Economía Política del Chavo-Madurismo Por: Humberto García Larralde. Opinión. Venezuela. Venergía

 

Son sociópatas, profundamente dañados por esa falsa realidad a que se han entregado: la maldad hecha poder.

Economía Política del Chavo-Madurismo

Por

 Humberto García Larralde

 -

12/02/2021

Es menester, por tanto, diseñar una estrategia con estos propósitos, que restablezca la confianza mayoritaria en un liderazgo opositor comprometido con el restablecimiento de la democracia

Humberto García Larralde / Venergia.org (Venezuela) – 12/02/2021

A la memoria de Héctor Silva Michelena, amigo, humanista y economista crítico,
comprometido con el triunfo último de la libertad y de la razón.

De cara a una posible negociación

La posibilidad de una negociación para acordar una salida electoral confiable a la actual tragedia parece asomarse tímidamente. Hacerla realidad obliga a conocer a qué responde la contraparte con la que se pretende negociar, en este caso, la representación del régimen. Con esto en mente y en el ánimo de impedir que las fuerzas democráticas sean burladas —una vez más— por quienes ocupan el poder, es útil un somero enfoque de economía política para entender mejor lo está en juego.

Instituciones, para qué

El quehacer económico responde a los incentivos del marco institucional en que se desenvuelve. Las instituciones son las reglas que acotan el comportamiento económico, político y social de una sociedad. Pueden ser formales —leyes y normas escritas— o informales: hábitos, valores y códigos que guían la vida en colectividades. La economía política busca entender los intereses en juego de una sociedad, las razones a que responden y las instituciones con las que están asociadas.

En Venezuela, las instituciones de la democracia representativa, en particular, el Estado de Derecho, como de la economía de mercado, fueron desmanteladas por la llamada “Revolución Bolivariana”. ¿Por qué? Pueden señalarse las ambiciones de poder de Chávez, empeñado en abatir todo obstáculo a la centralización de decisiones en sus manos por creerse el auténtico heredero del Libertador y, por ende, el nuevo “salvador de la Patria”, y/o los pruritos socialistas de sus conmilitones de extrema izquierda.

Sea como fuere, llevó a que se eliminase la transparencia, la rendición de cuentas y toda actividad de supervisión y control externo por parte de los órganos de representación social sobre el uso de los bienes y dineros públicos. Asimismo, ahogó al mercado como mecanismo autónomo para asignar recursos y determinar la remuneración de los agentes productivos, con su sistema de precios que empalma las presiones de demanda con las posibilidades de oferta. Por ende, la asignación, distribución y usufructo de los recursos económicos pasó a determinarse por criterios ajenos a la racionalidad económica y a la preservación del patrimonio público nacional. ¿Qué implicaciones tuvo, qué surgió de eso?

Puede que al comienzo Chávez realmente creyese que, pasando por encima de las instituciones, redimía a un pueblo oprimido, y sus partidarios izquierdosos que el sistema socialismo fuese superior. No importa. El hecho cierto es que la ausencia de controles sobre la gestión pública y su sometimiento a la voluntad personal de un caudillo condujo a un proceso para el disfrute económico cada vez más discrecional y arbitrario. Al imponer una serie de leyes punitivas, con regulaciones y controles de precio que desafiaban las fuerzas de mercado, surgieron fuertes incentivos para lucrarse arbitrando entre precios y extorsionando a comerciantes y empresarios.

Cabe recordar, además, que la captación de formidables rentas por la venta de crudo en los mercados internacionales había proveído a gobiernos anteriores de un margen amplio para el gasto discrecional. Ello dio lugar a prácticas populistas y clientelares, que Chávez llevó a extremos. Incentivos perversos como estos se alimentan de la vulneración del Estado de Derecho, sea por la no aplicación de leyes o por su desvirtuación por parte de policías y jueces abyectos. Dio lugar a intereses consustanciados con una situación de anomia, de ausencia de normas y resguardos, en la que reina el arbitrio de los que tienen poder. Como tal, la conflictividad actual y la tragedia de los venezolanos no obedece a proyecto ideológico alguno, ni debe ubicarse en el plano de una disputa entre izquierda y derecha. Sobre esto invito a leer mi último libro[1].

Corrupción militar como eje

El eje del régimen es el componente militar, por monopolizar los medios de violencia. Su incursión inicial en irregularidades fue con el “Plan Bolívar 2000”, luego aparecieron las corruptelas del Central Azucarero Ezequiel Zamora (CAEZ), con asesoría cubana, y, progresivamente, una sucesión de escándalos relacionados con dinero para obras públicas, procuras, importaciones y, sobre todo, para la adquisición de dólares preferenciales. Aún más notorio fue su participación activa en el narcotráfico, recogida como “cartel de los soles”. Estas irregularidades fueron generando un entramado cada vez más denso de complicidades, que torcían a su favor la toma o instrumentación de medidas. Chávez no enfrentó la corrupción militar. Utilizó su conocimiento de ella como Espada de Damocles para asegurar la lealtad de los oficiales involucrados. Para ello armó un sistema judicial sumiso que castigara a los rebeldes o echase un manto protector (impunidad) sobre los que le eran fieles. Los criterios de justicia y de legitimidad de muchas acciones pasaron a ser determinadas, no por su apego al ordenamiento legal y/o al interés de la nación, sino por su funcionalidad para con el ejercicio de poder de Chávez.

