Por: Luis Marín
DE CUBA A CUBILLAS
Dice
el régimen que el etarra Arturo Cubillas no puede ser procesado con
base en declaraciones provenientes de unos “terroristas sanguinarios,
sin ninguna autoridad ética, carentes de toda credibilidad”; en cambio,
Alejandro Peña Esclusa llega meses en prisión acusado por las supuestas
declaraciones de Francisco Chávez Abarca, cuya única credencial es ser
un terrorista sanguinario, sin ninguna autoridad ética y carente de toda
credibilidad.
Por
supuesto, hay diferencias: Aquellos son dos ciudadanos españoles,
vascos para más señas, militantes convictos y confesos de ETA, que
rinden ante un juez español, de cuerpo presente, declaraciones
concordantes y luego quedan allí, a disposición de la justicia, a la
vista y escrutinio del público.
Éste
es uno solo y mientras que dos testigos hacen plena prueba, está
escrito que “por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser
condenado”; su declaración es apócrifa, rendida con pasaporte falso e
identidad supuesta, ante un funcionario incompetente, luego se sumergió
en Cuba y no puede ratificar lo dicho en el tribunal, ni ser
repreguntado, por lo que sus dichos carecen de todo efecto legal.
Pero
lo más grave es que estos hechos son de dominio público y notorio, sin
embargo, Cubillas sigue mandando y Alejandro sigue preso, sin que pase
nada, ni un solo funcionario de la Fiscalía, ni un solo juez, ni
siquiera un Colegio de Abogados, ONG, Amnesty International, HRW, OEA,
ONU, nadie hace nada.
Y
esto se ha vuelto costumbre, al punto que puede considerarse como el
logro más alto de la revolución en materia jurídica el establecimiento
del principio de “Desigualdad ante la Ley”.
Recordemos
el caso de Puente Llaguno, en que los famosos pistoleros que fueron
vistos, retratados y filmados disparando a mansalva contra población
civil indefensa no solo fueron absueltos de todo cargo criminal, sino
declarados como héroes de la revolución y siguen gozando de
remuneraciones y cargos públicos.
Mientras
que los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y los
seis policías metropolitanos fueron condenados hasta a 30 años de
prisión, la pena máxima admitida por la legislación penal venezolana,
por el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos que
desempeñaban, perfectamente legales y sin que se les demostrara
transgresión alguna.
Algo
semejante puede decirse del caso de la juez María Lourdes Afiuni, que
se encuentra en prisión por haber dictado una medida que se encuentra
entre las atribuciones legales del cargo que desempeña, y que en el
supuesto negado de que hubiera sido dictada irregularmente, lo que no se
ha demostrado, a lo sumo daría lugar a la instrucción de un expediente
administrativo y a la aplicación de una medida disciplinaria; pero nunca
jamás a la apertura de un proceso judicial, por hechos que
evidentemente ni siquiera revisten carácter penal.
Y
aquí llegamos al quid de la cuestión: la flagrancia con que se
perpetran las injusticias son un claro mensaje político contra la
población. Nadie está seguro de nada, ha desaparecido el amparo de la
Ley, no hay garantía para los derechos humanos y ciudadanos. Los
comunistas ni siquiera se sienten vinculados por la coherencia de su
propio discurso que sirve para unos sí, pero para otros, no. La Ley no
es la misma para todos.
Los
derechos naturales del hombre se desconocen explícitamente: la
libertad, la propiedad, la igualdad, ante lo que sólo queda “la
resistencia a la opresión”.
SOCIEDAD PARA EL CRIMEN
Si
Cubillas quisiera aclarar su situación y, como dice, no tiene nada que
temer, debería presentarse ante el juez español, que es quien lo
requiere, no de esta manera teatral ante la Fiscalía de Venezuela, que
no lo está buscando y donde no se le acusa de nada, al contrario, como
los de Puente Llaguno, él es un héroe de la revolución.
Su
esposa, Goiz Eder, es algo así como la mano derecha de Elías Jaua,
desde que era Ministro de Tierras y lo sigue siendo ahora, como
Vicepresidente. Todos ensañándose en la expoliación de empresarios de
origen español con la fruición propia del espíritu de venganza, como no
pueden hacerlo en sus tierras de origen.
Da
declaraciones ante Ciudad CCS, un diario oficialista que ni siquiera se
vende en las calles sino que se regala, porque está completamente
financiado con dinero público y ¡que declaraciones! El retrato cabal de un fanático: jamás dice España o país vasco, sino Euskal Herria.
Además
le recomienda a la organización de víctimas del terrorismo que busquen a
los culpables del asesinato de sus familiares en el gobierno de Aznar,
responsable de la intervención de España en la guerra de Irak, que fue
la justificación del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004.
Extraña
alusión a un evento que le concedió la presidencia a Rodríguez
Zapatero, en un momento en que nadie le apostaba una peseta como
ganador. Lo cierto es que la Izquierda Unida y el PSOE sabían con
inexplicable certeza que el atentado no lo habría
perpetrado ETA sino una supuesta conexión islámica, por lo que pudieron
acusar plausiblemente al gobierno de Aznar de mentir deliberadamente.
Pero,
¿cómo podían estar tan seguros los de la IU y el PSOE de la inocencia
de ETA, si nunca antes ni nunca después ocurrieron atentados islámicos
en España?
El
dato duro e incontrovertible es que después de 6 años de gobierno
socialista, con reelección incluida, no se pudo nunca encontrar la
supuesta conexión islámica. Todos los detenidos de apellido extraño han
sido absueltos y el mayor atentado jamás perpetrado en Europa sigue sin
solución, sus autores materiales e intelectuales impunes y las víctimas
sin satisfacción.
