Chávez confirmó que recibió hace dos meses la información sobre el caso de los lanzacohetes. Foto: AFPEl general venezolano Hugo Armando Carvajal es el único jefe de servicios de Inteligencia Militar de América Latina a quien Estados Unidos decidió aplicarle la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de la Droga (1999), conocida como Ley Kingpin. Además, figura desde hace 11 meses en la famosa "lista Clinton" y como consecuencia de esto tiene congeladas sus propiedades y cuenta en Estados Unidos y no puede celebrar negocios comerciales ni transacción financiera alguna con entidades de ese país en ninguna parte del mundo.
Funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos no solo confirmaron la existencia de un expediente en su contra, sino que la semana pasada decidieron ampliar su contenido con nueva evidencia, a raíz de un editorial del diario The Washington Post en el que le pide al gobierno de Obama no asumir una actitud pasiva frente al gobierno del presidente Hugo Chávez por el riesgo que representa para la seguridad regional su supuesto apoyo a las Farc. "El Departamento de Estado (...) debería poner su atención en los que en este hemisferio han tratado de derrocar a un gobierno democrático mediante el suministro de armas a terroristas", dice el editorial publicado después de que fuera confirmada la noticia de que lanzacohetes que Suecia había vendido al Ejército de Venezuela en 1998, terminaron en poder de las Farc.
Oficiales de los servicios de seguridad colombianos que vienen indagando sobre el presunto apoyo de Venezuela a las Farc y que tuvieron acceso a la información que tienen las autoridades estadounidenses, le dijeron a CAMBIO que no solo es cierto que el general Carvajal, director de Inteligencia Militar de Venezuela, ha tenido que ver con la entrega de armas y pertrechos a las Farc, sino que ha estado involucrado en operaciones hechas desde suelo venezolano por narcotraficantes asociados a la guerrilla.
Por la misma razón figuran en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, otros dos ex funcionarios del gobierno de Chávez: Henry de Jesús Rangel, ex director de la Policía Política, Disip, y el capitán de navío (r) Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro de Justicia y del Interior.
Fuentes estadounidenses y colombianas coinciden en que tanto Carvajal como Rangel y Rodríguez, favorecieron el tráfico de armas y drogas mediante un contacto con un cartel de narcotraficantes en Arauca, conocido como el "clan de los hermanos Ríos". Se trata de una organización que, desde la segunda mitad de la década del noventa, hizo parte del flanco financiero del frente décimo de la guerrilla, entonces al mando de Tomás Medida Caracas, 'el negro Acacio'.
Una de las fuentes que ha ayudado a documentar las denuncias, es Germán Arturo Rodríguez Ataya, un piloto que fue capturado a finales de 2005 cuando trabajaba con los Ríos y con las Farc en el transporte de droga y de guerrilleros heridos en operaciones militares. Rodríguez Ataya dio las coordenadas de las bases de la guerrilla en territorio venezolano y entregó fotografías de los contactos hechos con oficiales de la Guardia Venezolana que, por orden de Carvajal, habrían entregado el armamento.
Según uno de los oficiales que trabaja en la validación y organización del material, "esa información hace parte de una especie de dossier preparado por organismos colombianos para cuando se presente la ocasión de demostrar ante la comunidad internacional, que las únicas pruebas sobre la relación de miembros del Gobierno con Venezuela no están en la memoria del computador de 'Raúl Reyes' ".
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Desde entonces y en por lo menos ocho ocasiones, Rodríguez Chacín no solo habría llevado a jefes de las Farc a reuniones en el Palacio de Miraflores, sino que habría gestionado a finales de 2007 un préstamo por 250 millones de dólares del Gobierno venezolano a las Farc, según uno de los documentos que sirvió de soporte para su inclusión en la lista de la OFAC.
