¡LA JUSTICIA ILEGAL!
Enrique Prieto Silva
Miércoles, 10 de julio de 2019
Lo torcido del militarismo chavista nos
deja sin ánimo de pensar, para vergüenza de pocos, que se apesadumbran y
pierden la confianza en la ciencia, en la doctrina y hasta en la verdad, todo a
causa del “toerismo” militarista que tanto hemos mencionado y que nos
apesadumbra, al referir, que luego de la profesionalización de la carrera
militar, ésta perdió el sentido de la razón y la ciencia que le dio origen,
cuando los militares intelectuales solo se preocuparon por la categoría
universitaria de la profesión, para equipararla con las demás carreras
universitarias, sin el distingo de fuerza y el fundamento que le dio la
denominación de profesionales de la ciencia y el arte militar.
En 1975, cuando esto ocurrió, se
vanagloriaba el militar con “sacar pecho” cuando se le reconocía el mérito de
saberse apreciado por su especialidad de nivel superior, luego de aprobar con
gran mérito el curso de formación militar, pero devino lo impensado, los
mediocres incapaces de surcar en aguas del conocimiento se valieron de la
habilidad que se aprende en las escuelas de formación militar, para encontrar
una forma de acción para vencer al enemigo. Esa que muchos califican de
estrategia, logrando apoderarse de otra ignorancia latente, la del político más
mediocre, que solo cree en el engaño del sufragante para impulsar y vencer en
elecciones libres.
No se puede olvidar, que para la década
de los 70’ pasada, se inició una acción coordinara para lograr en Venezuela un
sistema de justicia que se tildó de moderno, toda vez que se implementaron
acciones para en materia penal incorporar la justicia oral y pública, que en forma
progresiva fue incorporándose al sistema que es resistía a cambiar.
En la siguiente década surgieron los
mayores encantos y apareció la justicia de derecho, que puso en jaque la
justicia de comando que tuvo su mayor auge a raíz de su aplicación para enfrentar
la barbarie de la acción guerrillera motivada por Fidel Castro. Sin dudas, fue
un momento histórico dantesco y espeluznante para quienes lo vivimos y sufrimos
la incertidumbre de lo podría resultar de esta odisea.
La siguiente década dio cabida a la
vorágine de los desesperados e incrédulos nuevos libertadores; esa torva de
militaroides, que sin haberse enterado de la obra que surgía y crecía en el
país, resultaron ser los trovadores de musa y palabra en
una nueva quijotada, que no quijotesca, traedora de la tragedia sin esperanza,
como resultó ser el chavismo que nos atosiga.
Pero lo más importante es que apareció
el Código Orgánico Procesal Penal, donde se intuyó el logro más importante, el
juicio en libertad por presunciones delictivas, siempre con orden judicial.
Solo quedó la detención por flagrancia delictiva, dando la autoridad para
hacerla a cualquier ciudadano, obligando su presentación al juez en las
siguientes 48 horas o procede la libertad.
Indiscutiblemente, lo más importante
fue la eliminación del sumario en el proceso penal, que era la etapa legal que daba
pie al abuso y a la arbitrariedad, ya que permitía la investigación en secreto,
donde se pretendía obtener del detenido la confesión de un hecho punible,
usando los métodos de hoy para el abuso y la tortura, a pesar de la manida
expresión: “libre de apremio y coacción”, que solo servía para legalizar el
abuso.
No obstante esta modernidad jurídica
expuesta, hemos de resaltar la existencia hoy de una justicia ilegal. No es
secreto que los jueces actúan con descarada arbitrariedad, que no fuera tan
peligrosa y dañina si no actuaran al margen de la ley. Los fiscales son
manejados por tribus judiciales y jueces con componendas extorsionistas; las
jurisdicciones o proceden, pero la mayor gravedad es la aplicación de la
justicia militar como garrote.
Esta justicia actúa con ignorancia de
los jueces y autoridades militares que desconocen la nueva justicia militar, su
ámbito de aplicación y sus órganos auxiliares.
Aquí nos detenemos para exponer el mayor
abuso, y violación legal. Actúan como auxiliares el SEBIN y la DIGECIM, que no
son órganos legales ni de policía de auxiliares de justicia, por lo tanto al
actuar al margen de la ley, sus actuaciones son delictivas, que deben ser
enjuiciados por la justicia verdadera. Son verdaderos culpables el TSJ, que
debe controlar la acción judicial. Pero de mayor gravedad es que los mandos
militares que conducen estos cuerpos de inteligencia, son responsables de las
graves violaciones que hacen sus subordinados, quienes también son responsables
a tenor del artículo 25 de la Constitución.
En realidad, la crisis de la justicia
ilegal es tal vez el hecho social más grave de la “revolución”
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