Luis Marín
Martes 15 de Diciembre de 2009 06:41
La OEA sabe perfectamente, en cualquiera de sus instancias, cuál es el estado de los derechos humanos en Venezuela; como lo sabe también respecto de Cuba, aunque ese país ni siquiera sea miembro efectivo de la organización.
Para esto no necesita en absoluto la visita de ninguna comisión “in loco”, para lo que le bastaría contactar a un grupo de expertos que podrían hacer su trabajo y presentar un informe mucho mejor documentado y con mayor credibilidad que la misma comisión interamericana, tan permeada por los intereses políticos e ideológicos de los respectivos gobiernos.
Si la OEA no toma ninguna iniciativa ni hace ningún pronunciamiento es porque su voluntad política apunta en sentido contrario, particularmente por la brújula que utiliza su secretario general, José Miguel Insulza.
Al régimen cubano le abre las puertas para su reincorporación, precisamente en la reunión de San Pedro Sula, en Honduras, contribuyendo al desencadenamiento de la más grave crisis política de ese país en toda su historia.
Los argumentos que usaron son indignos de diplomáticos respetuosos, como que la suspensión del régimen de Castro se produjo en el marco de la guerra fría y deja de tener sentido con el derrumbe de la URSS; o bien que con aislamiento y sanciones no se ha conseguido en medio siglo ninguna democratización del país, por lo que lo procedente es intentar la política contraria.
Ignorando por completo que en la motivación de la resolución de suspensión ahora derogada se hacía referencia al hecho de que Castro había autodefinido su régimen como “marxista-leninista” y que se sepa todavía sigue siéndolo; de hecho, esta es el centro de su ruptura con la URSS, en 1989, el inicio del llamado período especial y de la modificación de su famosa consigna, que desde entonces reza: “patria, socialismo o muerte”.
No es menos evidente que el sistema comunista era y sigue siendo incompatible con la razón de ser de la OEA que tiene como fundamento la promoción de la democracia representativa y la garantía de los derechos humanos individuales.
Pero toda esta controversia resultó inútil porque el régimen de Castro al contrario de incorporarse, como le pedían sus aliados, más bien les ha recomendado disolver esa organización y sustituirla por otra sin la presencia de los Estados Unidos, o sea, que si quieren a Cuba ¡echen a los norteamericanos!
En estas circunstancias, ¿alguien puede esperar razonablemente que la OEA le aplique la carta democrática al régimen castrista imperante en Venezuela?
Pero si todavía se abrigara la menor duda acerca del servilismo político de Insulza, bastaría ver el bochornoso barranco en que ha metido a la OEA en Honduras. Entonces se desdice diametralmente y considera que sí valen la suspensión del país y el bloqueo económico para lograr resultados.
Hasta los representantes de los EEUU encuentran una morbosa delectación al llamar “régimen de facto” al gobierno provisional de Micheletti, al que también podrían llamar “de transición”, sin ofender a nadie; pero aquí la mascarada incluye hablar de golpe de estado y hasta de dictadura para referirse a un gobierno ostensiblemente civil, mientras se le echa el brazo en el hombre a dictadores uniformados como los Castro, Ortega y Chávez.
Ahora no le gustan las elecciones, el régimen alternativo, la sucesión presidencial; prefieren regímenes continuistas como los del ALBA, la abolición de la propiedad privada, la censura de prensa, la judicialización de la persecución política, el personalismo, la arbitrariedad y el fin del sistema de garantías legales para los ciudadanos, en pocas palabras, el ocaso del Estado de Derecho.
Después de su fracaso en Honduras, Insulza debe renunciar al cargo; pero muy por el contrario, prepara su reelección, fiel a la nueva filosofía que lo inspira.
EL SILENCIO DE LOS CULPABLES. Los ex presidentes colombianos reunidos en comisión asesora del gobierno de Uribe, no tuvieron mejor tino que escoger a César Gaviria, quizás por su condición de ex secretario general de la OEA, para que les sirviera de vocero en un comunicado en que declaran “extrañeza” por el silencio de los países amigos de Colombia, ante las amenazas de agresión que está sufriendo ese país por parte de la “República Bolivariana de Venezuela”.
Pasando por alto el tono burlón con que intercalan el adjetivo “bolivariana” a la República de Venezuela, sin dignarse a llamarse a sí mismos “santanderianos”; bastaría responderles que ese silencio es proporcional al que ellos han guardado ante los daños inconmensurables causados al pueblo venezolano por la gestión de Gaviria al frente de la OEA.
No podemos olvidar que él mudó la secretaría general por seis meses al territorio de este país para dedicarse casi exclusivamente al caso venezolano y que puestos a evaluar su desempeño es imposible encontrar un resultado que no haya sido favorable a la consolidación del régimen que ahora estamos padeciendo.
Silencio que comparte con Jimmy Carter, que ni siquiera se digna responder los reclamos que se le hacen para que honre los compromisos que adquirieron en la llamada “mesa de negociación y acuerdos” que fue el vástago de la turbulencia política y social del ahora remoto año 2002.
Habría que preguntarle a Gaviria y a Carter si a ellos les parece un buen fruto de una “comisión de la verdad” sobre los sucesos del 11 de abril, que ahora todas las culpas se descarguen sobre los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero, seis humildes policías metropolitanos y un solo oficial de las Fuerzas Armadas, el capitán Otto Gebauer.
