Juan Antonio García Casquero. [EFE]
Chávez no estaba allí para escucharlo, porque
no asistió a la cumbre, pero la denuncia tuvo gran eco en la prensa
española.
Miércoles, 19 de Mayo de 2010 :: 05:02 AM :
La Asociación
española de Víctimas del Terrorismo, AVT, apersonada como parte
acusatoria en el proceso abierto por la Audiencia Nacional de España
contra siete etarras y seis miembros de las Farc por presunta
conspiración para asesinar personalidades colombianas, entre ellas el
presidente Álvaro Uribe, acusó ayer al presidente venezolano Hugo Chávez
de ser un “mecenas” del terrorismo en Latinoamérica y calificó su
negativa a extraditar a los terroristas de ETA como una “burla
intolerable al pueblo español”. Como si fuera poco, emplazó a los
dirigentes latinoamericanos que asisten en Madrid a la Cumbre Unión
Europea-América Latina y El Caribe, a “acabar con los santuarios de
terroristas en el continente americano”. Chávez no estaba allí para
escucharlo, porque no asistió a la cumbre, pero la denuncia tuvo gran
eco en la prensa española.
El pronunciamiento fue hecho por el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, en una rueda de prensa en la que también intervinieron los presidentes de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, Luis Barreiro, y del Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL), Ramón Peralta. García calculó que en América Latina hay más de un centenar de etarras, con carácter de refugiados políticos. Peralta dijo, por su parte, que el gobierno Chávez “ampara y promueve” a los terroristas de ETA y Farc en su territorio. Y el venezolano Barreiro fue aun más específico en sus denuncias, pues señaló que la administración venezolana y, en concreto, el Instituto de Tierras (INTI), se ha convertido en un “nido de etarras”, lo que explica las continuas “agresiones y expropiaciones forzosas a agricultores de origen español”.
El más nombrado de esos terroristas es Arturo Cubillas Fontán, uno de los seis procesados y pedidos en extradición por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como lo comentamos en nuestro editorial Triángulo ETA-Farc-Chávez, del 1 de marzo pasado. El País, en reportaje publicado el 21 de marzo, se refiere a Cubillas Fontán, cuyo nombre aparece en el computador de ‘Raúl Reyes’, como “un ejemplo inquietante del trato que el Gobierno de Hugo Chávez da a los etarras residentes en Venezuela”. Cuenta que Cubillas pasó de manejar los pucheros de la Casa Vasca, donde celebraba el Gudari Eguna (Día del soldado vasco), y los fogones de su restaurante Oker, a dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras en 2005; y desde 2007 es jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo que ha confiscado 40.000 fincas supuestamente improductivas.
El diario trae un testimonio conmovedor de un español, una de las víctimas de Cubillas, que ratifica la denuncia de Barreiro: “Me han confiscado 3.000 hectáreas de tierras productivas en el Estado de Cojedes. No me han pagado nada. Van con brigadas de choque, ponen una bandera y una foto de Chávez y dicen que la tierra es suya. Lo hacen por la fuerza y con el apoyo de la Guardia Nacional. Tengo documentos que acreditan la propiedad de mi familia desde 1715”. En el reportaje de El País se describe cómo, rodeado de hombres armados de la Guardia Nacional, el etarra Cubillas acude a confiscar tierras en los Estados llaneros de Guárico y Barinas, entre otros, según señalan testigos. Debe ser el colmo de la humillación para un español, arraigado durante años y años en Venezuela, que venga un terrorista de su propia patria a arrebatarle el fruto de su trabajo y el de su familia, pero esos atropellos se han vuelto cotidianos bajo la dictadura chavista, no sólo contra españoles sino contra muchos colombianos que por cualquier motivo no comulgan con el régimen, a ciencia y paciencia, lamentablemente, de las autoridades de sus países de origen.
Pero lo peor no es que Cubillas sea uno de los esbirros de la usurpación de tierras por parte de la dictadura, sino que, como lo documenta abundantemente en su Auto el juez Velasco, ese señor tiene en apariencia una “doble vida”, pues funge también como responsable de ETA en Venezuela y, como tal, está señalado de organizar cursos de explosivos a terroristas de las Farc, en al menos seis campos de entrenamiento en la selva venezolana, una actividad que, como la de sus conmilitones en la mira de la justicia española, puede desarrollar libremente, dado que, según quejas de la Policía española, que les sigue la pista a miembros de ETA por todo el mundo, “la colaboración de los servicios secretos venezolanos en el control y seguimiento de la comunidad etarra es nula desde hace una década”.
