El colapso del gobierno de
Nicolás Maduro
I
Fernando Ochoa Antich
La historia universal nos presenta
frecuentemente muchos trágicos
ejemplos de gobiernos que empiezan a presentar marcados signos de decadencia
sin que sus dirigentes y las camarillas que se benefician de sus acciones
logren percibir los factores políticos, económicos y sociales que conducirán
indefectiblemente a su catastrófico final. Un excelente ejemplo de esta
fatalidad lo constituye la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.
La írrita constitución de 1953 señalaba dos principios fundamentales: períodos
presidenciales de cinco años y la no reelección. Eso obligaba a que
se convocaran elecciones directas, universales y secretas en 1957 y que el
general Pérez Jiménez no pudiera postularse para un nuevo período presidencial.
La oposición democrática planteó formalmente la convocatoria a
elecciones populares, la reforma de la constitución de 1953, con el
fin de que el general Pérez Jiménez pudiera ser candidato, y la aceptación del
régimen de la candidatura del doctor Rafael Caldera.
La respuesta de la dictadura fue la detención de Rafael Caldera por la
Seguridad Nacional y su posterior exilio. Esta medida indicó claramente
que la dictadura no aceptaría la convocatoria a elecciones. En su lugar,
decidió realizar un plebiscito para que los venezolanos dijeran “sí” o “no” a
la permanencia del general Pérez Jiménez en la presidencia de la
República, sin considerar el creciente rechazo popular, señalado en
la pastoral de monseñor Rafael Arias Blanco, el inicio de una grave crisis
económica, producto del inmanejable crecimiento de la deuda interna y el
surgimiento de un marcado descontento en los cuadros medios y subalternos de
las Fuerzas Armadas. Lo demás es historia: el fraude plebiscitario, la
insurrección militar del 1° de enero de 1958, las protestas populares, la
huelga general del 21 Enero, la insurrección de la Escuela Militar, la
constitución de la Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal en la madrugada del 23 de Enero, y la decisión del general Pérez de viajar a
Santo Domingo. Todo había concluido.
El régimen de Nicolás Maduro presenta
actualmente signos de deterioro mucho más graves que la dictadura pérezjimenista.
Difícilmente un gobierno se ha encontrado en nuestra historia en tan crítica
situación. Los motivos que justifican tan complejas circunstancias son ampliamente
conocidos por los venezolanos. Desde el inicio de su gobierno, se dedicó con
extraordinaria tozudez, a mantener la desastrosa política económica diseñada y
mantenida criminalmente por Hugo Chávez durante el esplendor petrolero, la cual
comprometió gravemente el destino de Venezuela y el futuro de las nuevas
generaciones. Además, ha insistido, de manera contumaz, en irrespetar la Carta
Magna, violar los más elementales derechos humanos, propiciar la corrupción
administrativa, garantizar impunidad al crimen organizado, permitir el
incremento de la injerencia cubana en los asuntos más sensibles del Estado,
comprometer la soberanía e integridad de nuestro territorio y un largo etcétera
de tropelías, que han conducido a un creciente
rechazo a su gobierno en el ámbito internacional y la repulsa generalizada de
los venezolanos a su persona y a toda su corrupta camarilla, en medio de una
indetenible inflación que ha producido hambre, pobreza, muerte, diáspora,
delincuencia y represión. Ante tan graves errores, es inexplicable su
permanencia en el poder.
Esta dolorosa situación condujo a que en
diciembre del año 2015 fuera derrotado en las elecciones parlamentarias de una
manera aplastante. En lugar de aprovechar esa circunstancia para reorientar su
gobierno mediante un amplio acuerdo nacional, su respuesta fue la de
continuar agudizando la crisis, mediante la utilización de una brutal represión
en contra de la disidencia, que lo ha convertido en posible reo de la justicia
internacional. Además, su respuesta ha incluido la persecución de la Fiscal
General de la República, hasta obligarla a exiliarse, el empleo de un írrito
Tribunal Supremo de Justicia y del no menos írrito y desprestigiado Consejo
Nacional Electoral. Por último, transgrediendo nuevamente la Constitución
Nacional, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Todo esto con
el objetivo de contar con pseudo instituciones que puedan justificar ilegalmente
sus desafueros.
A los pocos días de iniciar sus sesiones la
inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente Comunal le comunicó al CNE su
decisión de establecer el 15 de octubre como nueva fecha para las elecciones de
gobernadores, la cual había sido previamente saboteada por Nicolás Maduro al
impedir su realización en diciembre de 2016 como correspondía constitucionalmente.
Esta decisión estuvo marcada por un avieso interés político: Nicolás Maduro y
su camarilla consideraron que la inminencia de la fecha electoral podía
favorecer a sus candidatos. La situación de la Mesa de la Unidad Democrática
era bastante comprometida. Tenía que realizar sus elecciones primarias,
resolver los posibles problemas que podían surgir entre los distintos pre
candidatos y superar la insatisfacción existente entre algunos sectores de la
oposición como consecuencia de la suspensión de las protestas de calle. Estos
factores psicológicos podían generar una creciente tendencia abstencionista en
las filas opositoras. En efecto, ello se reflejó en las primeras consultas de
opinión. Sin embargo, afortunadamente, esa situación ha sido superada de manera
definitiva. Las últimas encuestas indican que la tendencia abstencionista ha
disminuido considerablemente y, en este momento, más del 60 % del padrón
electoral, con tendencia muy marcada a aumentar, asistirá a votar el próximo 15
de octubre.
Al percibir el fracaso de la maniobra
electoral, Nicolás Maduro presionó al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que convenciera al
presidente dominicano, Danilo Medina, de
la importancia que tendría invitar al gobierno y a la oposición venezolana, a Santo
Domingo, a iniciar una nueva negociación. La MUD tuvo, desde el principio, una clara visión del objetivo de dicha
invitación: dividir a la oposición, generar descontento en el sector opositor
por las amargas experiencias previas, y restituir la superada tendencia
abstencionista para la elección de gobernadores. La decisión no era fácil de
tomar. No asistir a la invitación del presidente dominicano podía influir
negativamente en el importante apoyo que la comunidad internacional le había
dado a los sectores democráticos, fundamentalmente después del viaje de Julio
Borges a Francia, Inglaterra, Alemania y España.
La decisión fue tomada con gran tino: asistir
a una primera reunión con el presidente Medina para establecer las condiciones
exploratorias del diálogo. El gobierno nacional creyó que los representantes de
la MUD se sentarían a negociar, en una segunda oportunidad, sin exigir previamente el cumplimiento de los
compromisos establecidos en presencia del presidente Medina. Craso error. El
comunicado fue terminante: no asistiremos a una nueva reunión mientras el
gobierno nacional no libere a los presos políticos y se inicien las gestiones
para permitir el acceso de donaciones de alimentos y medicinas a Venezuela. En
definitiva, el gobierno de Nicolás Maduro no tiene destino. Se encuentra en
medio de un total e inmanejable colapso que, por el bien de Venezuela y de los
venezolanos, esperamos que, más temprano que tarde, lo obligará a ceder ante
las legítimas exigencias de los sectores democráticos.
Caracas, 1° de octubre de 2017
fochoaantich@gmail.com
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