Caramba César, Jimmy, si son hombres normales, no digamos “buenos padres de familia”, que a lo mejor es pedir demasiado: ¿Ustedes se sienten satisfechos con estos resultados? ¿Esperan que los venezolanos olvidemos el papel que jugaron en esta infamia? ¿Tienen autoridad moral para quejarse del silencio de otros?
Irónicamente puede decirse lo mismo de la cancillería de El Salvador, que entregó a los comisarios a un verdadero calvario; como a los países garantes, entre ellos Costa Rica, lo que vuelve a traer a colación el manido tema de la doctrina Arias.
Un hecho que hace recuperar la esperanza en que sí exista la justicia después de todo, nos lo pone de manifiesto la queja de los ex presidentes colombianos. O sea, parece que Colombia está sufriendo también las consecuencias de las rastreras maniobras de Gaviria en Venezuela.
No puede caber ninguna duda de que los EEUU también tendrán que pagar algo por la injerencia incalificable de Jimmy Carter en asuntos internos de otros países y ojalá que cuando eso ocurra se acuerden de lo que él y su fundación, el Centro Carter, hicieron y continúan haciendo subrepticiamente y casi a escondidas, como si nadie se estuviera dando cuenta, por medio mundo.
Pero como se dice en venezolano: “la tramposería sale”.
EPÍLOGO. Basta echar una ojeada a la prensa nacional, lo que hoy en día se puede hacer por Internet desde cualquier parte del mundo (salvo Cuba o Irán), para darse cuenta de la ruina del poder judicial en Venezuela, de la persecución política y hasta de la manifiesta intención del régimen de prescindir del esquema de división de poderes reconocido en todo el mundo civilizado.
Con sólo tomar un diario cualquiera puede advertirse sin ser especialista, cómo una juez pasa súbitamente de representante del poder judicial a reo de laesa maiestas, ¡sin fórmula de juicio! Pero lo más sorprendente es que ese tránsito ocurre por la realización de funciones inherentes a su cargo, esto es, que el acto que se le imputa como delito está dentro de sus competencias como juez.
Todo el mundo sabe que por desatinada que pueda ser una decisión judicial, a lo sumo puede dar para una sanción disciplinaria; pero no para una privativa de libertad y mucho menos para que se solicite la pena máxima de 30 años, reservada para crímenes extremos o asesinos contumaces.
Casualmente, la detención del señor Franklin Brito ocurre el mismo día enfrente de la sede de la OEA en Caracas. ¿De qué se le acusa? De nada, la aprehensión se hace mediante un procedimiento judicial de amparo para preservar su vida. ¿Tiene la Fiscalía entre sus competencias solicitar amparos en nombre de otra persona, que no se lo ha solicitado e incluso en contra de su voluntad expresa? ¿Quién es el amparado, el Ministerio Público o el señor Brito? ¿Contra quién es el amparo, contra sí mismo? ¿No aniquila esto el espíritu, propósito y razón del amparo?
En verdad, el señor Brito llega a esta triste situación por el absoluto desamparo en que se encuentra (como cualquier otro venezolano) por no tener dónde acudir para defender derechos que le han sido violados; por eso termina a las puertas de la OEA, que ni se da por aludida.
Hasta apenas ayer los constitucionalistas enseñaban que toda Constitución tiene dos partes: Una orgánica, que establece la división del poder público, en los tradicionales ejecutivo, legislativo y judicial; otra dogmática, que garantiza los derechos humanos y ciudadanos.
Esta tradición tiene su origen en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que estableció, desde los albores de la revolución francesa, que “una sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de Constitución”.
Así que la división de poderes y el respeto a los derechos humanos es tanto como condición sine qua non para que haya constitución. Lo contrario al régimen constitucional es el régimen absolutista, el despotismo.
Todo está tan claro que huelga repetirlo. La necesidad de autorización del régimen para que pueda realizarse una visita “in loco” es un burladero baladí. Funciona en la práctica como un poder de veto, que no está en la Carta de la OEA, de manera que la Comisión de Derechos Humanos no pueda pronunciarse sin permiso del gobierno interesado.
Esto equivale a una declinación de la jurisdicción universal en materia de derechos humanos; pero además violenta la propia constitución venezolana, que estableció que los tratados de derechos humanos tienen aplicación preferente a la misma constitución y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y órganos del poder público, tanto más por un organismo supranacional.
La misma constitución ordena, en una de sus disposiciones más controversiales, que “no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. La visita “in loco” es un formalismo inútil, completamente prescindible y una pésima coartada para ocultar la complicidad de las autoridades de la OEA con las neo dictaduras socialistas.
Insulza, en lugar de promover democracia, libertad y derechos individuales en el continente, como es su deber, promueve socialismo, continuismo, censura, autoritarismo, militarismo, violación sistemática y masiva de derechos humanos, como la libertad, propiedad y seguridad jurídica.
Bien puede la OEA ahorrarse el precio de esos pasajes y los viáticos de los funcionarios, al fin y al cabo, con todo merecimiento, nadie los respetará.
Fuente:
Venezolanos en Linea
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