Date: sáb, 29 de junio de 2024 8:08 p. m.
Subject: artículo
To: melendezo. enrique melendezo.enrique@gmail.com
Prácticas previas al fraude electoral del 28 de julio
Por: Humberto González Briceño
Para entender lo que va a pasar el 28 de julio en Venezuela es muy importante tener claro que el fraude electoral que intentará nuevamente el chavismo no se limita estrictamente a lo electoral. En varias ocasiones hemos explicado que la articulación de las instancias judiciales y militares le permite al chavismo mostrar una suerte de piso legal para tratar de soportar unos resultados que serán presentados como expresión de la legalidad, de la legalidad chavista por supuesto.
Conviene al chavismo distraer la atención y hacer creer que el fraude ocurre eventualmente en las mesas con el robo de votos y la reubicación arbitraria de electores identificados como opositores para que no puedan votar. La única forma de desmontar los números que anunciará el chavismo el 28 de julio sería la recolección manual de los comprobantes de votación emitidos por las máquinas a cada elector y cotejarlos con la data de las actas electrónicas por cada mesa. Pero aun así estaríamos frente a un procedimiento que sería desestimado por la legalidad chavista.
Pero, como hemos insistido antes, la verdadera trama no está con manipulación de votos o electores sino con la emisión expedita de unas actas electrónicas cuyos resultados serían enviados directamente a la sala de totalización del CNE chavista y contendrían las sumas para proclamar ganador a Nicolás Maduro aunque existan inconsistencias con los comprobantes de voto.
Y la formalización del fraude consiste en presentar esos resultados, avalados por los estamentos jurídico-políticos del régimen chavista, como expresiones de una legalidad la cual deben obedecer todas la instituciones del régimen especialmente sus componentes militares a quienes se les exigirá reconocimiento y defensa de unos resultados que, aunque parezcan dudosos, se mostrarán como "legales".
Para el 30 de junio el CNE chavista tiene previsto realizar un simulacro electoral. Sobre este evento se ha dicho que tanto la oposición como el chavismo aprovecharán la oportunidad para hacer una medición de fuerzas que permita establecer las capacidades de movilización de cada uno y proyectar esos valores como predictores del resultado del 28 de julio.
Una vez más hay que insistir que aunque el gobierno quiere que la atención se centre en lo estrictamente electoral en realidad hay que enfocarse en la forma como se coordinaran todos los componentes del Estado chavista para presentar y justificar ese resultado.
Para lograr lo que quiere el régimen chavista es necesario hacer unas prácticas preliminares que permitan probar los mecanismos que serán usados en la perpetración de fraude. Sobre esta base podemos afirmar que el verdadero teatro de operaciones y escenario de práctica para el chavismo fue el 3 de diciembre de 2023 cuando se celebró el referéndum consultivo sobre el Esequibo.
Ese día los centros de votación se mostraron vacíos y sin afluencia significativa de electores, ni para tomar las fotos de la jornada. A pesar de que empíricamente los venezolanos pudieron apreciar que muy pocas personas salieron a votar el régimen a través de su CNE se atrevió a anunciar que habían votado aproximadamente 10 millones 500 mil electores. Y cada una de las preguntas formuladas por el oficialismo obtuvo más o menos sobre los 10 millones de votos lo cual matemáticamente fue presentado como un aval del 95% o más de los venezolanos a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro sobre la controversia territorial con Guyana. A pesar de esta abismal inconsistencia que presentaban unos números que no se correspondían con la afluencia de electores en los Centros de Votación, los componentes militares, que además pudieron constatar mejor que nadie la pobre concurrencia en las mesas electorales, no tuvieron ninguna dificultad en sus diferentes instancias y jerarquías para reconocer ese resultado falso y fraudulento como legal y legítimo.
En nuestro criterio ese fue el verdadero simulacro que practicó el chavismo. En otras palabras lo que se estaría probando es el grado de obediencia y genuflexión de los componentes militares a un resultado fraudulento. Este reconocimiento de los militares a decisiones y políticas ilegales e inconstitucionales a la luz de la propia legalidad chavista ya ha ocurrido antes en muchas ocasiones tal como pasó cuando el régimen chavista anuló por decreto la Asamblea Nacional electa en el 2015 e impuso una Asamblea Constituyente para poder legislar.
Acaba de ocurrir el 3 de diciembre y los militares ideologizados y adoctrinados por el régimen chavista siguen dando muestras evidentes y entusiastas de apoyo a la ilegalidad e inconstitucionalidad. Para esto han sido entrenados por muchos años y es lo que seguramente harán el 28 de julio cuando el CNE anuncie los resultados oficiales del fraude electoral favoreciendo a Nicolás Maduro.