Maduro llevó esto todavía más allá. Elevó a altos cargos públicos a militares señalados de narcotráfico y violación de derechos humanos, y edificó una institucionalidad paralela –asamblea constituyente y TSJ secuaz— que anuló la supervisión y el control sobre su gestión por la representación popular en la Asamblea Nacional. Terminó por corromper a altos oficiales, colocándolos al frente de ministerios e institutos del área económica, empresas públicas, inversiones, servicios y permitiendo las trapisondas ejecutadas en la custodia de fronteras, puertos, aeropuertos y alcabalas, como de la extorsión en general.

Ello destruyó a la FAN como institución, suplantando la disciplina, obediencia y respeto por la jerarquía, como la unidad de mando, por alianzas o componendas entre quienes estaban mejor posicionados para sacarle provecho a las oportunidades de depredación de la riqueza social emanadas de la destrucción de la legalidad. Dio lugar a un régimen de expoliación, comandado por una confederación de mafias que cooperan o rivalizan entre sí, por “cotos de caza” específicos. Estas mafias incluyen funcionarios civiles, así como empresarios inescrupulosos –la llamada “boliburguesía”. La situación de anomia permitió  extender sus tentáculos a todos los niveles, incorporando, por ejemplo, a consejos comunales de base y a colectivos chavistas, al reparto de bolsas CLAP o la exacción de “vacunas” a comerciantes.

Vulnerabilidades

Pueden sacarse las siguientes inferencias de lo anterior:

1) El poder, lejos de ser monolítico, está diluido entre la mencionada confederación mafiosa;

2) Las alianzas entre y con esas mafias, son la base real de apoyo al régimen;

3) El mayor desafío de Maduro está en alimentar ese apoyo con oportunidades de lucro y, así, mantener su lealtad y adhesión;

4) Ello se fundamenta en actividades que parasitan a la nación, que la han dejado exangüe;

5) El encogimiento resultante del botín agudiza los conflictos internos al régimen, causando reacomodos y desplazamientos;

6) Éstos debilitan las bases de apoyo de Maduro.

La situación descrita se complica por la situación de default en que se encuentra Venezuela, como por las sanciones impuestas al régimen, que imposibilitan acudir a los mercados financieros internacionales. Ha obligado a éste a concertar alianzas con bandas criminales internacionales y gobiernos “paria”, con el fin de burlar las sanciones, obtener recursos y financiar desarrollos que reemplacen los “negocios” agotados. Maduro se fue convirtiendo, así, en rehén del ELN, las FARC disidentes y de otras organizaciones criminales para explotar las riquezas minerales de Guayana; de Irán y de Rusia para parapetear la industria petrolera destruida y encontrarle salidas de mercado (con enormes descuentos y aquéllos cobrando su parte); de Turquía, para la compra de oro ilegalmente extraído; y de Cuba, por su asesoría en el funcionamiento del Estado de Terror, tan vital para un régimen fascista como el suyo.

La dilución de la autoridad central y la formación de nudos de poder dispersos se ha visto acompañada de un relajamiento de los controles y regulaciones de la legislación punitiva, otrora “socialista”. La liberación (de hecho) de controles de cambio y de precio ha estimulado iniciativas comerciales en la forma de “bodegones” y mercados virtuales, que transan mercancías importadas en divisas, cobrando precios bastante superiores a los internacionales en muchos rubros. La anuencia del régimen con este despliegue de “capitalismo salvaje” obedece a que representa una veta para lavar dineros mal habidos y, además, da una sensación de prosperidad a sectores de clase media alta y funge de aliviadero para satisfacer las necesidades de quienes perciban divisas. Ello atemperaría su actitud opositora.

Mantener los controles era contraproducente, tanto por los estragos causados (escasez, mercados negros), como por su futilidad para la prédica populista. Pero la dolarización desnuda más que nunca la enorme desigualdad en el consumo entre quienes tienen acceso regular a las divisas y quienes deben conformarse con comprar en bolívares y depender de las bolsas CLAP. Además, introduce una dinámica que puja por mayores libertades en distintas actividades. Ello atenta contra las prácticas de expoliación amparadas en los controles, por lo que esta “flexibilización” económica, amén de negar el supuesto socialismo, añade a los conflictos y reacomodos en el seno del chavo-madurismo. La visita de Jorge Rodríguez, a FedeCámaras, ya como presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, podría verse dentro de este contexto.

Inferencias para una eventual negociación

Entender los intereses en juego ayuda a precisar qué se puede negociar y con quién. El cómo es potestativo de políticos, bien asesorados, y de las circunstancias que puedan presentarse.

La expoliación de la renta y de la riqueza social ha sido la razón de ser del régimen. Su resiliencia en aferrarse al poder se vale de una burbuja ideológica que ha creado una realidad alterna, ante la cual sus integrantes consiguen la absolución de sus crueldades y cobijo a sus desafueros. La destrucción de la economía, de la industria petrolera y de los medios de sustento de los venezolanos, les rueda. Se desentienden absolutamente del hambre, la inseguridad, el colapso de los servicios y el deterioro de su calidad de vida. Pretender, por tanto, que el bienestar de la población o el “interés de la nación” puedan ser fundamento para incitarlos a negociar su salida, no tiene ningún sentido.

