Con Hugo Chávez los militares coparon el espacio estatal / Foto: YouTube
En la historia de Venezuela los militares nunca han estado bajo el control de los civiles
El discurso militar del madurismo es radicalmente distinto al de Hugo Chávez
La otra puerta al poder que Chávez abrió a los militares de América Latina
Por Hernán Castillo
Martes 21 de abril de 2020, 09:00h
Hernán Castillo (ALN).- “Nada es tan peligroso como un Ejército en medio de una nación pacífica”, dice Alexis Tocqueville. Y de aquí partimos para decir que el tema esencial para comprender el proceso político venezolano, paradójicamente es uno de los temas menos estudiado por la sociedad civil. Me refiero a las relaciones civiles y militares y la seguridad y defensa del Estado democrático.
Hay varias razones que explican
por qué la academia venezolana, con importantes excepciones, no ha tenido entre
sus prioridades la investigación rigurosa de este problema. Entre otras, no nos
hemos propuesto hacer el esfuerzo por eliminar el tabú que existe en Venezuela
sobre los estudios militares. Estos trabajos, en cierta forma, son percibidos
como peligrosos, con los que el investigador académico corre riesgos;
especialmente en el estudio de los temas relacionados con el control civil de
las Fuerzas Armadas y la seguridad y defensa del Estado.
Las relaciones civiles y militares en sociedades como Venezuela tienen características dramáticas, en donde entre otros problemas importantes, el lugar y la función que deben ocupar los militares en la sociedad y el Estado, no están absolutamente claro y bajo control. Brian Loveman (1999) así lo plantea en su libro For la Patria, este es probablemente el estudio más completo sobre la evolución histórica del rol político que han desempeñado los militares en América Latina, desde la Colonia hasta finales del siglo pasado, aunque lamentablemente no estudia en detalle el caso Venezuela.
Nuestra élite civil, particularmente la representada en el Parlamento, en ciertas ocasiones ha mantenido en igualdad de plano la relación entre civiles y militares; incluso, a veces ha auspiciado la supremacía militar sobre la sociedad civil, cuando de lo que se trata es de asegurar la supremacía civil sobre lo militar y garantizar la subordinación militar al sector civil, tal como funciona en las sociedades democráticas modernas del mundo occidental. La idea de la unión cívico militar es una desviación civilizatoria que amenaza la supervivencia de la sociedad civil, ya que los militares están armados y los civiles disponemos sólo del ejercicio de la libertad de información y expresión del pensamiento, y de la organización democrática.
Para Venezuela, la abusiva intervención política de los militares y sus orígenes ideológicos en el siglo XX, comienzan así: El pretorianismo parte de la convicción de que es el Ejército el que debe llevar la patria a la grandeza (...) y al inventársele al Ejército moderno la tradición que lo empalma con los Padres de la Patria se le estaba dando una carga ideológica que escapaba, largamente, de las sanas intenciones (…) que siempre tuvo López Contreras (Straka, 2003: 38-39).
Se puede afirmar, que el pretorianismo venezolano tiene su naturaleza en la exaltación del papel que jugó el Ejército de Simón Bolívar en la guerra de independencia.
Gene Bigler, primer estadounidense en estudiar las relaciones entre civiles y militares en Venezuela, plantea el surgimiento y consolidación de nuevos parámetros, una vez fuera del poder el pretorianismo perezjimenista. Parámetros centrados entre dos grandes aspectos: el proceso de profesionalización militar y el sistema sociopolítico en el que se desempeñó el estamento militar, con cinco factores principales que sirvieron de base para institucionalizar el control civil de los militares, luego de 1958.
1. La cohesión de las elites.
2. El alto prestigio del liderazgo civil.
3. El fracaso de los militares en la dirección del Estado.
4. El sentimiento antimilitarista de la sociedad.
5. La profunda división de la institución militar.
La combinación de estos factores impuso la visión del Estado en el pacto de Punto Fijo, firmado en los albores de la democracia. Por último, la importante amenaza que representó la revolución castrocomunista cubana terminó por establecer las bases para el respaldo de la institución militar al experimento democrático que recién se iniciaba, ya que la violencia subversiva amenazaba mortalmente la propia existencia física de los militares (Bigler, 1981: 85-142 y 1982: 175-196).
