NI
TAN SANTO
El primer gesto hacia
Venezuela de Juan Manuel Santos, alias Juan Pa, alias Santiago, apenas asumió
la presidencia de Colombia, fue declararse como el nuevo mejor amigo de Chávez,
para desconcierto general incluso de los chavistas, que embarraron las paredes con
pintas que todavía se ven muy cerca del Palacio Presidencial de Miraflores.
Sería interminable
relatar los vaivenes de amor y odio que han signado las relaciones de ambos
países en estos largos seis años, hasta arribar a este cierre técnico de la
frontera, previa expulsión indiscriminada de humildes colombianos; pero el hilo
conductor estuvo claro desde el principio: la relación con el régimen
venecubano es un engranaje esencial en las negociaciones de La Habana que JMS
convirtió en la piedra angular de su segundo mandato.
Nunca más se habló de
los campamentos de las FARC en la frontera, apenas un reportaje de la televisión
española se atrevió a mostrar el modus
vivendi establecido entre una soldadesca descalza del lado venezolano con los
muy bien equipados guerrilleros que deambulan con absoluto dominio del terreno.
Los venezolanos observan
con la mayor impotencia como los otrora cobradores de vacuna han pasado a
monopolizar la propiedad de las fincas, no sólo en la frontera sino al centro
del país, mediante métodos que serían cómicos sino fueran trágicos, como cuando
le ofrecen a un hacendado una suma razonable por sus tierras y éste responde
que muy bien, pero el problema es que su finca no está en venta.
“Qué vaina -replica el
oferente-. Entonces tendremos que comprarle a la viuda.”
Cuando esporádicamente
la violencia salpica a la opinión pública, indefectiblemente el gobierno acusa
a los paramilitares, pero nunca admite que haya guerrilla en la frontera, que
se pone en evidencia por episodios como el reciente en que se denunció del lado
colombiano que las columnas guerrilleras que tomaron la población de El Conejo,
en la Guajira, para hacer “pedagogía de paz” fuertemente armados, provenían de
Venezuela escoltados por efectivos venezolanos, algunos vistiendo prendas
militares venezolanas.
Los líderes
negociadores de las FARC se desplazaron en lujosas camionetas blindadas, decenas
de ellas matriculadas en Venezuela, específicamente en el Estado Carabobo, bien
lejos de la frontera, pero con un gran vinculo sentimental con el canciller
Rodrigo Granda, inolvidable, porque cuando fue capturado en diciembre de 2004
por el comando antiextorsión y secuestro, resultó ser vecino de Francisco
Ameliach, entonces presidente de la Asamblea Nacional y hoy gobernador de ese Estado.
Su esposa, Yamile
Restrepo y su hija Diana siguieron en el país, de hecho, la revista Semana publicó
que regentan la empresa Inversiones Granda-Restrepo & Cía, S.C.S., dedicada
a la explotación y comercio de oro, un negocio sanguinario en Venezuela.
El caso es que las FARC
son aquí un importantísimo actor político y económico, pero actúan como una
banca de segundo piso, completamente fuera de la vista del público y no van a ceder
en nada, sea lo que sea que se firme en La Habana.
Son como la policía y
el ejército cubano de ocupación, el poder sin aspavientos.
EL
SUEÑO DE GABO
Apenas consiguió su
reelección JMS nos encajó otra sorpresa todavía mayor: “Hoy, colombianos, al
recibir su voto de confianza para un segundo período de gobierno, me comprometo
con ustedes a trabajar por ese país que soñó Gabo y soñamos todos nosotros.” Pero,
¿qué país podría ser ese? ¿Quiénes serán
ese “nosotros”?
Veamos, Gabo era
comunista, más que amigo, fiel emisario y propagandista de Castro. El país soñado
por Gabo no puede ser sino aquél por el que siempre luchó (aunque vivía espléndidamente
en México). Pronosticó que para 1985 Cuba sería una potencia, con todos sus
problemas resueltos. “Nosotros” no puede referirse sino a los revolucionarios, quienes
comparten el sueño de Gabo de una sociedad comunista.
En sus memorias se
autodefinió como no creyente, que en buen cristiano quiere decir “ateo”. Para
más señas, relata una misa profana que habría oficiado en agosto de 1959 en la
Capilla de la Clínica Palermo de Bogotá el “cura guerrillero” Camilo Torres para
bautizar a su primogénito Rodrigo con testigos de excepción, Plinio Apuleyo
Mendoza, Susana Linares y la madre, Mercedes Barcha.