Puede distinguirse, en particular, a un núcleo perverso, sin escrúpulos, en el cual destacan Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez, Padrino López y los que están al frente de los órganos de terror (Sebin, DGCIM), que aplastan toda objeción ética, humanitaria, legal o moral a sus atropellos, repitiendo clichés e inventando conspiraciones que los obligan a “defenderse”. Son sociópatas, profundamente dañados por esa falsa realidad a que se han entregado: la maldad hecha poder. Algunos tienen encima, además, requisitorias por violación de derechos humanos y tráfico de drogas. De tanto huir hacia adelante, se quedaron sin salida. Se les pasó el tiempo para una posible reinserción. Y ellos lo saben.

Su permanencia depende de su capacidad por renovar continuamente las complicidades que le sirven de sustento. El encogimiento del botín y las sanciones aumentan su vulnerabilidad: hay cada vez menos renta para repartir. En el contexto de poderes anarquizados, compromisos con socios externos (que cobran su parte) y flexibilización creciente de algunos aspectos de la economía. ¿podrán impedir su salida? Depende, por supuesto, de la existencia de una oposición capaz de cobrársela, con el apoyo internacional. Esto último supone un esfuerzo por despejar toda duda acerca de la naturaleza fascista, proto totalitaria, de Maduro y de los militares que lo acompañan, de manera de no caer –una vez más—en las ilusiones de sus cantos de sirena, para ganar tiempo y desmoralizar al país. No concederán nada que apunte al restablecimiento pleno de la democracia, a menos que las circunstancias los obliguen a ello.

Una estrategia inteligente desde la oposición, con apoyo de los gobiernos de EE.UU., la UE, Canadá y algunos latinoamericanos, deberá incidir en aislar a Maduro de los socios de los cuales es rehén. Las sanciones podrían ser la carta decisiva para aprovechar las crecientes vulnerabilidades del régimen y producir su resquebrajamiento interno, siempre que estén acompañadas de la reactivación interna de la protesta. Es menester, por tanto, diseñar una estrategia con estos propósitos, que restablezca la confianza mayoritaria en un liderazgo opositor comprometido con el restablecimiento de la democracia.

FUENTE: VENERGÍA 

REMISIÓN: Rafael Huizi

---

• [1] Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos
• Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

AUTORIDADES TRICENTENARIAS. Por: Luis Marín. Opinión. UCV. Venezuela.

AUTORIDADES TRICENTENARIAS 

El raro honor de presidir los actos de celebración de los trescientos años de la Universidad Central de Venezuela a cumplirse el próximo 22 de diciembre le añade un ingrediente de trascendencia histórica a la ya de por sí extraordinariamente compleja situación que atraviesa “la casa que vence la sombra”.

Algunos profesores, estudiantes, empleados y obreros se han atrevido a remover las aguas del pantano en que se encuentra atascada la institución con la finalidad de renovar a sus autoridades como un primer paso para avanzar en su reanimación como actor estelar en esta tragedia de la vida nacional.

En las actuales circunstancias, el mero hecho de convocar a elecciones de autoridades entraña cierta temeridad, incomprensible, considerando que todas tienen sus períodos vencidos y están desempeñando funciones por inercia administrativa, bajo la figura de interinatos y encargadurías, como consecuencia de la política del régimen hacia las universidades autónomas de ponerlas bajo asedio, para hacerlas cada vez más vulnerables a la intervención.

Esta política se expresa en medidas ejecutivas, legislativas y judiciales, entre otras, para imponer un lineamiento electoral manifiestamente inconstitucional e ilegal, que no tiene precedente en el mundo ni en la historia del país, para encubrir como si fuera democrática la designación de autoridades alineadas con la implantación del socialismo del siglo XXI.

Siendo que el artículo 109 de la Constitución impuesta por el mismo régimen establece que “el Estado reconocerá la autonomía universitaria” y que “las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno”, no cabe duda de que el Reglamento Electoral aplicable es el que la misma Universidad ha establecido y que se encuentra en vigencia.

Otro asunto, adjetivo pero importante, es la operatividad del proceso electoral en estos tiempos de pandemia. Cuestión que corresponde resolver a la Comisión Electoral que debe elaborar las normas que permitan el voto a distancia (on line, como se dice ahora),  mediante mecanismos, que ya existen y están suficientemente probados, que garanticen la transparencia y confiabilidad del voto, el escrutinio y la proclamación de resultados.

Esto supondría vaciar el registro electoral en formato electrónico, lo que tradicionalmente se llama “el claustro”, que constituye el universo electoral, definido de acuerdo con lo que establece la normativa vigente; no ninguna otra espuria que el régimen pretenda imponer.

Como se ve, las cuestiones legales, técnicas y procedimentales no presentan dificultad alguna que no pueda superarse con un poco de buena voluntad e ingenio, que abundan en la UCV; el verdadero problema es el reconocimiento oficial de los resultados, que pueden ser impugnados, anulados por el TSJ y expuestos a otras retaliaciones consabidas, cuando éstos no satisfacen las pretensiones políticas del régimen.

Y aquí arribamos a un punto que tiene que ver con el talante moral, con el carácter de las personas, incluso, con la sinceridad con que se asumen las posiciones académicas, políticas e individuales, cuestiones difíciles de juzgar, cuando no imposibles de resolver, porque apuntan al fuero interno de cada quien, exigiendo integridad y valentía.

Por supuesto, no se le puede pedir a nadie que se inmole en aras de un ideal, por noble que sea; pero sí se le puede exigir a quien se comprometa con un proyecto de Universidad y de País, con todas las dudas que puedan suscitar ambos, que cumpla con las obligaciones asumidas, cualesquiera que sean las consecuencias.

