“Mi dignidad y la justicia no se negocian”, la contundente respuesta de un oficial acusado de conspirar contra Maduro; el fiscal que lo acusó preside la Corte Marcial
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El comandante activo del Ejército, Marín Chaparro fue declarado culpable en la comisión del delito de Instigación a la Rebelión, sin que se haya presentado ninguna prueba contra él. Todos los testigos hablaron en su favor. La decisión de ese juicio fue apelada teniendo como resultado la anulación del juicio, pues hubo una serie de violaciones al debido proceso y a las normas de Ley.
En septiembre del 2021, es destituido, en medio de un escándalo, (https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/09/23/escandalo-en-la-justicia-militar-de-venezuela-nicolas-maduro-designo-a-dedo-dos-cargos-clave-y-arrestaron-por-extorsion-a-un-magistrado/) el presidente de la Corte Marcial, Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges, sustituyéndolo el Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien hasta ese momento era el Fiscal General Militar, a su vez adscrito a la DGCIM, el organismo que mantiene bajo custodia a Marín Chaparro desde el momento de su detención, el 4 de marzo 2018, y que lo ha mantenido en una celda de los sótanos. Aunque en el papel dicen que la cárcel pasó a manos del Ministerio Penitenciario, Marín sigue en el mismo sitio y con sus carceleros de la Dgcim.
Circunstancialmente la defensa de Marín y los otros comandantes de la causa, decidieron iniciar nuevamente la apelación en este año 2022. La nueva decisión reitera iniciar el juicio, eliminando la apelación ya ganada a favor de los acusados, a pesar de que, en sus alegatos, la defensa del Tcnel Igbert Marín Chaparro instó al Magistrado Vásquez Quintero a inhibirse, dado que el mismo acusador se convirtió en Juez. Marín denunció nuevamente las violaciones a sus derechos humanos, con más de cuatro años de prisión y vulneración a su legítima defensa
Presiones en prisión
Aunque suene a cacofonía no hay otra manera de decir lo que ha ocurrido con el joven militar Marín, quien es el alférez mayor de la promoción 1999 “Coronel Miguel Antonio Vásquez” y era, para el momento de su detención, el comandante del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna. No han presentado una sola prueba contra él que demuestre las acusaciones que le hacen, más allá de la declaración de Boris Milán Rudman Jiménez, quien se acogió a la delación contra los comandantes.
Amigos y familiares del comandante Igbert Marín Chaparro aseguran que antes de la audiencia varios mensajeros del MG Vásquez Quintero y de otros funcionarios, incluso el Director del Centro Penitenciario, Mauro Alexis Bracho Suárez, lo instaron para que se declarara culpable en un nuevo juicio, con la promesa de darle una medida cautelar. Su respuesta fue: “Mi dignidad y la justicia no se negocian”.
Insistieron, usando como argumentos razones familiares. Otra vez Marín se negó: “No podría ver los ojos de mis hijos declarándome culpable por cobardía”. Marín repite, en el tribunal, ante el juicio, ante sus carceleros, el artículo del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nro 6: “no puede ser militar el cobarde…”.
Marín es el único oficial activo juzgado por un Tribunal Militar, secuestrado en un Centro de Reclusión Civil, la llamada Casa de los Sueños, de máxima seguridad, donde aún se violan sus derechos humanos.
Los otros comandantes fueron trasladados a cárceles militares, entre ellos: Deibis Esteban Mota Marrero, jefe del Batallón “GD Pedro León Torres”; Erick Fernando Peña Romero, quien estaba adscrito al Hospital Militar de Caracas; Víctor Eduardo Soto Méndez, de la Caballería Blindada “GJ José Laurencio Silva”; y Juan Carlos Peña Palmentieri, quien cursaba Maestría en el Instituto de Estudios Estratégicos de la FANB. 20.
La huelga
El 21 diciembre del 2021, Marín Chaparro se declaró en huelga de hambre, que mantuvo durante 17 días, donde entre otras cosas solicitó la presencia de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Para decidir poner fin a su huelga, fue determinante la visita de representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria.
Cuando inició la huelga de hambre, pidió, a través de una carta pública, que representantes de la Oficina de Bachelet, del Comité Internacional de la Cruz Roja, el encargado de negocios de la Unión Europea y el nuncio apostólico de la Santa Sede constataran la existencia y condiciones de la llamada Casa de los Sueños, donde permanece desde la creación de esa celda de castigo.
Aunque los delegados de Bachelet dijeron que actuarían en consecuencia para que a Marín se le respetaran sus derechos humanos y al debido proceso, nada de eso ha sucedido. La Fiscalía se ha negado a tomar la declaración de su denuncia y la Defensoría del Pueblo ignora su petición. La violación de sus DDHH es del conocimiento de la oficina ACDHONU que preside Bachelet Jeria; de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que ha impuesto dos medidas cautelares a su favor; y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los delegados de Bachelet no cumplieron lo prometido a Marín para que levantara la huelga de hambre
Sin embargo, las instancias nacionales no han actuado con diligencia ante sus denuncias. Cada vez que Marín es llevado al Tribunal ha denunciado abiertamente la violación a sus derechos humanos y al debido proceso, por lo que recibe más retaliaciones en su contra.
El joven comandante no se doblega y ante cada acción para someterlo siempre ha respondido: “no podrán quebrar nunca a un espíritu dominado por la Fe, el Honor, la Justicia y la Verdad”.
FUENTE: FRONTERA VIVA
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