De vieja data
La información que analizan las autoridades colombianas también compromete a funcionarios y ex asesores de confianza del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que habrían tenido nexos con las Farc. Parte importante del material probatorio fue entregado por oficiales de las Fuerzas Armadas de Ecuador, que rechazan las presiones y los intentos de algunos altos mandos de ocultar y borrar evidencias.
Uno de ellos es el mayor Manuel Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, quien confirmó la existencia de encuentros del ex ministro del Interior Gustavo Larrea con las Farc, cuyos pormenores quedaron registrados en las agendas y relatorías de las reuniones que hizo Ignacio Chauvín, mano derecha de Larrea. Estos documentos podrían servir para enjuiciar a Larrea, si el presidente Correa cumple con lo que dijo en la entrevista con María Cristina Uribe de Noticias Uno el sábado pasado: "Si me prueban que Larrea se reunió con las Farc, yo mismo le promoveré un juicio por traición a la patria".
La información aportada por Silva coincide con la que entregaron miembros del alto mando militar quiteño el 2 de marzo de 2008, un día después del bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes'. En una reunión con corresponsales extranjeros, miembros de la cúpula que poco días después fue objeto de una purga por su presunta relación con la CIA, dijeron: "Chauvín le agenda varias reuniones a Larrea con las Farc".
El resentimiento no ha sido la única causa por la cual militares y policías retirados decidieron entregar información reservada. También ha sido determinante el desencanto de algunos por la decisión del magistrado de la Sala Penal de la Corte de Ecuador, Julio Logroño, de archivar un auto para seguirle un juicio político a Larrea.
Colombia tendría cómo demostrar también que, aparte del contenido del computador de 'Reyes', existe copiosa evidencia de que las "acciones sistemáticas" de Correa y su círculo cercano contra Colombia, empezaron antes de llegar al poder y en varias ocasiones a instancias de las Farc.
Entre los ejemplos a mano está el papel que jugaron Larrea y Chauvín -también comprometido con un cartel de narcotraficantes que trabajaban con las Farc- cuando en 1998 la Aldhu, una organización ecuatoriana de derechos humanos, presentó denuncias contra Colombia en tribunales internacionales por el uso del glifosato y por supuestas desapariciones y maltratos a campesinos de frontera atribuidos a miembros de las Fuerzas Militares colombianas. Unidades de contraguerrilla del Ejército colombiano encontraron varios documentos preparados durante operaciones realizadas en la frontera con Ecuador.
Por lo pronto, hay 17 casos probados de milicianos de las Farc con antecedentes en Colombia, que participaron en los llamados "Comités de la Revolución Ciudadana" que fueron unas de las bases de la campaña de Correa. Quizá por mucho más que una simple coincidencia, un asesor colombiano de esos comités aportó a la Justicia ecuatoriana información significativa que llevó a que Larrea fuera vinculado a un proceso penal por narcotráfico en enero de 2009.
Las pruebas dieron lugar a la captura de Ignacio Chauvín durante la operación 'Huracán de la Frontera', que lo conectó con la organización de narcotraficantes de los Astaiza que, al igual que el "clan de los Ríos", alimentaban las finanzas de las Farc.
Información hay de sobra para demostrar las relaciones de funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos vecinos con las Farc. Y todo indica que no precisamente se trata de contactos por razones humanitarias.
El 'lapsus' de Chávez
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En un escenario 'decorado' con lanzacohetes de última generación, Chávez mostró un documento que el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, le entregó al venezolano, Nicolás Maduro, el 2 de junio en Honduras, durante la cumbre de la OEA. La intención de Bermúdez era pedirle en privado a Venezuela explicación sobre lo que habría podido ocurrir para que el material de guerra comprado en 1998 hubiera ido a parar a manos de la guerrilla. Chávez aseguró que detrás de la historia de los lanzacohetes no hay nada oscuro y dijo que el material fue robado durante un ataque de las Farc a la base naval venezolana de Cararabo, región fronteriza de Apure, el 26 de febrero de 1995.
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