Las actuales autoridades de la UCV son inusitadas en más de un sentido de la expresión: Lo primero que salta a la vista no es sólo que la ciudadana rectora sea la primera mujer en ocupar la silla de Vargas, sino que lleva ya tres períodos consecutivos y se adentra en el cuarto, sin ofrecer la más mínima señal de ser relevada en el cargo, desde mayo de 2008.

Muy por el contrario, manifiesta que en virtud del obstáculo del Reglamento Electoral y la ostensible actitud del régimen de pretender desconocer las autoridades universitarias, como parte de su proyecto hegemónico, ella seguirá allí plantada, “hasta que el cuerpo aguante”, sin legitimidad en el cargo, ni legalidad de ejercicio; pero con sobrada determinación.

En orden alfabético o de aparición, que es casi el mismo, los profesores Amalio Belmonte, Absalón Méndez, Genaro Mosquera y Víctor Rago, han manifestado públicamente sus impresiones sobre la crisis universitaria, la estrategia del régimen contra la institución, la actitud de las autoridades y la comunidad universitaria, alineándose con respecto a la necesidad y conveniencia de convocar a las tan controvertidas elecciones universitarias.

Nadie se llama a engaño, las condiciones no pueden ser peores, el deterioro físico de las instalaciones de la ciudad universitaria avanza implacablemente, pese a cumplir el pasado 2 de diciembre veinte años de su declaración por la ONU como Patrimonio de la Humanidad, una expresión material de su deterioro institucional, jurídico, económico y espiritual, cumpliéndose una vez más el dicho popular de que “la universidad es el reflejo del país”.

Como si fuera un designio de la Providencia, en esta Universidad nació una idea de República y en ella morirá.

 

Luis Marín / @lumarinre

Abogado-politólogo. Profesor UCV. 

12-02-21

FUSIÓN DE CRITERIOS. Por: STANISLAW DUBIS CASTILLO. Opinión. Exilio. Venezuela. España

 

FUSIÓN DE CRITERIOS

 STANISLAW DUBIS CASTILLO

Hace rato habíamos dejado de expresar nuestras ideas mediante artículos de opinión. Múltiples han sido las razones y no viene al caso enumerarlas. Hoy, con la anuencia del amigo lector, nos saltaremos algunas normas fundamentales del protocolo de redacción correspondiente. Progresivamente verán a lo que nos referimos.

Mi preocupación fundamental se centra en el “proceso venezolano”, el cual no escapa a la realidad de lo que ocurre en el mundo. Pensamos que el acontecer que estamos viviendo, simple y llanamente no es circunstancial. No somos fanáticos de tendencias globalistas, del Nuevo Orden Mundial (NOM). Siempre hemos estado con mente abierta a cumplir con el proceso analítico de conceptos y comentarios, para tratar de llegar a las conclusiones más objetivas.

Cuando observamos la trayectoria de la manera como ha sido conducido el proceso revolucionario venezolano, es imposible dejar pasar que el mismo obedece a un esquema previamente establecido, ensayado con éxito y con muchos años de experiencia. Nada de lo que vemos en Venezuela es consecuencia del azar. Quien no quiera ver la realidad, es simplemente porque no le apetece. Venezuela es una copia fiel y exacta del proceso mediante el cual la “revolución” sometió al pueblo cubano.

En alguna ocasión, compartiendo ideas con un hermano, concluimos que el proceso se centra en tres etapas: control, aceptación y sumisión. Nada nuevo bajo el sol, solo que es nuevo para la sociedad venezolana. Lo primero que hizo el resentido melifluo de Sabaneta de Barinas, fue controlar las Instituciones, colocando adeptos, reptantes y adulantes en las mismas, todas fundamentales para el manejo sensato de una democracia. Los venezolanos aceptamos esa realidad como parte cotidiana de nuestras vidas. Nos acostumbramos a verlo como “normal”. Finalmente, hemos sido sumisos a todos los dictámenes, acciones y omisiones de las Instituciones conculcadas al servicio de una ideología.

Tal vez piensas: “bueno, no me estás aportando nada nuevo, o algo que yo ya no sepa”. ¡Es cierto! Lo que cuesta aceptar es que eres prisionero de esa realidad. El problema es que no eres tú solo, es un país completo, de norte a sur y de este a oeste. Todos nos centramos en vivir al día, o sobrevivir el día. Nos llevan de la mano, somos eunucos colectivos, fríamente manejados por el G2. Basta ver las redes sociales y entenderemos el concepto. Lanzan lo que antes llamamos “trapos rojos”: “y, ¡listo!”. La jauría destructora o constructiva, en pro o en contra del concepto de manipulación, según sea la parcialidad, se deja llevar, mientras ellos, el régimen, consolida los objetivos planeados para hacer de Venezuela otra Cuba.

Ahora llegamos al punto donde, desde el principio, teníamos en mente arribar: Somos víctimas de nosotros mismos. No hay que endilgarle la culpa a más nadie.

Ejemplos sobran, pero nos vamos a centrar en el medular, ese que, de manera silenciosa, cual cáncer, corroe la sociedad venezolana. ¡los salarios! Dime, quién no es víctima de la degradada capacidad adquisitiva que sufrimos todos los venezolanos, sin excepción. Los empleados petroleros, los de la Administración Pública, los jubilados, los docentes, los militares retirados, el gremio de la salud y un muy largo etcétera de organizaciones. Nadie escapa a este plan fríamente conceptualizado y magistralmente aplicado.

