Los
riesgos de una escalada militar
Fernando
Ochoa Antich.
Nicolás
Maduro está desesperado: Su popularidad continúa cayendo de manera indetenible.
Lo muestran todas las encuestas, en
particular la publicada en agosto
de 2015 por la empresa IVAD: 80,0% considera que la situación del país es mala;
92, 8% ha tenido problemas para
conseguir productos de primera necesidad; 87,9 % no le alcanza el dinero para
comprar lo necesario para el hogar; 70,0
% cree que la gestión de Nicolás Maduro es mala o muy mala; 64,9 % no tiene
confianza en el gobierno nacional. En conclusión, si las elecciones hubieran
sido ese día la oposición habría obtenido
el 68,7 % de los votos contra 23, 0% del oficialismo. Las distintas respuestas
diseñadas por la Sala Operacional de Miraflores no han logrado impactar
suficientemente a la opinión pública para modificar esta realidad. Un buen
ejemplo es el cuento de la guerra económica. Nadie se lo cree… En los últimos
dos meses, de manera irresponsable, se han querido utilizar intereses vitales
de Venezuela para confundir a nuestro pueblo. Me refiero a los casos de Guyana
y Colombia.
De
la noche a la mañana, después de 16 años de silencio sobre la reclamación del Esequibo por
Venezuela y de haber cometido múltiples errores que debilitaron aspectos
fundamentales de nuestra controversia, se decidió, sin haber realizado mayores
estudios, dictar el decreto 1787, del 26 de mayo de 2015, creando las Zonas
Operativas de Defensa Integral. Este decreto tuvo tantos defectos que hubo que
derogarlo por el decreto 1859 del 6 de julio, en el cual se suprimieron totalmente las anteriores coordenadas, sin
lograr establecer un nuevo elemento en la reclamación. De inmediato, como era
de esperarse hubo una fuerte respuesta del gobierno de Guyana: descalificó el
Acuerdo de Ginebra, descartó el
mecanismo de los buenos oficios y amenazó con llevar la controversia a la Corte
Internacional de Justicia. La dura e innecesaria controversia, generada por
Nicolás Maduro con el presidente Granger,
no llegó a impactar a la opinión pública nacional. Esta realidad condujo, al
poco tiempo, a reemplazar Guyana por
Colombia.
De manera sorpresiva, Nicolás Maduro decretó, el 19 de
agosto de 2015, un estado de excepción en los municipios Bolívar, Ureña, Junín,
Libertad e Independencia, por un lapso
de 60 días y un cierre de la frontera con Colombia por 72 horas,
justificando esas medidas por la
necesidad de perseguir a los agresores de tres efectivos del Ejército que
habían sido heridos gravemente. Al mismo tiempo, se inició un proceso de deportación masiva de
colombianos, con graves señalamientos de violación de derechos humanos. A
partir de ese momento, el estado de excepción se amplió a los municipios
Lobatera, Panamericano, García de Hevia
y Ayacucho y se decretó un cierre indefinido de la frontera con Colombia
sosteniendo que dicha acción buscaba
combatir a grupos de paramilitares, el contrabando y la especulación cambiaria
que ocurre en la frontera. El 7 de septiembre, el gobierno nacional amplió
el estado de excepción a los municipios
Mara, Guajira, y almirante Padilla pertenecientes al estado Zulia y cerró el paso fronterizo de Paraguachón.
Definitivamente, una creciente e inexplicable crisis
entre Colombia y Venezuela. Digo inexplicable, porque los mismos hechos que
actualmente el gobierno de Venezuela señala como causas de la crisis venían
ocurriendo desde hace más de una década sin que hubiese existido ningún interés
en buscarle solución. Venezuela hubiera podido utilizar las comisiones
establecidas en el Acuerdo de San Pedro Alejandrino. La Comisión Negociadora podía
atender la delimitación de las áreas marinas y submarinas; los ríos
internacionales; las cuencas hidrográficas, la densificación y demarcación de
hitos y las migraciones. La Comisión de Asuntos Fronterizos podía encargarse de
atender tránsito y transporte internacional, sustracción de vehículos, tráfico
de drogas, utilización de recursos naturales y cooperación para la preservación
de los ecosistemas. En lugar de utilizar
esta metodología se dejó que los hechos
alcanzaran la actual gravedad para tener que movilizar unidades
militares venezolanas a la frontera con
los riesgos que eso supone…
. Las tensiones internacionales escalan de manera muy
rápida poniendo en riesgo la paz entre los Estados. Eso está ocurriendo entre
Colombia y Venezuela. Sólo con escuchar las intervenciones de los dos
presidentes se puede valorar los peligros existentes. De todas maneras, estoy
convencido que esta crisis ha sido provocada artificialmente por Nicolás Maduro,
creyendo que de esa manera su gobierno puede evitar ser derrotado en las
próximas elecciones parlamentarias. No dudo, que haya llegado a pensar hasta en
la suspensión de las elecciones. Yo viví la experiencia del Caldas. La aventurera
decisión del presidente Virgilio Barco de autorizar penetrar a una corbeta
colombiana en aguas venezolanas, casi nos condujo a la guerra. En ese momento,
nuestras Fuerzas Armadas Nacionales tenían un excelente apresto operacional que
le hubiera permitido a Venezuela responder con honor y eficiencia tan
inconveniente reto. La pregunta que yo le hago al Alto Mando Militar es la
siguiente: ¿Estamos actualmente en las mismas condiciones operacionales del
pasado? Por lo menos, debería ser motivo de una profunda reflexión. Se compromete
el destino de Venezuela…
Caracas, 13 de septiembre de 2015.
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