Pero
el único problema para la IU, el PSOE y la ETA es que haya surgido ésta
molesta asociación de víctimas del terrorismo, que no deja que el
asunto se olvide por completo. Que la gente repase las inconsistencias,
como ese anzuelo de que la pista reina fuera una mochila con un celular y
un ejemplar del Corán, lo que se llama una “bomba caza bobos”.
Usted
puede pasarse la vida elucubrando porqué un terrorista islámico iba a
meter un Corán en una mochila junto con la bomba que va a detonar, sin
preguntarse si no será un pecado volar su libro sagrado; aunque tendrá
que convenir que es una buena manera de dejar una pista, no para
Sherlock Holmes, sino para Zapatero.
Asimismo,
que la tarjeta del celular lo conduzca al quiosco de un marroquí para
arrestarlo bajo el cargo tan grave de vender tarjetas telefónicas; y
así, hasta el absurdo. Lo que pone de relieve una fantástica operación
de encubrimiento de la que no pueden librarse estos partidos y que
involucra al propio gobierno socialista.
Otro
hecho abrumador es la indolencia, la desidia demostrada por el gobierno
de España ante las tiranías de Cuba y Venezuela. Moratinos hizo maña
para derrotar cruelmente la protesta que con tanto sacrificio levantaba
el disidente Guillermo Fariñas, reivindicando la tiranía de los hermanos
Castro.
Ahora,
según el Ministro del Interior de España, probablemente Venezuela es un
lugar de encuentro de terroristas de todo el mundo, hasta es posible
que se adiestren y apertrechen aquí; pero no puede “ni pensarse” que
esto ocurra con el conocimiento del gobierno de este país.
Pero
ocurre que es el embajador de Venezuela en España quien tercia a favor
de Cubillas, desestima las declaraciones de los etarras y acusa a su
ministerio, el de Pérez Rubalcaba, de arrancar declaraciones bajo
tortura.
Otra
sorpresa es que aparece el cónsul de Venezuela en Islas Canarias y
antes en Vigo, David Nieves, declarando que su caso no puede compararse
con el de los parlamentarios presos en Venezuela porque él no fue
procesado por delitos semejantes. ¿Y cuál fue el delito de David Nieves?
Digamos
que es un guerrillero involucrado en el secuestro del empresario
americano William Frank Niehous, gerente de la Owen Illinois, que
resultó ser el más largo de toda la historia criminal de Venezuela.
El
hoy flamante cónsul en España es dirigente de la Liga Socialista, el
partido de quien fuera padre del alcalde, vicepresidente, presidente del
Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, que tenía su brazo armado,
la Organización de Revolucionarios, que planeó y ejecutó el secuestro
de Niehous; pero claro, no puede “ni pensarse” que el gobierno sepa
quiénes son sus funcionarios.
El
argumento más recurrente que se utiliza para explicar esta conducta tan
bizarra del gobierno de España son unos supuestos intereses económicos
de empresas españolas en Venezuela, que pesarían más que la dignidad del
Reino.
Pero
esto es otra falsedad de los fabricantes de opinión socialistas, que
nunca, ni allá ni aquí, se han movido por intereses comerciales. La
verdad está en los vínculos subterráneos de la izquierda mundial. En los
magistrados y catedráticos españoles que asesoran y apoyan bajo cuerda a
estos regímenes impresentables, mientras detentan altos cargos en la
magistratura y la academia española.
Estos
señores ven al mundo con la óptica del antifranquismo, de manera que
cualquiera que se presente como socialista o comunista, aunque apeste,
lo perciben como un aliado circunstancial en su lucha universal contra
“el fascismo”.
A
estos magistrados y académicos españoles les sorprendería saber que en
Venezuela no existe el fascismo y que el dictador los está engañando;
pero esto sería nadar contra los prejuicios ideológicos, lo que, como se
sabe, es inútil.
Ahora
ocurre que Cubillas dicta cursos él solo, para dos alumnos únicamente,
para no ver una vasta red operativa mundial. Hace desplantes en la
Fiscalía ante la que no tiene nada que temer, al contrario de cualquier
venezolano decente, lo que demuestra su inmenso poder.
El
régimen dice que no va a deportarlo porque tiene la nacionalidad
venezolana, recién adquirida, pero nacionalidad al fin; con lo que
parece insinuar que quiere hacerlo pero no puede, porque lo impide esa
barrera que es la Constitución.
Ahora
bien, los españoles pueden naturalizarse en países iberoamericanos sin
perder su nacionalidad de origen, por lo que Cubillas sigue siendo
ciudadano español, sometido a las leyes y autoridades españolas y tiene o
puede tener pasaporte europeo.
Además,
es sabido que cuando una nacionalidad se adquiere con la finalidad de
evadir la persecución legal del Estado de origen, puede ser revocada por
fraude al derecho internacional privado.
El principio es que la nacionalidad derivada cede ante la nacionalidad originaria, tanto más cuando nunca se la ha perdido.
No
obstante, la audiencia española declara que sería “complicadísimo”
conseguir la extradición de Venezuela. Tan complicado como que a
Cubillas le diera la gana coger un avión y aterrizar en el aeropuerto de
Barajas.
¿Por
qué este sainete burlesco del que sólo salió el payaso Moratinos, por
grotesco y no resultar divertido para la Comunidad Europea; pero los
demás siguen haciendo piruetas, aparentando lo que no son?
Quizás el fin de la obra sea un rotundo: “Zapatero, a tus zapatos” y que gobierne quien sepa.
Luis Marín
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