Lo de profana viene porque
ninguno era creyente, por lo que no acompañaban el ritual de la misa y cuenta
García Márquez a título de chiste que como por milagro aparecieron unos
campesinos (quizás llevados por el mismo Camilo) que rezaban, se persignaban, arrodillaban
y levantaban cuando era propicio, lo que
ninguno de ellos hacía.
Camilo Torres Restrepo
es una prueba ambulante, si hiciera falta alguna, de que el conflicto
colombiano no es horizontal, entre ricos y pobres, como quiere vender la
propaganda castrocomunista, sino un conflicto vertical, entre la oligarquía conservadora
y liberal a la que se debe añadir la oligarquía comunista.
Los jefes rebeldes,
histórica y actualmente, provienen de sectores privilegiados que, por razones
que sería arduo explicar, insurgen contra la sociedad que los ha mimado. Sus vástagos
estudian en Suiza, conocen los aeropuertos mejor que la selva y ganan premios de
viajeros frecuentes, tal como los herederos del Castrismo.
El biógrafo de Camilo,
Walter Joe Broderick, cura y revolucionario errante, cuenta: “Sé que Camilo
Torres estaba oficiando el matrimonio de una pareja de la alta sociedad
bogotana que estaba emparentada con la familia Santos Calderón y Camilo era el
oficiante”. De resto no sabe, pero otros testimonios revelan los vínculos del
hermano de JMS, Enrique Santos Calderón, con la guerrilla del M-19.
A principios de año JMS
dio instrucciones públicas para que el ejército iniciara el proceso de búsqueda
y exhumación de los restos de Camilo Torres como un gesto simbólico para
allanar las negociaciones con el ELN.
Un acto público teatral
porque se sabe que los restos siempre estuvieron guardados en el Panteón de la
V Brigada de Bucaramanga, capital del Departamento de Santander, muy cerca del
Municipio de San Vicente de Chucurí, donde fue abatido en el lugar conocido
como Patio Cemento, el 15 de febrero de 1966, según el libro publicado por el
general Alvaro Valencia Tovar, quien realizó las operaciones y que también
resulta ser íntimo amigo de la familia.
El cuerpo fue exhumado
a fines de enero muy oportunamente para la conmemoración del cincuenta
aniversario de su muerte. Un hecho curiosísimo es que la certificación del ADN tuvo que esperar que se enviaran las
pruebas desde Cuba, donde reposan los restos de su madre, Isabel Restrepo
Gaviria, que falleció en La Habana, el 14 de enero de 1973, a los 73 años de
edad, alabando a sus tres amores: Fidel, el Che y Camilo.
Los vínculos directos
de Castro con todas las guerrillas de Centroamérica y el Caribe, incluyendo a
Puerto Rico, saltan a la vista de modo que es imposible ignorarlos; así que resulta
increíble que ahora los presenten como los grandes pacificadores, que traen
armonía y concordia a todo el Universo.
El país que soñó Gabo es
la pesadilla de Venezuela.
EL
DIABLO LEGISLADOR
JMS argumenta que tiene
un mandato de los colombianos (en mayoría muy precaria, por cierto) para
negociar la paz a cualquier precio; lo que no aclara de dónde proviene la
legitimidad de los negociadores de las FARC. ¿Quién los eligió a ellos?
Sabemos que es una
organización tiránica creada por alias Tirofijo, que dirigió hasta su muerte,
como es usual en todas esas organizaciones llamadas de liberación nacional en
Asia, África y América Latina, que sería extenuante reseñarlas todas, baste
decir que se convirtieron en empresas vitalicias, hereditarias y harto lucrativas.
El problema no es de
profesores acostumbrados a recitar que la Constitución y las Leyes definen las
atribuciones del Poder Público y a ellas debe limitarse su ejercicio, a quienes
resulta engorroso explicar cómo es que una organización que ni siquiera es
legal en Colombia puede modificar su ordenamiento jurídico, crear normas de
carácter general, vinculantes para todos, vale decir, que se elevaron a la
condición de legisladores.
Y esto concierne no solo
a las FARC, que no tiene personalidad jurídica, que no es un ente de Derecho
Internacional Público, que ni siquiera es “una” organización, sino un
archipiélago de frentes actuando por su cuenta, que no poseen el monopolio de
la paz y no podrían dar lo que no tienen; sino al Ejecutivo, que actúa con
abuso y desviación de poder, más allá de sus límites legales.
Por ejemplo, la
creación de una enrevesadísima Jurisdicción Especial de Paz que, más allá del
eufemismo, es como la militar o de menores, para personas que se encuentran en
una condición singular que las hace diferentes a los demás ciudadanos y que
merecen un trato diferenciado. En Venezuela se habla cotidianamente de
“justicia transicional” como sinónimo de “impunidad”.
