| 18/9/2012 | ||
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Condenas por encargo
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Aponte
en ese documento notariado expresa que dio ordenes a los jueces que
conocían sobre el Caso del 11 de Abril, del 2002 de condenarlos a 30
años de prisión por orden directa del presidente venezolano Hugo Chávez.
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Las
confesiones del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia
Venezolano Eladio Aponte Aponte han dejado al descubierto una de las
violaciones a los derechos humanos más graves cometidas por uno de los
máximos exponentes del Poder Judicial de un país y por parte del
Presidente de Venezuela.
Aponte en sus confesiones presentadas
por escrito notariado y debidamente apostillado en Costa Rica (es decir
en este caso no se puede decir que es una declaración atribuida,
inventada o algo por el estilo) se manifiesta en forma muy clara. Aponte
en ese documento notariado expresa que dio ordenes a los jueces que
conocían sobre el Caso del 11 de Abril, del 2002 de condenarlos a 30
años de prisión por orden directa del presidente venezolano Hugo
Chávez.
De acuerdo con las declaraciones dadas por Aponte sobre
su proceder en lo relativo al Caso del 11 de Abril, todas las denuncias
formuladas por la defensa de los comisarios y policías metropolitanos
con respecto al manejo de las pruebas, los retardos procesales, los
abusos cometidos en este juicio son reales, fueron ignoradas y por
supuesto desestimadas por Aponte.
Después de la sentencia
condenatoria dictada en Maracay, los abogados defensores de los policías
presentaron un Recurso de Casación que tenía 8.000 folios, el cual fue
ignorado por Aponte sin haberlo leído (confesado por él mismo), quien
mandó a elaborar una sentencia declarando sin lugar el recurso, ya que
la orden dada por el presidente Chávez era la de “Salir de eso de
inmediato sin más tardanza, condénelos de una vez”. “Así lo hice
declaró, y al tener el proyecto lo firmamos el 18 de mayo del 2010, y el
fallo se publicó el 21 de mayo del 2010, sentencia 173, con la
aprobación mía, de Deyanira Nieves, Miriam Morandi y Héctor Coronado
Flores, y a cada uno de ellos les hice saber que esa era la orden de
Chávez con la que se apresuraron a firmarlo”. (1)
En sus
declaraciones en Costa Rica, Aponte pide perdón por las condenas que
ordenó a los jueces de la causa ya mencionada, no podía continuar con el
remordimiento de conciencia, y, gracias a Dios que ahora que es
perseguido por el mismo régimen al que atornillaba desde el Poder
Judicial, se da cuenta del inmenso daño que hizo a 11 hombres inocentes,
cuyas vidas han quedado en suspenso durante diferentes lapsos, que es
preciso recordar:
Los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas e
Iván Simonovis fueron condenados a 30 años de prisión, después de haber
pasado por el juicio más largo de la historia judicial de Venezuela. Los
dos primeros tienen casa por cárcel debido a que ambos han sufrido de
cáncer. El Comisario Iván Simonovis, se está quedando ciego ya que tiene
siete años viviendo bajo luz artificial y solo ve el sol por contadas
horas anuales, lo cual también le ha causado graves lesiones en los
huesos. Los policías metropolitanos Julio Rodríguez, quien también
padece de cáncer y tiene casa por cárcel, Erasmo Bolívar, Arube Pérez
Salazar, Marco Hurtado, Luis Molina Cerradas, Héctor Rovaín también
fueron condenados a penas de entre casi 18 y 30 años de cárcel. Los
policías metropolitanos Ramón Zapata y Rafael Neazoa salieron en
libertad pues habían estado encarcelados por un mayor tiempo al que
fueron condenados.
Durante todo este tiempo esos hombres inocentes
han perdido años de sus vidas en una prisión injusta, alejados de sus
respectivas familias, los hijos han crecido sin ver a sus padres, sus
padres han envejecido a una velocidad mayor de la normal. Para los
policías metropolitanos encerrados desde el año 2003 son nueve años
presos por causa ninguna, para los comisarios presos desde el año 2004,
son ocho años.
Aponte menciona en su carta a los jueces a los
que les encomendó dictar las sentencias por encargo, siendo esta la
prueba más importante del significado de la subordinación del Poder
Judicial al Poder Ejecutivo, característica fundamental de las
dictaduras. (2)
Si en Venezuela existiera estado de derecho, si
las autoridades del Poder Moral actuaran de acuerdo con su misión ya se
habría dado comienzo a una exhaustiva investigación sobre las
declaraciones y documentos presentados por Aponte, a fin de corroborar
su veracidad tal y como ha sido señalado por Magaly Vásquez, catedrática
de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y Jesús Ollarves,
ex –magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas. Pero lo cierto es
que ni por parte de las autoridades del Poder Judicial, ni del Poder
Moral y mucho menos por parte del primer mandatario nacional ha habido
declaración o respuesta alguna. Quien calla otorga. La orden fue dada y
ejecutada y esa ejecución habla a gritos sobre la indignidad del Poder
Judicial en Venezuela.
(1) http://www.elnuevoherald.com/2012/09/13/1299552_p2/ex-juez-revela-que-chavez-ordeno.html#storylink=cpy
(2) Para que no queden dudas de lo expresado en este escrito, van anexos los enlaces a los documentos citados.
Documento apostillado
Carta Policias 1
Carta Policias 2
Documento Colegio de Abogados de Costa Rica
FUENTE: Diario de América
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