AFP - 4.8.2009 22:05"No existe en el seno de esta Asamblea nacional un proyecto de ley de delitos mediáticos. Es totalmente falso", declaró el diputado Manuel Villalba, de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional.
La semana pasada, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, propuso ante los diputados una boceto de ley especial sobre delitos mediáticos que acarrearía penas de cárcel a quienes la incumplan y que provocó críticas dentro y fuera del país.
"Hemos venido debatiendo y con base en los aportes de la fiscal, no existe consenso en esta comisión, existen divergencias. A partir de ahí, hemos considerado necesario continuar trabajando contra el terrorismo mediático con todos los elementos jurídicos que tenemos en la mano", agregó Villalba.
Al mismo tiempo, diputados de la Asamblea Nacional aclararon este martes que la Fiscalía carece de poderes legislativos y dijeron que tan sólo realizó "aportes".
El lunes, miembros de la comisión de Medios del Parlamento aseguraron que empezarían a estudiar esta propuesta el martes, aunque subrayaron que no había una fecha prevista para que el borrador se convierta en proyecto de ley y se presente a la plenaria del Parlamento.
"Aquí existen periodistas con posiciones distintas", admitió Villalba, quien explicó que la discusión sobre el tema seguirá y criticó "la impunidad que atenta contra las instituciones en nombre de la libertad de expresión".
Por su parte, la diputada Desirée Santos Amaral, también integrante de la comisión de Medios del Parlamento, pidió que el "mal uso de la libertad de expresión" sea objeto de un debate en medios públicos y privados pero exhortó a que para ello "se apliquen las leyes que existen en este momento".
"Dicen que se están cerrando los medios de la disidencia. Los medios no pueden ser para la disidencia ni para la coincidencia. Queremos analizar el comportamiento de cada medio y cuál ha sido la actitud de los dueños para convertirlos en partidos políticos. Hay que rescatar el buen periodismo", pidió.
Según el borrador de la fiscal, se considera delito mediático la publicación de una información "falsa", "manipulada" o "tergiversada", que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental". Si una persona es declarada culpable podría pasar hasta cuatro años en la cárcel.
La presentación de esta polémica propuesta de la fiscal coincidió además con la salida del aire de 32 emisoras de radio y dos televisoras locales que, según el gobierno, no estaban usando legalmente sus licencias.
Este martes, el presidente Hugo Chávez aseguró que las críticas no le afectaban y prometió pisar "el acelerador de la revolución".
"Han arreciado los ataques contra el gobierno revolucionario (...). Hoy chillan porque estamos democratizando los medios de comunicación y asegurando con ello una verdadera libertad de expresión", declaró Chávez.
"La burguesía criolla va a chillar y eso no nos debe preocupar (...) Voy a seguir metiendo el acelerador de la revolución bolivariana. Es mi papel, es mi tarea y no hay tiempo que perder", aseguró.
Las emisoras clausuradas forman parte de una lista de casi 300 radios y televisiones locales que, según Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones, están en la misma situación de ilegalidad y podrían correr la misma suerte.
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