¿Qué pasó en Cuba?  Al arribo de la revolución, de manera continua, sin prisa y sin pausa, fueron desapareciendo los conceptos de jubilación, de sindicatos, de organizaciones gremiales y hasta el de propiedad privada. En Cuba hay un solo criterio de manejo social. El Estado es amo de tu persona, de tus actos, y de tu pensamiento. Simplemente para el comunismo no existes, no le importas. Por ese camino vamos. Nos entristece ver gremios reclamando “salarios dignos”, pensando que el “narco régimen” subyugado al designio cubano les va a resolver.  

Esas solicitudes de supervivencia económica son en esencia un pensamiento socialmente egoísta. El inconveniente fundamental, es que el sistema podrido, corrupto e ineficiente permanecerá. El infortunio no es tu capacidad adquisitiva. Los autores de nuestra desgracia, lo conforman la caterva de narco delincuentes que ha asaltado la institucionalidad del país. ¡El problema no es tu salario, es el régimen! ¿Por qué le pides clemencia a tu verdugo? ¿Por qué no enfocas tu esfuerzo en eliminar a tu verdadero enemigo, a tu controlador? ¿Es por comodidad, es por ignorancia, o es por sumisión? Lo supremamente triste de la realidad planteada es que no se visualiza un liderazgo que oriente, que defina y mucho menos que se arriesgue. La “promiscuidad política opositora”, la ausencia de institucionalidad, la traición y entrega de los payasos uniformados de verde que se hacen llamar “fanb” (minúsculas y comillas ex profeso) y la sumisión de nuestro pueblo hacen que el futuro sea incierto, difuso, triste.

Lo peor de todas las circunstancias que exponemos en esta “fusión de ideas” es que mientras un segmento nacional vive su vida espléndida, ganada a fuerza de “viveza criolla” o de corrupción, sin importarle absolutamente nada el país, el otro sector languidece víctima de su propia desgracia, sin futuro inmediato y sin expectativas de ningún cambio. Pertenecemos a una sociedad en la cual el mejor enemigo que tenemos, somos nosotros mismos.

Pero, para finalizar, ¿no es esto lo que propone el NOM? Será que, dentro de todas las consideraciones, Venezuela es de antemano un objetivo consolidado a ese conjunto de “novedosas ideas de subyugación absolutista”.

Saludos. 

IMAGEN SUPERIOR: Así fue la relación Chávez, Castro y Maduro, por cortesía de Globovisión 

REMISIÓN:

De: Stanislaw DUBIS  standubis.2309@gmail.com 
Date: dom, 14 de feb. de 2021 a la(s) 07:15
Hola apreciado Sammy

Anexo te hago llegar un escrito, para que, si lo consideras oportuno lo coloques en to blog.

Fuerte abrazo y los mejores deseos

STANISLAW E. DUBIS

Consultor de Seguridad.

Security Consultant.

El otro flagelo de Venezuela: el tráfico sexual hacia Trinidad y Tobago. Por: Insight Crime. Crónica. Denuncia. Venezuela.

 

El otro flagelo de Venezuela: el tráfico sexual hacia Trinidad y Tobago

GÉNERO Y CRIMEN / 11 FEB 2021 POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA

Recientemente se han realizado interceptaciones a las redes de tráfico sexual que operan entre Venezuela y Trinidad y Tobago, las cuales revelan hasta qué punto las mujeres y menores de edad venezolanas están siendo llevadas ilegalmente desde ciertos sitios clave hasta el país insular —así como las graves condiciones a las que se enfrentan las víctimas tanto en el trayecto como a su llegada—. 

En el mes de enero, las autoridades de Venezuela dieron su más reciente golpe a las redes de tráfico que operan entre el país y Trinidad y Tobago, después de desmantelar una red dedicada a enviar víctimas a la nación isla, donde eran explotadas sexualmente, según declaró el fiscal general Tarek William Saab.

Tras desmantelar la organización ilegal, las autoridades hicieron una serie de arrestos en el municipio de Tucupita, ubicado en el estado Delta Amacuro, en la costa noreste de Venezuela. También arrestaron sospechosos en zonas más alejadas, en el estado de Lara, así como en la costa de La Guaira.

VEA TAMBIÉN: ‘Megabanda’ de Venezuela se muda a Trinidad y Tobago

Días más tarde, el 31 de enero, el Trinidad & Tobago Guardian informó que el comisionado de policía del país, Gary Griffith, había dicho que se estaba vigilando a algunos funcionarios corruptos sospechosos de estar involucrados en la trata.

A continuación, InSight Crime explora el funcionamiento interno de las redes de trata de personas que conectan a ambos países, mostrando cómo se utilizan las rutas claves para darle continuidad al lucrativo comercio ilegal del tráfico sexual en Trinidad y Tobago.

¿A Trinidad y Tobago y más allá?

La trata de personas entre Venezuela y su vecino insular normalmente consta de tres etapas: reclutamiento, transporte y explotación. En ambos países existen puntos clave que se utilizan para facilitar cada etapa del proceso.

Primera etapa: reclutamiento

Aproximadamente cinco millones de refugiados y migrantes han salido de Venezuela como resultado del prolongado estado de agitación política y económica en el país, lo que ha desencadenado la “mayor crisis de desplazamiento externo en la historia reciente de América Latina”, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Sin embargo, muchos otros han permanecido en su país, donde son cada vez más vulnerables al reclutamiento, e incluso al secuestro, por parte de traficantes de personas. Las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indican que las personas de los estados fronterizos tienen mayor riesgo de ser traficadas.

