PORTACHUELO
Por: René Núñez
(*)
La Gran Colombia en sospecha…
El alma
del libertador no debe estar muy a gusto con los herederos políticos
históricos de su obra libertaria. Justo cuando se celebra los 200 años de
independencia bolivariana, por cierto, festejada por separado y de manera
distinta por los gobiernos de Uribe y de Chávez, ocurre lo inesperado e
impensable: la ruptura de relaciones totales entre ambos gobiernos por decisión
de Chávez como respuesta a la denuncia hecha por el gobierno colombiano ante el
Consejo Permanente de la OEA informando la
presencia en territorio venezolano de 1.500 guerrilleros y altos jefes de la
FARC y del ELN.
Otro
evento histórico bolivariano divisionista. Lo hizo Páez cuando decidió la
separación de Venezuela de la Gran Colombia; ahora Chávez lo hace rompiendo relaciones
diplomáticas, a pocas horas de la inhumación de los restos de Bolívar en el
panteón nacional.
Ahora
bien, concentrándonos en el tema, Colombia tiene más de 50 años encarando
una guerra faraca cuyos resultados son hartos conocidos: miles de muertes
inocentes, miles de desplazados, severos problemas económicos y de seguridad
ciudadana. La alianza de la guerrilla
con el narcotráfico potenció y fortaleció la lucha irregular hasta tal punto
que en los primeros cuarenta años puso al Estado colombiano a la defensiva; impotente,
porque de alguna manera parte de la estructura del estado fue penetrada por la
guerrilla y el narcotráfico.
Con la
llegada de Álvaro Uribe al poder hace once años, no hay duda,
las guerrillas han estado sufriendo derrotas importantes, diezmando su
capacidad operativa y de logística; altos dirigentes de la cúpula guerrillera
han muerto; después de tener una tropa de mas de 15 mil guerrilleros, hoy apenas
llegan a 8.000; y ahora son ellos los que están a la defensiva y no les ha
quedado alternativa que refugiarse en la vecindad territorial; se recuerda el
ataque por sorpresa llevado a cabo por el Ejército colombiano al campamento de
Raúl Reyes, número 2 de la FARC, en territorio ecuatoriano, pereciendo éste en
la emboscada militar; en esta operación fue encontrado el computador de Reyes
con valiosa información de las actividades insurreccionales del grupo.
La
victoria reciente de Juan Manuel Santos como nuevo presidente de Colombia
con el 70% de los votos, se atribuyó fundamentalmente al éxito de la política
de seguridad ciudadana de Uribe, bajo la conducción de Santos al frente del
ministerio de la defensa.
Bajo
la presidencia de Santos, Colombia seguirá adelante con su estrategia
militar y diplomática para derrotar en definitiva a ese flagelo y binomio
destructor que representa guerrilla/narcotráfico. Soy un convencido de que la
decisión de Uribe de denunciar a Venezuela ante la OEA, contó con la aprobación
absoluta de Santos, interesado en iniciar su período constitucional con este
tema en conocimiento de varias instancias internacionales (OEA, ONU, Corte
Penal Internacional), por tratarse de una materia hoy en día muy monitoreada
por la comunidad internacional democrática. Igualmente, una estrategia
diplomática disuasiva para obligar al gobierno venezolano a revisar las
relaciones económicas. Este planteamiento de Colombia –no me cabe duda- cuenta
con el visto bueno de los Estados Unidos con quien Colombia mantiene acuerdos
militares de cooperación en materia de asesoría, entrenamiento, equipos y
tecnología de punta militar, además de la permisividad otorgada a los
norteamericanos para el uso de 7 bases militares en su territorio. Una realidad
inocultable en pro y defensa de los intereses colombianos.
Por lo
anterior, por la historia bolivariana que suele recrearnos Chávez a diario a
través de sus interminables discursos en cadenas de radio y televisión, por la
defensa del derecho internacional, por la integración suramericana (UNASUR), el
gobierno venezolano debería ser el primer interesado en cooperar con Colombia en
la solución de su problema doméstico, una manera de hacerlo es justamente
verificando en sitio las coordenadas entregadas por el gobierno de Uribe a la
OEA.; con esta actitud Pro activa no quedaría sospecha alguna tanto para los
venezolanos como para la comunidad internacional. Para ejecutarla solo se
requeriría de una comisión interdisciplinaria (diputados, ministerio público,
internacionalistas, ministro de la defensa, entre otros) con apoyo militar. Asimismo
se haría imprescindible el cese de inmediato del escalamiento de un conflicto que
a ninguna de las partes interesa y conviene por su pasado histórico y hermandad.
Por la evolución de sus nacionales. Esto
es el deber ser.
Por el
lado de la OEA, por tratarse, de un tema universal, que pudiera afectar
la estabilidad y la paz de la región, el Secretario General debe igualmente
primar sus mayores y mejores esfuerzos de facilitador del diálogo entre ambos
gobiernos; creando condiciones propicias para el restablecimiento de inmediato
de las relaciones diplomáticas, sin dejar de esclarecer la veracidad de la
denuncia interpuesta por la Casa de Nariño; ¿Cómo?
Nombrando la OEA una comisión internacional de expertos y técnicos
independientes para verificar la denuncia, por supuesto, bajo el consentimiento
del gobierno venezolano quien debe autorizar la entrada al territorio. Claro
ésta última sería innecesaria sí el gobierno venezolano obra con la suya y
cumple con la misión.
En
resumen, trasladar el tema únicamente al terreno del conflicto diplomático, sin
aclarar el objeto de la denuncia, en nada favorece a una solución responsable,
ecuánime, justa y duradera, sobre todo cuando el derecho internacional está de
por medio.
(*) Internacionalista.
Edición 1116
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