de actividades, dentro de las fases de la planificación, que pudieran poner en peligro o riesgo recursos del Estado, que son de utilidad pública y están protegidos por la ley.
Un verdadero gobierno, dentro de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia como el nuestro, no puede proponer monopolios, distintos a las reservas ya existentes regulados por la ley, porque ello choca con los principios constitucionales que dan libertad de trabajo y de empresa. Pareciera que el señor El Troudi creyera prudente saltarse la Constitución para ayudar a aumentar el cementerio de empresas que desde hace mucho tiempo han venido fracasando por el mal manejo del Estado. Los ejemplos son obvios.
El artículo 112 de la CRBV establece que: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”. Igualmente, el artículo 113 establece: “No se permitirán monopolios…” , “el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. La ley es clara, El Estado tiene atribuciones para la explotación de algunos recursos, pero sería un absurdo considerar como viable o válida la propuesta de este ex ministro.
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