Los militares sin control
Bigler, también alerta sobre cuatro grandes puntos de potenciales conflictos: El tema fronterizo y territorial. El escaso escrutinio de la sociedad civil sobre los militares en problemas relacionados con el funcionamiento de la institución militar. El restablecimiento de los derechos políticos de los militares; y el nivel socioeconómico de vida de los militares.
Las características que le asigna Bigler a las relaciones civiles y militares en la democracia venezolana fueron circunstancias que permitieron mantener dentro de los mecanismos institucionales a los militares, pero eso no significó la existencia de control civil efectivo.
En la historia de Venezuela no ha existido un verdadero riguroso efectivo control civil sobre loa militares. Afirmar que durante la vigencia del pacto de Punto Fijo existió control civil sobre los militares es un juicio superficial. Ahora bien, si en Venezuela no ha existido control civil sobre las Fuerzas Armadas, ¿qué fue lo que permitió que los militares respaldaran el proyecto político democrático?
Los factores que según Bigler le dieron al sistema democrático las bases para institucionalizar el control civil a las Fuerzas Armadas, luego de 1958, no constituyen el desempeño efectivo del control civil sobre los militares. Esos factores son los rasgos sobresalientes de la retórica para explicar la fortaleza de la actuación institucional de las Fuerzas Armadas durante los años de vigencia de la Constitución de 1961.
No obstante, ese grupo de factores ayudó a evitar que la situación se desbordara; y muy importante, se logró incorporar a los militares al nuevo proyecto. Pero por el hecho de lograr objetivos importantes, no significa la existencia de mecanismos que garantizaran un riguroso control civil de los militares.
Bigler omite la presencia del elemento crucial: el pretorianismo. En otras palabras, la intervención abusiva militar en política. Es más, las Fuerzas Armadas, a partir de la victoria militar sobre la izquierda subversiva, gradualmente fueron conquistando mayores autonomías, privilegios e independencias; al fin y al cabo exponían sus vidas, pero un efectivo control civil, no existía.
Es importante reiterar que los factores que propone Bigler no son indicadores de control civil. La especialización técnica de las funciones militares no se debe llamar profesionalización militar, además las actividades técnicas propias de la división del trabajo en la guerra subversiva fueron resultado de la intensificación de las amenazas que vivió Venezuela. El sentimiento antimilitarista del pueblo venezolano es resultado de la represión, de las violaciones de los militares de los Derechos Humanos, y del fracaso de los militares en la conducción del Estado, pero no implica control civil efectivo; aunque ese sentimiento puede actuar como una muralla cultural ante las pretensiones golpistas.
Luego del fracaso del decenio militar, 1948-1958, los distintos sectores pretorianos, resultado de la división política interna de las Fuerzas Armadas se vieron forzados a respaldar el nuevo experimento democrático y se vieron en la necesidad de enfrentar conjuntamente la subversión armada comunista pero, insisto, esa conducta no significa control civil sobre las Fuerzas Armadas. Y la derrota de todos los alzamientos militares en Venezuela luego de 1958 tampoco significa la existencia de control civil sobre los militares.
Esas derrotas pueden significar que los alzados no evaluaron correctamente las circunstancias ni los costos del fracaso de sus felonías. Pasaron cerca de treinta años para que se volvieran a presentar una serie de condiciones en el funcionamiento de la democracia que estimularon nuevos alzamientos en febrero y noviembre de 1992, y también fueron derrotados con los propios recursos de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, no obstante, el alto prestigio y la cohesión del liderazgo nacional, éste no tuvo la visión de atribuirle a los poderes públicos y a la sociedad civil facultades de un fuerte control civil sobre las Fuerzas Armadas; de hecho, apenas ciertos ascensos militares necesitaban la autorización parlamentaria.
En conclusión, los militares pueden acatar la Constitución por múltiples y complejas razones, lo cual no significa necesariamente la existencia de control civil efectivo y una verdadera subordinación al poder civil. Este punto es clave, porque cuando S.E. Finer, autor poco estudiado en nuestro ambiente académico, plantea el nivel de baja o mediana cultura política en su modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares se refiere a que los civiles pueden gobernar pero otorgándoles a los militares total autonomía; es decir, la legitimidad de las autoridades civiles es importante pero refractaria a los militares. El modelo teórico de Finer sobre las relaciones civiles y militares lo veremos un poco más adelante.