¿Detendrá la policía venezolana a Cubillas y a los otros seis etarras, como solicita el juez Velasco?, le preguntan a Iris Varela, diputada del PSUV y una de las más furibundas altavoces del chavismo: “ETA no es una organización terrorista, son luchadores de un pueblo por su independencia”. ¿Y los mil asesinatos que han cometido?, le pregunta el periodista. “A mí no me constan... El que se siente comprometido por un ideal tiene derecho a utilizar las armas. La Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de venezolanos y estas personas lo son”. ¡Palabra de Chávez!, por interpuesta persona, que nos lleva a la conclusión de que uno es el discurso diplomático para calmar a Zapatero y a sus críticos en España, que habla de colaboración y que recibe por estos días con fingida simpatía al director de la Policía española, y otro muy distinto el que justifica el terrorismo de ETA y que lleva a la conclusión de que no habrá justicia para las víctimas ni extradición de los victimarios, como reclama la AVT, mientras el coronel Chávez esté en el poder.
El pronunciamiento fue hecho por el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, en una rueda de prensa en la que también intervinieron los presidentes de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, Luis Barreiro, y del Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL), Ramón Peralta. García calculó que en América Latina hay más de un centenar de etarras, con carácter de refugiados políticos. Peralta dijo, por su parte, que el gobierno Chávez “ampara y promueve” a los terroristas de ETA y Farc en su territorio. Y el venezolano Barreiro fue aun más específico en sus denuncias, pues señaló que la administración venezolana y, en concreto, el Instituto de Tierras (INTI), se ha convertido en un “nido de etarras”, lo que explica las continuas “agresiones y expropiaciones forzosas a agricultores de origen español”.
El más nombrado de esos terroristas es Arturo Cubillas Fontán, uno de los seis procesados y pedidos en extradición por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como lo comentamos en nuestro editorial Triángulo ETA-Farc-Chávez, del 1 de marzo pasado. El País, en reportaje publicado el 21 de marzo, se refiere a Cubillas Fontán, cuyo nombre aparece en el computador de ‘Raúl Reyes’, como “un ejemplo inquietante del trato que el Gobierno de Hugo Chávez da a los etarras residentes en Venezuela”. Cuenta que Cubillas pasó de manejar los pucheros de la Casa Vasca, donde celebraba el Gudari Eguna (Día del soldado vasco), y los fogones de su restaurante Oker, a dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras en 2005; y desde 2007 es jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo que ha confiscado 40.000 fincas supuestamente improductivas.
El diario trae un testimonio conmovedor de un español, una de las víctimas de Cubillas, que ratifica la denuncia de Barreiro: “Me han confiscado 3.000 hectáreas de tierras productivas en el Estado de Cojedes. No me han pagado nada. Van con brigadas de choque, ponen una bandera y una foto de Chávez y dicen que la tierra es suya. Lo hacen por la fuerza y con el apoyo de la Guardia Nacional. Tengo documentos que acreditan la propiedad de mi familia desde 1715”. En el reportaje de El País se describe cómo, rodeado de hombres armados de la Guardia Nacional, el etarra Cubillas acude a confiscar tierras en los Estados llaneros de Guárico y Barinas, entre otros, según señalan testigos. Debe ser el colmo de la humillación para un español, arraigado durante años y años en Venezuela, que venga un terrorista de su propia patria a arrebatarle el fruto de su trabajo y el de su familia, pero esos atropellos se han vuelto cotidianos bajo la dictadura chavista, no sólo contra españoles sino contra muchos colombianos que por cualquier motivo no comulgan con el régimen, a ciencia y paciencia, lamentablemente, de las autoridades de sus países de origen.
Pero lo peor no es que Cubillas sea uno de los esbirros de la usurpación de tierras por parte de la dictadura, sino que, como lo documenta abundantemente en su Auto el juez Velasco, ese señor tiene en apariencia una “doble vida”, pues funge también como responsable de ETA en Venezuela y, como tal, está señalado de organizar cursos de explosivos a terroristas de las Farc, en al menos seis campos de entrenamiento en la selva venezolana, una actividad que, como la de sus conmilitones en la mira de la justicia española, puede desarrollar libremente, dado que, según quejas de la Policía española, que les sigue la pista a miembros de ETA por todo el mundo, “la colaboración de los servicios secretos venezolanos en el control y seguimiento de la comunidad etarra es nula desde hace una década”.
¿Detendrá la policía venezolana a Cubillas y a los otros seis etarras, como solicita el juez Velasco?, le preguntan a Iris Varela, diputada del PSUV y una de las más furibundas altavoces del chavismo: “ETA no es una organización terrorista, son luchadores de un pueblo por su independencia”. ¿Y los mil asesinatos que han cometido?, le pregunta el periodista. “A mí no me constan... El que se siente comprometido por un ideal tiene derecho a utilizar las armas. La Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de venezolanos y estas personas lo son”. ¡Palabra de Chávez!, por interpuesta persona, que nos lleva a la conclusión de que uno es el discurso diplomático para calmar a Zapatero y a sus críticos en España, que habla de colaboración y que recibe por estos días con fingida simpatía al director de la Policía española, y otro muy distinto el que justifica el terrorismo de ETA y que lleva a la conclusión de que no habrá justicia para las víctimas ni extradición de los victimarios, como reclama la AVT, mientras el coronel Chávez esté en el poder.
Fuente: El Mundo.com
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