INVENTANDO A LA URSS
Que
la destrucción de las relaciones de producción va a originar la
liberación de las fuerzas productivas, es una de las falacias más
refutadas en la práctica y más repetidas en teoría por todos los
socialismos que en el mundo han sido.
Todavía
hoy, ya en pleno siglo XXI, se sigue predicando que de la destrucción
de un modo de organización social de la producción económica va a salir
algo, no digamos superior, cuando es de toda evidencia que de la
demolición no sale nada, como no sean escombros.
En
las postrimerías de la guerra civil rusa, en 1921, la Nueva Política
Económica de Lenin no fue otra cosa que un paso atrás para tomar
impulso, permitiéndole a la iniciativa privada que produjera lo que se
le iba a expoliar casi de inmediato, en 1928, con la colectivización
forzosa del agro, ejecutada por el padrecito Stalin.
Resulta
trágico que una vez expropiados “los ricos Kulaks” frente a los
comisarios del pueblo no emergieron unas fuerzas productivas liberadas a
plenitud, haciendo nadar en la abundancia a la patria socialista, sino
más bien una masa de campesinos perplejos, desorientados, sin dirección.
Asimismo,
los que hasta el momento eran sólo “enemigos de clase” rápidamente
pasaron a saboteadores y francos contrarrevolucionarios cuando
prefirieron matar sus animales y quemar los graneros antes que
entregarlos gratuitamente a los comunistas.
La
historia por harto conocida no significa que no pueda repetirse, como
ha sido en Europa, Asia, África, sin distinción de raza o credo, desde
Camboya a Cuba, dando siempre el mismo resultado. ¿Por qué los
socialistas insisten en lo mismo?
La respuesta fácil es “por el poder”, porque el socialismo se lleva su buen medio siglo en estrellarse y mientras tanto la nomenklatura
disfruta de un poder ilimitado, se sacia en la venganza contra todo lo
que saben que es superior y ¿quién quita si después, aunque caigan, no
sigan usufructuando los despojos, como ocurre en la Rusia de Putin?
El
destino de la casta militar y policial cubana no está cantado y no
puede preverse su suerte para cuando decidan enterrar a la dinastía de
los Castro. Cuentan con que no habrá justicia y que todo será olvidado.
Creer en una justicia final y en la reivindicación de las victimas es
una ilusión más bien religiosa que los comunistas, al prescindir de
Dios, no tienen por qué conservar.
Si
se elimina el “temor de Dios”, entonces todo es posible. No solo hacer
el Mal, sino regodearse en el Mal que se inflige al prójimo. Se puede
predicar el odio, la mentira y la muerte como principios de una antireligión diabólica.
Lenin
utilizó el modelo de la Iglesia para organizar su partido comunista,
mientras la convertía en su contrafigura llamándola “el partido de la
Iglesia”. Creó su propio Vaticano en el Kremlin y su santo sepulcro,
consigo mismo como centro místico.
La
luz contra las tinieblas, el ejército blanco contra el ejército rojo,
el espíritu contra la materia, Lenin siempre optó por los segundos. Para
él la verdad no existe, sólo es verdad lo que favorezca a la
revolución. La moral, es un prejuicio de clase, maleable según la
conveniencia.
Se
puede calumniar conscientemente a los enemigos, porque es una necesidad
de la lucha política; pero también a los amigos, cuando se colocan
“objetivamente” del lado enemigo.
Los
“principios” de Lenin, como los del Che Guevara, no pueden ventilarse
en público porque apestan. Son intrínsecamente perversos, repugnan a la
conciencia de cualquier persona normal.
La
nueva Rusia echó al cesto de basura la bandera roja, el ridículo escudo
de la hoz y el martillo, la burda denominación “República Socialista
Soviética”; sólo conservó el himno nacional con el triste argumento que
esgrimió Putin, de que no podía concebir que sus abuelos hubieran muerto
en vano.
Le
quedó mucho peor: ¿Entonces quiere decir que lo hicieron por una
melodía? En verdad, a eso se reduce el socialismo, a cantos de sirena.
PSEUDOLEGISLACIÓN
Si
algo puede decirse de esta diarrea legislativa de fin de año, sin temor
a equivocarse, es que no tiene nada de “marxista”. Para el marxismo el
Derecho es un epifenómeno de la estructura económica, la base material
sobre la que se edifica la superestructura de la sociedad,
principalmente el Estado.
De
manera que esto sería comenzar la casa por el techo, redactar el
armisticio antes de la guerra, postular la creencia de que la sociedad
se puede transformar mediante leyes que resultan antitéticas de la
realidad material.
Con
lo cual se reafirma una vieja tradición que asola nuestras tierras
desde la conquista y que se resume en aquella consigna enarbolada contra
las Leyes de Indias: “Se acatan pero no se cumplen”.
Es
una exacerbación delirante del no menos viejo problema del “formalismo
jurídico”, que nos hace ser tan prolijos en leyes como en artes para
eludirlas. Venezuela es con toda probabilidad el país con más leyes en
contraste con el menor índice de cumplimiento.
Hace
tiempo se ha determinado que nuestro problema no son las leyes sino
cómo lograr una mayor interiorización de parte del público, esto es, una
mejor cultura jurídica; pero el ejemplo que nos viene de arriba es
deplorable. El primero en hacer de la constitución y las leyes un
estropajo indigno del menor respeto es el mismo gobierno.