La amenaza pretoriana en la historia de Venezuela
Ahora bien, el problema está, por una parte, en que en el análisis, se tiende a desestimar la herencia cultural y las profundas fuerzas de la historia venezolana. Y por otra parte, se tiende a obviar la conciencia histórica que tienen las Fuerzas Armadas sobre el rol que han jugado en la política venezolana; de modo que, la herencia militar pretoriana tiene raíces profundas en nuestra historia.
La amenaza pretoriana siempre ha estado presente en Venezuela, pero eso no es lo más grave; lo más grave es que el pretorianismo se ha incubado y desarrollado por el propio desprecio, ignorancia, permisividad, tolerancia y desconocimiento teórico de nuestra dirigencia civil del enorme poder destructivo de la abusiva intervención de los militares en política, lo que ha bloqueado la posibilidad de establecer un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, luego de las trágicas experiencias de estas últimas tres décadas estamos empezando a tomar conciencia de la profundidad del problema. Sin embargo, el pueblo venezolano ha demostrado que tiene fuertes valores libertarios y en condiciones extremadamente difíciles sigue dando la pelea. Soy optimista. Si mantenemos la resistencia civil al socialismo militar bolivariano del siglo XXI, no es tarde para vencer la posibilidad de que el pretorianismo haga metástasis.
El pretorianismo alimenta su potencial destructivo en la fragilidad institucional, en el sobredimensionamiento de la institución militar, pero principalmente, en la baja o mediana cultura política (Finer 1969: 221).
Sobre la intervención política de los militares en Venezuela, Irwin plantea la teoría según la cual en el siglo XX se produjo un fenómeno que llama “contubernio, fusión, entente, acuerdo no escrito, simbiosis, entendimiento militar-civil, control parcial negociado, mediatizado y condicionado entre el sector civil y la institución castrense”.
El sector militar, indirecta o directamente, ejerce primacía o predominio dentro de ese entendimiento mutuo. Este se expresa políticamente, por lo que es también una relación político-militar, o un grupo de militares, o la institución castrense, logran una ventajosa y hasta dominante relación de poder para con el sector civil de la sociedad. El resultado de esta simbiosis militar-civil y político-militar es el fracaso por consolidar un auténtico control civil en la realidad del siglo XX. (Irwin 2000:10)
Y la naturaleza de ese fenómeno:
Pero, fundamentalmente, surge una comunidad de intereses entre el gobierno de los partidos reformistas y los militares al enfrentarse a un enemigo común: la guerrilla de orientación marxista leninista apoyada logísticamente desde Cuba gobernada por Fidel Castro. Esta situación reafirma la influencia estadounidense, refuerza la tendencia de orientación profesional entre la oficialidad venezolana y contribuye a neutralizar el protagonismo político a la oficialidad pretoriana. Partidos políticos y Fuerzas Armadas redefinen sus áreas de influencia y competencia, durante 1958-1962. La secular simbiosis de poder entre militares y civiles entra en una nueva fase de reacomodo, mas no desaparece. La tradicional política militar encuentra nuevas formas de expresarse, deja de lado su condición visiblemente protagónica, pero se mantiene como un factor clave de poder. (Irwin 2000: 98-99)
Por la victoria militar de la lucha contra la subversión se produce una “alianza entre iguales”, pero control civil no hubo. Y en reciprocidad se les fue asignando una serie de inmunidades, independencias, autonomías, privilegios, áreas de influencia y monopolios a las Fuerzas Armadas.
Ahora bien, anterior a la lucha armada, el sector civil venía de la lucha clandestina contra la dictadura de 1948-1958. La resistencia estuvo en los hombros de los partidos Acción Democrática.AD, y el Partido Comunista de Venezuela, PCV. Y luego de derrocada la dictadura, los partidos políticos surgieron como los principales protagonistas. El sistema bipartidista AD-COPEI solapó la abusiva intervención política de los militares durante los cuarenta años entre 1958 y 1998. Pero durante esos cuarenta años no se organizó un sistema real de mecanismos institucionales efectivos de control sobre las Fuerzas Armadas.
En AD no sólo había conciencia del peso de los militares, también gravitaba el costo humano que significó la represión y las violaciones a los derechos humanos, sino también pesaba la experiencia del Trienio 1945-1948; unido a una concepción maniqueísta, según la cual a los militares se les puede manipular. Y una vez derrotada la dictadura se implementaron medidas para someter a los militares, pero no para controlarlos.