Ello es evidente en los estados vecinos Sucre y Delta Amacuro, al nororiente del país, justo al otro lado de la costa de Trinidad y Tobago.

En Delta Amacuro se llevan a cabo secuestros que aseguran el sostenimiento de la trata de personas entre Venezuela y su vecino insular, como lo señala un informe publicado en 2020 por el doctor Cleophas Justine Pierre, investigador especializado en temas relacionados con trata de personas y director de investigación y desarrollo empresarial de Dunn, Pierre, Barnett and Company Canada Ltd. En su informe, Pierre afirma que Robert Alcalá, diputado de la asamblea nacional por el estado Sucre, había advertido que existía una cooperación entre funcionarios militares y grupos criminales para secuestrar víctimas en el municipio de Tucupita, en Delta Amacuro, para luego venderlas en Trinidad y Tobago. Con la ayuda de Nayrobis Rodríguez, periodista e investigadora, Pierre descubrió que, en dos municipios del mismo estado, Casacoima y Antonia Díaz, se habían producido secuestros vinculados a este comercio.

El estudio también demuestra que un asombroso 43 por ciento de las personas que son traficadas de Venezuela a Trinidad y Tobago salen desde Sucre. En dicho estado, los traficantes suelen dedicarse a reclutar adolescentes a lo largo de la costa, en ciudades como Cumaná y Carúpano, según afirma Caracas Chronicles con base en una fuente anónima que estaba encargada de falsificar pasaportes para quienes intentan salir ilegalmente del país.

Otras víctimas que parten de Sucre vienen desde más lejos. José Villarroel, director estatal de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado y la Financiación del Terrorismo, dice que las víctimas de otras partes del país suelen llegar a Carúpano y luego viajan a las zonas costeras, desde donde continúa su tráfico, como lo indica El Pitazo.

Después de hablar con varias fuentes, InSight Crime pudo confirmar que existen víctimas que provienen de regiones alejadas de los centros de reclutamiento costeros. Según los informes, mujeres y menores de edad de estados tan distantes como el distrito capital de Venezuela, Anzoátegui, Monagas y Lara han terminado trabajando en el comercio sexual ilegal de Trinidad y Tobago.

Las posibles víctimas suelen ser contactadas por los reclutadores a través de redes sociales. El mes pasado, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), declaró en una conferencia de prensa que una red de tráfico sexual que había sido desmantelada recientemente y que operaba entre los dos países había utilizado redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram para contactar a las víctimas.

En muchos casos, las mujeres vulnerables reciben ofertas de trabajo falsas y tentadoras, que supuestamente les permitirían cambiar una vida llena de dificultades económicas por una situación mucho mejor en la costa, donde terminan siendo víctimas de la trata. Mark Bassant, periodista de Guardian Media Limited, dijo en comunicación con InSight Crime que alrededor del 90 por ciento de las personas que reciben dichas ofertas son forzadas a prostituirse.

Por otro lado, Orlando Moreno, coordinador de defensores de Monagas en Foro Penal —organización venezolana de derechos humanos—, reveló que, en algunos casos, hay mujeres venezolanas que viajan desde Trinidad y Tobago para conseguir jovencitas para el negocio. Moreno dijo a InSight Crime que, en otros casos, “jóvenes intermediarias” ubicadas en Delta Amacuro animan a las muchachas a irse para el país caribeño. Agrega que las posibles víctimas suelen ser abordadas por un “jefe de campamento”, quien les da un número telefónico y les dice que deben esperar en la Plaza Bolívar de Tucupita en un momento dado, para luego ser llevadas a Trinidad y Tobago.

Segunda etapa: transporte

A pesar de que se han cerrado las fronteras debido a la pandemia de coronavirus, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que continuaba el flujo de venezolanos a Trinidad y Tobago a través de medios irregulares y a menudo riesgosos. Según una investigación de la ONG venezolana Fundaredes, los migrantes que viajan de manera legal al país de forma voluntaria caen en manos de las redes de trata de personas mientras están en el mar. El investigador Pierre confirmó a InSight Crime que los migrantes indocumentados pueden terminar en las garras de los tratantes durante su viaje inicialmente voluntario, en algunos casos mediante el uso de la fuerza.

En la etapa de transporte, los estados situados más cerca de Trinidad y Tobago son de nuevo los principales actores.

David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, señala que al menos 4.000 mujeres han sido traficadas desde la ciudad estatal de Güiria hasta el país insular. En la ciudad de Güiria, los captores dejan a las víctimas en hoteles o casas clandestinas donde reciben alimentación, vestuario y, en algunos casos, son sometidas a operaciones quirúrgicas, según hallazgos del Observatorio Venezolano de Violencia.

Otras víctimas han salido de la localidad de Irapa, en el municipio de Mariño, ubicado a 40 kilómetros de Güiria. Según Bassant, Irapa es un territorio estratégico para este comercio.

Tucupita, en Delta Amacuro, es otro importante centro desde el que las bandas criminales organizan el transporte de las mujeres, según reveló Bassant. Moreno explica que los barcos zarpan de las zonas costeras del municipio, como Volcán, Palo Blanco y Agua Negra. Agrega que quienes son reclutadas más al interior del estado, en los municipios Casacoima y Antonia Díaz, suelen viajar directamente a Trinidad y Tobago a través de rutas fluviales.

