El acuerdo finaliza oficialmente el próximo noviembre, pero la Embajada de Estados Unidos en Quito ya había señalado que entregará al Gobierno de Ecuador las instalaciones de la base el próximo 18 de septiembre.
Ante la cercanía del fin del acuerdo, el ministro de Defensa, Javier Ponce, en una rueda de prensa, señaló que el Gobierno recibirá las instalaciones "con satisfacción y alegría", porque "finalmente culmina uno de los mayores ofrecimientos de campaña del presidente Rafael Correa (en 2007), que era no prolongar el acuerdo".
Aprovechó la ocasión para reiterar "el compromiso de combatir desde Ecuador, con inteligencia ecuatoriana y con capacidad ecuatoriana, al narcotráfico", tarea para la que se firmó el convenio.
Por su parte, el canciller, Fander Falconí, apoyó las declaraciones de Ponce y añadió que además de "recuperar un pedazo" del territorio de Ecuador, el fin del convenio "es una afirmación clara de la soberanía" del país.
"Básicamente (supone) tener una conducción adecuada de nuestra política exterior, de nuestra política de seguridad y, fundamentalmente, de lo que establece nuestra Constitución, que prohíbe terminantemente tener bases militares y establece a Ecuador como una región de paz", agregó.
El Puesto de Avanzada Estadounidense (FOL, por su sigla en inglés) de la ciudad de Manta, en el oeste costero del país, se estableció mediante un convenio firmado en 1999 por el entonces presidente ecuatoriano Jamil Mahuad.
En torno a la presencia estadounidense en Manta ha habido una serie de denuncias, entre las que figuran su supuesta participación en el hundimiento de barcos con inmigrantes, según la comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional.
Además, en relación a la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno ecuatoriano ha considerado que los beneficios que supuso el funcionamiento de la base han sido "marginales" y en ese sentido ha defendido que la salida de los militares extranjeros no supondrá un trastorno importante en esa tarea.
El pasado 17 de julio se realizó el último vuelo de militares estadounidenses desde unas instalaciones que el Ejecutivo prevé acondicionar para uso civil.