En vez de complementar esas medidas de sometimiento con mecanismos institucionales de control civil, se empezó a concederles prerrogativas que lesionaban el control civil y así silenciosamente comenzaron a recuperar importantes niveles de influencia. Ahora, no intervenían directamente sino a través del chantaje, tal como veremos en el “Segundo Orden de Cultura Política” del modelo de S.E. Finer.
Los árbitros de la democracia
Pero el error fue mayor: el nuevo experimento le confirió a las Fuerzas Armadas el papel de árbitros de la democracia, en el sentido expuesto por Amos Perlmutter (Irwin 2003: 1819) y Eric Nordlinger (Irwin 2003: 40 y 151).
En las democracias donde funciona la subordinación de los militares y el control civil, los comandantes de Fuerzas no necesariamente son militares, igualmente el ministro de la defensa puede ser civil. La titularidad de un civil al frente de la política de seguridad y defensa paradójicamente permite despolitizar a los altos mandos militares y concentrarlos en sus funciones técnicas y operaciones directamente asociadas con la aplicación de la violencia.
Uno de los privilegios de las Fuerzas Armadas, que fueron consolidando, fue la clasificación como secreto cualquier información relacionada con la seguridad y defensa del Estado; lo que ha traído como consecuencia que los estudios sobre las relaciones civiles y militares son prácticamente exclusividad militar. Pero lo más grave es que amenazan con invadir otros campos de estudio relacionados con la seguridad y defensa del Estado.
Ahora bien, el problema está, por una parte, en que en el análisis, se tiende a desestimar la herencia cultural y las profundas fuerzas de la historia venezolana. Y por otra parte, se tiende a obviar la conciencia histórica que tienen las Fuerzas Armadas sobre el rol que han jugado en la política venezolana; de modo que, la herencia militar pretoriana tiene raíces profundas en nuestra historia.
El sector civil le había reservado a los militares posiciones en la administración pública, pero el paroxismo llega con el teniente coronel Hugo Chávez, que hace masiva la ocupación militar de toda la burocracia estatal.
Otra área de privilegios es la aplicación de la justicia, cuando a delitos cuando a civiles, por razones políticas, se les aplica la justicia militar.
Una de las más importantes autonomías de las Fuerzas Armadas son los institutos educativos de formación de valores que tradicionalmente han estado fuera de la vigilancia de las autoridades educativas civiles. Esto forma parte de una terrible herencia. En 1973, el virus pretoriano tiene una importante mutación: la implementación de la reforma de los estudios militares en el Plan Educativo Andrés Bello.
El pretorianismo venezolano tiene sus orígenes en el mantenimiento en las escuelas de formación militar y en la educación cultural venezolana en general de un conjunto de mitos, como por ejemplo, entre otros, aquel mito que tiene que ver con el establecimiento de relaciones artificiales entre el papel jugado por las fuerzas armadas en la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, y la preservación de la democracia, con las luchas de Simón Bolívar en su época, cuando en realidad, rigurosamente, esas situaciones no tienen ningún vínculo, el ejército que creó Gómez y las fuerzas armadas que le sucedieron no tienen nada que ver con el ejército del Libertador (Irwin 1999: 31-50).
Con el Plan Andrés Bello el objetivo del latente pretorianismo militar pasó a ser el liderazgo nacional y la participación en el Desarrollo de Venezuela. Los subtenientes ya no eran formados sólo para dirigir las Fuerzas Armada.
Resultado del Plan Andrés Bello se fueron organizando promociones que luego organizaron la logia militar de los “Comacates”, entre las que se encontraba Hugo Chávez. Comacates es un acrónimo que pone en una palabra los grados militares de comandantes, mayores, capitanes y tenientes.
Las promociones que se formaron bajo el Plan Andrés Bello son coetáneas con las generaciones de militares golpistas contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez.
La reforma del Plan Andrés Bello empezó a implementarse en 1973, a finales del primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1973) y las primeras logias durante la vigencia del Pacto de Punto Fijo empezaron a formarse en los inicios, también, en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1973-1979) (Irwin 2008: 249).
