Por CASTO OCANDO//cocando@elnuevoherald.com  
Wilmer Azuaje, parlamentario por el estado Barinas que en el 2008  abandonó el  chavismo, y ha denunciado extensamente la fortuna adquirida en una  década por la familia  del presidente Hugo Chávez, es la tercera figura opositora detenida y  sometida a  enjuiciamiento en menos de una semana, en medio de la mayor ofensiva  oficial contra  factores críticos en los últimos tiempos en Venezuela.
            En una  decisión anunciada este viernes en Caracas, la Sala Penal del Tribunal  Supremo de Justicia (TSJ), controlada por el chavismo, ordenó el arresto  de Azuaje y  dijo que existen suficientes méritos para que la Asamblea Nacional le  suspenda la  inmunidad parlamentaria, un derecho constitucional que protege a los  diputados de  acciones legales en tribunales ordinarios.
    Según el TSJ,  Azuaje cometió un grave delito al presuntamente agredir a dos  funcionarios policiales el jueves pasado en la sede del Cuerpo de  Investigaciones  Criminalísticas, Penales y Judiciales (CICPJ), en la capital venezolana.      
          Luego de la decisión del TSJ, la Asamblea Nacional (AN) inició  inmediatamente una  sesión extraordinaria para quitarle la inmunidad, el primer paso para  enjuiciarlo y  eventualmente llevarlo a prisión.
   “La inmunidad parlamentaria  sirve para afirmar dentro del escenario parlamentario las  cosas que queremos denunciar, pero no puede usarse para cometer delito y  atropellar a  las demás personas”, argumentó al inicio del debate el diputado  oficialista Carlos  Escarrá.
    Azuaje, dirigente del opositor Partido Por la  Democracia Social (Podemos), negó las  acusaciones en su contra, y en cambio denunció una serie de  irregularidades que violaron  su condición de parlamentario, entre ellas ser esposado y mantenido bajo  custodia sin  haber sido acusado formalmente.
    “El único pecado que he  cometido es haber denunciado a la familia Chávez por  corrupción en el estado Barinas”, dijo el parlamentario en una  entrevista telefónica  ayer con El Nuevo Herald.
    Azuaje dijo que desde que se  convirtió en disidente, ha sido víctima de 16 atentados  con armas. El año pasado, acotó, un grupo de sicarios mataron a su  hermano César, y su  madre fue amenazada de muerte.
    “Soy el único diputado en la  historia de Venezuela que es detenido arbitrariamente  sin saber por qué, en violación de todos mis derechos constitucionales”,  dijo.
   Azuaje explicó que el jueves acudió a la sede del CICPJ  para regularizar los  documentos de un vehículo que le había sido robado. Cuando la  funcionaria que lo atendió  se negó a realizar el trámite, se produjo un intercambio de palabras  subido de tono que  lo llevó a ser esposado momentáneamente.
 El diputado dijo que  posteriormente los funcionarios policiales con los que tuvo el  incidente, le ofrecieron disculpas cuando se enteraron de su condición  de parlamentario.
 Pero repentinamente, dijo Azuaje, llegaron a la  sede del CICPJ dos fiscales que le  anunciaron que estaba siendo acusado de cometer un delito de agresión, y  que debía  permanecer bajo custodia.
   El diputado denunció que lo esposaron  por segunda vez, le infrigieron maltratos, y lo  retuvieron ilegalmente casi toda la noche del jueves y el viernes.
   “Lo que está pasando con Wilmer Azuaje es un acto de intimidación  hacia la oposición”,  dijo el parlamentario Ismael García, directivo de Podemos.
  Se  trata de un “pase de factura por las valientes denuncias que Azuaje ha  hecho contra  la familia Chávez, que eran unos pata en el suelo, y ahora son los  mayores potentados de  Barinas”, dijo García a El Nuevo Herald. “Le mataron a su hermano, le  quemaron el carro,  lo han agredido tres veces y a su mamá le quemaron parte de la cosecha  de una finca y  ahora por una discusión, quieren violar su inmunidad parlamentaria y  meterlo preso",  dijo la también diputada Pastora Medina, del Frente Popular Humanista, y  disidente del  chavismo.
  La detención y el enjuiciamiento de Azuaje se produce  cinco días después del  encarcelamiento del ex gobernador Oswaldo Alvarez Paz, y el mismo día en  que fue  retenido y sometido a juicio el empresario Guillermo Zuloaga, principal  accionista de la  única televisora independiente en Venezuela.
  Tanto Alvarez Paz  como Zuloaga, están siendo procesados penalmente por emitir  opiniones consideradas ofensivas y contrarias a Chávez.
   Este  viernes, el Departamento de Estado exigió al gobierno venezolano a  respetar los  derechos humanos en Venezuela, haciendo allusion a las detenciones de  Alvarez Paz y  Zuloaga.
  “Urgimos de nuevo al Gobierno de Venezuela a que cumpla  con su compromiso asumido bajo  la Carta Democrática Interamericana en el sentido de que los principios  del respeto de  los derechos humanos, incluida la liberta de expresión, son esenciales  para las  democracias representativas”, señaló el portavoz del Departamento de  Estado, Philip  Crowley, en una conferencia de prensa ayer en Washington. 
Fuente: El Nuevo Herald 

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