- El presidente venezolano echa el cerrojo a los medios de comunicación que no le son proclives y podría adjudicarlos a «comunidades organizadas»
- Mercedes Lodeiro Paz/ Fecha de publicación: 04/08/2009
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En un reciente viaje a Venezuela, el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, calificó de «satisfactorio» el nivel de libertad de expresión en ese país. El comentario nada afortunado levantó un aluvión de críticas porque justo se produjo en el momento en el que el Gobierno de Hugo Chávez amenazaba de cierre a decenas de emisoras de radio -34 fueron clausuradas el pasado sábado- que ejercían ese derecho de expresión sin seguidismo gubernamental, y cuando se tramita el texto de ley que recoge penas de cárcel para periodistas por «delitos mediáticos».
Moratinos tuvo la mala suete de olvidarse de que hace dos años, el Gobierno venezolano no renovó la concesión a la televisión privada ultracrítica con Chávez RCTV tras más de medio siglo en las ondas. Pero tuvo la fortuna de que el líder bolivariano no lo puso en el brete de invitarlo a su programa dominical Aló Presidente .
La crítica al Gobierno bolivariano es el elemento común a todos los medios de comunicación en su lista negra. La retirada de licencias a emisoras «que envenenan la sociedad»puede llegar a afectar a 250 -casi la mitad de las que hay en el país-, bajo el pretexto de que no actualizaron sus datos ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para lo que tenían de plazo hasta el 3 de julio.
Sin embargo, algunos dicen que pese a haber tramitado la documentación exigida su licencia fue revocada por «improcedente».
Y el lunes, ¡qué casualidad!, un grupo de armados encabezados por Lina Ninnette Ron Pereira, una de las partidarias más radicales de Chávez, atacaron con bombas lacrimógenas en Caracas la televisión opositora Globovisión y agredieron al personal de seguridad con el resultado de dos heridos. Para Ron, un «objetivo revolucionario» con 55 expedientes abiertos por Conatel.
«Se está pasando de la raya»
Esta fundadora del partido Unión Popular Venezolana, que quemó una bandera de EE.UU. en la plaza Bolívar para celebrar el 11-S, también se atrevió en la toma violenta el año pasado del Palacio Arzobispal de Caracas para «invitar» a la Iglesia a no criticar al Gobierno.
El director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, responsabilizó al Gobierno de esos hechos violentos, y el Ejecutivo no tuvo reparos en condenarlos.
«Si usted lo que quiere hacer es acabar con nosotros, hágalo de una vez, pero no mande a su gente a un canal de televisión que prácticamente no tiene guardias armados y que la custodia que tiene es de la Policía Metropolitana por instrucciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» , declaró Ravell. Agregó que «Ron debe estar presa hoy con los 50 delincuentes que la acompañaron», y que Chávez «se está pasando de la raya» con su política contra los medios de prensa.
El ministro responsable de Conatel, Diosdado Cabello, dijo que el cierre de emisoras responde a «la decisión de democratizar el espectro radioeléctrico». Y podrían ser adjudicadas a «comunidades organizadas». «Quien no la debe no la teme», sentenció.
El relator de la ONU sobre libertad de expresión, Franck LaRue, mostró su preocupación por «un cierre tan masivo de radios» y lo consideró un «mal precedente». Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación Internacional de Radiodifusión y Reporteros Sin Fronteras se sumaron a LaRue. Para el Gobierno, hay una campaña internacional que busca «satanizar» a Chávez. A lo mejor es que este busca un récord de audiencia y el modo más fácil es no tener competidores.