Un negociador está
obligado a preguntarse: ¿Podemos hacer esto? ¿No será necesaria una ley del
Congreso para crear una jurisdicción? ¿Y especial para quienes, para
guerrilleros, terroristas, secuestradores, narcotraficantes, en general, desconocedores
del resto del ordenamiento jurídico? ¿No se inhabilita con esto a los demás
jueces? ¿Cómo queda el principio del juez natural?
El argumento de JMS es
proverbial: no se puede someter a la jurisdicción ordinaria a quienes se han
rebelado contra ese ordenamiento, al que consideran injusto, clasista y todo el
resto del discurso rebelde. La cuestión es que no se ve cómo admitir esto sin
ponerse en el lugar del revolucionario, sin convertirse también en un
insurgente, cosa que no le va nada bien a un Presidente que juró cumplir y
hacer cumplir la Constitución.
El marco para estos
excesos lo dan unas condiciones extraordinarias de paz que son el equivalente
perfecto a las circunstancias extraordinarias de guerra que permiten tomar
medidas que serían inconcebibles en condiciones normales: “Paz” en sentido
soviético.
En el fondo, todos los
gobiernos colombianos establecieron una especie de costumbre de negociar con
las guerrillas sin pensar mucho en las consecuencias doctrinales, si se permite
la expresión, a largo plazo. Claro, una cosa es negociar con unos
secuestradores el rescate de rehenes sin que esto implique ningún
reconocimiento del interlocutor, que además ni siquiera pretende ningún derecho
y otra negociar, por ejemplo, una reforma del Código Penal, que es vinculante y
cambia el ordenamiento jurídico.
Todos hicieron
malabarismos para impedir que los grupos irregulares alzados en armas lograran
el status de beligerantes, a despecho de celebrar negociaciones con ellos, no
pocas veces encubiertas; pero el gobierno de JMS se fue al otro extremo y les
ha otorgado la condición de constituyentes, atribuyéndose unas competencias exorbitantes,
sin precedentes en la historia jurídica latinoamericana y quién sabe si mundial,
cuyas consecuencias son imposibles de predecir.
Lo más inquietante es
que como resulta imposible acercarse a un extremo sin alejarse simultáneamente
y en la misma proporción del otro, las concesiones a las FARC implican injuriar
y golpear en idéntica medida a sus víctimas y enemigos.
JMS sigue la cartilla
diseñada en La Habana que ya hemos sufrido en Venezuela: la judicialización de
la persecución política de la oposición democrática y liberal. Esto significa
que para garantizar la impunidad de subversivos y hampa común es inevitable
llevar a la cárcel a ciudadanos esencialmente honestos.
El Fiscal General de la
República se convierte en verdugo, brazo ejecutor de los fines políticos del Ejecutivo,
cada vez más dictatorial. La doctrina, si mereciera ese nombre, es la “justicia
diferencial” castrista, que permite que personas que realizan idénticas actividades
sean juzgadas de modos opuestos según sean adeptos o no al régimen. Las
garantías de generalidad e igualdad ante la Ley son arbitrariamente
desaplicadas. Ni hablar del uso repugnante de “testigos estrellas” tan conocidos
en Venezuela.
Es alarmante que se manipule
a delincuentes que por los cargos que se les imputan tendrían comercio con
miles de personas, para luego ir cerniendo sus actividades a ver si alguna
tiene que ver con personas del Centro Democrático o del entorno del Presidente
Álvaro Uribe para procesar exclusivamente a éstos, dejando de lado a todos los
demás, que no tendrían interés político.
La oposición cae en un
juego semántico de llamar zonas de concentración a lo que el gobierno denomina
zonas de ubicación o de localización, que los cubanos impusieron en Venezuela
como “zonas de paz”, con resultados que están a la vista: son aliviaderos de la
delincuencia dejando la población civil a su merced.
Es igualmente aberrante
que el paramilitarismo se considere en abstracto, independiente de la guerrilla,
siendo que la autodefensa fue su consecuencia y no al revés, condenando aquél y
perdonado a ésta como idealista.
Aquí los hacendados se
negaron a crear autodefensas argumentando que esa es una función de las FFAA,
que para eso están, poniendo a Colombia como ejemplo, que las crearon para una
cosa y luego se volvieron contra ellos. En verdad, es lo que ha ocurrido históricamente
desde que el Senado de Roma confió su seguridad en fuerzas mercenarias.
El caso es que en
Venezuela se quedaron sin el chivo y sin el mecate.
Otra vez este país es
el espejo en que se refleja el futuro de Colombia.
Luis Marín
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