El problema militar
II
Fernando Ochoa Antich
A finales del primer gobierno de Carlos Andrés
Pérez se empezaron a escuchar críticas en los cuadros militares por la
disminución del poder adquisitivo de los sueldos y denuncias de algunos hechos
de corrupción. Las nuevas expectativas, generadas por la elección del
presidente Luis Herrera Campins limitaron el crecimiento de ese permanente cuestionamiento.
Al poco tiempo de iniciarse su gobierno, se reanudaron las conversaciones
limítrofes con Colombia. En octubre de 1980, la comisión negociadora presentó
ante el gobierno nacional la “Hipótesis de Caraballeda”. El presidente Herrera
hizo pública su decisión de no ratificarla, si no existía un consenso nacional.
Se iniciaron las consultas con distintos sectores de la sociedad venezolana, en
medio de un acalorado debate. Uno de los hechos más significativos fue la exposición
de dicha hipótesis por el canciller José Alberto Zambrano Velasco al personal
militar de la guarnición de Caracas. El rechazo fue tan firme e importante, que
el canciller Zambrano se retiró antes de terminar su exposición a comunicarle
lo delicado de la situación al presidente Herrera. La negociación con Colombia quedó
congelada nuevamente.
El esplendor económico continuó. La producción
petrolera, entre 1980 y 1981, se triplicó y el precio del barril alcanzó los 30
dólares como consecuencia de la guerra Irán-Irak. Lamentablemente, el desorden
administrativo que caracterizó ese gobierno condujo a que se incrementara la
deuda pública hasta treinta y ocho mil millones de dólares, creándose tal
presión sobre el bolívar que hubo que devaluarlo de 4:30 a 12 bolívares por
dólar. El impacto en la opinión pública fue inmenso. Nadie lograba explicar lo
que había ocurrido y las dificultades económicas crearon en los venezolanos un
sentimiento de frustración que empezó a comprometer la credibilidad del régimen
democrático. En el año de1982 surgió el fuerte rumor de la existencia de una
conspiración militar y se llegó a comentar que un grupo de oficiales pensaba
aprovechar el desfile militar del 5 de julio de ese año para detener al
presidente de la República y al Alto Mando Militar. Esa acción no se realizó,
pero los organismos de inteligencia obtuvieron algunas evidencias que condujeron
al envío al exterior, en calidad de agregado militar, al presunto jefe de dicha
conspiración.
La elección del presidente Jaime Lusinchi, generó
nuevamente grandes expectativas, permitiendo
que disminuyeran las tensiones en las Fuerzas Armadas. Jaime Lusinchi orientó
sus primeros años de gestión a reactivar la economía, con un nuevo pero breve
aumento de los precios petroleros consecuencia de la guerra Irak-Iran., y el
refinanciamiento de la deuda externa. En sus dos últimos años de gobierno,
interesado como estaba en que Acción Democrática ganara las elecciones, incurrió
en un exorbitante gasto público, comprometiendo gravemente las reservas
internacionales. Durante su gobierno ocurrieron dos importantes hechos
militares conocidos como: la incursión de la Corbeta Caldas de la Armada Colombiana
en el golfo de Venezuela y la noche de los tanques. El primer caso resultó en
un rotundo éxito internacional para el presidente Lusinchi, el canciller Simón
Alberto Consalvi y las Fuerzas Armadas. El segundo caso consistió en una
curiosa actuación del mayor José Soler Zambrano, segundo comandante del
batallón Ayala, quien sin autorización tomó, con dos compañías de vehículos
blindados, el acceso y los alrededores del ministerio del Interior, donde
despachaba el doctor Simón A. Consalvi, encargado de la presidencia de la
República, así como la residencia presidencial de “La Viñeta”. Lamentablemente,
las investigaciones no lograron clarificar los hechos con la suficiente
exactitud.
Carlos Andrés Pérez obtuvo un importante triunfo
electoral en las elecciones de 1989. Los venezolanos votaron mayoritariamente
por él, en la creencia de que su triunfo permitiría el regreso a la bonanza
económica de su primer gobierno. Eso era imposible. La compleja situación
económica imperante, la caída de los precios petroleros y en particular la grave disminución en las
reservas internacionales lo obligaron a implementar un programa de medidas
económicas, asesorado por un grupo de jóvenes formados en las mejores
universidades del mundo. Desafortunadamente, la falta de una acertada campaña
de propaganda que explicara la necesidad de dichas medidas, le permitió a
sectores radicales provocar un estallido social de graves y delicadas
consecuencias. Al sobrepasar los disturbios la capacidad de las autoridades
civiles, y la Guardia Nacional hubo necesidad de emplear el Ejército.
Lamentablemente, su utilización produjo un número importante de bajas civiles,
motivado a la falta de equipos y entrenamiento para ese tipo de operaciones.
Ese hecho ha sido utilizado por el régimen chavista para atacar, de manera
inclemente, a los gobiernos democráticos y a los jefes militares, que
inevitablemente tuvieron que asumir esa responsabilidad. En definitiva, El 27
de febrero de 1989 fue un doloroso accidente histórico.
Al acercarse las primeras elecciones de
gobernadores y alcaldes en diciembre de 1989 ocurrió un hecho de indiscutible gravedad
que debió haber alertado al presidente Pérez, a los Altos Mandos de las Fuerzas
Armadas y a los dirigentes políticos de los partidos democráticos. El 29 de
noviembre de 1989, el general de división Carlos Julio Peñaloza, comandante
general del Ejército, recibió en su residencia, a través de una empresa de
distribución de correspondencia, un sobre que contenía una orden de operaciones
en la cual se misionaban importantes unidades del Ejército con el fin de
derrocar al gobierno constitucional. El general Peñaloza llamó por teléfono al
general Filmo López, ministro de la Defensa, con la finalidad de solicitarle
una reunión urgente para definir las medidas que se deberían tomar. A dicha
reunión asistimos los generales Peñaloza, Heinz y mi persona. Al plantearle la
delicada situación le recomendamos al ministro López la detención de todos los
oficiales nombrados en dicha orden de operaciones para realizar la
correspondiente investigación. El general López aceptó la recomendación e
informó lo acontecido al doctor Alejandro Izaguirre, encargado de la
presidencia de la República.
El general Heinz realizó consistentes esfuerzos
durante la investigación, pero no logro clarificar los hechos. El presidente
Pérez se molestó al conocer la información de la detención de los oficiales
superiores. De inmediato llamó al ministro López a Miraflores y le exigió
pruebas que justificaran la detención del grupo de mayores. Al terminar la
conversación le ordenó liberarlos de inmediato y reintegrarlos a sus cargos.
Tres personas influyeron en la errada percepción que tuvo el presidente Pérez
de los hechos: el general Herminio Fuenmayor, director de Inteligencia Militar;
el doctor Ramón Carmona, ministro de la Secretaría y el general Arnoldo
Rodríguez Ochoa, Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa. Los tres
mantuvieron que el teniente coronel Hugo Chávez era un excelente oficial de
comprobada vocación democrática. De manera insistente, el general Fuenmayor le
planteó al presidente Pérez que esa decisión era una injusticia que se
originaba en rivalidades entre los generales Peñaloza y Rodríguez. Sin embargo,
el general Peñaloza presentó una solicitud al presidente de la República de
someter a Consejo de Investigación al citado grupo de mayores. El presidente
Pérez no lo autorizó. Continuaremos…
Caracas, 1° de
enero de 2017
fochoaantich@gmail.com.
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