De
conspiradores a políticos
Fernando
Ochoa Antich.
Los militares en situación de retiro
tienen absoluto derecho de manifestar públicamente sus ideas sobre distintos
aspectos del devenir nacional y de organizarse en estructuras políticas para
intervenir activamente en su discusión y en la lucha democrática. Eso lo
entiendo plenamente, pero lo que no puedo aceptar del comunicado hecho público
por un grupo de oficiales comprometido en la insurrección militar del 4 de
Febrero es su total falta de sentido crítico para reconocer los graves errores
cometidos, primero con el intento de ruptura del hilo constitucional y luego su
silencio cómplice ante el inmenso daño que se le ha causado a Venezuela durante el régimen chavista. La tragedia que
vive actualmente nuestro pueblo se inició el día en que esos oficiales irrespetaron
su juramento de soldado y se insurreccionaron contra un gobierno legítimo,
electo por voluntad mayoritaria de
nuestro pueblo, sin considerar que el régimen democrático imperante, en esos
años, en nuestro país garantizaba elecciones libres cada cinco años sin
reelección presidencial.
Es verdad, como lo mantienen en su
documento, que Venezuela vive
actualmente “un completo caos, expresado en la crisis económica brutal que
sufrimos, la delincuencia que a diario asesina impunemente, el colapso de los
servicios públicos, y la violación descarada de principios constitucionales”, pero
al denunciar esta terrible realidad no se atreven a reconocer que esta situación se originó desde el mismo
inicio del gobierno de Hugo Chávez, al instrumentarse un régimen totalitario,
inspirado en las ideas fidelistas, que
comprometió gravemente la soberanía nacional, la democracia representativa y
las libertades ciudadanas. Al mismo tiempo, se estableció un período presidencial
de seis años con una reelección inmediata. No satisfecho Hugo Chávez, con esos
doce años de ejercicio presidencial, estableció la reelección indefinida
mediante una arbitraria reforma constitucional. Uno de los aspectos más
vergonzosos de ese gobierno, fue crear un inaceptable culto a su personalidad,
el cual, muchos de sus seguidores han insistido en mantener aún después de su
muerte.
En dicho documento mantienen que “el Proceso Constituyente
para nuestro pueblo fue, es y será, la oportunidad para que como iguales, con
mucha fe, optimismo y entusiasmo en el porvenir decidamos el modelo de
República” pero sorprendentemente olvidan
que justamente la actual Constitución de 1999, la cual instituyó el acto democrático del Referendo
Revocatorio, tiene importantes fallas que necesariamente obligarán a una
revisión por haberse utilizado para escoger los diputados de la Asamblea
Constituyente mediante un ardid matemático llamado Kino, que le permitió al
chavismo obtener el 93,61% de los diputados, con solo el 52% de los votos. Esta
distribución totalmente inequitativa trajo por consecuencia que fuera imposible
reemplazar el Estado Centralizado de Partidos, vigente en la Constitución de
1961, por un sistema político Descentralizado y Participativo. El resultado fue
mucho peor de lo que supuestamente pretendían corregir. Se instauró en
Venezuela un régimen personalista, militarista y centralizado.
Los
firmantes del documento pareciera que aspiran a transformarse en herederos de
Hugo Chávez, quitándole esa bandera a Nicolás Maduro y a sus seguidores. Ese
objetivo los conduce a criticar con gran fuerza los intentos del gobierno para
evitar se realice el Referendo Revocatorio. Utilizan en su cuestionamiento dos
preguntas: “¿Es miedo y cobardía a medirse ante la voluntad popular? ¿O es apoyarse en unos cada día más
cuestionados CNE y TSJ para intentar ganar tiempo y seguir abusando,
atropellando y disfrutando de las mieles del poder?” Las respuestas a esas preguntas definirían al actual gobierno, pero
muchos de ellos que ocuparon altas funciones públicas durante el gobierno de
Hugo Chávez deberían saber que esos abusos se cometían igualmente durante su
gestión y reconocer públicamente que también durante el gobierno de Hugo Chávez
se conocieron los más elevados niveles de corrupción de nuestra historia y se
comprometió gravemente la soberanía nacional al entregar irresponsablemente la
reclamación del Esequibo.
Otro aspecto que me ha llamado la
atención de ese documento es la forma en que equiparan el régimen de Nicolás
Maduro con la oposición democrática representada en la MUD: “El Referendo
Revocatorio no es propiedad de ningún grupo político, ni de la oposición y sus
intereses; ni del gobierno y su poder abusivo, y mucho menos de los intereses
extranjeros que están expoliando nuestras riquezas. Es un derecho consagrado en
los artículos 70 y 72 de la Constitución Nacional”. De eso no hay duda. Sin
embargo, es justo reconocer que la idea de ese Referendo surgió en la Comisión
para la Reforma del Estado dirigida por Ramón J. Velásquez y también fue
planteada, durante los debates parlamentarios de los años finales de los
gobiernos civiles, por varios diputados, entre los cuales estuvo mi hermano
Enrique. Lo que sí creo importante resaltar es que si estos oficiales retirados
aspiran a formar parte de la oposición política que lucha por lograr que se
convoque el Referendo Revocatorio, deberían aceptar que la unidad es la
principal fuerza que tiene la MUD para
lograr poner punto final al desbarajuste madurista. Pretender que cualquier
grupo político puede, por sí solo, neutralizar los esfuerzos del gobierno para
evitarlo, es sencillamente una quimera.
Caracas,
5 de junio de 2016.
@FOchaAntich.
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