| PORTACHUELO/Por: René Núñez |
| 09 de marzo 2012 |
¿A quién protege la OEA?
¿Estará la OEA de espaldas a la realidad política democrática continental de estos tiempos? Lo digo porque aprecio en su conducta una doble moral: una pasiva e indiferente frente a unos conflictos y otra muy activa y parcializada frente a otros, a pesar de la suprema responsabilidad de velar por el derecho de los pueblos a la democracia y la responsabilidad de los gobiernos de promoverla, defenderla y respetarla.
La Carta Democrática Interamericana, aprobada en septiembre de 2001, así lo establece. Vela no sólo por la preservación del gobierno popularmente electo, sino también por el cumplimiento de una serie de condiciones que incluyen la defensa de los derechos humanos, y garantías como la separación de poderes. Los países miembros están comprometidos a respetar y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, los derechos de los pueblos de elegir a sus gobernantes y de expresar su voluntad a través de elecciones libres, transparentes y justas; el reconocimiento y respeto de los derechos sociales; abrir espacios y mecanismos de participación pública para que los ciudadanos se involucren directamente en la definición de su propio destino; y por último, el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas como medios de expresar la voluntad popular.
Caso Venezuela
En los últimos años la OEA ha estado en conocimiento, por parte de la oposición venezolana, de las reiteradas violaciones del orden constitucional en que ha incurrido el Gobierno nacional, sin que el secretario general haya hecho un esfuerzo serio y responsable para investigar, evaluar e informar a los miembros de la OEA sobre lo que viene pasando en nuestro país. Un hecho comunicacional y notorio ha sido el desconocimiento de la voluntad de 800 mil caraqueños que eligieron, por la misma vía electoral del Presidente de la República, a Antonio Ledezma como alcalde mayor. Le impusieron una jefa, le quitaron bienes, competencias y presupuesto; además, sus oficinas han sido violadas por grupos de choques del oficialismo. Hace pocas horas, el jefe de la guarnición militar del estado Táchira no sólo desconoció una orden del gobernador como la de hacer en la Plaza Bolívar de San Cristóbal el tradicional acto de celebración del 5 de mayo, sino también lo amenazó militarmente de seguir adelante con dicho acto. Afortunadamente el gobernador democratacristiano César Pérez Vivas optó por la paz e hizo el acto en otra plaza para evitar la confrontación.
Los factores democráticos de oposición en Venezuela, han sido perseguidos y criminalizados por disentir u opinar diferente al régimen. El gobierno ha desacatado la decisión soberana del pueblo venezolano expresada en el referendo de 2007, cuando le dijo no al proyecto de reforma para implantar el socialismo del siglo XXI. A nivel internacional la injerencia del Gobierno nacional en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Nicaragua y ahora en Honduras, así como su intimidad ideológica con Cuba y el reconocimiento de las FARC como grupo político colombiano beligerante. Todos estos eventos los conoce la OEA y sin embargo, se ha hecho “la ciega, sorda y muda”. Amén de la campaña de descrédito en su contra; solicitando su desaparición. Como estrategia paralela se creó el ALBA en abierta confrontación con principios, reglas y procedimientos de la OEA poniendo en práctica la nueva geopolítica del trueque energético y financiero.
Caso hondureño
Manuel Zelaya, violando la Constitución hondureña y poniéndose al margen del Tribunal Supremo Electoral, convocó a un referendo para explorar sus pretensiones reeleccionistas. Según la prensa hondureña (supuestamente) las tarjetas de la consulta habrían llegado en tres aviones venezolanos y fueron almacenadas en una instalación militar. Cuando Zelaya pretendió utilizar las Fuerzas Armadas para la distribución del material electoral recibido, se produjo el primer incidente. El comandante general Romero Vásquez, Jefe del Estado mayor, se negó a cumplir la orden presidencial; este desacato produjo de inmediato su destitución. El TSJ de Honduras interviene y ordena la restitución del jefe militar; decisión que no acató Zelaya. Esto trajo como consecuencia la reacción del Congreso y del TSJ para ordenar la destitución del presidente hondureño. Mientras esto ocurría, José Miguel Insulza y el Consejo Permanente de la OEA se abstuvieron de actuar y no crearon condiciones para la negociación y haber conjurado a tiempo la crisis. El artículo 18 de la Carta de la OEA establece lo que debió hacerse y no se hizo. Por ejemplo visitar al país hondureño y oír a las partes en conflicto a fin de tener un conocimiento directo de la situación, evaluar las omisiones, las violaciones y los excesos cometidos. Lo cierto es que el secretario general y la OEA tomaron partido en el conflicto cuando Zelaya fue destituido y expulsado del país. Para colmo, sin consultar a los poderes internos constitucionales hondureños involucrados en la decisión, lo único que hizo la OEA fue pedir la restitución inmediata de Zelaya a la presidencia, ordenando a Insulza visitar Honduras para prepara el regreso del presidente depuesto. La visita fue efectuada por Insulza con arrogancia y terquedad al anunciar en Honduras que no venía a negociar, olvidando o subestimando el uso del arma o método más efectivo de la diplomacia como es la negociación y el diálogo. Con esta conducta de la OEA me quedaron algunas dudas: ¿La OEA se creó para defender gobiernos o defender los pueblos? ¿Un presidente elegido libremente en democracia puede violar la Constitución? ¿Deben los otros poderes constitucionales hacer valer la Constitución o hacerse cómplices de su violación?
Le invito a oír a Diplomacia de Micrófono entre 12.30 y 2:00 pm, por Fama 91.5 FM en Puerto Ordaz.
FUENTE: Correo del Caroní
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