¿Cómo se juega esta
mano?
José Vicente Carrasquero A.
Venezuela se encuentra en un momento
crucial, decisivo, concluyente. Hemos vivido 18 años de muchas complicaciones,
de dificultades que han aniquilado nuestra calidad de vida. Sufrimos las
consecuencias de una forma de hacer política que finalmente llegó a donde todo
el mundo sabía que iba a llegar, a sumir a los venezolanos en la miseria. A
hacer inviable el desarrollo del país y por lo tanto imposibilitar el
crecimiento de la persona como factor esencial de la sociedad.
La situación no es trivial y no puede ser
analizada con las herramientas que se aplicarían a la normalidad democrática.
Hay un acuerdo casi universal de que en Venezuela hay una ruptura del hilo
constitucional, una alteración del orden democrático. En otras palabras, el
gobierno en su intento de pasar por encima de todo principio democrático ha
devenido en una dictadura que busca mantenerse a sangre y fuego en el poder.
Así como la situación política no es
normal, tampoco lo es la calidad y cualidad de las personas que ocupan las
posiciones de poder. Para comenzar, su forma de hacer política es por la vía de
la imposición de sus criterios y formas de hacer. No está en sus maneras eso de
oír al pueblo y actuar en consecuencia. Hay un compromiso con el proyecto
político por encima de la Constitución y las leyes.
Como si esto fuese poco, muchas de quienes
ocupan posiciones de poder están de una manera u otra ligados a hechos reñidos
con las leyes y que los hace objeto del debido castigo. Desde haber tomado por
asalto las arcas públicas hasta la violación del inventario total de los
derechos humanos pasando por delitos de narco tráfico configuran una lista de
delitos de la cual no se puede salir fácilmente. El poder parece ser el último
refugio de una clase política compuesta por bandoleros.
¿Cómo se supera la ruptura del hilo
constitucional? ¿Cómo se repara el orden democrático? La respuesta a estas
preguntas tampoco es trivial. Sin embargo, está claro que las acciones que
llevaron a tal ruptura son delitos muy graves que se pagan con cárcel. Quienes
cometieron esos delitos y sus cómplices usurpan posiciones de poder.
Visto así, el juego requiere audacia de
parte de los actores de oposición, se encuentren o no bajo el paraguas de la
MUD. Hay ciertas premisas que se deben tener en cuenta y que examinaremos a
continuación.
La primera y más importante es que los que
rompieron el hilo constitucional no tienen cualidad alguna para repararlo. El
problema generado por las sentencias no se resuelve con la eliminación o
enmienda de las mismas. El resarcimiento de este gravísimo hecho que constituye
un golpe de estado al poder legislativo requiere una acción institucional.
Es claro que los jueces de la sala
constitucional no actuaron por la libre. Obedecían ordenes de los directivos
del partido al cual pertenecen. Por lo tanto, existen otras personas que ocupan
importantes puestos de poder que también quedan inhabilitados para reponer el
orden democrático.
La segunda premisa importante es que tanto
el poder electoral como el poder moral han sido cómplices de los hechos que nos
han traído a esta situación. El primero por ser ejecutor reiterado de la
violación masiva del derecho humano a votar. El segundo por no haber
investigado con la debida seriedad el problema generado por el Tribunal Supremo
al materializar un golpe de estado contra el poder legislativo.
Esto nos lleva a la tercera premisa según
la cual el orden constitucional no se repondrá con unas elecciones regionales.
Eso no resuelve el asunto de la culpabilidad de los jueces y sus cómplices, ni
las violaciones del poder electoral y mucho menos la inacción del poder moral.
¿Está el juego trancado? No. La solución
tiene su origen en al menos dos grupos de acciones. La primera y más importante
es la manifestación de descontento del poder popular. De la gente cuyo honor ha
sido mancillado continuamente desde hace quinquenios. La presión de un pueblo
en la calle exigiendo la restauración del orden democrático, del imperio de la
ley fundamentado en la constitución nacional. Es la presión del pueblo la que
posibilitará una salida a la crisis más grave que ha vivido Venezuela en los
últimos 60 años.
Por su parte, el poder legislativo, electo
por el pueblo el 6 de Diciembre de 2015 debe proceder a reinstitucionalizar el
país. Para ello debe proceder a nombrar un Tribunal Supremo de Justicia según
los criterios y procedimientos que imponen la Constitución y las leyes. Es bien
sabido que el nombramiento de los jueces
actuales estuvo plagado de irregularidades y de violaciones a cuanto reglamento
hubiese.
El nombramiento de un nuevo Consejo
Nacional Electoral, con gente realmente independiente, proba y con la formación
necesaria para llevar a cabo la tarea de facilitar la voluntad popular. Es más
que claro que las rectoras del actual cuerpo carecen no solamente de
independencia política sino que además no tienen criterio propio.
Un nuevo poder moral es un requisito
indispensable para tener una institucionalidad sólida que garantice la
independencia de los poderes. El contralor que nombra familiares para trabajar
con él, un defensor que solo defiende al partido de gobierno y sus fechorías y
una fiscal que ya tiene demasiado tiempo en ese cargo son motivos más que suficientes
para renovar esas dependencias.
Finalmente, elecciones generales en 2017.
La expresión popular para decidir el futuro del país, para recomponer el tejido
social, para rescatar nuestra capacidad de soñar con un
futuro próspero de una Venezuela que vea crecer a nuestros hijos con felicidad
y posibilidades.
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