El chantaje militar
Pero la pregunta es: si en Venezuela no hemos tenido control civil sobre las Fuerzas Armadas, entonces ¿qué hemos tenido? Parte de la respuesta la encontramos en lo que S.E. Finer (1962) llama el “Segundo Orden de Cultura ¨Política”. La característica principal de este nivel de cultura es que los civiles pueden gobernar, pero dándole a los militares total autonomía e inmunidad institucional; es decir, la legitimidad de las autoridades civiles es importante pero refractaria a los militares. Y los aspectos cruciales del funcionamiento del “Segundo Orden de Cultura Política” son el “blackmail”, el contubernio, la rivalidad, la intimidación, la amenaza de no cooperación, e incluso amenazas de violencia contra las autoridades civiles, como formas de intervención política militar.
Respecto a la traducción del significado de “blackmail”, es una palabra que ideológicamente se traduce como chantaje, pero la versión castellana del modelo teórico de Finer (1969: 221) la traduce literalmente como extorsión. Considero que para nuestros propósitos, la traducción como chantaje es más adecuada, ya que el chantaje no necesariamente implica el uso de la fuerza física. El chantaje está más asociado a la idea de presión psicológica. En cambio, la extorsión política tiene un alcance mucho mayor a la presión y la amenaza psicológica. La extorsión implica el uso de la fuerza física, no para obtener ventajas o prerrogativas, sino para la usurpación. El chantaje es más sutil, la extorsión más directa, por lo cual el chantaje político se ajusta más para explicar la característica principal de las relaciones civiles y militares venezolanas. Pero sobre todo para explicar cómo fue que los militares, sin la existencia de control civil en el sistema político, enmarcaron su actuación en los parámetros constitucionales.
La subordinación militar al control civil exigen compartir valores y la visión acerca del futuro y la cultura política democrática de la sociedad; y no sólo eso, sino más aún, que ese grupo de valores y esa visión del futuro deben pasar a formar parte integral de las convicciones y creencias de la institución militar en su conjunto y de los militares individualmente.
De esta manera, la autonomía de las Fuerza Armadas venezolanas alcanzó una importante significación para el funcionamiento del sistema político que fue más lejos del alcance planteado en el pacto de Punto Fijo. Es decir, el acuerdo tácito entre la dirigencia nacional del sector civil y los militares, consistió en darle una alta dosis de autonomía a la dirigencia militar en cuestiones vitales. En efecto, la autonomía de los militares en un ambiente político donde el control civil es débil, o inexistente, plantea mortales amenazas para la supervivencia del sistema de libertades democráticas puesto que esa autonomía termina separando a los militares de los valores generales y la visión del futuro de la sociedad.
Uno de los mecanismos más característicos de la separación de la sociedad civil y los militares, pero potencialmente peligroso en países con bajos niveles de cultura política e institucionalmente frágiles y débiles como es el caso de Venezuela, es cuando los militares, comienzan a formularse teorías sobre su papel en el Desarrollo del país. Especialmente las teorías referidas a la seguridad y defensa del Estado orientadas a justificar su intervención en la política y la búsqueda del poder del Estado. La Constitución Bolivariana de 1999, en el artículo 328, en relación con las misiones militares, entraña el virus pretoriano de mayor potencial destructivo cuando, textualmente, consagra la participación activa de las Fuerzas Armadas en el Desarrollo nacional de la siguiente manera:
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.
Cuando los militares comienzan a intervenir en áreas que trascienden el campo de la seguridad y defensa, con sus propias interpretaciones teóricas, comienza la actividad del germen del desconocimiento de la subordinación y sujeción militar al sector civil. Esas teorías de origen militar acerca del Desarrollo se ven usualmente complementadas con interpretaciones interesadas de la historia. El ejemplo de la interpretación que hizo el teniente coronel Hugo Chávez del papel jugado por Simón Bolívar en la historia venezolana, constituye un buen ejemplo del daño que esas caprichosas interpretaciones le pueden ocasionar a una sociedad.
Richard Kohn apunta que el rol de los militares es la defensa militar de la sociedad y del Estado. El rol de los militares no es plantear y ofrecer definiciones teóricas, políticas, económicas o de cualquier otro tipo sobre el tipo de sociedad y Estado a la cual pertenecen (Kohn 1997). La participación activa de los militares en el Desarrollo nacional debe estar limitada y circunscrita a la implementación operativa, bajo un riguroso y efectivo control civil de la seguridad y defensa militar de la sociedad y el Estado, no más allá. Las definiciones políticas y estratégicas le corresponden establecerlas en cambio al sector civil.