Tercera etapa: explotación

Bassant, quien habló con fuentes de la policía y el hampa, le dijo a InSight Crime que las víctimas suelen ser llevadas a la península de Trinidad y Tobago en el suroeste. Agrega que las playas de Icacos, Cedros, Erin, Moruga y Chaguaramas son utilizadas comúnmente como puntos de entrada.

InSight Crime también habló con una fuente de un medio local de Trinidad y Tobago, quien dijo que los tratantes han hecho acuerdos con propietarios de playas privadas para facilitar sus operaciones ilegales. Si bien la fuente no dio nombres de playas específicas, señaló que hay taxis contratados por propietarios de barcos para que esperen en la costa a las mujeres que llegan de Venezuela y las transporten a bares ubicados al menos a una hora de distancia. Algunas permanecen en el sur y otras se dirigen a la región central, sobre todo al municipio de Chaguanas, donde hay una alta demanda.

Por otro lado, Trinidad y Tobago no es el destino final de algunas de las víctimas. El investigador Pierre le dijo a InSight Crime que algunas mujeres y menores de edad traficadas desde Venezuela permanecen en el país insular durante semanas o meses, y luego son enviadas a lugares tan lejanos como Europa del Este, África del Norte y España. Bassant añade que las víctimas pueden ser enviadas a otros países del Caribe, como República Dominicana, Granada y Antigua donde son revictimizadas.

Un próspero comercio

No hay duda de que el tráfico sexual es un problema que también enfrentan otros países del Caribe, aunque a una escala significativamente menor. Además, los ciudadanos venezolanos han sido blancos constantes de este flagelo.

En enero de 2021, el embajador de Venezuela en las Bahamas, Rafael Domínguez, reveló que las autoridades habían rescatado a una víctima en riesgo de ser explotada sexualmente en el país insular. Al parecer, la joven había sido secuestrada después de llegar al país voluntariamente.

VEA TAMBIÉN: Naufragio en Venezuela deja al descubierto explotación sexual de niñas

Las venezolanas también han sido blanco de redes de tráfico sexual que operan en República Dominicana. En diciembre, la Fiscalía General de dicho país anunció que había rescatado a 51 víctimas de trata, varias de ellas de nacionalidad venezolana. Y solo un mes antes, las autoridades informaron que habían rescatado a 12 venezolanas que estaban siendo explotadas sexualmente en sitios turísticos de la provincia de La Altagracia, al oriente del país.

Por otra parte, se han desmantelado redes dedicadas a la trata de venezolanas en Aruba y Curazao. En 2019, TalCual informó que las venezolanas pueden ser involucradas en el tráfico, atraídas por anuncios engañosos que ofrecen “un entretenido fin de semana gratuito” en Margarita, Los Roques, Aruba o Curazao, o bien oportunidades para aprender inglés y falsas ofertas en agencias de modelaje.

Asimismo, Jamaica y Santa Lucía, al igual que Trinidad y Tobago, son consideradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como zonas de “nivel dos” para la trata de personas. El Departamento de Estado ubica a cada país en una escala de cuatro niveles, según los esfuerzos de los gobiernos para eliminar la trata. Una clasificación de nivel dos significa que un país determinado está haciendo ciertos intentos de frenar el tráfico, pero no cumple plenamente con los estándares mínimos para detener sus operaciones.

A pesar de su actual clasificación, el tráfico sexual en Trinidad y Tobago se caracteriza por una demanda particularmente alta, en comparación con otros países caribeños.

Durante una investigación sobre la trata de personas en la región entre julio de 2019 y febrero de 2020, Pierre y Rodríguez hallaron que Trinidad y Tobago tenía la mayor demanda de servicios sexuales y prostitución en comparación con otros países de habla inglesa en la Comunidad del Caribe, como consta en un artículo que Pierre escribió para el Jamaica Observer.

El experto afirma que, a diferencia de otros países, como Jamaica y Antigua y Barbuda, donde la trata de personas ha estado disminuyendo debido a los esfuerzos gubernamentales, la demanda de sexo y prostitución en Trinidad y Tobago está siendo promovida por una alta tasa de consumo local, especialmente en el municipio de Chaguanas.

Pierre le dijo a InSight Crime que esta demanda ha aumentado unas diez veces en los últimos años.

Una investigación de la Red de Periodismo Investigativo del Caribe (Caribbean Investigative Journalism Network, CIJN) publicada a finales de 2019 encontró que el comercio sexual de la nación insular abarca casi todos los distritos, desde pueblos distantes hasta los barrios más exclusivos.

Los bares deportivos suelen ser utilizados como fachada para quienes se benefician de este comercio. La CIJN reveló que las autoridades allanaron el Yihai Entertainment Sports Bar en Cunupia, Trinidad, a finales de 2019. Siete sospechosos fueron arrestados en el bar tras el rescate de unas 50 mujeres y menores de edad, muchas de las cuales fueron halladas encerradas en habitaciones.

Los investigadores de la CIJN afirman que el bar había sido utilizado como “centro de acopio” de jóvenes y menores de edad que eran llevadas a bares de todo el país, donde al parecer eran obligadas a prostituirse.

Para el informe de Pierre de 2020 se realizaron entrevistas con traficantes, quienes dijeron que los trinitarios prefieren a las venezolanas jóvenes y de tez clara, dado que estas supuestamente generan mayores ganancias.