Por esto resulta una total ingenuidad pedirle a las Fuerzas Armadas chavistas que sean garantes y hagan respetar la voluntad de los venezolanos el 28 de julio, porque eso es precisamente lo que estos componentes militares están convencidos que harán al defender la decisión del CNE chavista proclamando ganador a Nicolás Maduro.- @humbertotweets
El silencio del rector Delpino
Por: Humberto González Briceño
El jueves 24 de octubre de 2023 la Asamblea Nacional chavista designaba los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sin que exista motivo para la sorpresa, de los cinco rectores tres son conspicuos operadores del régimen chavista, a saber Elvis Amoroso, Carlos Quintero, y Rosalba Gil. Los otros dos serían adjudicados a grupos vinculados a la PU/MUD, específicamente a Acción Democrática (Ramos Allup) y Un Nuevo Tiempo en las personas de Juan Carlos Delpino y Aime Nogal, respectivamente.
Esta designación fue alabada por Jorge Rodríguez como "...el resultado de un amplio consenso." Sin embargo, nunca quedó claro los factores que participaron en ese "consenso", sobre todo en la parte que corresponde a los dos rectores vinculados a la oposición.
La negociación que permite la designación de Juan Carlos Delpino y Aime Nogal en la directiva del CNE chavista no fue la que se desarrollaba casi en forma paralela entre chavismo y oposición PU/MUD en el marco de los llamados Acuerdos de Barbados. No se tiene noticia que en esas negociaciones siquiera se haya conversado sobre la conformación del nuevo CNE.
Entonces ¿De cuál negociación o consenso salieron los nombres de Juan Carlos Delpino y Aime Nogal para integrar esa directiva en representación de la oposición? Evidentemente, esto no fue el resultado de una transacción directa y formal entre la PU/MUD y el chavismo porque de ser así los dos rectores designados habrían reflejado la diversidad y las mayorías en juego dentro de los factores que conforman la llamada Plataforma Unitaria.
No se puede creer que la PU/MUD haya acordado postular a dos candidatos a rectores del CNE relacionados con dos partidos que no solo están en minoría dentro de esa plataforma sino que además son identificados como socialdemócratas, por citar tan solo una noble afinidad.
Lo más probable es que esta designación de los rectores Delpino y Nogal haya sido el resultado de dos negociaciones bilaterales y separadas entre el régimen chavista con Henry Ramos Allup (AD judicializada) por una parte y Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo por la otra. El interés del régimen en hacerle estas importantes concesiones a Ramos Allup y Rosales habría estado enmarcado dentro de la estrategia de manipular e influir directamente en el resultado de la elección Primaria de la PU/MUD.
Asignarle un rector a Acción Democrática (Ramos Allup) y otro a Un Nuevo Tiempo tiene repercusiones distintas. Para la AD no judicializada era un avance en el tortuoso camino de recuperar la tarjeta y la capacidad de postular candidatos en las elecciones regionales de 2025, aunque esto no descarte la posibilidad de un arreglo para compartir la franquicia con la AD de Bernabé Gutiérrez. Todo en nombre de la unidad, pero ante todo y por sobre todas las cosas para recuperar la capacidad para postular.
En el caso de Un Nuevo Tiempo se trata de mantener las concesiones que le ha otorgado el régimen siendo la más importante un reconocimiento al estatus político de Manuel Rosales como referente de la oposición. Esto pasa necesariamente por respetar su gobernación del estado Zulia, independientemente de repartos que pueda hacer el régimen a partidos de la oposición en otros estados.
Seguramente con candidez e inocencia tanto Ramos Allup como Rosales le comunicaron a sus colegas de la PU/MUD que habían sido sorprendidos con esas designaciones, garantizando seguidamente que estos rectores sin ninguna duda siempre estarian al servicio de la causa de la llamada unidad más allá de sus vinculaciones partidistas. Sobre esto solo podemos especular por los elementos que se conocen públicamente pero es posible que nunca sepamos con exactitud su desarrollo.
Lamentablemente para los implicados (régimen, Ramos Allup, Rosales) la elección del candidato de la PU/MUD se salió de control y no hubo forma de influir para lograr que Manuel Rosales fuese el seleccionado, tal como siempre quiso y jamás ocultó el chavismo. Allí entraron en juego viejas facturas y peleas intestinas entre Voluntad Popular y Primero Justicia contra Manuel Rosales por los manejos en Monómeros provocando un realineamiento de factores dentro de la PU/MUD que le otorgó la mayoría a María Corina Machado y dejó aislados a AD (Ramos Allup) y Un Nuevo Tiempo. Pero ese será el tema de otro artículo.
