Julio 29 de 2009
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha mantenido una gran presencia a través de bases militares, principalmente en Europa y Asia, siendo Alemania, Japón y Corea del Sur los países con mayor presencia militar americana. Con el fin de la Guerra Fría y como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, una gran cantidad de bases militares americanas han sido establecidas en otras regiones del mundo, bajo los justificativos de guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
En la actualidad existen unas mil bases militares americanas en más de 100 países alrededor del planeta, desde la gigantesca base militar en la isla de Guam hasta la ‘escuelita de Juanchaco’, en las cuales hay una presencia aproximada de 400 mil soldados y otros cuantos miles de personal civil americano y contratistas locales. El costo de mantenimiento y operación de las bases americanas supera los US$120.000 millones anuales, cifra superior al PIB de la mayoría de los países del mundo.
Sin lugar a dudas, las bases son una proyección del poder de Estados Unidos. Algunas han sido vitales para las guerras que libran los americanos en Irak y Afganistán, principalmente Diego García en el Océano Índico y Guam en el Pacífico.
Pero igualmente, las bases americanas han estado plagadas de problemas y de polémicas tanto al interior de los Estados Unidos como en los países en los que están ubicadas y sus vecinos. El enorme costo que representa para el contribuyente americano el sostenimiento de las bases ha sido permanentemente debatido en el Congreso de ese país.
El caso de la violación de una adolescente japonesa por tres soldados americanos en la base de Okinawa, Japón, en 1995, conmocionó a la comunidad y fue detonante para protestas masivas contra la base. Los implicados nunca fueron procesados, sino simplemente regresados a su país. Otra serie de crímenes, robos, asesinatos, tráfico de drogas y de armas y violación de los derechos humanos, cometidos por personal americano y adscrito a diversas bases, no puede ser castigada por las autoridades locales en virtud de acuerdos, según los cuales el personal americano está eximido de la legislación local y de la del Tribunal Penal Internacional.
Otro tema es la corrupción generada por la presencia de las bases en algunos países, donde cabezas de regímenes autoritarios se lucran con éstas y empresas americanas pagan millonarios sobornos para obtener los contratos de construcción y adecuación.
La controversia política ha arreciado de igual forma frente a la presencia militar americana, principalmente en Guantánamo, en Cuba y su notorio ‘campo delta’ y en Arabia Saudita, de donde fueron retiradas por ser consideradas una afrenta a los lugares sagrados del Islam.
En el caso de las recientemente anunciadas bases americanas en Colombia, no hay duda de que éstas serán utilizadas para los fines anunciados por ambos gobiernos.
Sin embargo, mucho de lo que ahí hagan los americanos no será nunca conocido por la gran mayoría de los mortales, pues esa es la razón de las bases: servir los intereses estratégicos de los Estados Unidos de Norteamérica.