PORTACHUELO. Por René Núñez
Alcaldía, concejales y ciudadanos unidos en 2013
Nuestro municipio Caroní, el quinto de mayor presupuesto del país, está acéfalo de gerencia y de un concejo municipal competente para cumplir con eficiencia, equidad y transparencia sus responsabilidades en beneficio de la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos sin distingo de naturaleza alguna. Las últimas gestiones municipales se han caracterizado por las confrontaciones bizantinas de intereses personales, ideológicas y partidistas entre alcaldes y concejales, además la del gobernador con el alcalde, convirtiéndose éstas en una traba más en la gestión del burgomaestre de la ciudad, trayendo como consecuencia más desorden, descontrol e insatisfacción de la ciudadanía respecto a la prestación de los servicios en general.
La situación municipal se agravó cuando desde el poder central, ignorando la Constitución, dejaron de lado el poder de las parroquias, órganos a los que se les habían atribuido facultades relacionadas con el ámbito participativo para ciertos asuntos y procesos, entre otros, los de fungir como centro de información, producción y promoción de procesos participativos para la identificación de prioridades presupuestarias. La defensa de los principios de corresponsabilidad, protagonismo y participación ciudadana. Organización, coordinación, supervisión y realización de procesos electorales para la elección de los jueces de paz. La contraloría social. Apoyo a la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública en la elaboración del censo social municipal, conjuntamente con la participación de las organizaciones vecinales y la sociedad organizada. Desde entonces por razones ideológicas -del régimen de turno- el poder de las parroquias lo han venido asumiendo los consejos comunales -aunque en teoría porque en la práctica son otra cosa-, haciéndolos depender directamente de la presidencia y no de la Alcaldía.
La ley municipal, por otro lado, garantizaba el derecho de los ciudadanos (as) a exigir información de la gestión municipal a las juntas parroquiales, les establecía disposiciones importantes como deberes vinculados con el ejercicio de la participación ciudadana, la presentación del Alcalde, una vez elegido, las líneas maestras de su plan de gobierno, las cuales debían expresar los criterios de los ciudadanos.
Otro órgano que ha perdido independencia y objetividad: el Consejo Local de Planificación Pública, garante de la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como la viabilidad de las ideas y las propuestas de la comunidad organizada.
Si se revisa el deber del síndico procurador de dar asesoría jurídica y orientación a las comunidades, también nos encontramos con un servicio mediatizado e ideologizado. La participación protagónica del pueblo ha sido más mediática que realidad. Su injerencia en la formulación, ejecución y control de la gestión pública municipal es muy baja. Igual en la elaboración del presupuesto y el control social de la gestión municipal.
Para rescatar la gobernabilidad y viabilidad del municipio Caroní, donde los ciudadanos sean los auténticos protagonistas de la gestión y no el alcalde o los concejales o el partido de gobierno o la ideología socialista, hay una opción seria y bien intencionada, la de Wilson Castro a la Alcaldía, por la convicción de administrar los recursos y servicios de los guayacitanos con gerencia, acompañado de un equipo humano capacitado, con ordenanzas municipales en armonía y sincronización con las políticas públicas del Estado, apoyado por Henrique Capriles desde la presidencia, y Andrés Velásquez desde la Gobernación del estado Bolívar. La misión de Wilson será la de “Prestar servicios de calidad a satisfacción de los ciudadanos de Ciudad Guayana promoviendo la corresponsabilidad entre ciudadanos y servidores públicos”.
(*) Internacionalista
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