Partiendo
del principio revolucionario de que las leyes, los procesos
legislativos y judiciales son “una farsa de los ricos para engañar a los
pobres”, los han convertido efectivamente en eso, en una farsa, que en
vez de garantizar derechos lo que pretenden es abolirlos, dejando al
ciudadano inerme ante la arbitrariedad.
El
resultado es esta batahola de leyes que ni siquiera tienen la mínima
apariencia de legalidad y sentencias que violan los más elementales
principios interpretativos, como la del proceso a diputados que no sólo
invierte el principio in dubio pro reo, sino que deroga el de la soberanía popular.
Se
sabe a dónde apunta esta estrategia política. En Venezuela el índice de
formalidad es extremadamente bajo, la mayoría de la población está
fuera del sistema jurídico; lo que se persigue con las nuevas leyes es
poner al sector formalizado “fuera de la ley” para justificar la
represión y el uso de la violencia, que el régimen discrimina
políticamente.
Sólo
caerán los funcionarios públicos y los empresarios formales que quiera
el régimen; el resto de los ciudadanos no podrá sino aguzar los
mecanismos de elusión legal, con lo cual sólo crecerá la informalidad,
como el mercado negro.
Finalmente,
se manifiesta una paradójica prepotencia impotente: incapaz de resolver
problemas, el régimen pretende que otros lo hagan coactivamente,
obligados por leyes ilegales.
Doble paradoja es utilizar la forma de la ley para abolir el principio de legalidad.
PSEUDOPOSICIÓN
La
que resulta embarazosa es la situación desairada de la llamada
“oposición” a la que dejan sin silla y sin escritorio antes de asumir el
cargo, sólo por un afán de humillar, porque, bien vista la cosa, este
país funcionaría igual sin Asamblea Nacional, como ya se ha demostrado
suficientemente.
No
se necesita ser constitucionalista, ni siquiera abogado, para darse
cuenta de que una Ley Habilitante no puede motivarse por causa de las
lluvias, porque no es una legislación de emergencia, que procede en caso
de catástrofes naturales o calamidades públicas reguladas en el
capítulo relativo a los estados de excepción que, de paso, se resuelven
en treinta días, no en doce o dieciocho meses, período que tampoco se
encuentra en el texto constitucional.
La
Constitución de 1961 restringía la habilitación a materia económica y
financiera; la actual eliminó esa restricción, pero conservó el plazo,
por aquello de delegatus delegare non potest. Se supone que los diputados reciben una delegación del pueblo, por lo que no pueden a su vez delegarla.
Eliminada
la doble restricción, por la materia y el tiempo, todo queda convertido
en una charada, al extremo de que la Asamblea delega poderes que a ella
misma no le han sido delegados por el pueblo, de manera que ceden lo
que no tienen.
Si
esto no fuera suficientemente patético, más lastimosas aún son las
defensas opuestas, que son como para decir: “Compadre, no me defienda
más”. Cada aparente objeción entraña de fondo una peor convalidación.
Dicen
que la Asamblea Nacional no puede dictar leyes atropelladamente como lo
está haciendo porque le quedan quince días de ejercicio. O sea, que
antes sí podía hacerlo, con pleno derecho. Una asamblea espuria,
“elegida” con un 80% de abstención en el 2005, representante sólo del
régimen, según la “oposición” podía dictar leyes legítimamente.
Esto
ha servido para desempolvar el otro argumento completamente criminal de
que la oposición “decidió” no presentarse en las elecciones de 2005 y
por tanto es responsable de que la asamblea sea roja rojita. Olvidando,
claro está, el fraude descomunal del referendo revocatorio de 2004, que
se convirtió en “confirmatorio” por obra y gracia del TSJ, porque esa
figura ni siquiera existe en la Constitución.
Argumento
criminal porque exculpa al régimen de toda responsabilidad en este
fraude no solo a la Constitución sino a la misma teoría constitucional,
según la cual, la representatividad tiene por objeto que “obedeciendo la
ley, el ciudadano no se obedece sino a sí mismo, permaneciendo tan
libre como antes”. Fuera de toda discusión: una asamblea no
representativa, no puede ser nacional, ni legislativa.
Los
que usan este argumento no solo tergiversan la realidad histórica
(quienes no nos presentamos fuimos los electores defraudados en el
referéndum, la oposición no pudo hacer otra cosa y si hubieran ido a
esas elecciones se hubieran quedado solos, como Julio Borges) sino que
ignoran el fundamento del poder legislativo, la teoría y práctica
constitucional, la letra y espíritu de ésta y cualquier constitución.
Uno
salta por aquí y dice que si el “presidente” ejerce con esa ley
habilitante se convertiría en usurpador, eso sí, sólo después del 5 de
enero de 2011; antes no lo era, ni lo ha sido nunca.
Otro
salta por allá a reivindicar la nueva asamblea nacional, que según
ellos fue elegida “democráticamente”, que es la pura expresión del
pueblo, es decir, la voz del CNE es la voz de Dios. Se quejan, nada
menos que ante la OEA, de la creación de un “estado paralelo”, con once
años de atraso y sin reivindicar para nada a quienes lo han venido
denunciando desde el principio, sin que nadie escuche.
Para
terminar, el gurú de la oposición colaboracionista y traidora proclama
que se “ha comenzado a recorrer, ahora sí, el camino de la dictadura”.
Tómese nota de las palabras: “comenzado”, “ahora sí” (nunca antes), el
“camino”, que puede ser muy largo, etcétera.
En otro tiempo esto se llamó “fariseísmo”; pero hoy francamente es otro crimen y, dadas las circunstancias, de lesa humanidad.
Luis Marín
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