En síntesis, la intervención en política de los militares y el pretorianismo se origina durante su proceso de formación y educación. Es justamente allí donde comienzan a crearse las condiciones favorables para el desarrollo y manifestación del pretoriano. Es decir, en ese momento se está sembrando en la mentalidad militar el virus de la insubordinación, el desconocimiento de la autoridad y la falta de sujeción al control civil que, posteriormente, se expresa en la búsqueda del poder político a través de la posesión y uso ilegitimo de las armas del Estado, y eventual violencia en contra de la sociedad civil. Así pues, la pérdida de cohesión ideológica, al igual que la expansión de sus responsabilidades más allá de su campo natural, conduce a los militares a su división y desintegración, pero también amenaza la propia existencia de la sociedad civil democrática.
Ahora bien, para Samuel Huntington, por ejemplo, la sociedad civil tiene dos formas básicas de asegurar el control de los militares. A través del control subjetivo, por medio de medidas constitucionales, institucionales, e incluso, mecanismos de superación social, y el control objetivo sobre los militares que se logra por medio del profesionalismo militar. Además, propone el profesionalismo militar como garantía contra la politización (Huntington 1957). Sin embargo, para las sociedades con bajos niveles de cultura política y debilidad institucional como la situación venezolana, la intervención de los militares en política trasciende los parámetros teóricos del profesionalismo militar planteado por Huntington. El esquema huntingtoniano de control civil sobre los militares funciona adecuadamente para sociedades democráticas desarrolladas y no para sociedades subdesarrolladas institucionalmente.
Lo que justamente diferencia a las democracias políticamente maduras de las democracias limitadas es precisamente el control que la sociedad civil ejerce sobre sus militares. Esta es una de las características, probablemente la más importante, entre las democracias modernas y desarrolladas con el resto de las democracias del mundo civilizado (Castillo 2003: 104).
La evidencia histórica, para esta parte del mundo, está del lado de la teoría de Finer, en cuanto a que en ciertas circunstancias, que dependen principalmente del nivel de cultura política de la sociedad, los llamados “profesionales militares” pueden ser sujetos de intervención en política; cuando los militares comienzan a plantearse teorías que, subliminal y a veces abiertamente, establecen diferencias y se divorcian de los objetivos e intereses de la nación y la Constitución. Igualmente, cuando incurren en interpretaciones interesadas de la política y la economía sobre el papel que han jugado en la historia. Teorías que conducen fatalmente, a veces de una forma sutil, al desconocimiento de los controles y la subordinación militar ante la supremacía civil.
Según la tesis de Huntington no se puede afirmar universalmente que el profesionalismo militar sea la variable clave para asegurar el control civil ya que no está demostrado históricamente para todos los casos. Además, el profesionalismo no parece ser en definitiva la garantía para impedir, limitar o incluso eliminar la politización de las Fuerzas Armadas y sus distintas formas de manifestaciones pretorianas. Se pueden encontrar situaciones en donde se presenten distintos niveles de profesionalización con diversos tipos de intervención militar en política, que pueden ir desde muy alto profesionalismo y politización hasta niveles muy bajos en las dos variables mencionadas.
Pero en definitiva, cualquier forma que tomen las relaciones entre profesionalismo militar y politización, atenta y va en detrimento de la institucionalidad y en contra del control civil. En América Latina la situación de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, e incluso Venezuela últimamente, entre otros, es ilustrativa, sin mencionar numerosos casos en otras partes del mundo subdesarrollado. Así pues, tal como lo sostiene Finer, resulta insuficiente, para estas latitudes, explicar el control civil principalmente en términos de profesionalismo militar.
Ahora bien, si no hemos tenido un efectivo control civil, y sin embargo los militares se han mantenido dentro del marco legal y constitucional hasta el punto incluso en que todos los alzamientos militares venezolanos después de 1958 fueron derrotados con los mismos recursos de la propias Fuerzas Armadas; entonces ¿qué tipo de militares hemos tenido en Venezuela?
En relación con la situación venezolana, los parámetros teóricos de Perlmutter, a pesar de que él no examina en detalle a Venezuela, plantean argumentos para la explicación siguiente: una vez que el pretorianismo fracasa en el gobierno militar 1948-1958, tuvimos a unos militares pretorianos en estado latente; y un ejército árbitro (Perlmutter 1977). Es decir, la dirigencia política civil permitió la existencia de unas condiciones propicias para que el pretorianismo latente se desarrollara, tal como se desarrolló posteriormente, luego del triunfo electoral del teniente coronel Hugo Chávez. O sea, compartimos el planteamiento teórico de Irwin, el cual sostiene que luego de 1958 la dirigencia política civil venezolana pretendió controlar las relaciones entre civiles y militares, cuando en realidad fue incapaz de manejar esa problemática.
