Referendo Revocatorio y Fuerza Armada Nacional
Fernando Ochoa Antich.
Venezuela
sufre una gran tragedia nacional. Su gravedad la padecen todos los venezolanos,
civiles y militares, al tener que enfrentar, con pocas posibilidades de éxito,
el hambre, la escasez de medicinas, la inseguridad, la inflación y pare usted
de contar. La única esperanza que tiene, en este momento, nuestro pueblo es
lograr que se le permita ejercer su derecho constitucional de revocar al
presidente Nicolás Maduro. El profundo rechazo a su figura y al sistema que
representa ha llegado a tal nivel que las últimas encuestas de opinión indican
que más del 80% de nuestros ciudadanos están decididos a votar para que sea
revocado su mandato a la brevedad posible. Lamentablemente, un sector radical
del madurismo está dispuesto a interrumpir ese proceso, sin importarle los graves y delicados problemas que irremediablemente surgirían en nuestro
país. La única manera de hacerlo es con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional.
Paradójicamente, los militares activos también tienen derecho a participar en
el proceso revocatorio, ya que al votar se genera la posibilidad de revocar.
Sin embargo, su participación en la recolección del 20% de las firmas no sería
recomendable, por razones obvias, pero si lo será en la última etapa del
Referendo Revocatorio para votar en secreto por el “SI”.
Cohonestar y apoyar una violación
constitucional siempre ha provocado delicadas e históricas consecuencias para
el país, pero también para nuestra Institución. Recomiendo a las nuevas
generaciones de militares activos revisar la historia sobre el fraude electoral
realizado por el general Marcos Pérez Jiménez, en 1952, a nombre de las Fuerzas
Armadas Nacionales. Las flagrantes violaciones que se han venido cometiendo
este año están a la vista. Al perder la
mayoría parlamentaria, después de las elecciones del 6 de diciembre de 2015, con
una diferencia de más de dos millones de votos, Nicolás Maduro y sus secuaces
han urdido una conspiración para quitarle a la oposición democrática su
legítima mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Esa conspiración se
materializó con la ilegal designación durante el anterior parlamento de los
nuevos magistrados del TSJ, el cual
quedó integrado, en gran medida por personas carentes de méritos académicos y
profesionales exigidos por la Constitución Nacional, así como de condiciones
morales, para el ejercicio de sus cargos. Su misión consistiría en darle un
barniz de legalidad a todas las tropelías cometidas por el gobierno en contra
de la Asamblea Nacional, sin importarle violar la Constitución Nacional. Esa
misión la están cumpliendo cabalmente. Sus aberrantes leguleyerías han originado
el lógico rechazo por parte de la colectividad en general y de los diputados
opositores en particular. La primera tropelía fue la de declarar ilegal la elección
de los diputados por el estado Amazonas.
Prudentemente,
la Asamblea Nacional, sin estar legalmente obligada, les pidió a los diputados
de Amazonas que se desincorporaran por propia voluntad, en espera que se
realizara la correspondiente investigación para demostrar si había habido
alguna irregularidad. En ese caso, la oposición estaba dispuesta a medirse en
una nueva elección, si el CNE la convocaba rápidamente. Una medida cautelar
sólo debe tener vigencia por corto tiempo, y más en este caso, que dejaba al
estado Amazonas sin representación parlamentaria. Sorprendentemente, fueron
pasando los meses sin que hubiera una sentencia definitiva y mucho menos se
convocara a nuevas elecciones. En el mes de julio, es decir siete meses después
de la primera sentencia por desacato, la Asamblea Nacional, convencida como
estaba que lo que se buscaba era mantenerla sin la mayoría calificada, ya que de
convocar a elecciones serían, de nuevo, ganadas por la oposición democrática,
legítima y legalmente decidió reincorporar a dichos parlamentarios.
Inmediatamente, se hizo pública una nueva maniobra contra Asamblea Nacional
declarándola en desacato.
Lo
relatado es solo una pequeña parte de todo lo realizado por el TSJ en su
permanente y sistemática búsqueda de anular a la AN, obstaculizando todos sus
actos de forma ilegal y arbitraria. No existe hasta el presente una sola
actuación parlamentaria que no haya sido declarada inconstitucional por parte
del TSJ. Este cuadro de cosas ha llevado a afirmar, a propios y extraños, que
en Venezuela gobierna una dictadura, pero
también existe la percepción de que esa dictadura está sustentada por el apoyo
de la Fuerza Armada Nacional. Ahora,
parece ser que la Sala Constitucional del TSJ piensa declarar nula la
recolección del 1 % de las firmas por un supuesto fraude inventado por Jorge
Rodríguez. La respuesta de la MUD fue terminante. Henrique Capriles señaló que
“el TSJ puede dictar el viernes una nueva medida cautelar para evitar se
realice la recolección del 20 % de las firmas. Si ellos lo hacen, nosotros inmediatamente
convocaríamos a la “Toma de Venezuela”, dirigiéndonos miles de venezolanos
hacia los centros de poder”. Sin lugar a dudas, la razón de esa protesta la
tiene el sector opositor. La Fuerza
Armada Nacional debe analizar y discutir con profundidad tan delicada
situación. Su obligación es preservar la paz de la República, pero la paz no se
puede mantener con más represión e injusticias.
Si Nicolás Maduro y sus secuaces decidieran coartar el derecho ciudadano
a expresarse electoralmente, utilizando a sus bandas armadas para reprimir a
los ciudadanos, se podría generar una lamentable tragedia. Corresponderá entonces
a la Fuerza Armada Nacional mantener a raya a los violentos y a los órganos de
seguridad del Estado, para garantizar la paz y el libre ejercicio de los
derechos ciudadanos. Nuestro pueblo siempre ha tenido fe en la Fuerza Armada
Nacional. No lo defrauden…
Caracas,
16 de octubre de 2016.
fochoaantich@gmail.com
Twitter: @FOchoaAntich
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