El balance final es que ni Henry Ramos Allup ni Manuel Rosales lograron ejecutar el encargo. No por falta de ganas, sino porque la situación en términos políticos era sencillamente inviable. Hacer más implicaba quedar grotescamente en evidencia como marionetas del chavismo, un precio demasiado alto para quienes están obligados a mantener las apariencias a la hora de cazar votos y evitar los crueles castigos de la impopularidad. Sin embargo, en los dramáticos días que siguieron a la inhabilitación de Corina Yoris Manuel Rosales hizo un último y desesperado intento para cumplir su parte del trato y ser el candidato opositor. La maniobra de inscribirse a última hora quedó truncada y escueta dejando a Rosales en la incómoda posición de justificar la maroma como "un intento por salvar la tarjeta de la MUD."
Sin todo este recuento es imposible entender las declaraciones del rector Juan Carlos Delpino denunciando lo que todo el mundo ya sabe: Que el operador del régimen chavista en el CNE Elvis Amoroso no reúne la directiva para tomar decisiones sino que éstas se preparan, se cocinan y se anuncian en forma unilateral. Entonces, lo que tiene que llamar la atención del rector Delpino no son las obviedades que dijo sino su silencio cómplice desde el día en que fue designado rector hasta el día en que decidió hablar.
El silencio de Juan Carlos Delpino se parece mucho y coincide con el mutismo discursiva de Henry Ramos Allup y solo podrían ser interpretados como actos de prudencia para avanzar en lo único y lo que realmente le puede importar a la Acción Democracia judicializada y esto es la recuperación total o parcial de su tarjeta y su capacidad para postular en las elecciones regionales de 2025. ¿Por qué? Porque un partido de naturaleza esencialmente clientelar como Acción Democrática necesita su tarjeta para postular tanto como el aire, el agua y sal son esenciales para la vida. Sin eso, no hay nada. Y esto aplica igualmente para el resto de los partidos judicializados que están en la PU/MUD.
El trasfondo de esta dinámica es el objetivo que se ha trazado el régimen chavista de liquidar política y electoralmente a los partidos de la PU/MUD quitándoles su capacidad para postular candidatos en las elecciones regionales. Sin ninguna perspectiva de recuperar las negociaciones bilaterales con el chavismo y con la liquidación definitiva de los Acuerdos de Barbados la fuerza que sostenía tanto a Juan Carlos Delpino como a Aimen Nogal en ese CNE se ha desvanecido y lo más probable es que ambos salgan de esa directiva en cualquier momento. Si tienen suerte, y la furia imperial de los hermanos Rodríguez no decreta otra cosa, quizás lleguen al 28 de Julio pero eso nadie lo puede garantizar.
La estrategia del chavismo es darle vida y reconocimiento formal al otro sector de la falsa oposición, los llamados alacranes. Con ellos se firmarán los futuros acuerdos y a ellos se les dará representación en una futura directiva del CNE. Con ese reconocimiento institucional por parte del Estado chavista los partidos que han sido judicializados y que controlan las tarjetas y la capacidad para postular recibirán en los próximos meses recurrentes oleadas de clientelas que viven del negocio de la política y que ya no tienen motivos para seguir a los que han sido despojados de la franquicia.
Las declaraciones del rector del CNE Juan Carlos Delpino, son una constatación de obviedades sobre el fraude electoral en marcha, que a pesar de ser suscritas por un funcionario de alto rango ya ni siquiera generan sorpresa. Por el contrario, su prolongado silencio y el momento que escoge para romperlo dice mucho del contubernio que siempre ha caracterizado las relaciones del chavismo con su falsa oposición. Esta práctica le ha rendido buenos resultados al régimen chavista que ahora se prepara para seguir en lo mismo pero con nuevos socios e interlocutores.- @humbertotweets
¡INDEPENDENCIA, CONCILIACION CON ARREPENTIMIENTO Y PAZ!
Enrique Prieto Silva
Sábado 15 de junio de 2024
“Código Penal: Artículo 132. Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.
En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho…”.
Hemos dicho, que los cambios políticos por sí mismos, no garantizan la mejoría económica y mucho menos la mejoría social. Es obvio que esto sea así, y ha sido su desconocimiento por ignorancia política acontecida desde que se implanto en Venezuela el llamado "proyecto", "proceso" o "revolución", cuando una gran mayoría de venezolanos creyeron que habíamos encontrado la solución sinóptica para cambiar el sistema político enfrentado desde la década de los 90’, cuando surgió la hermenéutica de la antipolítica, que nos ha costado la mayor sarta de sacrificios psico-sociales, tratando de volver al pasado, pero con una clara visión de futuro, intentando refundar la república.