El acuerdo de mutuo interés, no escrito, entre la alta dirigencia de AD y COPEI y los altos mandos castrenses, suponía estar en capacidad de controlar favorablemente el siempre presente potencial político protagónico del sector castrense criollo (Irwin 2003a: 203).
Recordemos que Perlmutter considera a los ejércitos como el principal instrumento de poder pretoriano y los clasifica en árbitros y gobernantes. Tenemos entonces que la institución castrense venezolana se comportó durante la vigencia del pacto de Punto Fijo como un ejército pretoriano tipo árbitro; que se percibe, a sí mismo, como no preparados para ejercer la conducción política del Estado directamente; mientras que los ejércitos pretorianos tipo gobernantes se perciben, a sí mismos, como preparados para ejercer la conducción política del Estado.
Pero si seguimos el modelo teórico de Eric Nordlinger, (1977) durante el pacto de Punto Fijo, tuvimos en Venezuela un Ejército pretoriano tipo moderador.
Es decir, aquellos que:
Constituyen un poderoso grupo de presión que ejerce un poder de veto sobre las autoridades civiles pero sin pretender ellos tomar directamente el poder político. Se caracterizan por ser conservadores, defensores del status quo, los civiles gobiernan pero el gobierno es supervisado por los militares (Irwin 2003: 40).
Pero para la situación actual y en los últimos veinte años del socialismo bolivariano del siglo XXI los militares invadieron masivamente todas las posiciones claves del Estado y la sociedad venezolana, apoyados por la inveterada intervención cubana en la política interna venezolana; lo cual ha resultado en todo un caos único, como nunca antes vivido en toda nuestra historia republicana, en una catástrofe humanitaria y política con acusaciones de vínculos y relaciones del Estado con el narcotráfico y el terrorismo internacional.
Pero luego de varios siglos de atraso institucional luchamos, con el apoyo internacional de los países más importantes del mundo, para que el siglo XXI, que recién comienza, sea para Venezuela el siglo de la supremacía de la sociedad civil venezolana sobre los militares y sus instituciones armadas, a fin de que podamos resolver de una vez y para siempre, en palabras del historiador venezolano José Gil Fortoul, “…el viejo conflicto entre el poder civil y el militarismo”. Cedant arma togae. Cicerón
Castillo es PHD y profesor en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.
Bibliografía:
Libros:
Finer, Samuel E. (1969) Los Militares en la Política Mundial. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Huntington, Samuel (1957) El soldado y el Estado. Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.
Irwin, Domingo G. (2000) Relaciones Civiles y Militares en el Siglo XX. Caracas: Ediciones El Centauro.
Loveman, Brian (1999) For la Patria. Delaware: SR Books.
Nordlinger, Eric (1977) Soldiers in Politics. Military Coups and Governments. Engleewood Cliffs, Nueva Jersey: Prentice Hall.
Perlmutter, Amos (1977) Lo Militar y lo Político en los Tiempos Modernos. Madrid: Colección Ediciones Ejército.
Trinkunas, Harold (2005) Crafting Civilian Control of the Military in Venezuela. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
Artículos:
Bigler, Gene E. (1981) “La restricción política y la profesionalización militar en Venezuela”. Politeia. N° 10. Caracas: Instituto de Estudios Políticos, UCV.
Bigler, Gene E. (1982) “Profesional Soldiers and Restrain Politics in Venezuela”, Robert Wesson (compilador). New Military Politics in Latin America. New York: Praeger.
Castillo, Hernán y Ledezma Leonardo (2003) “Textos angloamericanos sobre las relaciones civiles y militares venezolanas”. Militares y Sociedad en Venezuela. Caracas: UCAB-UPEL.
Straka, Tomás (2003) “Guiados por Bolívar. López Contreras, bolivarianismo y pretorianismo en Venezuela”. Tiempo y Espacio. UPEL-IPC, Julio-Diciembre 2003. Volumen XX, pp.19-52.
FUENTE: ALNAVIO
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