En ciertos casos, las mujeres eligen trabajar en este comercio para poder enviar dinero a casa, dada la crisis por la que atraviesa Venezuela.

Otras permanecen atrapadas en una lucrativa industria en la que, en algunos casos, funcionarios corruptos colaboran con propietarios de burdeles para garantizar que el comercio opere sin ninguna restricción.

Corrupción de costa a costa

Las autoridades de Venezuela y Trinidad y Tobago han intentado activamente detener el tráfico sexual transnacional mediante constantes intervenciones

En julio de 2020 hubo abundantes informes acerca de que funcionarios de Trinidad y Tobago habían estado planeando implementar drones y una unidad de policía costera recién conformada con el objetivo de poner freno a la trata de personas entre los dos países. En diciembre pasado, el primer ministro Keith Rowley sugirió que habría “penas más duras” para los involucrados en dicho comercio, tras un naufragio en el que murieron más de 20 personas.

Venezuela también ha estado tratando de fortalecer su respuesta mediante el desarrollo de medidas preventivas y ofreciendo mejor formación a los funcionarios, al tiempo que pide una mayor cooperación internacional para atacar la trata de personas.

Sin embargo, el comercio se ve intrínsecamente facilitado por la corrupción oficial de costa a costa.

Mark Bassant reveló que el núcleo de redes que operan entra los dos países está conformado por agentes de la ley en Trinidad y Tobago y funcionarios militares en Venezuela.

El año pasado, FundaRedes denunció una organización internacional de trata de personas en la que participaban funcionarios públicos vinculados a la gestión de los puertos venezolanos y miembros de los organismos de seguridad del Estado. La ONG añadió que, si bien en algunos casos los funcionarios quizá no participan de manera directa en dichas redes, son cómplices dado que se hacen los de la vista gorda frente a las operaciones de tráfico.

Meses más tarde, Pierre reveló que algunas bandas de tráfico en la región de Tucupita estaban encabezadas por agentes de la ley, incluidas autoridades corruptas de Trinidad y Tobago.

Este comercio se sustenta en actos de corrupción en toda la costa.

El Informe sobre Trata de Personas publicado en 2020 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para Trinidad y Tobago señala que había funcionarios gubernamentales que estaban facilitando la trata al aceptar sobornos de los propietarios de burdeles para transportar a las víctimas a varios lugares.

El mes pasado, el Trinidad & Tobago Guardian informó que el comisionado de policía del país, Gary Griffith, dijo que tenía una lista con nombres de funcionarios presuntamente involucrados en la trata de personas, con el fin de monitorear sus actividades.

El año pasado, Stabroek News informó que más de dos docenas de policías locales de Trinidad y Tobago estaban siendo vigilados por la Oficina de Normas Profesionales del Servicio de Policía del país, pues habían estado implicados en una red de trata de personas conectada con Venezuela.

Pierre dijo a InSight Crime que, si bien solo una pequeña parte de la policía de Trinidad y Tobago está involucrada en este comercio, se sabe que algunos colaboran con los traficantes mediante el uso de casas refugio para mantener a las víctimas en su trayecto.

Además del transporte de las víctimas, se sabe que los agentes de la ley corruptos de ese país permiten que el lucrativo comercio sexual opere delante de sus narices.

La investigación de la CIJN halló que decenas de lugares donde las venezolanas estaban siendo explotadas sexualmente habían estado operando bajo la supervisión de la policía y autoridades de inmigración.

Según la investigación, estos lugares rara vez son allanados, sobre todo porque sus operadores están conectados con funcionarios de inmigración corruptos y agentes de policía que dirigen redes de protección. A veces los propietarios de los negocios también reciben avisos de la policía antes de las redadas planificadas.

¿Rescatadas?

Aun si las autoridades logran desmantelar las operaciones dedicadas al comercio sexual en Trinidad y Tobago, las víctimas se enfrentan a diversas perspectivas.

En su informe más reciente sobre la trata de personas en el país isla, el Departamento de Estado de Estados Unidos encontró que solo 34 víctimas de la trata de personas habían sido identificadas durante el periodo que cubre el informe, entre 2019 y 2020. Todas esas víctimas, excepto una, eran de nacionalidad venezolana.

El informe muestra cómo el gobierno de Trinidad y Tobago atiende a las víctimas junto con diversas ONG, como hospedaje, asesoramiento, asistencia jurídica, servicios consulares, servicios médicos y psicológicos, la reintegración de las trinitenses, y el envío a sus lugares de origen en el caso de las extranjeras.

Sin embargo, el mismo informe advierte que, tras las redadas policiales a los lugares relacionados con el comercio sexual ilegal, las autoridades detienen a las víctimas extranjeras por violar las leyes de inmigración, en algunos casos sin ni siquiera examinar los indicadores de tráfico. Incluso cuando se han producido actos ilegales relacionados con el comercio sexual como resultado de la trata, quienes son castigadas son las víctimas y no los traficantes.

También ha habido casos de autoridades de Trinidad y Tobago que deportan a Venezuela a las víctimas de este comercio.

Después de una redada a finales de 2019, varias víctimas fueron enviadas a centros de detención de inmigración o deportadas directamente a Venezuela, según la CIJN.

Por otro lado, las autoridades de Trinidad y Tobago no han condenado a ningún tratante hasta la fecha. El flagelo entonces continúa.

FUENTE: Insight Crime