Todo se transformó, como hemos dicho, en la peor pesadilla vivida en Venezuela; la que podemos llamar “socialismo del Siglo XXII”, un eslabón en la historia patria, que no tendrá parangón ni del presente ni del pasado, transformado en el gran reto, que deberá enfrentar el nuevo gobierno que surgirá el “28 de Julio”; reto que conlleva la esperanza de reconquistar la independencia, la conciliación y la paz después de más de 25 años de un irracional e ignaro enfrentamiento interpares sin sentido.
Decimos conciliación, porque tal vez después de los acontecimiento del Siglo XIX, Venezuela no había vivido un ambiente de enfrentamiento de convivencia social tan férreo, como el generado por la desidia chavista, esa que comenzó desde 1998, cuando el fenómeno Chávez inicio su compaña antipolítica con la amenaza de freír la cabezas de adecos y copeyanos, dando inicio a una subrepticia guerra interna, para la cual creo los llamados “colectivos”, engendros que sin ocultar su ignorancia supina, se empinaron en la cúspide de su ignorancia para atacar a todo venezolano que no aceptara la sumisión que se le impuso a todo el gentilicio.
Decimos independencia, por la espantosa arremetida contra la libertad económica de Venezuela accionadas por países imperiales, que inicialmente apoyados por venezolanos sumisos, trataron de imponer políticas anticorrupción ilimitadas; y ofertas escandalosas de castigo, entre ellas, las llamadas “sanciones o medidas económicas y jurídicas”, como si de un Estado subyugado se tratara; situación que genero la debacle socioeconómica, que tanto cuesta superar. Desgraciadamente, muchos venezolanos se hicieron eco de ellas y hasta participaron en su solicitud. Si nos atrevemos a ser sinceros y revisamos la normativa referida a la seguridad del Estado, tendremos que habilitar la delictiva tipológica que envuelve la traición a la patria.
La Constitución en su primer Título, referido a los principios fundamentales, consagra la condición libre e independiente de la República como condición permanente e irrenunciable, fundamentada en el ideario de Simón Bolívar, el Libertador, su patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional; de esta manera se rescata el legado histórico de la generación emancipadora, que en la gesta heroica de la independencia de Venezuela luchó para forjarnos una patria libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera, y se recoge el sentimiento popular que lo distingue como símbolo de unidad nacional, de lucha incesante y abnegada por la libertad, la justicia, la moral pública y el bienestar del pueblo; se define la organización jurídico-política de la Nación venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; propugnando el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar de los derechos humanos y buscar su felicidad.
Es fundamental, entendiendo la Constitución, que los ciudadanos y las organizaciones sociales tienen el deber y el derecho de concurrir a la instauración y preservación de esas condiciones mínimas; y de esa igualdad de oportunidades, aportando su propio esfuerzo, vigilando y controlando las actividades estatales, concienciando a los demás ciudadanos de la necesaria cooperación recíproca, promoviendo la participación individual y comunitaria en el orden social y estatal, censurando la pasividad, la indiferencia y la falta de solidaridad.
Sierra diciendo. que las personas y los grupos sociales han de empeñarse en la realización y ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacción de tales fines. Yerra quien cree, que se puede utilizar el poder extranjero para intervenir, deslastrar o cambiar el sistema o poder público de Venezuela, marginando su soberanía que reside en el pueblo
No dudamos de lo difícil de la situación y del impacto que muchos hemos sufrido en nuestro acontecer de la vida diaria, donde muchos perseguidos abandonaron el país para su protección, no obstante, aceptamos su sabia decisión por lógica defensiva. Otros, por temor a represalias y en defensa de su vida, también surcaron esos mares, como lógica defensiva, lo cual es una reacción contra la desesperanza y la desidia; pero lo que no es admisible, es que luego de alejarse hagan como el pecador cristiano, arrojar piedras al territorio abandonado o pedir a su nuevo anfitrión que lance dardos envenenados al territorio de su patria que abandona.
Lo justo y loable es luchar a brazo partido con la fuerza de la fe y la oración, para que los conciudadanos, que por múltiples y necesarias razones permanezcan en el país, les ayuden a cumplir ese sueño de libertad, pero no es racional que los ataquen o pidan al extranjero que los ataquen.
