Miércoles , 03-03-10
LA cuestión de las relaciones entre las más altas autoridades venezolanas y ETA no puede abordarse como si fuera una declaración destemplada como las que Hugo Chávez acostumbra. Ante unas palabras poco medidas o una mueca diplomática desagradable, sirve una aclaración respetuosa por parte del embajador correspondiente, pero en esta ocasión se trata de una afirmación hecha oficialmente por un juez de la Audiencia Nacional en el marco de un proceso antiterrorista, lo que añade un escalón de gravedad incomparable a esta situación. Que un Gobierno reconocido internacionalmente apoye a un grupo terrorista es un hecho intolerable que no puede ser admitido por la comunidad internacional en ningún caso. Y por el Gobierno español, menos.
La respuesta del caudillo venezolano -apelando extemporáneamente al «pasado colonial»- no puede causar sorpresa porque entra en su estilo tradicional, chusco y descalificador. Pero no puede servir para satisfacer al Gobierno español porque no hace sino añadir gravedad al asunto: Chávez no sólo no aleja las sospechas de connivencia con los asesinos de ETA, sino que desprecia de un plumazo la autoridad de la Audiencia Nacional.
Hasta ahora, el Gobierno ha hecho oídos sordos a todos los que le señalaban que debería mantenerse a una distancia mucho más prudente de los regímenes que están minando la democracia en Iberoamérica con semillas totalitarias o de la perversa dictadura castrista. Zapatero y su ministro de Asuntos Exteriores han respondido diciendo que sus gestos hacia amistades tan poco recomendables han tenido efectos positivos. Sin embargo, en los últimos días ha quedado sobradamente probado que esa política es un grave error. De la negativa a llevar a cabo cambios democráticos en el régimen cubano ha dado testimonio con su vida el disidente Ortlando Zapata. Y de los lazos entre el régimen chavista y el etarra Arturo Cubilla, la Audiencia Nacional. Si el Gobierno no reacciona con la mayor contundencia ante la situación creada con Venezuela, causará un grave daño a la lucha antiterrorista, a cambio de salvar una relación de la que España no obtendrá nada bueno.
Fuente: ABC.es