Son muchas las medidas, especialmente económicas que se le imponen al “régimen o a Maduro”, con el fin de que este fracase en el gobierno, lo que genera escases y dificultades económicas, que solo se reflejan en la falta de recursos para sueldos y salarios del pueblo hambriento. Es una idea electoral, que no deja de recordarnos la estúpida abstención, causante de la continuidad política.
Nuestro criterio reflexivo, concordante con el asomado por los candidatos opositores, es el de ver para la salvación social, la necesaria conciliación y la propuesta de una visión de amnistía, la que lógicamente abarcaría a los atacantes y solicitantes de medidas, pero es lógico que ellos cumplan con la lógica del pecado: arrepentimiento, confesión y penitencia; esa penitencia que los obliga desde ya a cambiar su discurso arrepentido de reconocer su error y exigir el cese de las “medidas o sanciones”. Sabemos que la ignorancia es el peor factor del que adolecen muchos opositores; esa fue la razón que nos indujo al introito del artículo. ¡Continuaremos con el tema para mantener la paz!
@Enriqueprietos
¿Sabremos algún día si las encuestas dicen la verdad?
Por: Humberto González Briceño
El cuestionamiento que le hacemos a quienes realizan encuestas hoy día en Venezuela para analizar la política se apoya en la misma premisa de nuestra crítica a quienes promueven el voto como una vía eficaz para salir del régimen chavista. En ambos casos se trata de posturas que buscan normalizar una situación que a todo evento no puede ser considerada como normal.
Pero antes de ir al fondo de nuestra crítica hay que aclarar que nuestra posición no es en rechazo a las encuestas como método al servicio de las ciencias políticas ni al voto en sí mismos. Diremos que en ciertos contextos con garantías políticas y constitucionales tanto las encuestas como el voto son totalmente válidos y efectivos. Pero, ciertamente, ese no es el caso de Venezuela.
Por ejemplo, ¿qué valor cuantitativo se le puede asignar a las demostradas capacidades de fraude del régimen chavista? O mejor aún en una Venezuela sometida por el terror, el miedo y la incertidumbre ¿Se puede pensar que las opiniones de los encuestados son emitidas libremente?
Nuestro cuestionamiento radica en que no se puede tomar los valores de ninguna encuesta haciendo abstracción del contexto político y social en el cual estamos metidos. Y la razón por la cual esto no sería una sana práctica científica es porque precisamente no existen en Venezuela condiciones institucionales para confirmar lo que dicen esas encuestas.
Hasta ahora la mayoría de las encuestas conocidas dan como ganador de la elección del 28 de julio por un amplio margen al candidato de la PU/MUD Edmundo Gonzalez. Esos valores de alguna forma validan las masivas movilizaciones del candidato opositor junto a María Corina Machado por toda Venezuela. Igualmente un muestreo empírico entre nuestros familiares y amigos mostraría tendencias de apoyo similares.
El chavismo también ha sacado sus encuestas y estas dicen que Nicolás Maduro tiene una sólida ventaja en un promedio del 60% sobre el candidato Gonzalez. Pero a diferencia del candidato opositor el del chavismo queda pulverizado por la evidencia empírica ya que las concentraciones oficialistas han sido dramáticamente escuálidas y cualquier muestreo no científico, incluso entre simpatizantes del chavismo, confirman una determinante intención de voto en favor del candidato opositor.
El problema entonces no consiste en tratar de reconciliar los hallazgos científicos con los empíricos sino en validar ambas constataciones a la luz de la realidad. Esto quiere decir que debe existir algún mecanismo o medida para establecer si estas encuestas dicen la verdad o que tan cerca están de ella.
Y el único parámetro que en principio habría que tomar en cuenta sería el anuncio de los resultados definitivos que proclame el CNE el 28 de julio en la noche para compararlos con lo que dijeron las encuestas. ¿Qué pasaría si los resultados oficialistas difieren dramáticamente de lo proyectado por las encuestas? Más aún ¿Se puede aceptar el resultado que anuncie el CNE como un criterio para validar o invalidar las proyecciones de las encuestas?
Las encuestadoras dirán que han hecho su trabajo, y es cierto porque a ellas no les corresponde determinar si hubo fraude o no. Es a los políticos que decidieron basarse en los números de las encuestas ignorando la ausencia de condiciones y garantías electorales a quienes les tocará explicar o impugnar la inconsistencia.
En el fraudulento sistema electoral que impuso el chavismo no hay forma de saber cuántas personas realmente votaron o dejaron de votar. Tampoco sabremos cuántos votos efectivamente logró el proclamado ganador, porque el CNE chavista tiene el poder para adjudicar los resultados que quiera en forma inauditable e inapelable.- @humbertotweets